Lucino Herrera Rosario y Otros.

Expediente 738/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
738/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
12/02/2021

Partes del expediente

  • Lucino Herrera Rosario y Otros.

Actuaciones

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 738/2020, promovido por Demetrio Tomás Cruz Cruz, representante legal de la quejosa Lucino Herrera Rosario, Tomasa Vicente Chiñas, Araceli Gómez Matus, Filogonio Estrada Martínez, Rodrigo Ruiz Ruiz, María de la Luz Figueroa Herrera, María Soledad López Luis, Damari Arceo Cid, Pedro Alias Regalado, Natividad Vicente Martínez, Rosa Jiménez López y Antonia Jiménez Regalado, en contra de los actos de la autoridad que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES 1. Según consta en autos, a juicio de Demetrio Tomás Cruz Cruz, representante legal de la parte quejosa Lucino Herrera Rosario, Tomasa Vicente Chiñas, Araceli Gómez Matus, Filogonio Estrada Martínez, Rodrigo Ruiz Ruiz, María de la Luz Figueroa Herrera, María Soledad López Luis, Damari Arceo Cid, Pedro Alias Regalado, Natividad Vicente Martínez, Rosa Jiménez López y Antonia Jiménez Regalado, la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, ha sido omisa en dictar laudo en el expediente laboral 770/2015(4). Por ello, considera que se viola en su perjuicio los artículos 14, 16 y17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 2. Demetrio Tomás Cruz Cruz, representante legal de la parte quejosa, presentó su escrito de demanda el once de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los integrantes de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de quien reclamó la omisión de dictar sentencia en el expediente laboral 770/2015(4) de su índice. 3. La demanda fue turnada a este Juzgado de Distrito, donde quedó registrada con el número 738/2020 y fue admitida en esa propia fecha. 4. La audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 5. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de una omisión por parte de una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado. IV. OPORTUNIDAD 6. Por la naturaleza del acto reclamado, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, al tratarse, precisamente, de una omisión que crea una situación permanente en la esfera jurídica de Lucino Herrera Rosario, Tomasa Vicente Chiñas, Araceli Gómez Matus, Filogonio Estrada Martínez, Rodrigo Ruiz Ruiz, María de la Luz Figueroa Herrera, María Soledad López Luis, Damari Arceo Cid, Pedro Alias Regalado, Natividad Vicente Martínez, Rosa Jiménez López y Antonia Jiménez Regalado, que no se subsana mientras aquélla subsista. 7. Es aplicable, por analogía, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". V. LEGITIMACIÓN 8. Gustavo Sánchez Cano, está legitimado para promover el presente juicio de amparo, pues representa a la persona que instó el juicio laboral ante la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de donde deriva la omisión reclamada. VI. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 9. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 10. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 11. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 12. En el presente caso, la lectura detallada de la demanda de amparo revela que la quejosa reclama de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 770/2015(4) de su índice. VII. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 13. Son ciertos los actos reclamados a los integrantes de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, puesto que al rendir su informe con justificación aceptó el acto que le fue atribuido, las constancias que adjuntó confirmaron su dicho. 14. Se justifica lo anterior, en razón de que la referida junta remitió copia autorizada del laudo de uno de diciembre de dos mil veinte en el expediente laboral 770/2015(4) de su índice; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los artículos 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, acorde con el precepto 2° de la Ley de Amparo, de las cuales se advierte que la responsable resolvió el asunto planteado; por ende, válidamente puede presumirse que los actos reclamados existían en la fecha de presentación de la demanda. VIII. PROCEDENCIA 15. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". 16. En el caso, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia por cesación de efectos por las razones que se exponen a continuación. 17. Como es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. 18. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto pueda considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. 19. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. 20. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. 21. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". 22. Una vez que ha sido entendido lo que la Suprema Corte le ha conferido al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado", podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. 23. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. 24. Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". 25. En el caso concreto, como ya se precisó en esta sentencia, el quejoso reclama de los integrantes de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 770/2015(4) de su índice. 26. Lo cual significa que la razón que motivó la promoción del juicio de amparo es precisamente la falta de resolver el juicio laboral. 27. Sin embargo, la autoridad responsable al rendir su informe justificado la presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, exhibió copia certificada del laudo dictado el uno de diciembre pasado en el expediente laboral 770/2015(4) de su índice. 28. Lo anterior da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos, ya que se -reitera- la responsable remitió copia certificada del laudo de uno de diciembre del año en curso en el expediente laboral 770/2015(4), del índice de la ya citada Junta. 29. Bajo esa óptica, es incuestionable que la conducta omisiva reprochada a la responsable y que motivó la promoción del presente sumario cesó al haberse pronunciado la resolución señalada en el párrafo que antecede (de la cual se hizo del conocimiento a la inconforme después de instado el juicio de derechos fundamentales), ya que la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales aquélla, ya fue reparada desde el momento en que fue informada del resultado de aquellos, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. 30. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." 31. Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia invocada en el presente juicio respecto del acto impugnado a los Integrantes de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. IX. DECISIÓN 32. Por lo anterior, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, este órgano jurisdiccional estima procedente sobreseer en el juicio de amparo, con base en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. Lo que hace innecesario el estudio de los conceptos de violación. 33. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Demetrio Tomás Cruz Cruz, representante legal de la parte quejosa Lucino Herrera Rosario, Tomasa Vicente Chiñas, Araceli Gómez Matus, Filogonio Estrada Martínez, Rodrigo Ruiz Ruiz, María de la Luz Figueroa Herrera, María Soledad López Luis, Damari Arceo Cid, Pedro Alias Regalado, Natividad Vicente Martínez, Rosa Jiménez López y Antonia Jiménez Regalado, contra la omisión reclamada, por las razones expresadas en el apartado VIII de esta sentencia.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado señalado en la cuenta; asimismo, se tiene como prueba de su parte la documental que anexa al mismo. Dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.

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