Luis Alberto Calvillo Santana
Expediente 357/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2022
Partes del expediente
- Luis Alberto Calvillo Santana
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, seis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos y la certificación que antecede; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
suscribe ANA CECILIA DÍAZ UNZUETA, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dejado en el domicilio de la parte quejosa *******, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós, por lista en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa *********, publicada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 26, 27 y 29, de la Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda que promueve ****? ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 357/2022-II-D. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. Ahora, en virtud de que de la lectura del escrito de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo1 , se desecha por notoriamente ...En ese sentido, la parte quejosa señala en esencia como actos reclamados el incumplimiento dado al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad para el... Que el treinta y uno de julio de dos mil veinte, la ..., el hecho de que los patrones tengan que aplicar o ejecutar las disposiciones administrativas dictadas por las autoridades sanitarias, - lo que sucede además con cualquier disposición laboral legal o administrativa- no los coloca per se en un plano de supra-subordinación respecto de sus trabajadores. Que la normatividad referida no los dotó de una potestad administrativa, que les autorice o faculte para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Que si bien se aprecia que los mencionados acuerdos contemplan como obligación de los patrones la implementación del resguardo domiciliario a través del trabajo en casa, como medida de protección frente al SARS-CoV2, conservando la totalidad de las prerrogativas laborales que los trabajadores vienen disfrutando, fueron emitidos por autoridades de carácter administrativo, lo cierto es que dichas normas se encuentran orientadas a salvaguardar derechos y prerrogativas de naturaleza laboral, entre las que se encuentra la salud, así como la seguridad e higiene en el empleo. Conclusión que señaló, se sostiene en la medida que el artículo 123, apartado A, fracción XV, de la Constitución, establece la obligación del patrón de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el centro de trabajo, así como el deber de organizar el establecimiento de manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Obligación que se encuentra estrechamente vinculada con el concepto de trabajo digno o decente, definido en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo y, sobre todo, con lo dispuesto en los artículos 132, fracción XIX Bis y 512-D TER de la propia ley. Que lo anterior, aunado a que el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, establece que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. Que en ese sentido, la Recomendación 164 sobre seguridad y salud de los trabajadores, emitida por la OIT, señala que los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir los accidentes y los daños para la salud originados con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en caso de emergencia. Que similares consideraciones fueron sustentadas al resolver la contradicción de tesis 127/2021, en la que se concluyó que las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen naturaleza laboral, cuando su aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de las y los trabajadores en sus centros de trabajo. ..Lo anterior, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual se le podría dejar en estado de indefensión; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Es así, pues respecto al acto reclamado que el quejoso hace consistir en la omisión de dar respuesta a su petición de catorce de junio del año en curso, en la que solicitó al Oficial Mayor de Infantería, Director de Seguridad Pública Municipal del XXIV Ayuntamiento Constitucional, lo mantenga bajo resguardo domiciliario, a fin de no exponer su integridad física y tener menos probabilidades de ser contagiado de ****derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario; y, aquélla persona que se ostenta titular de un derecho, el cual estima ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir a los tribunales federales y solicitar la protección constitucional para el efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado; también resulta cierto que para instar la acción constitucional, como presupuesto a satisfacer por la parte peticionaria de amparo, debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, pues resulta que ese derecho subjetivo puede o no existir. Por el caso, se estima oportuno destacar el contenido del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citado con antelación: ...Luego, existe criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el derecho fundamental que consagra el artículo 8 constitucional, se refiere a que toda petición hecha ante una autoridad por escrito, de manera pacífica y respetuosa, recaiga un acuerdo en breve término, y que éste se le haga saber a la interesada. Sin embargo, es preciso señalar que para determinar si una autoridad, en ejercicio de sus funciones, omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud física de poder emitir el acuerdo correspondiente. Ahora bien, en la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, se advierte que el catorce de junio del año en curso (foja 24), mediante escrito dirigido a la responsable Director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del XXIV Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, el quejoso ******, realizó una solicitud en el sentido de que se le considere que padece una enfermedad degenerativa consistente en asma, así como, que pertenece a la categoría de grupo vulnerable. En ese tenor, es inconcuso que no ha transcurrido el plazo de quince días que tiene la autoridad responsable, a afecto de darle contestación a su petición, pues si la solicitud la presentó ante la responsable Director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del XXIV Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, el catorce de junio de dos mil veintidós, tal como se advierte del acuse de la solicitud, a fin de que se le considere que padece una enfermedad degenerativa consistente en asma, así como que pertenece a la categoría de grupo vulnerable, que agregó a su escrito inicial el quejoso; y habiendo transcurrido únicamente un día, pues presentó la ?????????? demanda de amparo que dio origen al presente juicio el día quince de junio de dos mil veintidós. De ahí que se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable Director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del XXIV Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, Baja California, se encuentra dentro del plazo para dar respuesta a la solicitud de la parte quejosa. Precisado lo anterior, la suscrita estima que en el caso se surte la causal de improcedencia en comento, ya que como quedó precisado con antelación, la parte quejosa mediante escrito de catorce de junio de dos mil veintidós, realizó solicitud en el sentido de que se le considere que padece una enfermedad degenerativa consistente en *****; así como que pertenece a la categoría de grupo vulnerable, según se advierte del contenido de su demanda, siendo que el quince de los cursantes, presentó su escrito de demanda de amparo; por tanto, es incuestionable que no ha transcurrido el plazo de quince días que refiere el artículo 177, fracción XIV del Reglamento de la Administración Pública Municipal, que le concede a la responsable para dar contestación en esos casos sobre petición o realice las gestiones conducentes para emitir la resolución correspondiente y estuviera en aptitud de hacerle de su conocimiento la respuesta recaída a la misma. ... En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 1, del mismo ordenamiento y 8 Constitucional, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por resultar notoriamente improcedente la acción que mediante ella se pretende ejercitar. Lo anterior, guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que desde el inicio el promovente tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías.... DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; y por autorizado en los términos del artículo 12 de la ley de amparo a ... AUTORIZACIÓN DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Como lo solicita el promovente, se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil. ... HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERCIBIMIENTO Con fundamento en los artículos 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables; tendrá como efecto declarar su inexistencia, previa vista que se otorgue, se continuará con el trámite del juicio y la sentencia que se dicte no se ocupará de ellas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la ...
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