Luis Alberto González González

Expediente 96/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
96/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
26/07/2019

Partes del expediente

  • Luis Alberto González González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    El veintiséis de julio de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario del juzgado Primero de Distrito en el estado certifica: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió para la parte quejosa del nueve al veintidós de julio del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el tres de julio de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 96/2019. Que dentro de dicho juicio sí se tramitó incidente de suspensión. En el que se concedió la suspensión definitiva. Y no existe billete de depósito en dicho incidente. Que sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el tres de julio de dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En consecuencia, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se determina que este expediente es DESTRUIBLE, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General, es DEPURABLE el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la suspensión provisional, por tanto, glósese al expediente en que se actúa; asimismo, guárdese por separado el duplicado del incidente, para que en su oportunidad se lleve a cabo su destrucción en términos del punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo. Dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Devuélvase a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, las constancias consistentes en el toca 289/2018 (en dos tomos); la causa penal 851/2017 y 7 discos en formato DVD que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese; personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Wendy Díaz*

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 96/2019; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Luis Alberto González González, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: La resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación oral 289/2018, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto que declaró inadmisible el recurso de apelación intentado contra la resolución de exclusión de pruebas y negativa de declarar la nulidad e invalidez de órdenes de cateo dictada en audiencia verificada el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, dentro de la causa penal número 851/2017. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. El asunto de referencia se turnó para su conocimiento el doce de febrero de dos mil diecinueve a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en proveído de trece siguiente, se ordenó registrar la demanda con el expediente 96/2019 y determinó, por un lado, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, emitida por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, desechar la demanda de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, al haberse presentado fuera del plazo a que se refiere el diverso numeral 17 de la ley de la materia y resultar extemporánea y por el otro, se admitió a trámite únicamente por la resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, así como la notificación practicada el seis de febrero del año en curso y todas las notificaciones realizadas por el notificador adscrito a la citada sala penal; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, ordenó dar la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio, consisten en: - La resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación oral 289/2018, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto que declaró inadmisible el recurso de apelación intentado contra la resolución de exclusión de pruebas y negativa de declarar la nulidad e invalidez de órdenes de cateo dictada en audiencia verificada el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, dentro de la causa penal número 851/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La magistrada presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas aceptó la existencia de la resolución reclamada (foja 37). Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Para corroborar lo anterior, exhibió los originales del toca apelación oral número 289/2018 y causa penal 851/2017, así como siete discos compactos; documentales públicas que cuentan con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por tanto, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del problema jurídico planteado, se relatarán los antecedentes de la resolución combatida. 1. El dieciséis de septiembre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia inicial de control de detención del imputado Luis Alberto González González, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito de secuestro cometido en perjuicio de dos personas de identidad protegida de iniciales S.M.V. y D.G.A.M. y se decretó la medida de prisión preventiva oficiosa durante el procedimiento (Discos 1 y 2 que contienen dicha audiencia). 2. El veintiuno de septiembre del citado año, se celebró la continuación de la audiencia inicial, que concluyó con la emisión de un auto de vinculación a proceso contra el imputado por el hecho ilícito de la acusación (discos 1 y 2 de la mencionada audiencia). 3. A su vez, el uno de octubre de dos mil dieciocho, se procedió a desahogar la audiencia intermedia (disco 1). 4. El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se emitió el auto de apertura a juicio oral y se dictó determinación de exclusión de pruebas y negativa de declarar la nulidad e invalidez de órdenes de cateo (discos 1, 2 y 3 que contienen el auto referido). 5. Inconforme con la determinación anterior, el imputado por conducto de su defensor particular interpuso recurso de apelación, por lo que, la Sala responsable por resolución de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, declaró inadmisible el recurso planteado (fojas 19-22). 6. Una vez que le fue notificada la citada resolución a la parte recurrente, decidió interponer recurso de revocación, por lo que, por resolución de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto y como consecuencia, quedó firme la resolución recurrida (fojas 95-101). La resolución anterior integra la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia se deben analizar de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. En el caso, esta autoridad federal advierte, de oficio, que respecto del acto consistente en la resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación oral 289/2018, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto que declaró inadmisible el recurso de apelación intentado contra la resolución de exclusión de pruebas y negativa de declarar la nulidad e invalidez de órdenes de cateo dictada en audiencia verificada el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, dentro de la causa penal número 851/2017; se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo (estos últimos interpretados en sentido contrario). Dichos preceptos establecen: De la Constitución. "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)." De la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte(...)." De los numerales que quedaron transcritos, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Consecuentemente, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe delimitar si los actos controvertidos tienen o no la naturaleza de irreparables; status jurídico que alcanzarán cuando se demuestra que producen consecuencias de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no solamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Aunado a ello, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito o la propiedad, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En el mismo sentido, conviene abundar que los actos tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: La investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. La etapa intermedia o de preparación a juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el numeral 133 del citado código prevé que el juez de control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio; y que el tribunal de enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. De igual forma, el artículo 334 del Código Nacional en consulta, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: una escrita, que inicia con el escrito de acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y la segunda fase, oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al numeral 335 del citado código, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material a la defensa de los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el numeral 341, cuyo desarrollo está normado por el subsecuente precepto 344, el cual señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el juez de control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio que, en términos del artículo 347 del código en consulta, deberá indicar: "Artículo 347. Auto de apertura a juicio. Antes de finalizar la audiencia, el Juez de control dictará el auto de apertura de juicio que deberá indicar: El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, así como la fecha y hora fijadas para la audiencia; La individualización de los acusados; Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código; Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. El Juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de enjuiciamiento competente dentro de los cinco días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como al acusado." También es importante destacar que el artículo 345, en su último párrafo, señala que el juez de control, en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrá por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Ahora bien, como se demostró en el relato de antecedentes del acto reclamado, se tiene que el imputado Luis Alberto González González, aquí quejoso, interpuso recurso de apelación contra la resolución que contiene la determinación de exclusión de pruebas y negativa de declarar la nulidad e invalidez de órdenes de cateo, por lo que, la Sala responsable, por resolución de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho declaró inadmisible el recurso planteado, sin embargo, el defensor particular del imputado, promovió recurso de revocación, mismo que por resolución de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se declaró improcedente y se confirmó la determinación recurrida. Lo anterior, constituye la inconformidad toral. Entonces, se colige que la resolución reclamada no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en razón de que la resolución que contiene la determinación de exclusión de pruebas y negativa de declarar la nulidad e invalidez de órdenes de cateo y que dio origen al recurso de apelación, mismo que se declaró inadmisible, que posteriormente, fue recurrido mediante el recurso de revocación, cuya resolución constituye el acto reclamado, no es un acto de imposible reparación, ya que define cuestiones de carácter procesal, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos. De lo anterior se sigue que debe existir una base objetiva para poder considerar que dicha determinación viola derechos sustantivos, pues por sí solo, como se expuso, únicamente involucra cuestiones adjetivas. Por tanto, si a la fecha no ha concluido la etapa de juicio y al no haberse pronunciado la sentencia por el Tribunal de enjuiciamiento, los efectos que trae consigo no pueden considerarse actos dentro de juicio que tengan sobre la parte quejosa una afectación a sus derechos sustantivos y que deban de considerarse de imposible reparación, en términos de la premisa expuesta, porque solamente afectan derechos adjetivos o procesales, siendo hasta que se pronuncie la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento con la que concluya la etapa de juicio, es cuando se pudiera actualizar tal perjuicio, ya que puede suceder que dicho fallo sea favorable a sus intereses y, en caso contrario, indefectiblemente podrá hacerlo valer como una violación procesal al interponer recurso de apelación contra dicha sentencia, siendo precisamente ahí en donde podrá determinarse si el acto ahora reclamado y sus consecuencias causan o no perjuicio a los intereses del hoy quejoso, en términos del dispositivo 172 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, al no afectar materialmente derechos sustantivos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicanos, el juicio de amparo indirecto promovido por el recurrente en contra de la resolución que declaró improcedente el recurso de revocación contra la diversa que tuvo por inadmisible el recurso de apelación intentado contra la resolución de exclusión de pruebas y negativa de declarar la nulidad e invalidez de órdenes de cateo dictada en audiencia verificada el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de la Capital, dentro de la causa penal número 851/2017 es improcedente, en términos de lo que dispone la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, aplicada en sentido contrario. Lo anterior encuentra sustento en la teleología de dicha disposición legal, que busca a través de la aplicación de la fórmula general de procedencia para reclamar actos dictados dentro del procedimiento penal, evitar el excesivo ejercicio de la acción constitucional por la vía indirecta, con el fin de no retardar las cuestiones esenciales del proceso que exige continuidad en sus etapas, para que las mismas no se prolonguen indeterminadamente en perjuicio de los derechos de las víctimas y de los propios procesados. Resulta aplicable por identidad de razones la jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que los actos dentro del juicio son de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas, por lo que tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal. Ahora bien, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano." Así como la diversa tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de contenido: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NIEGA EXCLUIR O INADMITIR MEDIOS DE PRUEBA EN DICHA FASE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR UN ACTO EN JUICIO, CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. La etapa intermedia en el procedimiento penal acusatorio está conformada por un conjunto de actos procesales (una fase escrita y una oral), que inicia con la presentación de la acusación y culmina con la resolución que decide la apertura a juicio oral; en dicha fase procesal tiene lugar, entre otros, el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. Bajo esta perspectiva, si el Juez de control no acuerda de conformidad la petición de una de las partes de excluir o inadmitir los medios de prueba que le son solicitados, esa determinación no constituye un acto en juicio y, además, sus efectos no son de imposible reparación, pues no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, sino que se trata de un acto de naturaleza intraprocesal (esto es, sin afectación directa e inmediata), respecto del cual, el juicio de amparo indirecto es improcedente, por lo que, en todo caso, es susceptible de impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva." Aunado a lo anterior, ese acto por su naturaleza, no afecta derechos sustantivos del ahora quejoso, menos aún se trata de una violación de carácter irreparable, dado que eventualmente, aún con la exclusión de las pruebas referida y negativa de nulidad de órdenes de cateo, que fue el aspecto medular de la resolución apelada que dio origen al recurso de revocación planteado contra la resolución que declaró inadmisible el recurso de apelación planteado, el quejoso puede obtener una sentencia definitiva benéfica a sus intereses, en el proceso penal de origen, por lo que la materia de estudio en el presente asunto, no genera sobre sus personas o sus cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, en tanto que no afectan derechos humanos tutelados en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales en los que México sea parte. Es decir, la vulneración al derecho fundamental que se alega se transgredió, sólo podrá surgir o materializarse una vez que se dicte la sentencia respectiva, en la que se determine si existe o no plena responsabilidad del imputado -quejoso en el juicio de amparo- y, de acontecer lo primero, la exclusión de los medios de prueba y negativa de declarar la nulidad e invalidez de órdenes de cateo, podrá alegarlo al interponer el medio de defensa contra de la sentencia definitiva, que de llegar a confirmarla, podrá insistir en su argumento en vía de amparo directo. Ante ello, el perjuicio que deriva de la decisión tomada en el acto reclamado, sólo podrá reflejarse o actualizarse hasta en tanto se resuelva en definitiva, dado que por ahora no puede conocerse si la admisión o no de tales probanzas, ni la negativa de nulidad e invalidez de órdenes de cateo producirá efectos desfavorables en la sentencia que llegara a dictarse; tan es así que, incluso, se ignora si el fallo determinará (o no) la existencia plena de la responsabilidad penal que se atribuya al inculpado. Bajo ese contexto, se concluye que la resolución reclamada no infringe de manera directa e inmediata derecho sustantivo constitucional alguno en perjuicio del quejoso, porque no se trata de uno emitido dentro del procedimiento penal que lo deje sin defensa, al no tener el carácter de irreparable, por lo que queda evidenciada la causal de improcedencia aquí analizada, y por tanto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Luis Alberto González González, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Diana Jaimes Villanueva, Secretaria que autoriza, el día de hoy tres de julio de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe

  3. Principal

    El quince de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado de autos y con las promociones con folios 3554 y 3617. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, de los que se advierte que se encuentran señaladas las once horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, a fin de no dejar en estado de indefensión a los terceros interesados y se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de amparo, se difiere la citada audiencia, y en su lugar se fijan las once horas del tres de abril de dos mil diecinueve. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el pedimento de cuenta signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. En cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. Finalmente, glósese a los autos para que obre como corresponda el escrito con folio 3617 signado de forma electrónica por Joaquín Zeferino Corona Hernández, autorizado del quejoso; y en atención a su contenido, con apoyo en el numeral 124 de la Ley de la Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que formula en vía de alegatos; los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. Cecy*

  4. Principal

    El doce de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 3285. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a doce de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio que remite la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por medio del cual solicita acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo; por tanto, en términos de los artículos 96 y 97 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario viridiana.avalos, a consultar el expediente electrónico, relativo a este sumario. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe.

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