Lucrecia Rojas Rojas
Expediente 578/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 37 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 578/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 18/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lucrecia Rojas Rojas
- LUCRECIA ROJAS ROJAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito determina lo siguiente: I. Se declara consentido el acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. III. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. IV. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), de la fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente; por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos, y este proveído. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte en el presente asunto se encontraban suspendidos los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del citado Consejo, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la presente determinación. Finalmente, se hace la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión se decretó en la ya citada circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, que se publicó en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal y obedeció a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo y se reactiva el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, con las salvedades ahí expuestas. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes (correo electrónico y servicios de mensajería instantánea), pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que de existir esa vía de contacto con las partes, se conmina al actuario judicial adscrito, levante la razón correspondiente para que se agregue a los autos. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se desprende que precluyó el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por lo que, el suscrito procede a verificar si la responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en sus términos. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima pertinente precisar que la concesión de la protección constitucional se otorgó para que la Juez de Control de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, realizara lo siguiente: "1.- Deje insubsistente la resolución emitida en audiencia de cinco de junio de dos mil diecinueve, emitida dentro del cuaderno de antecedentes 000052/2019, de su índice; 2.- Con plenitud de jurisdicción, en audiencia oral prevista en el referido artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales: a) Emita una nueva resolución en la que, de forma fundada y motivada, deberá atendiendo a lo aquí precisado, atender todas y cada una de las omisiones destacadas por el asesor jurídico de la víctima atribuidas al Ministerio Público, y en su caso, estudiar éstas." Para cumplir con lo anterior, mediante oficio PJEO/CJO/TAT/7471/2020/J, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, remitió a este juzgado un disco versátil que contiene el registro de audio y video de la audiencia de veinte de noviembre del año en curso, y en formato PDF la transcripción de dicha determinación, donde en lo que interesa, con plenitud de jurisdicción resolvió lo siguiente: "SEXTO. Así las cosas, del precepto constitucional primeramente invocado, se desprende la obligación del órgano ministerial de investigar los delitos. Al mismo tiempo que el artículo 253 del Código Nacional de la materia, otorga al Ministerio Publico la facultad de abstenerse de investigar y, conforme al diverso 258, sus determinaciones en ese sentido pueden ser impugnadas por la victima dentro de los diez días posteriores a que sea notificada de dicha resolución ante el órgano jurisdiccional. Ahora, los diversos 211 y 212 y 213 del Código ya invocado, se refieren a las etapas del procedimiento penal, al deber de investigar del Ministerio Publico y al objeto de la investigación que consiste precisamente en reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos. Por otro lado, la víctima en su escrito de denuncia, sin fecha, presentada ante el Agente del Ministerio Publico, da a conocer hechos que dice, son constitutivos de delitos de violación de comunicaciones, revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, delincuencia organizada y demás que se configuren, cometidos en su perjuicio, ante tal circunstancia, el Ministerio Público mediante acuerdo de fecha cinco de abril de dos diecinueve, resolvió abstenerse de investigar esos hechos por no considerarlos constitutivos de delito; no obstante, dado que no hay constancia que haya ordenado la práctica de diligencias o actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos, de conformidad con los artículos 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cabe decir que no cumplió con su función investigadora, dado que únicamente se limitó a analizar el contenido de la denuncia presentada por la incidentista, a pesar que, con la información proporcionada, y conociendo que los hechos dados a conocer tuvieron lugar a interior de una institución pública, estando involucrado personal que ahí laboraba, pudo estar en aptitud de solicitar informes, ordenar entrevistas, recibir declaraciones, entre otras diligencias; al contrario, después de dos meses de inactividad procesal, como lo refiere la inconforme en sus argumentos, nada hizo por avocarse a la investigación de los mismos, bastándole únicamente el relato de hechos de la afectada para decidir abstenerse de su investigación, sin tener ningún dato objetivo que pudiera allegarle información en relación a la certeza o no de los hechos denunciados, dejando de lado su obligación de investigar los delitos en coordinación con la policía, de conformidad con el artículo 21 Constitucional y 131 fracciones III, V, VII y VIII del Código Nacional que se viene invocando. No pasa desapercibido que el órgano investigador para llegar a la decisión a la que arribó, invoca lo dispuesto por los artículos 174 y 203 del Código Penal Estatal, que prevén los tipos penales de violación de correspondencia y revelación de secretos, cuyos elementos analizó, para posteriormente indicar que en su carpeta de investigación no existe alguna manifestación que haga presumir que los delitos citados con anterioridad lleguen a tipificarse, basándose únicamente en la denuncia de la víctima y transcribiendo en lo relativo, parte de la misma para motivar su decisión, afirmando que las aseveraciones de ésta última ".son insuficientes para acreditar el tipo penal que nos ocupa, pues al firmar una renuncia obligada, pudiéramos estar en el supuesto generalizado de que algunas empresas ante la necesidad o el deseo de despedir a un trabajador y hacerlo sin pagarle la indemnización que por ley le corresponde, lo inducen u obligan a que renuncie voluntariamente para hacerle "el quite" al pago de la indemnización, para esto recurre a estrategias como el no pago oportuno de sueldos, al maltrato o presión psicológica, cambio de condiciones de trabajo, exigencias adicionales y un sinfín de artimañas, con el fin de que el trabajador decida que lo mejor es conseguir un nuevo trabajo y marcharse." . Pero, este tipo de afirmaciones por parte del Ministerio Publico, no tienen ningún sustento ni guardan congruencia con las manifestaciones de la propia denunciante; pues lejos de ello, su deber era avocarse a la realización de una verdadera investigación de los hechos o mínimamente esperar el resultado del oficio de investigación enviado al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. Ahora bien, aduce el Ministerio Publico que la denunciante no proporciona fecha exacta de los hechos a los que alude en su denuncia y que pudieran ser constitutivos del delito de amenazas; sin embargo, le asiste la razón al asesor jurídico de la víctima, pues al no ser ésta perito en derecho, y ante tales omisiones, las cuales eran claramente subsanables, bien pudo requerirla al respecto, lo cual estaba a su alcance realizar a fin de facilitarle el acceso a la justicia que reclamaba, pues desde su escrito de denuncia que presentó ante dicha institución un número telefónico y forma para recibir notificaciones. Asimismo, y derivado de los hechos denunciados, ciertamente, en razón de que la víctima dice haber sido objeto de malos tratos, vejaciones, actos de intimidación, amenazas y obligada a renunciar a su trabajo donde tenía 16 años de antigüedad por parte de las personas que denuncia, refiriendo donde acontecieron estos hechos; el Agente del Ministerio Público tenía la posibilidad de poder abundar en su investigación y así allegarse de mayor información para resolver de forma objetiva en su carpeta de investigación, toda vez que la misma ley determina que cuando el Ministerio Publico tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, y si por dirigir entendemos, hacer que una cosa en movimiento avance hacia una dirección determinada sin desviarse, luego entonces, debió hacer que la investigación de los hechos siguiera su curso legal y con la información que llegara a obtener, proceder a efectuar un análisis y ponderación para finalmente pronunciarse en torno a la abstención de investigar o no los hechos denunciados, pero teniendo bases legales suficientes para ello. Por otro lado, la incidentista se duele de actos de discriminación que dice fue objeto por parte de uno de los imputados que se refiere a ella en tono sarcástico, diciéndole literalmente "Ya viejita, mejor firma tu renuncia, me estas ocasionando muchos problemas, te vamos a armar tu expediente para que desde este momento te trasladen a la Fiscalía General del Estado y te refundan muchos años". Hecho que no fue considerado por el Ministerio Público, como lo afirma el asesor jurídico de la víctima, quien refiere violación a lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su párrafo quinto que: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." Consecuentemente y como el asesor jurídico refiere que su representada fue objeto de discriminación, lo cual es constitutivo de delito, mismo que se dice se encuentra agravado por la relación laboral existente entre la víctima con los denunciados, esto al tenor del artículo 412 Bis del Código Penal Vigente en el Estado; por tanto, corresponde al Ministerio Publico, como director de la investigación, dado el estadio procesal en que nos encontramos y a la naturaleza de la resolución impugnada, avocarse a la investigación de los actos intimidantes y de violencia de los que dice que fue objeto la víctima, los cuales inicialmente no fueron de su interés; por lo que, de algún modo normalizó la forma en que dice la denunciante fue tratada, al aseverar que algunas empresas ante la necesidad de despedir a un trabajador sin pagarle la indemnización que por ley le corresponde, recurren al maltrato o presión psicológica ; luego entonces, al reconocer esa posible forma de violencia psicóloga ejercida en la persona de la denunciante, nada hizo por proporcionarle la atención psicológica a que por disposición de los artículos 7, 8 y 9 de la Ley General de Victimas, en relación con el articulo 20 apartado C, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 109 fracción VIII y XVIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenía derecho, incluso para analizar y en su caso, descartar afectaciones que pudieran trascender en la acreditación de diverso evento delictivo de los denunciados por la víctima, como lo es, el de amenazas a que se refiere el asesor jurídico, y si bien, el Ministerio con la sola lectura de la denuncia de la víctima dijo que esa figura delictiva no se acreditaba, porque los hechos relacionados con las amenazas concurrieron en una sola fecha, es decir, el veinticuatro de enero cuando su compañera de trabajo la cuestionó sobre su proceder y las amenazas a que pudiera referirse su abogado, sucedieron el cinco de febrero de dos mil dieciocho, aunque en esta parte la víctima no menciona con exactitud la fecha; que por lo que hace a los mensajes que recibió en su celular, tampoco refiere fecha exacta solo hace alusión al día seis de febrero, sin precisar el año; omisiones que desde luego pudieron haber sido subsanadas por la víctima, de haber sido requerida por el Ministerio Publico. Por otra parte, reclama la inconforme que si bien el Agente del Ministerio Público, le leyó sus derechos, los mismos no fueron materializados porque no le dio oportunidad de contar con un asesor jurídico; no obstante, la misma incidentista reconoce que sí fue informada de los mismos por parte del Ministerio Publico, siendo entonces uno de ellos, ser asesorada y representada dentro de la investigación por un asesor jurídico. Por ende, al reconocer la denunciante que si le fueron leídos sus derechos, y en ningún momento señala que haya solicitado expresamente al Ministerio Publico le designara un asesor jurídico gratuito y que éste se haya rehusado; por lo que, cabe afirmar que sí sabía que podía designar en esa etapa un asesor jurídico que la representara, incluso, de manera gratuita, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 tercer párrafo y 109 fracción VII del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 12 fracción I y IV de la Ley General de Victimas; de ahí que la omisión que reclama del Ministerio Público a consideración de esta resolutora no le causa agravio; máxime que éste último manifestó que la incidentista se hacía acompañar de un abogado, de un conocedor del derecho; pero no quiso se le discerniera el cargo de asesor jurídico; aseveración que ya no fue rebatida por la denunciante, por lo que, tácitamente fue consentida. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258 del Código Nacional de procedimientos Penales se; R E S U E L V E: PRIMERO. - se revoca el acuerdo de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, emitido por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Uno del Sector Metropolitano, de la Fiscalía General del Estado, mediante el cual se abstiene de investigar los hechos denunciados por Lucrecia Rojas Rojas. SEGUNDO. - Se conmina al Ministerio Publico para que a la brevedad posible reanude la investigación de los hechos denunciados, practicando todas y cada una de las diligencias que considere, para el esclarecimiento de los hechos y proceda conforme a derecho. " De lo anterior, se advierte que en la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en audiencia oral, la Juez de Control del distrito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, analizó las omisiones destacadas en la sentencia de amparo, las cuales fueron planteadas por el asesor jurídico de la víctima en la audiencia de cinco de junio de dos mil diecinueve, en el cuaderno de antecedentes 000052/2019, de su índice. Y con plenitud de jurisdicción resolvió, revocar el acuerdo dictado por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa Uno del Sector Metropolitano, de la Fiscalía General del Estado, en el que se abstuvo de investigar los hechos denunciados por Lucrecia Rojas Rojas; y conminó a la representación social para que a la brevedad posible reanude la investigación de los hechos denunciados, practicando todas y cada una de las diligencias que considere, para el esclarecimiento de los hechos y proceda conforme a derecho. Bajo la tutela de los razonamientos expuestos, a consideración de este juzgador federal y con fundamento en el ordinal 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; máxime que transcurrió el plazo otorgado a todas las partes con la vista de tal cumplimiento sin que manifestaran nada al respecto. En tales condiciones, se declara por cumplida la ejecutoria que recayó en esta litis constitucional, el que se dicta de forma lisa y llana, como lo dispone la jurisprudencia de título: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.---SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE ACUERDO EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INTALACIONES DE ESTE JUZGADO NO OBSTANTE EL CITATORIO QUE SE LE DEJO
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos, el oficio signado por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco, Tanivet, Oaxaca, así como el disco versátil digital (DVD) que contiene el audio, video y archivo pdf de la audiencia celebrada el veinte de noviembre del año en curso, en el cuaderno de antecedentes 52/2019. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco, Tanivet, Oaxaca, informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista al quejoso, con el oficio y disco versátil referido con antelación, para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga en relación a la ejecutoria dictada en este asunto. En el entendido que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el artículo 196 de la ley reglamentaria, este órgano jurisdiccional resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Sin que en el caso se estime necesario señalar fecha y hora para audiencia de reproducción del referido disco debido a que le reviste el carácter de documental, por lo que se desahoga por su propia y especial naturaleza; el cual quedará en resguardo anexo a este expediente y estará a disposición de las partes para su consulta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE----SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE ACUERDO EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INTALACIONES DE ESTE JUZGADO NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJO
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