Luis Adolfo Barbosa Córdova
Expediente 184/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 184/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/04/2015
Partes del expediente
- Luis Adolfo Barbosa Córdova
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
hago efectivo el apercibimiento del CITATORIO de treinta y uno de marzo de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de treinta marzo de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica a la QUEJOSO,que dice: Ensenada, Baja California, treinta de marzo de dos mil quince. Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve Luis Adolfo Barbosa Córdova, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez Tercero de lo Civil del Poder Judicial del Estado, del Partido Judicial de Ensenada, con sede en esta ciudad. 2. Actuario Adscrito al Juzgado Tercero de lo Civil del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 184/2015-I-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: todo lo actuado dentro del expediente 359/2013, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia de Ensenada, Baja California, con motivo de su ilegal emplazamiento a dicho procedimiento. Lo anterior, por estimarse que el quejoso no agotó el principio de definitividad, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones judiciales o de Tribunales Administrativos o del Trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] De la cita que antecede se aprecia que la definitividad refiere, a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Por su parte, el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, en términos de su artículo 1054, dispone lo siguiente en cuanto al incidente de nulidad de actuaciones: ARTICULO 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que la quejosa es parte en el procedimiento de donde emana el acto reclamado; además de que bajo protesta de decir verdad, en el punto primero del capítulo de antecedentes, expone que el juicio de origen se encuentra en etapa probatoria, es decir, aun no se emite sentencia definitiva, y por ende, está en posibilidad de agotar los medios de defensa ordinarios que la ley de la materia le otorga. Lo anterior es así, ya que en contra del indebido emplazamiento por medio de edictos practicado por la autoridad responsable, dentro del juicio ejecutivo mercantil 359/2013, es dable su impugnación a través del incidente de nulidad de actuaciones, previsto por el artículo 319, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio; y de la lectura de la demanda de amparo, no se advierte que el impetrante lo haya agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, a pesar de que se encontraba obligado a ello, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento. En efecto, el quejoso, respecto del acto reclamado, estuvo en aptitud de combatirlo a través del incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo ya precisado, por cuanto a que es parte dentro del procedimiento natural al figurar como demandado; además de que no se ha dictado sentencia definitiva, por lo que dicha circunstancia no le da legitimación para impugnar el acto reclamado directamente mediante el amparo biinstancial. Finalmente, tampoco se advierte que el acto reclamado se encuentre en alguno de los supuestos de excepción contemplados en los incisos a), b) y c), del artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 396, Tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, SI EL QUEJOSO PUEDE SER OIDO EN EL JUICIO. El acto consistente en el emplazamiento ilegal, no es un acto de imposible reparación, pues el mismo no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, mismos que pueden ser impugnados dentro del juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra de la sentencia de primera instancia. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en Avenida Riveroll número 367 de la zona centro de esta ciudad. Asimismo, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Sergio Ruiz López, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que respecta a Ulises Cuevas Silva, téngasele autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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