Lucio García Cruz
Expediente 764/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 764/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 07/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lucio García Cruz
- Lucio García Cruz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de abril de dos mil veintidós. Agréguense el oficio y anexos señalados en la cuenta al juicio de amparo 764/2020, para que surtan sus efectos legales correspondientes. Acúsese recibo de la ejecutoria que remite el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, dictada el pasado treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 391/2021, de los autos originales del juicio de amparo indirecto 764/2020; glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío del correspondiente medio de impugnación. Ahora bien, como del contenido de la ejecutoria referida se advierte que el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia recurrida donde se sobreseyó en el juicio; al efecto se provee: I. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. II. Ahora bien, con independencia de que en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó y fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la Ciudad de Oaxaca de Juárez; y en acuerdo inicial se concedió la suspensión de plano; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído donde se concedió la suspensión de plano, la ejecutoria del Tribunal de alzada y esta determinación. III. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. IV. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, se procederá a depurar el expediente, conservando las constancias correspondientes. V. Una vez terminado el proceso de depuración, este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; al cumplir diez años de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, la Dirección General de Archivo y Documentación podrá ejecutar la destrucción material de aquél, previa autorización de este Juzgado de Distrito. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase al secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, informando que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. En otro aspecto, se ordena a la analista jurídico SISE habilitar los permisos correspondientes del expediente electrónico en que se actúa a efecto de que sea vinculado con el recurso de revisión 271/2021 del control del colegiado oficiante. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 764/2020 promovido por ***, en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar si las autoridades responsables han sido omisas en garantizar el suministro de agua potable al interior del domicilio del quejoso ubicado en la calle Alcatraz, edificio cuatro, departamento dos mil veinte, Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; y si con ello se trasgrede el derecho tutelado por los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES Según señala la parte quejosa bajo formal protesta de decir verdad en su demanda de amparo, que el veintitrés de mayo de dos mil once, adquirió un departamento ubicado en la calle Alcatraz, edificio cuatro, departamento doscientos dos, Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, a través de un crédito hipotecario otorgado por el INFONAVIT. Según su dicho, los pagos por los derechos de agua potable se realizarían por medio de su crédito hipotecario, a través de las cuotas de mantenimiento, pago que le descuentan de su nómina de manera mensual. No obstante, refiere que el seis de noviembre de dos mil veinte, de forma arbitraria y trasgrediendo sus derechos humanos al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, el administrador general y el jefe de mantenimiento, ambos del Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, le cortaron el agua al interior de su domicilio. Lo anterior, constituye el acto reclamado en esta instancia. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, Lucio García Cruz, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que atribuyó al Director de la Comisión Estatal del Agua; al Director General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca; al Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Delegación Oaxaca) (INFONAVIT); Presidente Municipal del Municipio de Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca; el Administrador, la Administración, la Asamblea General y el Comité de Vigilancia del Fraccionamiento Jardines del Sur Xoxo. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a éste órgano jurisdiccional, la que previo requerimiento se admitió el dieciséis de diciembre de dos mil veinte; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto; este juzgado conoce de todas las materias por carecer de jurisdicción especial, y porque los actos reclamados derivan de autoridades que residen dentro la de jurisdicción de este órgano jurisdiccional. OPORTUNIDAD El quejoso aduce que el corte de agua en su domicilio sucedió el día seis de noviembre de dos mil veinte, fecha en la que se estima tuvo conocimiento del acto reclamado, de ahí que el plazo de quince días con que contaba para la promoción del juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del nueve de noviembre al uno de diciembre de dos mil veinte, por lo que, si la demanda se presentó el veintiséis de noviembre, es claro que fue oportuna. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte inconforme combate los actos siguientes: 1.- De la Comisión Estatal del Agua: El no garantizar y proteger a favor del quejoso el derecho humano al acceso al agua potable en el interior del departamento ubicado en la calle Alcatraz, edificio cuatro, departamento dos mil veinte, Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; así como la omisión de no regular o supervisar la administración del servicio de agua potable o la licencia de permisos a la asamblea general de dicho Fraccionamiento. 2.- Del Director General de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca: la omisión de no garantizar y proteger a favor del quejoso el derecho humano al acceso al agua potable en el interior del departamento ubicado en la calle Alcatraz, edificio cuatro, departamento dos mil veinte, Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; toda vez que ha sido omiso en su actuar respecto a supervisar y verificar el cobro justificado del servicio de agua potable dentro de dicho Fraccionamiento. 3.- Del Presidente Municipal del Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca: la omisión de no garantizar y proteger a favor del quejoso el derecho humano al acceso al agua potable en el interior del departamento ubicado en la calle Alcatraz, edificio cuatro, departamento dos mil veinte, Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; así como la omisión de no regular y supervisar, la administración y cobro del agua de dicho Fraccionamiento. 4.- Del Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT): el atraso de los pagos de la cuota de mantenimiento a la Asamblea General del Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. 5.- De la Asamblea General y Administración del Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca: la determinación de ejecutar, violentar y transgredir su derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 6.- Del Comité de Vigilancia del Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca: la omisión de vigilar y supervisar el actuar del administrador general. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS Al rendir sus respectivos informes justificados el Director Jurídico del Organismo Público Operador denominado "Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca" (S.A.P.A.O.); el Jefe de la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal del Agua; el Presidente Municipal Constitucional de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; y el Gerente de Servicios Jurídicos Delegación XVII-Oaxaca del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); negaron la existencia de los actos reclamados, sin que el quejoso aportara prueba idónea para desvirtuar dichas negativas. En el caso del Organismo Público Operador denominado "Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca" (S.A.P.A.O.) y de la Comisión Estatal del Agua, la inexistencia del acto se basa en que, si bien dichos organismos son prestadores del servicio de suministro de agua potable, informaron que el fraccionamiento Jardines del Sur, donde se ubica el domicilio del quejoso, se encuentra en Santa Cruz Xoxocotlán, por lo que no está dentro de la jurisdicción y competencia de esos operadores. Respecto al acto atribuido al presidente Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, su negativa se funda en el hecho de que el municipio que preside no es quien regula el agua potable en el citado fraccionamiento, pues el suministro del vital líquido se encuentra administrado por el Comité de Vecinos, por ser un servicio de uso común en términos de los que establece el artículo 8 de la Ley de Condominios para el Estado de Oaxaca. Por su parte, el Gerente de Servicios Jurídicos Delegación XVII-Oaxaca del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), negó la existencia del acto que le atribuyó el quejoso, habida cuenta que, si bien Lucio García Cruz suscribió un contrato de apertura de crédito con dicho instituto para la adquisición de la vivienda que refiere el disidente, se trata de un crédito hipotecario que no contempla el pago de consumos de agua, ni se obliga a prestar dicho servicio, pues el programa de mantenimiento denominado hipoteca con servicios, adquirido por el quejoso, se refiere a cuotas de conservación, como barrido de áreas comunes, jardinería y mantenimiento de luminarias, pero no se refiere al pago de servicios como agua potable o energía eléctrica, lo que se advierte de la documental que dicha autoridad anexó a su informe relativo a la suspensión de plano, consistente en copia certificada de las políticas de operación hipoteca con servicios. Ante esa circunstancia es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por la inexistencia de los actos reprochados a las referidas autoridades. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." CERTEZA DEL ACTO Por su parte, el administrador del Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca y los integrantes del Comité de Vigilancia de dicho Fraccionamiento, al rendir sus respectivos informes justificados, fueron coincidentes en manifestar que ante el incumplimiento de adeudos de pagos atrasados se procedió a la suspensión de la toma de agua que va directo al departamento del aquí quejoso, advirtiéndose así la existencia de los actos reclamados. En cuanto a la autoridad señalada como Asamblea General del Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, no rindió informe justificado, no obstante haber quedado legalmente notificada de la petición del mismo, según se advierte de autos; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se le reclaman. Máxime que al rendir informe justificado el administrador del Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, manifestó que es precisamente la asamblea quien determina las sanciones por falta de pago para el mantenimiento del pozo profundo que abastece el agua potable a dicho residencial. Además, tal aspecto se corrobora con las constancias que adjuntó dicha autoridad al rendir su informe justificado. Documental que merece valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, pues fue expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la tesis de Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En mérito de lo anterior, se tiene por cierto el acto atribuido a las autoridades precisadas en este apartado. PROCEDENCIA El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, a consideración de este juzgador, el juicio de amparo es improcedente, respecto de los actos reclamados al administrador (la administración), la Asamblea General y el Comité de Vigilancia del Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, por las consideraciones que se expondrán enseguida. Previamente cabe destacar que al rendir informe justificado, el administrador y el Comité de Vigilancia del Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, manifestaron que en dicho fraccionamiento se tiene una concesión particular de pozo profundo, es decir, que no cuentan con el suministro de agua potable por parte de las autoridades municipales de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, por tanto, el suministro de dicho líquido vital no es gratuito, pues su abastecimiento genera costos, de ahí que los condóminos deban pagar la cuota respectiva de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 8, incisos c) y e), del Reglamento Interno del Régimen en Condominio del Conjunto Habitacional "Jardines del Sur", que establecen: Artículo 7.- Todo condómino podrá demandar de quien corresponda, la adecuada atención a sus solicitudes y el debido cuidado y mantenimiento, tanto del edificio como del correcto funcionamiento de todos los servicios de carácter común existentes o que llegaren a existir en la propiedad, con la sola limitación de ejercer sus derechos dentro de las normas que se fijan al efecto. Los derechos de los condóminos y residentes del conjunto condominal, estarán sujetos al cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a lo contenido expresamente en la ley y en los respectivos reglamentos. (.) Artículo 8.- Todos los condóminos, ocupantes, visitas y personal de servicio están obligados a observar estrictamente el presente reglamento interno. Están obligados a: (.) c).- Pagara puntualmente las cuotas de mantenimiento que sean fijadas por la asamblea. (.) e).- Pagar la parte proporcional que corresponda a los servicios comunes que requiera el edificio y el condominio y los consumos que realice su unidad de propiedad exclusiva que se abastezcan de una toma o depósito común. (.). Por otra parte, en dichos informes dieron cuenta de que el quejoso mantiene adeudos en relación a las cuotas de mantenimiento, por lo que en asamblea de veinte de enero de dos mil diecinueve, se otorgó un plazo a Lucio García Cruz, a fin de que liquidara dicho adeudo, sin que lo hiciera, motivo por el cual, se procedió a la suspensión de la toma de agua que va directo a su departamento, sin restringirle el acceso al agua que se encuentra en la cisterna del interior del fraccionamiento. Agregando además que, en cumplimiento a la suspensión de plano, se procedió a reconectar la toma de agua directa a la vivienda del quejoso. Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tales numerales establecen: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Ahora, debe decirse que, en el juicio de amparo, autoridad es aquel ente que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta forma, a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma unilateral y obligatoria, situaciones jurídicas. Por otro lado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo que se sigue que, para identificar a un acto producido por un particular, como equivalente al de autoridad, habrá que estarse a las cualidades propias de ésta; es decir, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. La implementación de la figura del particular equivalente a autoridad en la Ley de Amparo, tuvo su origen en el derecho comparado y se recogió en la legislación nacional para casos sui géneris, en los cuales: I) Un particular se ubique frente a otro en una posición de supra a subordinación; II) Su acto destacado afecte directamente derechos fundamentales de otro particular; y, III) El juicio de amparo sea el proceso más viable para reparar esa vulneración. El Alto Tribunal del país, para la identificación del sujeto "autoridad" y, por ende, del sujeto "particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad", estableció que, en la nueva Ley de Amparo, se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación. Para ser más precisos, las relaciones de las que se habla son las siguientes: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. De suerte que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 423/2014, determinó que de acuerdo con el artículo 5°, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) Sea equivalente a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) Afecte derechos, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Así, tenemos por cierto que, en el caso, el administrador, la administración, la Asamblea General y el Comité de Vigilancia del Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, no son autoridades para efectos del juicio de amparo, al no encuadrar en ninguna de las hipótesis señaladas por el artículo 5° de la Ley de Amparo, en virtud de que no actúan de manera unilateral y obligatoria, dado que el acto reclamado en esta instancia constitucional es entre particulares. Así, debe destacarse que la relación entre la parte quejosa y la Administración, Asamblea General y Comité de Vigilancia del Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, tiene su origen en un acto privado y no unilateral, pues, es un acto de coordinación entre particulares, puesto que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instaurado procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. Máxime que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiene como objeto analizar los actos de autoridades, unilaterales y coercitivas que afecten la esfera jurídica de la parte quejosa y no así cuando se trata de relaciones entre particulares. En ese sentido se advierte que en el caso se combate que ante la falta de pago de la cantidad de $10,873.17 (diez mil ochocientos setenta y tres pesos 17/100 Moneda Nacional), por concepto de cuotas de mantenimiento, la asamblea general de dicho fraccionamiento, facultó al administrador para cancelar el suministro de agua como medida de apremio para los vecinos con adeudos hasta que se pongan al corriente de sus pagos. Sin embargo, no puede soslayarse que el incumplimiento de los artículos pactados en los estatutos y reglamento convenidos o fijados por los miembros de un comité de vecinos no pueden constituir un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; pues por su naturaleza jurídica, puede ejecutar los acuerdos tomados en sus asambleas que obliguen a los condóminos, aun ante la inconformidad de éstos, lo cual, de ocurrir, dará lugar a un conflicto entre particulares, al tratarse de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, pues el acto en cuestión no es unilateral, ya que la obligación emerge en tanto se acepta, expresa o implícitamente, pertenecer al régimen de propiedad en condominio. Tampoco es un acto imperativo, porque si bien es cierto que prevalece la voluntad mayoritaria en la toma de decisiones obligatorias a los condóminos, también lo es que ello responde a la propia esencia de la entidad y esas medidas son instrumentales para satisfacer las necesidades comunes. Además de no constituir un acto coercitivo, ya que aun cuando puede llegarse a suspender el suministro de servicios, esto obedece al ejercicio legítimo del derecho de retención de la obligación que genera cualquier vínculo contractual, ante el incumplimiento de alguna de las partes, en cuyo caso, quedan a salvo los derechos del inconforme para que los haga valer ante el órgano jurisdiccional competente. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis III.4o.(III Región) 16 A (10a.), de registro 2000317, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Libro VI, marzo de 2012, Tomo 2, Pág. 1074, de rubro: "ASOCIACIÓN CIVIL DE COLONOS. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO LLEVA A CABO EL COBRO DE CUOTAS PARA AUXILIAR A LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES EN LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE CORRESPONDEN ORIGINARIAMENTE A ÉSTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la prestación de los servicios públicos municipales corresponde originariamente a los Ayuntamientos; sin embargo, en el Estado de Jalisco pueden auxiliarse para ello, por ejemplo, de una asociación civil de colonos, que mediante la aportación de cuotas de recuperación acordadas por sus miembros obtiene los recursos necesarios. Por su parte, en términos de los numerales 172, 181 y 182 del Código Civil de la citada entidad, dicha asociación, por su naturaleza jurídica, constituye en sí misma un contrato plurilateral, por lo que puede ejecutar los acuerdos tomados en sus asambleas que obliguen a sus integrantes, aun ante la inconformidad de éstos, lo cual, de ocurrir, dará lugar a un conflicto entre particulares, al tratarse de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, pues el acto en cuestión no es unilateral, ya que la obligación emerge en tanto se acepta, expresa o implícitamente, por ingresar a la asociación al adquirir un bien en la zona que representa aquélla, y tampoco es un acto imperativo, porque si bien es cierto que prevalece la voluntad mayoritaria en la toma de decisiones obligatorias a los miembros de la asociación, también lo es que ello responde a la propia esencia de la entidad y esas medidas son instrumentales para satisfacer las necesidades comunes, además de no constituir un acto coercitivo, ya que aun cuando puede llegarse a suspender el suministro de servicios, esto obedece al ejercicio legítimo del derecho de retención de la obligación que genera cualquier vínculo contractual, ante el incumplimiento de alguna de las partes, en cuyo caso, quedan a salvo los derechos del inconforme para que los haga valer ante el órgano jurisdiccional competente. Por tanto, una asociación civil de colonos no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando lleva a cabo el cobro de cuotas para auxiliar a los Ayuntamientos Municipales del Estado de Jalisco en la realización de servicios públicos que corresponden originariamente a éstos." Por tanto, un Administrador, Comité de Vigilancia y Asamblea General de Condóminos, no son autoridades para efectos del juicio de amparo cuando llevan a cabo el cobro de cuotas, aún en el supuesto que éstas sean para el suministro de servicios básicos que corresponderían originalmente al Ayuntamiento Municipal, pues como se indicó, ello invariablemente partirá de las decisiones asumidas por los integrantes de Asamblea General, en la formas y términos pactados en los instrumentos constitutivos, de ahí que en caso de inconformidad, se deba plantear el reclamo ante las instancias ordinarias correspondientes. Esto es así, pues ese proceder no necesariamente equivale al de una autoridad, ni afecta derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, máxime que dicha conducta no está determinada en una norma general sino, acaso, en el pacto constitutivo del Condominio y su reglamento interno. Lo que se robustece de las constancias que exhibió como complemento a su informe justificado, el administrador del Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca, consistente en el Reglamento Interno del Régimen en Condominio del Conjunto Habitacional "Jardines del Sur", que ya fueron debidamente valoradas. Así, la parte quejosa reclama la suspensión del suministro de agua potable directamente en la vivienda del quejoso que se ubica en la calle Alcatraz, Edificio 4, Departamento 202, Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, como consecuencia de no cubrir el adeudo que mantiene con la administración de dicho conjunto condominal por concepto de cuotas de mantenimiento. Bajo ese contexto, se advierte que la orden de corte o suspensión del suministro del vital líquido (agua) que reclama la parte quejosa, fue motivado por la falta de pago de cuotas de mantenimiento que debe cubrir a la administración del condómino para efecto de que pueda gozar de los bienes de uso común, como lo dispone el reglamento interno de dicho conjunto habitacional. Por tanto, es evidente que no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en los términos que se analizan, pues deriva de una relación regida por el reglamento interno del régimen en condominio del conjunto habitacional Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, y la parte quejosa. Máxime que el quejoso reconoció que en el fraccionamiento Jardines del Sur, se pagan cuotas de mantenimiento, solo que aduce que las mismas son pagadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por encontrarse incluida en el pago de la hipoteca correspondiente; sin embargo, como quedó establecido en el apartado correspondiente, el pago de servicios a que alude el crédito hipotecario no se refiere a las cuotas de mantenimiento por servicios como en el caso el suministro de agua potable; además, afirmó ser el propietario del departamento ubicado en la calle Alcatraz, Edificio 4, identificado con el número 202, en el Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, manifestaciones que deben ser valoradas en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de amparo, toda vez que se trata de una confesión expresa. Con lo que se infiere que la parte quejosa es condómino del Fraccionamiento Jardines del Sur, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, por lo que resulta evidente que entre el peticionario de amparo y la Administración, Comité de Vigilancia y Asamblea General del citado fraccionamiento existe una relación regida por los estatutos y reglamento interno aludidos y, lo reclamado a dichos entes, se materializa en el contexto de una relación sustanciada entre el promovente y la persona que funge como administrador de dicho residencial. Por tanto, se torna patente para este Juzgado Federal, que en la especie se está en presencia de una relación entre particulares, actuando en un plano de igualdad. En tal virtud, es inconcuso que los actos no tienen la naturaleza de actos de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades que señaló como responsables la parte quejosa -como se explicó- no tiene ese carácter. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente" DECISIÓN En ese contexto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades especificadas en el apartado VI, de esta resolución; y por lo que respecta a las autoridades señaladas en el apartado VII, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 5, fracción II, del mismo dispositivo legal, el suscrito determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***, en los términos de los apartados VI y VII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintiuno. Agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes el escrito del licenciado ***, autorizado legal del quejoso; y como lo solicita, se le tiene señalando como nuevo domicilio para recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones el despacho jurídico ubicado en la ***. Así también, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, por hechas las manifestaciones que hace valer en vía de alegatos, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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