Lucio Paredes Diaz
Expediente 596/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 596/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Lucio Paredes Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el trece de julio de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se sobreseyó en el juicio de amparo. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destruible el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental principal. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en los artículos 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General citado; por tanto, el principal es susceptible de destrucción. Valoración incidente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el original del incidente de suspensión relativo se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, inciso b), del Acuerdo General citado; por tanto, el cuadernillo original de la incidencia es susceptible de depuración. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Transferencia del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 596/2022; R E S U L T A N D O: I Presentación de la demanda: Mediante escrito presentado el tres de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado a este Juzgado de Distrito. II Admisión de la demanda. El cuatro de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El nueve de mayo de dos mil veintidós. IV Emplazamiento a la tercero interesada ****: El veinticinco de mayo de dos mil veintidós. V Emplazamiento al tercero interesado **: El veintisiete de mayo de dos mil veintidós. VI Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I Competencia Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, las omisiones reclamadas se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado al Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos y otras autoridades, se hace consistir en: a La orden de embargo, requerimiento de pago o embargo y su ejecución con uso de la fuerza pública en el domicilio ubicado en *****. III Existencia de los actos reclamados. El Director de la Policía Municipal de Tetela del Volcán, fue omisio en rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificado para tal efecto. Por tanto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados a ella atribuidos. Por otra parte, las autoridades responsables Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción, al rendir su informe, aceptaron la existencia de los actos que se le atribuyen; remitiendo copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio ejecutivo mercantil ****de su índice, a las que se le otorga valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia IV Causales de improcedencia En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. La causa en estudio, establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando contra el acto de autoridad que se reclama exista recurso o medio de defensa legal, que deba ser agotado antes de interponer la demanda de amparo; y, que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar el acto, sin distinción alguna, siendo suficiente que en la ley que rija el acto reclamado contenga el recurso o medio de defensa legal, los cuales deben estar a disposición del justiciable a efecto de poder ejercerlos. De tal manera, que no es optativo para el promovente de la acción constitucional, cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo; puesto que, resulta obligatorio promover los medios de defensa legal o recursos ordinarios a su alcance, pues no existe disposición legal que la exima de agotar el principio de definitividad. Sin que los actos reclamados en esta instancia se encuentren en alguno de los supuestos de excepción a que se refiere la fracción en análisis, pues, no se trata de persona extraña a juicio, no son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, no se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa. Como se adelantó, el juicio de amparo es improcedente toda vez que, atento al estado procesal que guarda el juicio ejecutivo mercantil de origen, a la quejosa no le asiste el carácter de tercero extraño a que alude en su demanda de amparo al señalar en el capítulo de los conceptos de violación que desconoce el origen de los actos reclamados y que se han violado las formalidades esenciales del procedimiento y el debido proceso. Sin embargo, del informe justificado rendido por la Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, se advierte que existe la orden de emplazamiento y embargo dentro del juicio ejecutivo mercantil (auto de exequendo) sin que se haya logrado desahogar dicha diligencia. De tal forma, para combatir el auto de exequendo, la parte quejosa debe agotar los medios de defensa que contempla la legislación mercantil; esto es, debe acatar el principio de definitividad. Al respecto debe destacarse que el tercero extraño a juicio es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia que se ventila; es decir, aquel que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material pero que aduce un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones en él emitidas, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Se equipara a esta figura, quien, siendo parte, alega desconocer el procedimiento iniciado en su contra, como consecuencia de una irregularidad en el llamamiento a tal procedimiento jurisdiccional. El evento primordial que da el carácter de tercero extraño, tanto a la persona que no ha figurado en el juicio, como a quien, siendo parte, no fue emplazado o lo fue incorrectamente, es que están impedidos formalmente para entablar la defensa de sus intereses ante la autoridad común. Ahora, de conformidad con la doctrina jurisprudencial, cuando el quejoso está en condiciones de incorporarse a la contienda para defender sus intereses, como lo es en aquellos casos en que el asunto sigue en fase de substanciación, o sea, antes del dictado de sentencia, el impetrante pierde el carácter de tercero extraño, y queda en obligación de agotar los mecanismos de defensa ordinarios que contempla la ley rectora del acto reclamado, pues en este caso, no está de cara a un estado de indefensión insuperable. El citado criterio se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia 2a/J. 47/2011 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo" En la especie, de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, que gozan de valor probatorio pleno, se aprecia que, no obstante de haberse dictado auto de radicación en el que se ordenó el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte quejosa, a diligencia de exequendo aún no se ha practicado toda vez que no fue posible su localización, por lo que no se ha integrado a la relación procesal. Con lo que se evidencia que aún no se ha dictado sentencia definitiva y por tanto, la quejosa se encuentra en plenas condiciones de incorporarse a la contienda y hacer valer los medios de defensa que correspondan, al haber tenido ya conocimiento de su existencia Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a/J. 67/2013 (10a), sustentada por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal, visible en la página 729, Tomo 1, Agosto de 2013, Libro XXIII, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a/J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia" Así como la tesis de jurisprudencia 1a/J. 12/2016 (10a), sustentada por la Primera Sala de nuestro Más Alto Tribunal, visible en la página 979, Tomo II, Mayo de 2016, Libro 30, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente" En consecuencia, atento al estado procesal que guarda el juicio de origen, se concluye que la quejosa está en condiciones de entablar su defensa ante la propia autoridad responsable y por ello, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. El citado cardinal prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando, contra el acto reclamado, las leyes ordinarias conceden algún recurso o medio de defensa, que pueda tener por objeto su modificación, revocación o nulificación. Lo anterior entraña el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual no es exigible en los supuestos que prevén los incisos a), b) y c) del numeral transcrito en párrafos precedentes; hipótesis que, en la especie no se actualizan, pues como quedo´ dicho, atento al estado procesal que guarda el juicio de origen, a la parte quejosa no puede considerársele como tercero extraño. Por ello, se concluye que esta´ obligado a agotar el recurso de revocación, para combatir el auto de exequendo (admisorio del juicio ejecutivo mercantil); lo anterior, en términos de los artículos 1334 y 1340, ambos del Código de Comercio, que disponen: Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1340 La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $757,365.46 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Lo anterior es así, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J.70/2013 (10a), determinó que por regla general, los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado en el artículo 1339 del Código de Comercio, son impugnables mediante el recurso de revocación. Disposición jurisprudencial que resulta aplicable al caso en virtud de que del auto de radicación dictado en el juicio ejecutivo mercantil de origen se advierte que la suerte principal asciende a ***(**** 00/100 moneda nacional) cantidad inferior a la prevista en el artículo 1339 del Código de Comercio. Tiene aplicación la Jurisprudencia 1a/J. 70/2013 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 401, del Tomo I, Materia Civil, Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)" Pues, como se aprecia, en el caso a estudio, el recurso de revocación resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir el acto reclamado, pues por medio de éste se puede combatir el auto de exequendo del que se duele la parte quejosa; por lo que, al no haberse agotado este medio de impugnación, es inconcuso que no se cumple con el principio de definitividad. Es así, ya que cuando en un juicio, un acto pueda tener el carácter de ejecución irreparable, no excluye al justiciable para que agote los recursos ordinarios de defensa, que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto generador de molestia; por lo que, es obligación de la parte quejosa agotar el recurso o medio de defensa legal, para la procedencia del juicio biinstancial que intenta. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, visible en la página 729, Tomo 1 "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo" De ahí que al no haber promovido el hoy quejoso los medios de impugnación por virtud de los cuales pudo ser modificado, revocado o nulificado, el acto impugnado en vía de amparo, que era procedente, ello actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en el juicio de amparo promovido por *****, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en los términos que han quedado precisados en la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte tercero interesada ****, mediante el cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos y señala domicilio para oír y recibir notificaciones. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al promovente formulando alegatos, mismos que serán relacionados al momento de la celebración de la audiencia constitucional respectiva. Domicilio procesal. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta, en la inteligencia que de ser incierto el domicilio o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificarán por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Menor Mixto de la Tercera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las once horas con treinta minutos del treinta de junio de dos mil veintidós. A lo anterior, sirve de apoyo la contradicción de tesis número 29/98.PL, entre la sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse la diversa contradicción de tesis 19/89, denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el criterio que sostiene la actual Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 2639/97, que al rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, sin mayor proveído, el oficio firmado por el Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos, por medio del cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos en el incidente en que se actúa, lo anterior, en virtud de que el pasado dieciséis de mayo del año en curso, se resolvió en definitiva la presente medida cautelar. Parte quejosa no exhibió caución. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en interlocutoria de dieciséis de mayo del año en curso, a fin de que exhibiera una garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieren ocasionar a la parte tercero interesada, a efecto de que continuara surtiendo sus efectos el otorgamiento de la suspensión definitiva correspondiente, sin que efectivamente se hubiera cumplido con tal exigencia. Dejan de surtir efectos la suspensión definitiva. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136 del ordenamiento antes invocado, este órgano jurisdiccional determina que desde este momento deja de surtir efectos la suspensión definitiva que le fue concedida a la quejosa mediante el fallo incidental pronunciado en el incidente en que se actúa. Salvedad. Sin embargo, tal circunstancia no significa que la parte quejosa pierda el derecho de otorgar dicha caución, puesto que puede hacerlo hasta en tanto cause estado la resolución que se emita en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, sino únicamente implica que las autoridades responsables tienen expeditas sus facultades y, por tanto, están en posibilidades de ejecutar o no el acto reclamado; empero, si la ejecución ya se llevó a cabo, estaríamos ante la presencia de un acto consumado. Sobre el particular, resulta aplicable la Jurisprudencia número 438, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 372, del Tomo VI, del Apéndice 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro indica: "FIANZA PARA LA SUSPENSIÓN, OPORTUNIDAD PARA OTORGARLA." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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