Luis Alfredo Salgado Mondragon

Expediente 437/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
437/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
23/06/2022

Partes del expediente

  • Luis Alfredo Salgado Mondragon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se provee, toda vez que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa mediante auto de nueve de junio de dos mil veintidós, sin que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento al fallo protector, por parte de la autoridad responsable. Consecuentemente, este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo del año 2000, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el dos de mayo de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa para que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, cumpliera con lo siguiente: "1.Deje insubsistente el auto de diez de marzo de dos mil veintidós, únicamente por cuanto a la fecha señalada para para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral de origen; 2. Señale nueva fecha para que tenga verificativo la diligencia señalada dentro de los plazos establecidos en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo; y 3. Lo notifique a las partes conforme al numeral 748 de la ley obrera en cita, a efecto de que se encuentren en condiciones de comparecer a la misma." Dicha sentencia causó ejecutoria el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. En acatamiento a lo anterior, la responsable realizó lo siguiente: - Mediante oficio recibido el uno de junio de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, remitió copia certificada del auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, del que se observa que dejó insubsistente la fecha señalada en proveído de diez de marzo del año en curso y señaló una nueva data para el desahogo de la desahogo de pruebas. - Posteriormente, por oficio recibido el ocho de junio del año en curso, remitió copias certificadas de las notificaciones realizadas a las partes. Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida ejecutoria de amparo Bajo esa tesitura, si la concesión de amparo fue para los efectos de que se dejara insubsistente el auto de diez de marzo de dos mil veintidós, únicamente por cuanto a la fecha señalada para para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral de origen; señalara nueva fecha para que tenga verificativo la diligencia señalada dentro de los plazos establecidos en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo; y lo notificara a las partes conforme al numeral 748 de la ley obrera en cita, a efecto de que se encuentren en condiciones de comparecer a la misma; lo que efectivamente llevó a cabo la autoridad responsable. En consecuencia, en las narradas condiciones, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Se ordena archivo. Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de enero de dos mil veintidós; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, sí existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por ende, se requiere a la parte quejosa para que comparezca en un lapso de noventa días ante este Juzgado de Distrito a recoger los documentos originales exhibidos, pues de lo contrario, seguirán la misma suerte que este expediente principal. Instrucciones para la obtención de una cita para ingresar al órgano jurisdiccional. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de los documentos. Día de entrega de los documentos: martes y jueves, en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite, ya que si se permite después de las 13:30 horas, no se alcanza a concluir el trámite. b) Generación de cita y código QR. Para recoger los documentos deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Todo lo relativo al procedimiento de generación de citas y del código QR, se encuentra detallado en el auto admisorio. c) Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger constancias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Notifíquese; y personalmente a la quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de junio de dos mil veintidós. Autoridad responsable envía copias certificadas de constancias de notificación. Intégrese a los autos el oficio firmado por la Encargada del Despacho de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través del cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y para tal efecto remite copias certificadas de proveído de treinta de mayo de la anualidad que transcurre y de constancias de notificación a la parte actora y demandada de ese auto. Vista a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, este juzgado federal se pronunciará respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias que obran en autos. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XI, marzo de 2000, página 243, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Encargada de Despacho de la Presidencia de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copias certificadas de diversas actuaciones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en esta instancia constitucional. En ese contexto, para estar en condiciones de proveer sobre el acatamiento al fallo protector, en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable oficiante para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de la constancia de notificación personal a la parte actora del acuerdo de treinta de mayo del año en curso, dictado en el juicio laboral 01/594/21-IV. Con el apercibimiento para el caso de desacato a dicho requerimiento, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que, con exactitud, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  4. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 437/2022; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El veinticinco de marzo de dos mil veintidós (buzón judicial). II. Admisión de la demanda. El treinta de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. IV. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, se hace consistir en: a) El auto de diez de marzo de dos mil veintidós, por el que la autoridad responsable señaló las doce horas del veinte de junio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. III. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, anexando copia certificada del acuerdo reclamado dictado en el juicio de origen, a la que se le otorga valor probatorio pleno por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. IV. Causa de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En el caso no se actualiza causal de improcedencia alguna. V. Estudio de fondo. Se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los argumentos con los que la parte quejosa hace valer sus conceptos de violación, mismos que no se transcriben por no ser necesario para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no lo deja en estado de indefensión, al no privarlo del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La parte quejosa señala que se transgrede su derecho a una impartición de justicia pronta y expedita, ya que la junta responsable fijó fecha lejana para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón a las siguientes consideraciones. Es pertinente precisar, que al ser el acto de molestia de carácter omisivo, la carga de la prueba no corresponde al peticionario de amparo, sino que se revierte a la autoridad señalada como responsable el comprobar que proveyó o actuó, en los términos precisados en la Ley Federal del Trabajo, lo conducente a fin para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de los términos de ley. Ahora bien, de las copias certificadas rendidas por la autoridad responsable -ya valoradas-, se advierte que por auto de diez de marzo de año dos mil veintidós, la responsable señaló el veinte de junio del presente año, para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del juicio laboral de origen. Establecido lo anterior, se estima que se ha vulnerado en perjuicio del quejoso, la garantía prevista en el artículo 17 constitucional, atento a las siguientes consideraciones. "Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Ahora bien, el artículo 878 fracción VIII, (antes de la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve) de la Ley Federal del Trabajo, señala: Artículo 878. . VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción turnándose los autos a resolución. De la lectura del mencionado precepto de la ley obrera se puede determinar que la autoridad responsable al admitir las pruebas deberá señalar día y hora para el desahogo de la prueba dentro de los diez días hábiles siguientes, siendo omisa a cumplir con las formalidades de la Ley Federal del Trabajo. A su vez, el numeral 685 de la Ley Federal del Trabajo, establece que: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso". Conforme a lo anterior, las juntas laborales tienen la obligación ineludible de actuar con prontitud y tomar todas las medidas para lograr el eficaz desenvolvimiento del procedimiento; entendiéndose como tal, que de forma oportuna se dicten los acuerdos y se realicen todas las diligencias dentro de los parámetros legales y lo hagan del conocimiento de las partes, pues sólo de esa manera podrán cumplir con el derecho fundamental a que alude el artículo 17 Constitucional y los principios que establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. En las narradas circunstancias, es claro que la autoridad responsable incurre en denegación de justicia en perjuicio de la parte quejosa, en virtud de que, se encuentra demostrado que no ha actuado con diligencia en el procedimiento laboral, al fijar fecha para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas fuera del plazo de diez días hábiles previsto en la Ley Federal del Trabajo, de ahí que tal actuación, traerá como resultado que no se continuará con la tramitación del juicio en los términos legales, y su consecuente resolución, porque desde un aspecto integral, es evidente que una vez salido de sus cauces legales, ya no podrá desarrollarse con la oportunidad legal debida, dada la necesaria conexión de los actos procesales y, si alguno se efectúa tardíamente, desfasa al ámbito temporal en que los subsecuentes actos deban de desplegarse; situación que acontece en el presente asunto, por lo que, la junta laboral responsable ha incurrido en dilación en el procedimiento laboral natural. VI. Efectos del amparo. Se impone conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Luis Alfredo Salgado Mondragón en contra de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje para que una vez que cause ejecutoria esta resolución, tal y como lo establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, en el juicio laboral 01/594/21-IV, proceda a realizar lo siguiente: 1. Deje insubsistente el auto de diez de marzo de dos mil veintidós, únicamente por cuanto a la fecha señalada para para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral de origen; 2. Señale nueva fecha para que tenga verificativo la diligencia señalada dentro de los plazos establecidos en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo; y 3. Lo notifique a las partes conforme al numeral 748 de la ley obrera en cita, a efecto de que se encuentren en condiciones de comparecer a la misma. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo; se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Alfredo Salgado Mondragón, para los efectos precisados en el considerando VI. Notifíquese. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Sergio Ortiz de la Cruz, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

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