Luis Alberto Bonilla Fuentes

Expediente 451/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 21 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
451/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Luis Alberto Bonilla Fuentes
  • Jueces de Garantías del Poder Judicial de Baja California con residencia en Ensenada, Baja Califonia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente

  2. Principal

    A las nueve horas del quince de noviembre de dos mil dieciocho, el que suscribe Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del Juicio de Amparo 451/2018-IV-A; al tercero interesado **********; en cumplimiento al auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro del presente Juicio de Amparo. Con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Agréguense a los autos los oficios signados por el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y anexos, a través del cual, en cumplimento al requerimiento de siete de noviembre del actual, envía las constancias relativas al auto de vinculación a proceso decretado en contra del aquí quejoso **********, dentro de la causa penal 1181/2018 de su índice. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la citada autoridad, el mencionado medio de convicción. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De las constancias exhibidas por la autoridad en mención se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]" De la trascripción anterior se desprende que la causa de improcedencia es el denominado "cambio de situación jurídica", mismo que se configura cuando se dan los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y e) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que el quejoso acudió a éste señalando como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra. En tanto que de las constancias que envió el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia que en audiencia de doce de septiembre de dos mil dieciocho, se giró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso ***********, dentro de la causa penal 1181/2018, del índice del juez responsable, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado; mientras que en audiencia de cinco de noviembre del actual, se decretó auto de vinculación a proceso en su contra. Por consiguiente, si el peticionario de amparo promovió juicio de garantías en contra de la referida orden de aprehensión y el cinco de noviembre del año en curso, se decretó auto de vinculación a proceso en su contra; es claro que ha operado un cambio de situación jurídica, pues se han actualizado los requisitos precisados en los incisos señalados en párrafos precedentes. Ello, en virtud de que el acto reclamado en el presente juicio de amparo (orden de aprehensión), emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, que en el caso, lo constituye la causa penal 1181/2018, del índice de la citada autoridad. Por lo que al promoverse el juicio de amparo, la parte quejosa contaba con un estado jurídico determinado, derivado de la orden de aprehensión que por esta vía reclama. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable señalada en líneas anteriores emitió una resolución que modificó la situación jurídica en que se encontraba el quejoso con motivo de la orden de aprehensión ya que está fue sustituida jurídica y procesalmente por el auto de vinculación a proceso emitido en audiencia de cinco de noviembre de dos mi dieciocho. Si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado, afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la determinación del auto de vinculación a proceso; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Existe autonomía e independencia entre los actos que reclamó en el juicio de garantías -aprehensión- y la nueva resolución dictada en el procedimiento -auto vinculación a proceso por la comisión del delito de homicidio calificado-, pues esta última sustituye jurídica y procesalmente al acto materia del amparo, resulte o no inconstitucional, lo cual ocasiona que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas al acto reclamado y, por ende, que no pueda analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica de la quejosa. Es aplicable por analogía a esta determinación la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junio de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 270, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE, que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Por tanto, al haberse actualizado en forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de garantías. Consecuentemente, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica a la parte quejosa, publicada el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Agréguense a los autos los oficios signados por el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y anexos, a través del cual, en cumplimento al requerimiento de siete de noviembre del actual, envía las constancias relativas al auto de vinculación a proceso decretado en contra del aquí quejoso ****, dentro de la causa penal 1181/2018 de su índice. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la citada autoridad, el mencionado medio de convicción. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De las constancias exhibidas por la autordad en mención se advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. [.]" De la trascripción anterior se desprende que la causa de improcedencia es el denominado "cambio de situación jurídica", mismo que se configura cuando se dan los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, y e) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio se advierte que el quejoso acudió a éste señalando como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra. En tanto que de las constancias que envió el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia que en audiencia de doce de septiembre de dos mil dieciocho, se giró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Luis Alberto Bonilla Fuentes, dentro de la causa penal 1181/2018, del índice del juez responsable, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado; mientras que en audiencia de cinco de noviembre del actual, se decretó auto de vinculación a proceso en su contra. Por consiguiente, si el peticionario de amparo promovió juicio de garantías en contra de la referida orden de aprehensión y el cinco de noviembre del año en curso, se decretó auto de vinculación a proceso en su contra; es claro que ha operado un cambio de situación jurídica, pues se han actualizado los requisitos precisados en los incisos señalados en párrafos precedentes. Ello, en virtud de que el acto reclamado en el presente juicio de amparo (orden de aprehensión), emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, que en el caso, lo constituye la causa penal 1181/2018, del índice de la citada autoridad. Por lo que al promoverse el juicio de amparo, la parte quejosa contaba con un estado jurídico determinado, derivado de la orden de aprehensión que por esta vía reclama. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable señalada en líneas anteriores emitió una resolución que modificó la situación jurídica en que se encontraba el quejoso con motivo de la orden de aprehensión ya que está fue sustituida jurídica y procesalmente por el auto de vinculación a proceso emitido en audiencia de cinco de noviembre de dos mi dieciocho. Si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado, afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la determinación del auto de vinculación a proceso; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Existe autonomía e independencia entre los actos que reclamó en el juicio de garantías -aprehensión- y la nueva resolución dictada en el procedimiento -auto vinculación a proceso por la comisión del delito de homicidio calificado-, pues esta última sustituye jurídica y procesalmente al acto materia del amparo, resulte o no inconstitucional, lo cual ocasiona que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas al acto reclamado y, por ende, que no pueda analizarse su constitucionalidad sin afectar la nueva situación jurídica de la quejosa. Es aplicable por analogía a esta determinación la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junio de 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 270, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE, que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." Por tanto, al haberse actualizado en forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de garantías. Consecuentemente, es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que se decretó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso ***; asimismo, manifiesta que se encuentra subsistente la medida cautelar consistente en prisión preventiva dictada al citado quejoso. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, envíe las constancias que acrediten lo anterior; apercibido que de no hacerlo se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

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