Luis Alberto Díaz Leaños

Expediente 1895/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1895/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Luis Alberto Díaz Leaños

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    El veinte de mayo de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 6407. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por la actuaria judicial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, contra la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  2. Principal

    El tres de mayo de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 5719. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a tres de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de mérito; distribúyanse entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este juicio de derechos y dentro del término legal, remítase el mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, debiendo acompañarse el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo. Fórmese cuadernillo de antecedentes y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante María de los Ángeles Saldaña Hernández, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Bjm

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ARTURO CHAN CABALLERO, LA DETERMINACIÓN DE TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...Zacatecas, Zacatecas, a tres de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia de mérito; distribúyanse entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este juicio de derechos y dentro del término legal, remítase el mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, debiendo acompañarse el original y copia del escrito de expresión de agravios respectivo. Fórmese cuadernillo de antecedentes y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado. ..."

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERSADA ARTURO CHAN CABALLERO, LA DETERMINACIÓN DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "...V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1895/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitido el mismo día a este Tribunal Federal cuyo conocimiento le correspondió por razón de turno, Luis Alberto Díaz Leaños, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad, acto y por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos constitucionales que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. ACTO RECLAMADO: "ÚNICO. LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO DICTADA DENTRO DEL INCIDENTE DE REMOCIÓN DE TUTOR INTERINO." Preceptos constitucionales que se consideran infringidos. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de seis de noviembre de dos mil dieciocho, se registró el expediente con el consecutivo 1895/2018 que le correspondió y se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y se ordenó emplazar al tercero interesado. Seguido el juicio por sus trámites legales se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se reclama un acto emitido por una autoridad con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de derechos deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consiste en: La resolución dictada en el recurso de apelación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, dentro del toca civil 457/2017, que confirmó la diversa que declaró procedente el incidente de remoción de tutor interino. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado (foja 17). Lo cual se corrobora con las constancias remitidas en apoyo; documental pública que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Por tanto, se encuentra acreditada la existencia de del acto que en el presente juicio biinstancial se impugna. CUARTO. Causas de improcedencia. Al no hacer valer las partes causal de improcedencia y no advertirse alguna de oficio, procede analizar el fondo del asunto sin la trascripción de los conceptos de violación, por no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo estatuya, sin transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Página 830, Novena Época, Mayo 2010, con Registro 164618, del tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de Constitucionalidad. Los conceptos de violación son inoperantes. Previo a exponer las consideraciones que sustentan la afirmación anterior, deviene necesario realizar una breve reseña de los antecedentes relevantes del juicio de origen, veamos: En dos de agosto de dos mil dieciséis, el quejoso promovió diligencias de jurisdicción voluntaria, a fin de que se declarara en estado de incapacidad o interdicción a Rosa María Chan Caballero (fojas 5 a 8 del expediente de origen). El Juez Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, a quien tocó el conocimiento de la demanda, la admitió a trámite, la registro bajo el número 582/2016 y, entre otras cosas, designó a Luis Alberto Díaz Leaños como tutor interino; quien en diligencia de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, aceptó el cargo conferido (fojas 14 a 16 y 39 del expediente de origen). Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil diecisiete, Arturo Chan Caballero -tercero interesado-, con el carácter de hermano de Rosa María Chan Caballero, dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 582/2016, promovió incidente de remoción de tutor interino (fojas 122 y 123 del expediente de origen). En veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, se recibió el incidente de mérito y se ordenó dar vista a la parte actora principal para produjera su contestación a la incidencia planteada (foja 124 del expediente de origen). Recibidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes, entre ellas, la testimonial a cargo de Ernestina Ortiz Dávila, Raúl Gutiérrez González y Alejandra González Aguilar; el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, el juez natural dictó resolución en la que decretó procedente el incidente, declaró la remoción de tutor interino otorgada a Luis Alberto Díaz Leaños y, en su lugar designó a Arturo Chan Caballero (fojas 199 a 203 y 297 a 321 del expediente de origen). Contra esa determinación, la parte demandada incidental interpuso recurso de apelación (foja 349 del expediente de origen). Substanciado el medio de impugnación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca de apelación 457/2018, confirmó la determinación adoptada por el A quo (fojas 394 a 407 del expediente de origen). [Esta última resolución es la que constituye el acto reclamado]. Ahora bien, la parte quejosa para combatir lo anterior, formuló los siguientes conceptos de violación, lo cuales se atenderán en un orden diverso al propuesto dado que ello no contraviene lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo. El peticionario, aduce que la autoridad responsable aplicó en forma inexacta el artículo 385, fracción II, del Código Civil Adjetivo del Estado, por considerar que sus puntos de disenso no reunieron los requisitos que el aludido numeral contiene, pues consideró que el recurrente omitió citar el precepto legal violado y explicar su infracción, siendo que de su lectura no advierte que los agravios deban contener tales elementos. El argumento es infundado. Al respecto, conviene transcribir, en lo que interesa, el numeral en cita: "Artículo 385.- Para substanciar las apelaciones en segunda instancia, tendrán aplicación las siguientes prevenciones: II.- Admitido el recurso de apelación. El escrito de expresión de agravios deberá contener una relación clara y precisa de los puntos de la resolución recurrida que en concepto del apelante le causen agravio y las leyes, interpretación jurídica y principios generales de derecho que considere han sido violados por aplicación inexacta o por falta de aplicación." Como se ve, el precepto legal de trato, contrario a lo razonado por el justiciable, sí prevé que los agravios formulados en el recurso de apelación deben contener una relación clara y precisa de los puntos de la resolución recurrida que le causen afectación, así como las leyes, interpretación jurídica o principios generales del derecho que estime vulnerados por inexacta o falta de aplicación. Lo anterior, al margen de que en diversos criterios jurisprudenciales se ha estimado que es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que se estima causa el acto, resolución o ley impugnada así como los motivos que originaron ese agravio, para que se esté en aptitud examinarlo. Ello se estima así, porque su inconformidad únicamente la hizo depender de que el artículo de mérito no exige la cita del precepto legal que se considera vulnerado y la explicación de su infracción; además de que, en el presente caso, no se surte la aplicación de la suplencia de la queja conforme al artículo 79 de la Ley de Amparo y, ningún fin práctico tendría conceder por ese aspecto, en virtud a que, como lo estimó la responsable, el apelante omitió controvertir diversos aspectos torales de la resolución reclamada. En continuación de los motivos de inconformidad, el quejoso afirma que la autoridad responsable no realizó una valoración lógico jurídica del incidente de tachas, puesto que inexactamente aplicó el artículo 308 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por el cual concluyó que el fin esencial de la tacha de testigos consiste en probar su falta de idoneidad, lo que dice es inexacto, porque el diverso artículo 328, del propio ordenamiento, resultaba el aplicable; agrega, que al no valorarse en esos términos, se violaron las formalidades del procedimiento. Aduce, que se realizó una inadecuada valoración de la prueba testimonial ofrecida por la actora incidental, conforme con el artículo 318 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque no fue valorada de acuerdo con los principios de la lógica y la experiencia. Sugiere, que lo anterior acontece en ese modo, en virtud de que la ateste Ernestina Ortiz Dávila, es cuñada del actor incidentista; el testigo Raúl Gutiérrez González incurrió en falsedad de declaraciones en las preguntas dieciocho y dieciséis, cuando declaró que no se dio cuenta que el actor incidental entregó una mesada a la interdicta y los recibos de pago de su mensualidad; y, finalmente, porque la declarante Alejandra González Aguilar, no tenía conocimiento de los hechos, por utilizar la expresión "creía". Los argumentos resultan inoperantes, toda vez que se concretan a impugnar únicamente lo relativo a la estimación del incidente de tachas de la prueba testimonial ofrecida por la actora incidental y, prescinden controvertir diversas consideraciones fundamentales que en forma independiente a lo argumentado en esta vía, sustentan el sentido de la resolución reclamada. Para verificar lo anterior, resulta pertinente citar las consideraciones torales de la decisión impugnada: La Sala responsable luego de transcribir el artículo 308 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, sostuvo que de tal precepto legal infería que las tachas de testigos se vinculan con las circunstancias que concurren entre el testigo y su presentante que puedan afectar su credibilidad, ya que el fin esencial consiste en probar la falta de idoneidad de los testigos en función de las circunstancias de tiempo modo y lugar, y no para justificar la falsedad del dicho de los declarantes; al efecto citó el criterio de rubro: TESTIGOS. TACHAS DE LOS. NO PROCEDE EL INCIDENTE RESPECTIVO CUANDO LAS FORMULA EL PROPIO OFERENTE DE LA PRUEBA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). - Puntualizó, que el inconforme realizó manifestaciones generales, puesto que no señaló por qué se viola lo relativo a la valoración de las pruebas, que no obstante ello, se obtuvo que el juez natural estuvo en lo correcto al resolver que los testigos declararon lo que a su juicio les constó, que no apreció indicios que demostraran su interés en favorecer al oferente, ni tampoco advirtió circunstancias personales que afectaran sus testimonios, ya que ninguno señaló recibir algo a cambio de declarar. - Sobre el mismo aspecto, estimó que el apelante mas que referirse a circunstancias relacionadas con la parcialidad que atribuyó a los testigos, encaminó su pretensión en tratar de introducir aspectos como la falsedad y contradicción, lo que consideró era propio de la valoración de la prueba; en esta parte se apoyó del criterio: "PRUEBA TESTIMONIAL. LA IDONEIDAD DE LAS PERSONAS QUE LA DESAHOGAN PUEDE SER VALORADA AL PRONUNCIARSE LA SENTENCIA, CON INDEPENDENCIA DE SI SE PROMOVIÓ O NO LA TACHA DEL DECLARANTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).". - En diverso sentido, la responsable estuvo de acuerdo con la desestimación que el juez de origen realizó sobre la prueba testimonial ofrecida por el recurrente, debido a que ésta se encontró en contradicción con otros medios de prueba y, que aun cuando los atestes fueran uniformes, prevalecía su falta de veracidad. - La responsable de igual manera estuvo de acuerdo, con la estimación de las pruebas documentales que el actor incidental allegó al procedimiento de origen, siendo éstas: 1) los recibos de pago de los meses de febrero a mayo de dos mil diecisiete, de las cuales se reveló que Arturo Chan Caballero, cubría las cuotas mensuales de Rosa María Chan Caballero en su estancia en el asilo de ancianos "Divina Providencia"; 2) los recibos de honorarios médicos de veintidós de febrero de dos mil diecisiete; 3) la copia del contrato de arrendamiento de un concentrador de oxigeno; 4) la factura CAV 122044 y dos recibos de pago expedidos el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, por INFRA S.A. de C.V., por los conceptos y cantidades en ellos contenidos; 5) copia de receta médica y constancia de estudios de análisis clínicos de doce y catorce de marzo de dos mil diecisiete; 6) dos recibos de pago de catorce de marzo y dieciocho de abril de dos mil diecisiete, en las cantidades y conceptos que en su texto aparece; y 7) diversa receta médica expedida por personal del Hospital General de Zacatecas. - Documentales que concluyó no fueron objetadas y, que por tanto, les correspondía el valor tasado en los artículos 323, fracción IV y 324 fracción II, del Código Procesal Civil del Estado, ello porque no se precisó en los agravios las razones por las que debiera ser de otra manera y su apreciación se realizó en función de la adecuación entre la naturaleza de las documentales y la norma que regula su ponderación. - De la relación de las pruebas documentales reseñadas, los magistrados integrantes de la Sala responsable concluyeron que se reflejaba que Arturo Chan Caballero fue quien sufragó el pago mensual en concepto de estancia de Rosa María Chan Caballero en el asilo referido, además de que éste se ocupó de atender su salud y, que si bien los documentos son de fecha posterior a la iniciación de las diligencias de jurisdicción voluntaria, esa circunstancia ningún beneficio le reportaba al recurrente, sino por el contrario, demostraba que para ese entonces correspondía al tutor provisional atender las necesidades de Rosa María Chan Caballero, en observancia a lo dispuesto en el artículo 496 fracciones I y II del Código Familiar del Estado, que el no hacerlo, enfatizaba el incumplimiento de sus deberes. - La autoridad responsable consideró que el inconforme ningún agravio formuló con relación a lo resuelto por el juzgador en lo relativo a: 1) que no justificó ocuparse de la salud de su pupila en determinado lapso, ya que fue hasta el mes de enero de dos mil diecisiete que le brindó atención médica, datas en las que Rosa María Chan Caballero, se encontraba en total descuido; 2) no probó haberle tramitado el seguro popular, ni brindarle la atención de un especialista en cardiología; 3) carecer de entendimiento y congruencia el haber sido internada en el asilo "Divina Providencia", cuando había sostenido que acondicionó uno de los inmuebles para que Rosa María Chan Caballero viviera dignamente; 4) que las gestiones realizadas ante el Centro Regional de Patrimonio Mundial, Centro INAH Zacatecas y Comisión Estatal de Derechos Humanos fueron efectuadas en ejercicio del poder general para pleitos y cobranzas con cláusula adicional, que ésta le otorgó y no por sí mismo y en un acto humanitario; y, 5) que las pruebas confesional y declaración de parte con cargo al actor incidental no perjudicaban a aquél. - Que ante la omisión de destacar la ilegalidad de lo resuelto en los reseñados aspectos en términos del artículo 385, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado, se imponía determinar que lo estimado en ese sentido debía prevalecer; que ante la falta de impugnación de esos puntos fundamentales, conducía a calificar los agravios de inoperantes por insuficientes. Apoyó su determinación en el siguiente criterio: "AGRAVIOS INOPERANTES EN APELACIÓN. DEBEN ESTIMARSE ASÍ CUANDO LA SENTENCIA RECURRIDA SE SUSTENTA EN DIVERSAS CONSIDERACIONES Y NO SE CONTROVIERTEN TODAS. Si en la sentencia recurrida el tribunal de primera instancia expone diversas consideraciones para sustentarla y en el recurso de apelación no se combaten todas, los agravios deben declararse inoperantes, toda vez que aun los que controviertan se estimaran fundados, ello no bastaría para revocar la resolución impugnada debido a la deficiencia en el ataque de todos sus fundamentos, los que quedarían firmes rigiendo el sentido de la resolución cuestionada." Bajo esa línea de pensamiento, si el solicitante de la tutela federal en sus motivos de disenso se olvidó de controvertir las destacadas consideraciones del fallo impugnado, las inconformidades que vierte en esta instancia deben estimarse inoperantes por insuficientes, al no resultar bastantes para cambiar el sentido de la resolución reclamada. En efecto, para estar en aptitud de analizar los motivos de disenso a la luz de la resolución impugnada, el impetrante además de controvertir lo relativo a la estimación que realizó la responsable sobre el incidente de tachas, debió obligatoriamente debatir las consideraciones que en forma independiente a lo discutido dan sustento al sentido de la resolución que reclama, esto es, debió controvertir, contrario a lo sostenido por la autoridad, que 1) sus argumentos en el recurso de apelación sí indicaban los motivos por lo que afirmó que se violó lo relativo a la valoración de las pruebas; 2) que la desestimación de la prueba testimonial ofrecida por su parte era desajustada a derecho, indicando la forma y motivos legales en que debió ponderarse; 3) que las pruebas documentales enunciadas por la responsable fueron objetadas en el procedimiento de origen y controvertidas en el recurso de apelación; o bien, la razón por la cual, en su concepto, no merecían el valor probatorio que se les otorgó y, que por consiguiente, no justificaban los hechos que la responsable estimó; 4) que sus argumentos en aquella instancia no resultaban inoperantes por insuficientes, puesto que controvirtió todas las consideraciones torales de la resolución recurrida, o en su caso, que lo sostenido por la Sala responsable, no constituían aspectos fundamentales de la resolución reclamada, sino lo relativo al incidente de tachas. En tales condiciones, es de concluirse que los conceptos de violación vertidos no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del acto reclamado; pues los razonamientos que no controvirtió, por sí solos son suficientes para sustentar su sentido, por ende, al no demostrarse su ilegalidad, éstos deben continuar rigiendo el sentido de la resolución combatida. Lo argumentado encuentra sustento, en la jurisprudencia IV.3o.A. J/4, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 178786, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 1138, Materia Común, de contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir a conceder la protección constitucional solicitada.". Asimismo, en la jurisprudencia VI. 2o. J/179, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro 220008, Tomo IX, Marzo de 1992, Página 90, Materia Común, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION SON INOPERANTES SI NO ATACAN TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando no se advierta la existencia de queja deficiente que suplir y el acto reclamado se sustente en varias consideraciones esenciales, cada una de las cuales sea capaz de sostenerlo con independencia de las otras, el quejoso debe combatirlas todas, pues de no hacerlo de tal forma, la resolución subsistiría con apoyo en aquellas que no fueron impugnadas y por tanto, los conceptos de violación deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, lo que hace innecesario el examen de la constitucionalidad a la luz de los argumentos expresados." Y la diversa, jurisprudencia XXI.1o. J/19, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 188866, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Página 1137, Materia Común, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS. Si la responsable emite declaratoria de inoperancia respecto de los agravios formulados, y el quejoso esgrime argumentos orientados a combatir el fondo del asunto, mas no a desvirtuar las consideraciones que aquélla tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes." En mérito de lo considerado, al resultar inoperantes los conceptos de violación vertidos por el impetrante, se impone negar la protección constitucional solicitada. No es óbice a lo anterior, las pruebas documentales que fueron ofrecidas por el quejoso en este juicio de amparo, en virtud de que aun cuando algunas fueron ofrecidas en el expediente de origen y otras constan hechos anteriores al dictado del acto reclamado, las mismas son insuficientes para modificar o revocar dicho acto, pues como se dijo, no se controvirtió la totalidad de las consideraciones en que se sustentó la sala responsable para emitir la resolución impugnada. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 77, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis Alberto Díaz Leaños, contra los actos que reclamó de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe, hasta el día de hoy quince de abril de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado. ..."

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