Lucio Ortiz Garay

Expediente 1114/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1114/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Lucio Ortiz Garay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, trece de novimbre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte se impongan del contenido del informe justificado rendido del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC). Por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las DIEZ HORAS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    El seis de octubre de dos mil veintitrés, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 17302. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a seis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por el delegado de las autoridades responsables Instituto, Junta Directiva y Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, atento a su contenido, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, atendiendo a las razones que expone, se les concede una prórroga de quince días hábiles, a fin de que informe el cabal cumplimiento de la sentencia. No obstante, se requiere nuevamente a las autoridades responsables: El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas: José Ignacio Sánchez González. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas Así como de los integrantes de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas: Verónica Yvette Hernández de Lara Presidenta de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Ricardo Olivares Sánchez. Consejero Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado Rodrigo Castañeda Miranda. Consejero Titular de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado Ruth Angélica Contreras Rodríguez. Consejera Titular de la Coordinación Estatal de Planeación José Israel Chávez Leandro. Secretario General y Consejero Titular del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Estado, Municipios y organismos Paraestatales Óscar Castruita Hernández. Secretario General y Consejero Titular de la sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Héctor Manuel Fernández Medina. Secretario General y Consejero Titular del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas Para que, dentro del término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que los efectos de la ejecutoria son los siguientes: "Procedan a realizar las gestiones pertinentes y eficaces con la finalidad de que de inmediato se pague a los quejosos Adriana García Pinto, Ma. Rosario Magallanes Páez, Esthela Veloz Castro, María Concepción Ramírez Marín, José Luis Acosta Rivera, Verónica del Carmen Basurto Jiménez, Silva Rodríguez García, Manuel Méndez Sánchez, Miguel Ángel Sánchez Burciaga, Ofelia Martínez Saldivar, y Aide del Perpetuo Socorro Morales Acosta, Mauricio Rodríguez Medina, María Cristina Magallanes Páez, la prestación de aguinaldo correspondiente al año dos mil veintiuno y futuros, derivada de la pensión por jubilación a la que tiene derecho y que no le ha sido pagada; y en el caso de insistir en suspender o reducir el monto mensual pensionario, deberá promover juicio de lesividad en su contra o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en el que se le notifique el inicio del juicio o procedimiento, se le dé la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, de alegar y de obtener una resolución que dirima la controversia. Con la obligación de efectuar el pago de manera retroactiva, esto es, desde el momento en el que le fue suspendido el pago de las prestaciones en cuestión." Asimismo, remitan las constancias que así lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho término o sin causa justificada, se les impondrá una multa de CIEN unidades de medida y actualización (UMA) y además se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, para seguir el trámite de inejecución. En el entendido de que se deben agotar todos los medios y bienes que tenga a su alcance para cumplir con el fallo protector. También importa precisar que las autoridades señaladas como responsables, Director General y Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, según diversos juicios que se llevan en este juzgado, manifestaron carecer de fondos, por ende, imposibilitadas para dar cumplimiento al fallo protector. Luego, de ser cierto ese escenario, el Gobierno del Estado ha realizado una planeación financiera en materia de solvencia y liquidez, que, en este caso, se traduce en la creación del Fondo de Saneamiento Financiero aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023 por la legislatura del Estado, por el cual se establecen la asignación, destino y ejercicio de recursos públicos determinados presupuestalmente como apoyo para el Saneamiento Financiero y Fortalecimiento Institucional de diversos Entes Públicos, porque, en los últimos años advirtió que diferentes Entes Públicos han tenido que enfrentar situaciones complejas similares a las que el Poder Ejecutivo enfrentó al inicio de su administración, que se traducían en riesgos financieros importantes que en la actualidad mantienen en peligro su estabilidad financiera integral. Según su análisis sobre los riesgos que pueden repercutir en las finanzas públicas del Estado, destacó la situación financiera grave que atraviesa el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su modelo de pensión existente que se basa en un sistema de solidaridad o reparto, en el que las pensiones de los jubilados se pagan con las cuotas de los trabajadores en activo de la administración pública estatal; y actualmente el Instituto subsiste con más de diecinueve mil derechohabientes en activo y de las aportaciones patronales de los Entes Públicos, por lo que se requiere de una urgente reestructuración de sus ingresos. Para efectos de lo anterior, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, en el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 84, 86 y 138, párrafos primer y segundo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; artículos 25, fracción II y 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; artículo 14 y demás relativos del Decreto de Presupuestos de Egresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2023, así como los artículos 1, 2 y 7 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, expidió los "LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN, DESTINO Y EJERCICIO FISCAL DEL FONDO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2023" publicados el quince de febrero de dos mil veintitrés, en el suplemento al Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 13, Tomo CXXXIII, en lo que interesa dispone: "OBJETIVO GENERAL "Artículo 1. El objetivo de los presentes Lineamientos es establecer la asignación, destino y ejercicio de los recursos del Fondo de Saneamiento Financiero del ejercicio fiscal 2023, consistente en el otorgamiento de recursos públicos destinados para el Fortalecimiento Institucional, así como para el saneamiento de las finanzas de los Entes Públicos a través del pago que realicen de sus Obligaciones Financieras, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Presupuesto de Egresos. El otorgamiento de dichos recursos estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria y de flujo que se tenga en la Secretaría." RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL FONDO "Artículo 3. Los Entes Públicos beneficiados con el Fondo de Saneamiento serán estrictamente responsables de la ejecución de los recursos públicos que les sean otorgados dentro del marco legal que los regule, así como de los plazos para su ejecución, además atenderán para su ejercicio, las disposiciones normativas en materia de gasto público, rendición de cuentas y los presentes Lineamientos. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO "Artículo 4. Los Lineamientos se encuentran con la siguiente alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Principio Rector 1. Hacia una Nueva Gobernanza. Política Pública 1.4 Finanzas Sanas. Cuyo objetivo es sanear las finanzas públicas para orientar el gasto responsablemente a la generación de valor público y bienestar social. Estrategias: 1.4.1 Implementar en el Poder Ejecutivo, e impulsar en los otros Poderes y órdenes de gobierno, una política responsable de disciplina y austeridad como eje del ejercicio del presupuesto público. 1.4.4 Impulsar alternativas para la disminución del costo de la deuda. 1.4.6 Impulsar y gestionar acciones para el saneamiento financiero del sector educativo." INTEGRACIÓN "Artículo 6. El Fondo de Saneamiento será integrado por los recursos previstos en el artículo 14 del Presupuesto de Egresos, los derivados de la revolvencia, así como las demás asignaciones extraordinarias que de acuerdo con la disponibilidad financiera se determinen." APLICACIÓN DEL FONDO DE SANEACIÓN "Artículo 7. La Secretaría asignará recursos del Fondo de Saneamiento, los cuales son considerados recursos no regularizables, para apoyar a los Entes Públicos cuya aplicación o destino sea el cumplimiento de sus Obligaciones Financieras, o para su Fortalecimiento Institucional. Las solicitudes que presenten los Entes Públicos deberán establecer objetivos, acciones, metas y recursos complementarios para cubrir las Obligaciones Financieras o el Fortalecimiento Institucional. Las solicitudes presentadas incluirán el proyecto que podrá referirse a uno o varios de los destinos siguientes: A) Pago de Obligaciones Financieras: I. Pago de Créditos Fiscales Firmes; II. Pago del entero de adeudos por retenciones de ISR del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; III. Pago de recargos y actualizaciones del entero de retenciones de ISR del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; IV. Pago de impuestos y contribuciones locales por ISN y Control vehicular del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; V. Pago de recargos y actualizaciones del entero de retenciones de ISN y Control Vehicular del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; VI. Pago de laudos; VII. Regularización de aportaciones patronales al ISSSTEZAC del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; VIII. Amortizaciones de los adeudos al IMSS del ejercicio fiscal 2022 y anteriores; IX. Pago de otras obligaciones financieras, y X. Pago de otras obligaciones patronales de seguridad social del ejercicio fiscal 2022 y anteriores. (.). REQUSITOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL FONDO "Artículo 8. Los Entes Públicos deberán presentar a la Secretaría solicitud por escrito de los recursos que les sean necesarios para realizar los objetivos descritos en los Incisos A) y B) del artículo 7 de estos Lineamientos con la debida justificación de su objetivo." "Artículo 9. Las solicitudes deberán ser presentadas ante los enlaces siguientes de la Secretaría: ENTE PÚBLICO ENLACE 1. Municipios del Estado y sus Entes 1. Dirección de Coordinación. 2.Poderes, Organismos Descentralizados y Órganos Autónomos 2. Dirección de Presupuesto 3. Organismos Descentralizados de Educación. 3. Dirección de Gestión Financiera del Sector Educativo. VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD DE SOLICITUDES "Artículo 10. Los enlaces de la Secretaría recibirán las solicitudes por parte de los Entes Públicos con la finalidad de verificar que cumplan con lo establecido en los artículos 7, 8 y 11 de estos Lineamientos. Cada enlace turnará a la Dirección de Presupuesto las solicitudes que cumplan con lo señalado en el párrafo anterior mediante memorándum. Las solicitudes recibidas que no cuenten con la información necesaria serán rechazadas por el enlace que corresponda, con las observaciones encontradas, en un periodo de 5 días hábiles posteriores a la fecha en que se recibieron." DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA PRESENTAR POS LOS ENTES PÚBLICOS "Artículo 11. Los Entes Públicos, a través del Enlace que corresponda, de acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de estos Lineamientos, presentarán la Documentación con la que se acredite el destino especificado en su solicitud para recibir recursos del Fondo de Saneamiento, en 2 momentos como sigue: A). Al hacer la Solicitud: I. Solicitud por escrito para ser beneficiarios del Fondo de Saneamiento especificando la cantidad a solicitar y una breve descripción del origen del adeudo, así como especificar si habrá recursos complementarios para el pago a realizar. II. Documentación comprobatoria del adeudo emitida por la autoridad competente. III. Plan de amortización del adeudo, que incluya lo recursos complementarios con que cuenta el Ente Público. IV. Registro contable del adeudo. B) Una vez autorizada la solicitud: I. Convenio firmado, anexando: 1. Identificaciones del titular del Ente Público y de los demás posibles intervinientes. 2. Documentación con la que se acredite la personalidad y/o nombramiento del titular del Ente Público y de los demás posibles intervinientes. 3. Comprobante de domicilio del Ente Público. II. Comprobante Digital por Internet (CFDI) conforme al Plan de Pagos que se establezca en el Convenio. III. Certificación de la cuenta bancaria donde se realizará la transferencia por parte de la Secretaría para la administración de los recursos. Así como la demás documentación que el enlace considere necesaria para acreditar la viabilidad del apoyo." AUTORIZACIÓN DEL RECURSO "Artículo 12. En el Presupuesto de Egresos, fue aprobada una asignación por 150 millones de pesos para el Fondo de Saneamiento, el cual se destina y/o distribuye como se señala a continuación: I. La cantidad de 100 millones de pesos para el saneamiento financiero del ISSSTEZAC, así como para los adeudos que el COBAEZ tiene con el referido Instituto. II. La cantidad de 15 millones de pesos para el saneamiento financiero, así como para el Fortalecimiento Institucional del Poder Legislativo; III. La cantidad de 15 millones de pesos para el saneamiento financiero, así como para el Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial, y IV. Los remanentes, así como los recursos derivados de la Revolvencia y asignaciones extraordinarias aportadas al Fondo de Saneamiento serán autorizadas por la Secretaría. Los Entes Públicos a los que se refieren las fracciones I, II y III no se encuentran exentos de las obligaciones señaladas en los artículos 7, 8 y 11 de estos Lineamientos para la aprobación y transferencia del apoyo." "Artículo 13. La Secretaría a través de su titular, previo dictamen de viabilidad presupuestaria que emita la Dirección de Presupuesto, autorizará a los Entes Públicos el monto de los recursos que hayan sido solicitados, quienes serán notificados de ello a través del Enlace que recibió su solicitud." CONVENIO "Artículo 14. Una vez que la Secretaría autorice la asignación del recurso al Ente Público, a través del Enlace que recibió su solicitud, se procederá a la suscripción del Convenio de Transferencia, Ejecución y Comprobación de Recursos Públicos, al cual se deberá anexar la documentación establecida en el artículo 11 inciso B) de estos Lineamientos." "Artículo 15. Para la entrega de los recursos autorizados del Fondo, los Entes Públicos previamente deberán contratar y/o aperturar una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva en la que le será transferido por parte de la Secretaría el recurso que corresponda de acuerdo a sus solicitudes, lo anterior para efectos de la identificación, registro y control de éstos. Notificando con oportunidad dicha información a la Secretaría." Entonces, conforme a los preceptos legales transcritos se desprende, en lo substancial, que de acuerdo a los artículos 14, Octavo, Décimo Segundo y Décimo Séptimo Transitorios del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2023, se autorizó a la Secretaría de Finanzas otorgar, cuando así lo soliciten, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Organismos Públicos Descentralizados, Organismos Autónomos, Municipios de la Entidad y a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para el Saneamiento Financiero, así como para su Fortalecimiento Institucional, todo en función de la disponibilidad presupuestaria que determine la Secretaría, recursos del Fondo para el Saneamiento Financiero 2023 que en relación al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, cuenta con saneamiento financiero hasta de $100´000,000.00 (cien millones de pesos en moneda nacional); por lo anterior, se considera que las responsables están en aptitud de realizar gestiones a fin de cumplir con la sentencia de amparo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de Amparo requiérase a David Monreal Ávila, Gobernador del Estado de Zacatecas, en su carácter de superior jerárquico, en términos de los artículos 4, 7, 14 y 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, a efecto de que ordene a los miembros de la Junta Directiva y Director General de dicho instituto el cumplimiento total de la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa. Con el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en el 258 de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización vigente. En el entendido de que no bastará con el hecho de que como superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente; sino, que deberá demostrar haber hecho uso de todos los medios de apremio a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a sus subordinados a fin de lograr el debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, este órgano jurisdiccional considerará insuficiente su intervención de superior jerárquico y, por tanto, también se hará acreedor a las mismas sanciones correspondientes a las autoridades obligadas a cumplir con la sentencia. Lo anterior, es así, toda vez que el régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, conduce a considerar que la persona que se desempeña como superior jerárquico de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento por parte de las autoridades que supervisa. Por tanto, el actuar del superior jerárquico implica el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento cabal del fallo protector y no solamente actuar como autoridad recordatoria, expectante o intermediaria, sino que debe ir más allá, toda vez que se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrar que realizó todo lo posible a su alcance para vencer la renuencia de sus subalternos. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 108/2022, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Agosto de 2022, Tomo III, página 2495, registro 2025145, del texto y rubro siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO. Hechos: En un juicio de amparo una autoridad de la Ciudad de México fue requerida en reiteradas ocasiones como superior jerárquica, tanto de la responsable como de la vinculada al cumplimiento; la cual se concretó a informar reiteradamente al Juzgado de Distrito que les envió un oficio a sus subalternos para insistirles en que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Criterio jurídico: No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. De lo contrario, la persona juzgadora de amparo debe considerar insuficiente la intervención de la superior jerárquica y, por tanto, que es acreedora a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Justificación: Del régimen de obligaciones y sanciones que se regulan en la Ley de Amparo, destaca lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194 de la indicada ley, relativo a que la persona que se desempeña como superior jerárquica de las autoridades a quienes corresponda el cumplimiento de la ejecutoria, es igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa. En consecuencia, su actuar debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos." En la inteligencia que la multa con la que se apercibe a las autoridades responsables en la etapa de ejecución del fallo protector en primera instancia, debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su propio peculio y de esta forma la medida de apremio adquiera efectividad, y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, pues de ser así no se lograría vencer la renuencia que se actualiza. Incluso, en términos del artículo 267 de la Ley de Amparo prevé la imposición de la multa y si persiste la renuencia, evasiva, procede la destitución e inhabilitación; y en último extremo, la consignación ante el juez penal, para la imposición de la pena de privación de la libertad de la persona física que incurra en los supuestos descritos en las fracciones que lo integran; en tanto que el diverso 269 de la misma ley, precisa que la pérdida de calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. Véanse también las jurisprudencias 1a./J. 43/2022 (11a.), 2a./J. 103/2014 (10a.) y 2a./J. 142/2017 (10a.) de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, de título y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. EL JUZGADO DE DISTRITO QUE LO REQUIERA DEBE IDENTIFICAR A LOS INTEGRANTES DE UN ENTE COLEGIADO PARA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE SANCIONE A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE LO INTEGRAN. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se otorgó la protección constitucional para que un cuerpo colegiado de naturaleza administrativa emitiera una determinación al que se requirió el incumplimiento, y ante su omisión, fue sancionado sin identificar a las personas que lo integran. Criterio jurídico: Cuando la autoridad obligada al cumplimiento de una sentencia de amparo sea un cuerpo colegiado, es insuficiente que se le requiera de manera genérica a su conjunto, y aún es menos idóneo que por su incumplimiento se imponga multa al cuerpo colegiado y no a las personas físicas que lo integran. Justificación: El artículo 267 de la Ley de Amparo establece la imposición de penas de prisión, multa y, en su caso, destitución e inhabilitación a la persona que incurra en los supuestos que describen sus fracciones; en tanto que el artículo 269 de la misma ley precisa que la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento. En ese orden de ideas es claro que la responsabilidad en torno al cumplimiento y las consecuencias de su inobservancia recae en personas físicas y no en entes de gobierno, ya que no es lógico sancionar a un ente por la conducta de las personas que lo integran, pues de ser así no se lograría vencer la renuencia que se actualiza. Es por ello que el juzgado que lo requiera debe identificar a los integrantes de un ente colegiado para que en caso de incumplimiento se sancione a las personas físicas que lo integran." "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión. "SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO. La multa impuesta a la autoridad responsable con motivo del juicio de amparo no repercute en el patrimonio de la dependencia en la que presta su servicio, sino que es una sanción para la persona física derivada de sus conductas u omisiones, por lo que es ésta quien debe cubrirla con sus propios recursos; sin embargo, la multa referida se origina con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas, de manera que no existe impedimento jurídico para que sea representado por los abogados encargados de la defensa jurídica de la institución conforme a las disposiciones aplicables, toda vez que la figura de la representación responde a la finalidad de no distracción de las labores de los titulares de las dependencias públicas, a la no interrupción de sus funciones y, en el caso específico, a evitar que se entorpezcan las labores de las personas morales oficiales mientras los servidores públicos multados ocupan su tiempo en defenderse de la sanción. Además, el legislador no distinguió respecto del alcance, términos, situaciones o etapas procesales en que la representación de las autoridades responsables en el juicio de amparo podría verificarse, sino que fue tajante al prever en el artículo 9o. de la Ley de Amparo que sería "para todos los trámites en el juicio de amparo", lo que se corrobora con las facultades con que se dota a las unidades de apoyo jurídico de las distintas dependencias gubernamentales, a quienes se autoriza generalmente para representar a la persona moral oficial, a su titular y a los demás servidores públicos. Lo anterior no implica que la persona moral tenga legitimación como parte en el medio de impugnación que cuestiona la multa mencionada, así como que el funcionario deje de ser responsable por los actos u omisiones contumaces o ilícitos que la originaron, y que si el medio de defensa no es exitoso, debe cubrir la multa con sus propios recursos en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 103/2014 (10a.)." Y, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en caso de ser contumaz, una vez que sean impuestas las sanciones económicas, se remitirán los autos del juicio en que se actúa, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en Turno, para el seguimiento relativo al trámite de inejecución, el cual puede terminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del siete de noviembre de dos mil veintitrés, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.

  3. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las once horas con cincuenta y cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental en los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1114/2023, Rodolfo García Camacho Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, en unión de Idalia Yazmin Flores Mireles, secretaria que autoriza y da fe, procedió a su celebración sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia. La secretaria da lectura a las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran copia simple del escrito inicial de demanda promovida por Luico Ortiz Garay, auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés, por el que se dio trámite al presente incidente y el informe previo rendido por la autoridad responsable. A lo anterior el Juez provee: Téngase hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por la autoridad responsable. La Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 143, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza los medios de prueba allegados; y, al no existir prueba pendiente por relacionar, se cierra dicha etapa. Enseguida, en el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los hizo valer y por tanto se tiene por precluido el derecho para hacerlos valer; por tanto, se declara cerrada dicha fase Al encontrarse integrado el presente cuaderno incidental, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se dicta la resolución que corresponde conforme a derecho. VISTOS, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1114/2023 promovido por ********************, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, y turnado a este juzgado, ******************** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por medio de su director general ACTO RECLAMADO: De la autoridad antes descritas reclamo que en fecha once (11) de septiembre de año en curso, me fue notificado el oficio DG/ISSSTEZAC/7472/2023. Actos respecto de los cuales solicita la suspensión definitiva, para el efecto de que le sean devueltas las cuotas aportadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas por el tiempo que laboró dentro del Gobierno del Estado de Zacatecas, esto derivado de su retiro voluntario. Sin que pase desapercibido para este juzgador que en la demanda de amparo, en específico en el apartado de la suspensión, el quejoso haya establecido lo siguiente: "y otorgada la suspensión se ordene a la Autoridad Responsable, restaure el pago de Pensión por viudez que corre en mi favor", ya que de la lectura íntegra a la demanda de amparo se advierte que la pretensión del quejoso es que le sean devueltas las cuotas que aportó al Instituto responsable. Por tanto, debe indicarse que este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente facultado para pronunciarse respecto a los efectos de la suspensión solicitada, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, lo anterior, para conservar la materia del juicio de amparo, y no necesariamente proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, incluso si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y textos siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo" SEGUNDO. El cinco de octubre de dos mil veintitrés, se acordó la suspensión provisional en el cuaderno incidental relativo al juicio de amparo 1114/2023, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la cual se celebra al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de amparo del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 132, 144 de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Por razón de técnica jurídica y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual señala que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva debe contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados que se obtengan del estudio y análisis conjunto de la demanda, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Bajo esa tesitura se precisa como tal lo siguiente: "De la autoridad antes descritas, reclamo que en fecha once (11) de septiembre de año en curso, me fue notificado el oficio DG/ISSSTEZAC/7472/2023..." TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, al rendir su informe previo indicó que son parcialmente ciertos los actos reclamados. CUARTO. ANÁLISIS ACERCA DE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Cabe puntualizar que para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido de la fracción X del artículo 107 constitucional, así como los artículos 128, 138, 139, 146, 147, 150 y 157 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, cuando la naturaleza del acto lo permita, y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. El artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Cabe precisar, que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto. Esto, porque se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. En el caso, de la lectura íntegra a la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados lo constituyen el oficio DG/ISSSTEZAC/7472/2023 de treinta de agosto de dos mil veintitrés, así como su notificación realizada el once de septiembre siguiente. En consecuencia, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en relación con la negativa de la autoridad responsable de devolver al quejoso las cuotas aportadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, con motivo de su retiro voluntario; ello, en razón de que de concederse la suspensión definitiva para dicho efecto, se analizarían cuestiones que deben ser materia de estudio en la sentencia que recaiga al expediente principal, puesto que habrá de analizarse a fondo la constitucionalidad o inconstitucionalidad del oficio por el que se le negó la devolución de dichas cuotas, así la notificación de dicha misiva, y esas circunstancias no son factibles analizarlas en el incidente de suspensión, ya que son relativas al fondo del asunto que se decidirá en la sentencia definitiva del juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que aun cuando en el incidente de suspensión es dable realizar un asomo sobre cuestiones que ha de versar la sentencia que se dicte en cuanto al fondo en el juicio de amparo; en este momento no es viable realizar un estudio profundo sobre la constitucionalidad o no del acto que se reclama, pues en su momento ese examen comprenderá todos los elementos aportados a dicho juicio, para concluir si, en efecto, el acto reclamado afecta derechos de la parte quejosa e implica alguna violación a sus derechos fundamentales, y esa amplitud de estudio no es necesaria, tratándose del incidente de suspensión. Por ende, resulta inconcuso que en estos momentos no es factible analizar el oficio reclamado, así como su notificación, porque constituyen materia del fondo del asunto, y no es dable tampoco un examen preliminar, porque tal examen no es somero, sino que para llegar a determinarlo, ha menester realizar un análisis más profundo que definitivamente corresponden a la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva el presente incidente. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 85/2028, sostuvo que los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar. Su finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios). Sobre este último supuesto, precisó que se trata de un amparo provisorio, identificado por la Segunda Sala como adelanto provisional, en el que el órgano jurisdiccional debe considerar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) el interés social; y, (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgarlo. En la misma ejecutoria sostuvo que la naturaleza de los actos ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar. Añadió que la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados. Lo que, a su vez, dijo, es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Finalmente, el máximo Tribunal del País determinó que el amparo que se pretende con la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después. Lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. Las consideraciones anteriores se reflejan en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de título y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Así, este órgano jurisdiccional al evaluar la posibilidad jurídica y material de otorgar la suspensión solicitada, advierte que los efectos que tendría la medida coinciden exactamente con los de la eventual sentencia estimatoria de amparo, lo que al constituir el estudio de fondo del asunto -precisamente determinar si el oficio reclamado y su notificación fueron apegados a derecho-, lo dejaría sin materia, pues el beneficio no sólo sería transitorio. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 140, 144, 146, 215, 216 y 217, de la Ley de Amparo; se R E S U L E V E: Único. Se Niega la suspensión definitiva al quejoso ********************, en términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese.

  4. Incidental

    Zacatecas, Zacatecas, a trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngansele al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, rindiendo su informe previo; por tanto, agréguense a los autos para que sea tomado en consideración en su momento procesal oportuno. Por lo tanto, lo que respecta a las documentales que anexa la autoridad responsable ofrecidas, con fundamento en el arti´culo 144 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relacio´n de las mismas en la audiencia incidental. Como también lo solicita la oficiante, en términos de los artículos 77 y 78 del Acuerdo General número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "guillermoaranda", para consultar el expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.

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