Lucio Alejandro Salinas Lara
Expediente 958/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 958/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Lucio Alejandro Salinas Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal y la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se desechó la demanda de amparo. Firmeza del auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Notificación a la parte quejosa y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa y efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 20 fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés); por tanto, es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 20 del citado acuerdo y una vez concluido dicho proceso, dentro de los treinta días naturales siguientes, remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De la información reservada, documentos originales, incidente y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, no se formó incidente de suspensión ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. De la identificación de la determinación Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "V - QUEDA FIRME DESECHAMIENTO SE ARCHIVA", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Escrito aclaratorio de demanda. Agréguense a los autos el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de diez de julio de dos mil veintitrés. Análisis de la demanda de amparo. Ahora bien, la parte quejosa en el presente asunto reclama del Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, la resolución de dos de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente de origen ********************, a través de la cual inadmitió el recurso de apelación que interpuso en contra del diverso auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Misma que fue notificada a la parte quejosa doce de junio de dos mil veintitrés, tal como lo refirió bajo protesta de decir verdad, adminiculado con la constancia que exhibió en copia simple relativa a la cédula de notificación personal que le fue realizada dentro del expediente ********************, del índice de la autoridad responsable, en la fecha que refiere y a través de la que se le notificó la resolución que reclama de dos de junio del año en curso. Desechamiento de demanda. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XIV, de la ley en consulta, que dispone la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 17 y 18 de la invocada ley. Sin embargo, antes de analizar la causal de improcedencia que se advierte, es pertinente señalar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, antes citado, establece que para la presentación de las demandas de amparo, será de quince días, con excepción de aquellas que se reclame normas generales o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será hasta en un término de ocho años; tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, ya sea en forma temporal o definitiva la propiedad o posesión o disfrute de derechos agrarios a grupos de población comunal o ejidal, será de siete años y, tocante a los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, incluso, de aquellos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, su presentación podrá efectuarse en cualquier tiempo. De lo antes expuesto, se obtiene que para efectos de la temporalidad de la presentación de la demanda de amparo en el presente asunto, el término será de quince días, ello, atendiendo al acto que se reclama en esta instancia constitucional, siendo este, como se precisó en párrafos que anteceden. Sentado lo anterior, este juzgado federal se avoca a estudiar la causal de improcedencia que nos ocupa. Los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 113 de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso concreto, ********************, reclama del Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, la resolución de dos de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente de origen ********************, a través de la cual se inadmitió el recurso de apelación que interpuso en contra del diverso auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Ahora bien, en su escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad refirió haber sido notificado de dicha resolución el doce de junio de dos mil veintitrés. Lo anterior origina que su demanda resulte extemporánea, pues debe decirse que el cómputo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo (quince días), empezó a contar a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación que le fue realizada el doce de junio de dos mil veintitrés, esto es, el catorce de junio de dos mil veintitrés. Luego entonces, si la demanda de amparo fue presentada el seis de julio de dos mil veintitrés, como se advierte de la boleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, resulta notoriamente extemporánea, pues el término que tuvo para interponerla transcurrió del catorce de junio al cuatro de julio de dos mil veintitrés, por lo que, el acto reclamado debe tenerse por tácitamente consentido para los efectos de este juicio de amparo, lo que hace que se actualice en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada. Sirve de sustento el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.2o. J/21, consultable en la página número 291, Tomo II, Agosto de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Conclusión En consecuencia, al quedar demostrado que la demanda en cuestión se hizo valer fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la misma ley, por lo que en términos del ordinal 113 de la legislación en consulta, procede desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Sin que pase desapercibido que el quejoso refiera que en el presente caso se actualiza la excepción contenida en el artículo 17 fracción IV de la Ley de amparo, en virtud que refiere que el acto que reclama, es de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este juzgado federal estima desacertada la anterior manifestación, pues se considera que la resolución de dos de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente de origen ********************, del índice del Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, únicamente inadmitió el recurso de apelación que interpuso en contra del diverso auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Es decir, no se considera que la resolución que reclama tenga por efecto que se implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, azotes, los palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o cualesquiera otra pena inusitada y trascendental), así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por lo que, al reclamar una resolución dictada dentro de una causa penal, el quejoso debió instar la justicia federal dentro del término legal ordinario que establece la Ley de Amparo. De la identificación de la determinación judicial Finalmente, se ordena guardar la presente determinación con nombre: "R- DESECHAMIENTO- DEMANDA EXTEMPORÁNEA", para su mejor consulta en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: el auto y/o resolución que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Escrito aclaratorio de demanda. Agréguense a los autos el escrito signado por el quejoso ********************, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de diez de julio de dos mil veintitrés. Análisis de la demanda de amparo. Ahora bien, la parte quejosa en el presente asunto reclama del Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, la resolución de dos de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente de origen ********************, a través de la cual inadmitió el recurso de apelación que interpuso en contra del diverso auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Misma que fue notificada a la parte quejosa doce de junio de dos mil veintitrés, tal como lo refirió bajo protesta de decir verdad, adminiculado con la constancia que exhibió en copia simple relativa a la cédula de notificación personal que le fue realizada dentro del expediente ********************, del índice de la autoridad responsable, en la fecha que refiere y a través de la que se le notificó la resolución que reclama de dos de junio del año en curso. Desechamiento de demanda. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XIV, de la ley en consulta, que dispone la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 17 y 18 de la invocada ley. Sin embargo, antes de analizar la causal de improcedencia que se advierte, es pertinente señalar que el artículo 17 de la Ley de Amparo, antes citado, establece que para la presentación de las demandas de amparo, será de quince días, con excepción de aquellas que se reclame normas generales o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será hasta en un término de ocho años; tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, ya sea en forma temporal o definitiva la propiedad o posesión o disfrute de derechos agrarios a grupos de población comunal o ejidal, será de siete años y, tocante a los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, incluso, de aquellos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, su presentación podrá efectuarse en cualquier tiempo. De lo antes expuesto, se obtiene que para efectos de la temporalidad de la presentación de la demanda de amparo en el presente asunto, el término será de quince días, ello, atendiendo al acto que se reclama en esta instancia constitucional, siendo este, como se precisó en párrafos que anteceden. Sentado lo anterior, este juzgado federal se avoca a estudiar la causal de improcedencia que nos ocupa. Los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 113 de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso concreto, ********************, reclama del Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, la resolución de dos de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente de origen ********************, a través de la cual se inadmitió el recurso de apelación que interpuso en contra del diverso auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Ahora bien, en su escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad refirió haber sido notificado de dicha resolución el doce de junio de dos mil veintitrés. Lo anterior origina que su demanda resulte extemporánea, pues debe decirse que el cómputo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo (quince días), empezó a contar a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación que le fue realizada el doce de junio de dos mil veintitrés, esto es, el catorce de junio de dos mil veintitrés. Luego entonces, si la demanda de amparo fue presentada el seis de julio de dos mil veintitrés, como se advierte de la boleta expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, resulta notoriamente extemporánea, pues el término que tuvo para interponerla transcurrió del catorce de junio al cuatro de julio de dos mil veintitrés, por lo que, el acto reclamado debe tenerse por tácitamente consentido para los efectos de este juicio de amparo, lo que hace que se actualice en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada. Sirve de sustento el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la jurisprudencia número VI.2o. J/21, consultable en la página número 291, Tomo II, Agosto de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Conclusión En consecuencia, al quedar demostrado que la demanda en cuestión se hizo valer fuera del plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la misma ley, por lo que en términos del ordinal 113 de la legislación en consulta, procede desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata. Sin que pase desapercibido que el quejoso refiera que en el presente caso se actualiza la excepción contenida en el artículo 17 fracción IV de la Ley de amparo, en virtud que refiere que el acto que reclama, es de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este juzgado federal estima desacertada la anterior manifestación, pues se considera que la resolución de dos de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente de origen ********************, del índice del Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, únicamente inadmitió el recurso de apelación que interpuso en contra del diverso auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Es decir, no se considera que la resolución que reclama tenga por efecto que se implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, azotes, los palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o cualesquiera otra pena inusitada y trascendental), así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por lo que, al reclamar una resolución dictada dentro de una causa penal, el quejoso debió instar la justicia federal dentro del término legal ordinario que establece la Ley de Amparo. De la identificación de la determinación judicial Finalmente, se ordena guardar la presente determinación con nombre: "R- DESECHAMIENTO- DEMANDA EXTEMPORÁNEA", para su mejor consulta en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de julio de dos mil veintitrés. Escrito aclaratorio de demanda. Agréguense a los autos los escritos signados por el quejoso ****, mediante los cuales pretende desahogar la prevención formulada en proveído de diez de julio de dos mil veintitrés. Prevención no satisfecha Sin embargo, no procede a tener por satisfecha la prevención formulada en el citado auto de diez de julio del año en curso, toda vez que en el mismo se le requirió para que bajo protesta de decir verdad aclarara la deficiencia precisada en su escrito inicial de demanda de amparo. No obstante a ello, de la lectura integral de los ocursos aclaratorios, se observa que el promovente fue omiso en manifestar bajo protesta de decir verdad la deficiencia de su escrito inicial por el que fue requerido, es decir para que bajo protesta de decir verdad manifestara la fecha en que se le notificó la resolución que reclama; motivo por el cual no ha lugar a tener por subsanada la demanda de amparo. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 127/99, de rubro "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA", Materia Común, registro 173273, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, Primera Sala, página 32. Susbiste la prevención formulada Ante tal circunstancia, informa al quejoso que subsiste la prevención formulada por cuanto a su protesta; así como le apercibimiento decretado, indicándole al quejoso que el plazo otorgado para tal efecto, se reanudará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo. Sirve de sustento a lo antes manifestado, la tesis 2a./J. 106/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, tomo XVIII, noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto establecen: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Así como lo establecido en el criterio III.2o.A.38 K, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 1323, tomo XXI, abril de dos mil cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA." De la identificación de la determinación judicial Finalmente, se ordena guardar la presente determinación con nombre: "V- SUBSISTE PREVENCIÓN NO MANIFESTÓ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO REQUERIDO", para su mejor consulta en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente al quejoso.
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