Luis Alberto del Río Lara
Expediente 385/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/11/2022
Partes del expediente
- Luis Alberto del Río Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ensenada, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes legitimadas para hacerlo hubiera recurrido la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2º., 86, 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria; por lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo, dese los avisos de ley, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Finalmente, al encontrarse totalmente concluido el presente juicio de amparo, devuélvanse a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, dos tomos de pruebas de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado.
- Principal
R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo 385/2022-I promovido por ***, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, consistente en la omisión de pronunciarse respecto de la incompetencia legal planteada por la Junta Especial Número Catorce de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México dentro del expediente laboral *** y su acumulado ***. Notifíquese.
- Principal
Ensenada, Baja California, once de octubre de dos mi veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa, mediante proveído de cinco de septiembre del año en curso, a la parte quejosa, a fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como acto reclamado destacado la falta de emplazamiento de los demandados Inmobiliaria Sanmo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Óscar Alfonso Villareal de la Garza, Instituto Mexicano del Seguro Social y Gerardo Turrent Riquelme; apercibida que de no hacerlo, se resolvería el presente juicio de amparo únicamente respecto del acto reclamado precisado en el proveído de veintiocho de junio de dos mil veintidós, sin que lo haya realizado, no obstante de encontrarse notificada para ello como se desprende de la constancia de notificación que obra agregada en autos; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia, por lo que se seguirá este juicio de amparo en términos del escrito inicial de demanda.
- Principal
Ensenada, Baja California, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo de quince días hábiles otorgado a la parte quejosa en proveído de cinco de septiembre del presente año, para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda y señalar como nueva autoridad al actuario de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, y cumpliera con los demás requisitos que al respecto prevé el numeral 108 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las once horas del veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito registrado con folio 10357, signado por el autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, no ha lugar a acordar de conformidad la ampliación de demanda que refiere. Lo anterior, dado que el artículo 12 de la ley de la materia, establece que el autorizado de la parte quejosa puede interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en audiencias y solicitar la suspensión o su diferimiento, así como cualquier acto que resulte necesario para defender los derechos del autorizante. Sin embargo, ello no implica que se encuentre facultado para realizar cualquier acto en nombre de la parte quejosa, ya que su actuación depende de las reglas que rigen el juicio de amparo, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 5, fracción I de la Ley de Amparo; por tanto, el escrito mediante el cual se amplía la demanda, también debe contar con la firma autógrafa o electrónica del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a su promoción. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, tomo I, agosto de dos mil catorce cuyo rubro es: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes."
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