Lucina Núñez Fernández
Expediente 200/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 35 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 200/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 11/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lucina Núñez Fernández
- Juez de Garantía o de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Mesa II-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil diecisiete. En atención a la cuenta que antecede, el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca determina lo siguiente: I. Se declara consentido el acuerdo de catorce de julio de dos mil diecisiete, donde se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este asunto, al no haberse interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. II. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el expediente principal como asunto concluido. III. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, como en la sentencia dictada en este juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia. IV. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo. V. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil diecisiete. Del estado de autos se advierte que ya transcurrió el plazo de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, como se anunció en los acuerdos de dieciocho de mayo y seis de junio de dos mil diecisiete, este juzgador procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida. Como se recordará, la protección constitucional se concedió en los siguientes términos: ".lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Lucina Núñez Fernández, para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Garantía del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente única y exclusivamente por cuanto hace a la aquí quejosa Lucina Núñez Fernández, el auto de vinculación a proceso emitido el trece de enero de dos mil dieciséis, en la causa penal 307/2015, instruida en contra de la aquí quejosa por el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de Humberto Laureano Vivar Morales y Arcelia Josefina Aparicio Aparicio. 2. Siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, reitere las consideraciones que expuso al tener por acreditado el cuerpo del delito de secuestro previsto y sancionado por el artículo 9°, fracción I, inciso a); con la agravante contenida en el numeral 10, fracción I, inciso b), ambos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cometido en perjuicio de Humberto Laureano Vivar Morales y Arcelia Josefina Aparicio Aparicio; y, respecto a la probable responsabilidad penal de Lucina Núñez Fernández, fundamente y motive debidamente su decisión conforme a los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria. 3. Se reserva plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 274, último párrafo, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca14, para que atendiendo a los hechos materia de imputación por parte del Ministerio Público, en caso de existir elementos para ello, pueda reclasificar el antisocial por el que se dictó auto de vinculación a proceso en contra de la solicitante de amparo; esto es, la señalada en el artículo 15, fracción I, de la referida legislación, que prevé la hipótesis consistente en que el sujeto activo después de la ejecución de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 9° y 10° de dicha normativa, y sin haber participado en cualquiera de ellas, adquiera o reciba el producto de las mismas a sabiendas de esta circunstancia [.] En el entendido de que la protección constitucional aquí otorgada, no produce el efecto de que se le dicte auto de no vinculación a proceso, sino que en este caso, el efecto restitutorio consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la que puede ser en el mismo sentido, o en uno inverso, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria". Los lineamientos establecidos en la ejecutoria fueron los siguientes: ". No obstante lo antepuesto -acreditamiento de los elementos del cuerpo del delito de secuestro agravado-, este órgano de control constitucional estima que la resolución reclamada, específicamente el apartado relativo al estudio de la probable responsabilidad de la quejosa, vulnera en perjuicio de la quejosa, los derechos fundamentales de legalidad y de seguridad jurídica que consagra el precepto 16 constitucional. Lo anterior es así, pues se estima que las consideraciones expuestas por el Juez responsable con las cuales tuvo por acreditada la probable participación de la aquí quejosa en la comisión del ilícito de secuestro agravado, son jurídicamente incorrectas. Previo a demostrar dicha afirmación, resulta necesario trascribir el contenido de la consideración séptima del auto de vinculación reclamado, en la que el Juez responsable analizó la acreditación de la probable responsabilidad de la peticionaria de amparo, que dice: [.] De lo trascrito, se desprende que el Juez responsable determinó que la probable responsabilidad de la aquí quejosa quedó acreditada al haberse probado que los familiares de las víctimas secuestradas depositaron la cantidad de trece mil pesos a la cuenta 2833172481 de la institución bancaria BBVA Bancomer que se encuentra aperturada a nombre de la impetrante Lucina Núñez Fernández. Además -refiere la responsable- que la probable responsabilidad de la quejosa quedó acreditada también con lo manifestado por uno de los secuestradores al momento de solicitar el rescate, al señalar que a los propietarios de los números de cuentas que fueron proporcionados, se les daría una comisión; por tal razón, la responsable concluyó que era dable determinar que la quejosa sí tuvo conocimiento de los hechos de donde se desprende su intervención. Por lo anterior,-en consideración de la responsable existe la razonable probabilidad de su participación en la comisión de los hechos que se le imputan de acuerdo al estándar probatorio que ofreció la Fiscalía, los cuales constituyen prueba de cargo hasta ese momento; de ahí que -estimó- que la conducta desplegada por el solicitante de la tutela constitucional la realizó en calidad de coautor material de conformidad por lo establecido en la fracción III, del artículo 11 del Código Penal vigente en el Estado; ya que de manera conjunta con otras personas, privó de la libertad a las víctimas, y mediante la solicitud del rescate respectivo, se le depositó a su número de cuenta la cantidad de trece mil pesos. Cabe destacar que además de lo que consideró la responsable en el apartado de la probable responsabilidad, al tratar de justificar que la conducta desplegada por la quejosa fue dolosa en términos del artículo 8°, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, estableció que con los elementos de convicción quedó evidenciado que los inculpados rentaban sus cuentas para que fueran depositadas las cantidades exigidas por los plagiarios y que además con una grabación se demostró que éstos se les daría una comisión. Esto es, lo anterior evidencia que consideró que probablemente llevó a cabo la privación de la libertad de las víctimas con la finalidad de obtener un beneficio para sí o un tercero por imputarle la conducta atinente a que rentó una cuenta bancaria a su nombre para que se depositara ahí el rescate y que a cambio de ello recibiría una comisión. Conforme a lo anterior, como se anticipó, este órgano garante de la constitución estima que la consideración inherente al acreditamiento de la probable responsabilidad se encuentra indebidamente fundada y motivada, contraviniendo con ello, los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16, párrafo primero, de la Carta Magna. Ello es así, pues la autoridad responsable justificó la probable participación de la quejosa en el hecho de que con los medios de prueba que obran en autos, que se encontraba probado hasta la etapa procesal en que se emitió el auto de vinculación a proceso, es que la aquí quejosa probablemente rentó su número de cuenta bancaria para que ahí se depositaran las cantidades exigidas por los plagiarios y que según el dicho de uno de los secuestradores, las personas que rentaban sus cuentas, se les pagaría una comisión; conducta que no se ubica en la que sanciona el delito de secuestro por el que se dictó el auto de vinculación a proceso, sino que a la postre pudiera dar lugar a la actualización de una diversa hipótesis delictiva contenida en el artículo 15 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción I, dispone que se aplicará pena de cuatro a dieciséis años de prisión y de mil cuatrocientos a tres mil días multa, al que después de la ejecución de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 9 y 10 de dicha normativa, y sin haber participado en cualquiera de ellas, adquiera o reciba el producto de las mismas a sabiendas de esta circunstancia. En efecto, del análisis de las probanzas ofrecidas por el Ministerio Público Investigador, no se desprende que exista alguna una imputación directa en contra de la aquí quejosa en el sentido de que ésta, el día de los hechos realizó o llevó a cabo actos tendientes a privar de manera ilegal de la libertad a Humberto Laureano Vivar Morales y Arcelia Josefina Aparicio Aparicio. Se afirma lo anterior, porque para tener por acreditada la probable participación de Lucina Núñez Fernández en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro, es indispensable la existencia de medios de convicción con los cuales se acredite que la aquí quejosa el día de los hechos intervino en el evento delictivo ya sea como autor intelectual o material; esto es, que haya ideado la forma de cómo llevar a cabo el plagio de las víctimas, o bien, haber participado directamente en su secuestro; aunado al propósito de dicha privación, el cual consiste en obtener un rescate o en causar daños y perjuicios en los secuestrados. Entonces, el hecho de que haya quedado acreditado que probablemente la aquí quejosa prestó o rentó su número de cuenta bancaria para que se depositara el dinero solicitado como rescate por el plagio de las víctimas Humberto Laureano Vivar Morales y Arcelia Josefina Aparicio Aparicio, y que por ello, recibiría una comisión, no son pruebas suficientes para tener por colmada la probable participación de la aquí quejosa en la comisión del ilícito de secuestro agravado, pues, se reitera, necesariamente se deben tener datos suficientes de que la conducta desplegada por Lucina Núñez Fernández, probablemente el día de los hechos fue precisamente que privó ilegalmente de la libertad a las víctimas, ya sea por sí mismo, o por conducto de terceras personas. Así las cosas, si la responsable basó la probable participación en el hecho de la posible renta de la cuenta bancaria a cambio de una comisión para que fuera depositado el dinero del secuestro, sin atribuirle una conducta específica tendiente a privar de la libertad a las víctimas, entonces no es correcto jurídicamente determinar que los medios de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público Investigador, se demuestra la probable participación directa de la aquí quejosa en la privación ilegal de la libertad de las víctimas, pues ese hecho concreto imputado no evidencia la realización de la conducta concreta de la privación de la libertad, sino que, como se dijo, en todo caso, en la que regula el artículo 15, fracción I, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que la conducta atribuida de la quejosa no encuadra en la probable responsabilidad de Lucina Núñez Fernández, en la comisión del ilícito motivo de estudio. Lo anterior, porque se insiste, no basta que haya quedado acreditado la existencia del número de cuenta perturada a nombre de la aquí quejosa en el que supuestamente se depositaba el dinero solicitado como rescate por el plagio de las víctimas Humberto Laureano Vivar Morales y Arcelia Josefina Aparicio Aparicio, y que por ello, recibiría una comisión, sino que es indispensable que se encuentre acreditado cuáles fueron los actos materiales o intelectuales que la aquí quejosa realizó para efecto de llevar a cabo la privación de la libertad de las víctimas con la finalidad de obtener un rescate, que lo vinculen directa o indirectamente en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 9°, fracción I, inciso a), con la agravante señalada por el numeral 10, fracción I, inciso b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Motivo por el cual se considera que el acto reclamado no está debidamente fundamentado y motivado, pues la conducta atribuida y con la que se finca la probable participación de Lucina Núñez Fernández, no encuadra en el delito que se le imputa. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 542, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 48/96, visible en la página 494, Tomo III, Penal, Primera Parte, Segunda Sección, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, de rubro y texto: [.] En ese orden, si acorde con el principio de presunción de inocencia que rige en nuestro sistema legal, corresponde a la autoridad investigadora la obligación de aportar datos suficientes que evidencien que Lucina Núñez Fernández, el día de los hechos privó ilegalmente de la libertad a Humberto Laureano Vivar Morales y Arcelia Josefina Aparicio Aparicio, con la finalidad de obtener un rescate o cualquier beneficio, para sí o para un tercero y la responsable consideró demostrada la probabilidad de esa conducta únicamente en el hecho de que diversos depósitos estaban hechos a una cuenta a su nombre y que uno de los secuestradores dijo que recibiría una comisión; sin atribuirle propiamente una conducta material e intelectual tendiente específicamente a privar de la libertad a las víctimas, ya sea como autor intelectual o material; entonces, es claro que el auto de vinculación reclamo no está debidamente fundado ni motivado". Lo anterior permite establecer que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo presupone la realización de las siguientes acciones: (i) se debe dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el trece de enero de dos mil dieciséis, por el juez de Garantía del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca en la causa penal 307/2015, única y exclusivamente por lo hace a la quejosa Lucina Núñez Fernández; (ii) se debe reiterar aquellas consideraciones que sirvieron de base para tener por acreditado el cuerpo del delito de secuestro previsto y sancionado por el artículo 9°, fracción I, inciso a); con la agravante contenida en el numeral 10, fracción I, inciso b), ambos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (iii) se debe fundar y motivar lo relativo a la probable responsabilidad penal de la quejosa y (iv) con plenitud de jurisdicción, atendiendo a los hechos materia de imputación por parte del Ministerio Público, en caso de existir elementos para ello, se debe evaluar la posibilidad de reclasificar el antisocial por el que dictó auto de vinculación a proceso en contra de Lucina Núñez Fernández. Para cumplir con lo anterior, el juez de Garantía del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca remitió copia del auto de vinculación a proceso de esa misma fecha y un disco audiovisual, de cuyo contenido, se advierte lo siguiente: (I) Que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso, dictado en la causa penal 307/2015, únicamente por lo que hace a la quejosa Lucina Núñez Fernández, como se advierte del referido disco audiovisual, a partir del minuto seis con quince segundo, del archivo de nombre Titulo 1, relativo a la diligencia de quince de mayo de dos mil diecisiete. (II) Que reiteró las consideraciones que expuso al tener por acreditado el cuerpo del delito de secuestro previsto y sancionado por el artículo 9°, fracción I, inciso a); con la agravante contenida en el numeral 10, fracción I, inciso b), ambos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (III) Que fundó y motivó lo relativo a la probable responsabilidad penal de la quejosa, al indicar que se configuran los elementos del delito de secuestro previsto en el artículo 15, fracción I, y sancionado en el primer párrafo de dicho numeral dela Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que a la letra dice: "Artículo 15. Se aplicará pena de cuatro a dieciséis años de prisión y de mil cuatrocientos a tres mil días multa, al que: I. Después de la ejecución de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 9 y 10 de la presente Ley, y sin haber participado en cualquiera de ellas, adquiera o reciba el producto de las mismas a sabiendas de esta circunstancia." En efecto, para el juez responsable de la citada disposición se deprenden los siguientes elementos: a) Que exista la ejecución de un secuestro. b) Que sin haber participado en el secuestro se adquiera o reciba el producto del mismo. c) Que la adquisición o recepción del producto del secuestro se haga a sabiendas de esa circunstancia (elemento subjetivo). El primer elemento, a juicio del juez responsable se encuentra acreditado, por indica que existió una privación ilegal de la libertad de las víctimas Humberto Laureano Vivar Morales y Arcelia Josefina Aparicio Aparicio, probada con las declaraciones de fechas diecinueve de febrero, nueve y veinticuatro de marzo de dos mil quince, rendidas ante la representación social, el parte informativo con número de oficio AEI/S/N/2015, de diez de marzo de dos mil quince, al que acompañaron un disco compacto que contiene cincuenta y cinco grabaciones las cuales derivan de las negociaciones respecto a la liberación de dichas personas. El segundo elemento también lo tuvo por acreditado, porque, en su opinión la imputada aquí quejosa no participó de manera material, ni intelectual en el plagio de las víctimas, ya que no se encuentra acreditado que el día de los hechos haya realizado o llevara a cabo actos tendientes a privarlos de manera ilegal de su libertad. El tercero elemento, para el juez responsable se desprende de las llamadas telefónicas realizadas por los secuestradores con la finalidad de solicitar dinero a cambio de la libertad de las víctimas, corroborándose que dentro de las grabaciones de audio, se escucha a uno de los secuestradores haciendo referencia a que los titulares de las cuentas que sirvieron para que realizaran los depósitos del rescate de las víctimas, les darían una comisión por ello, dentro de las cuales, se encuentra la cuenta bancaria de la ahora imputada. Por lo anterior, la responsable indica que es dable determinar que la aquí quejosa tenía conocimiento de los hechos relativos a la privación ilegal de la libertad de las víctimas, porque, de acuerdo con las máximas de la experiencia, es sabido que cuando una persona recibe un depósito de una cantidad de dinero con un monto considerable en una cuenta bancaria de la cual es titular y desconoce el concepto de dicho depósito, se acude de inmediato ante la institución bancaria y financiera para conocer el origen y cerciorarse que efectivamente dicho numerario lo recibió de manera justificada o en su caso, de manera injustificada o equivocada, para así, realizar las gestiones necesarias para disponer o en su caso devolverlo a la persona que lo depositó o en su caso a la institución bancaria, pero en el caso, la imputada aquí quejosa no lo hizo, por tanto, estableció que la misma tuvo la intensión de conservar y disponer de dicho numerario a pesar del origen del cual provenía dicho depósito, que fue como parte del pago del rescate para la liberación delas víctimas. (IV) Que derivado del nuevo análisis que hizo con motivo de la ejecutoria de amparo, concluyó que no se acreditan en contra de la quejosa los elementos del delito de secuestro con la agravante contenida en el artículo 10, fracción I, inciso b) de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; sin embargo, indica que del análisis de los datos de prueba vertidos por el agente del Ministerio Público mediante audiencias de ocho y nueve de enero de dos mil dieciséis, así como de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo 200/2016, reclasificó el delito atribuido a la quejosa y determinó que en ese caso, el que se configura es el de secuestro. Lo anterior debido a que de la causa penal se desprende que la quejosa recibió el producto del antisocial, es decir, que la ahora quejosa tenía conocimiento de los hechos relativos a la privación ilegal de la libertad de las víctimas y que con motivo de esa actividad ilícita obtendría un beneficio, al ser depositado por los familiares de los pasivos en su cuenta bancaria, parte del rescate. Por lo anterior, la autoridad resolvió que la imputada aquí quejosa, es cómplice en el delito de secuestro de conformidad al artículo 11, fracción VI del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca y su participación encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 15, fracción I y sancionado en el primer párrafo de dicho numeral de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos Materia de Secuestro. Se transcribe la parte que interesa del nuevo auto de vinculación a proceso para su rápida consulta: ".PROBABLE PARTICIPACIÓN. La imputada Lucina Núñez Fernández tuvo probable participación en el hecho que se le atribuye, debido que existe el señalamiento que le hace la denunciante Yesenia Viar Aparicio, tal y como lo refirió dentro de sus declaraciones de fechas diecinueve de febrero, nueve y veinticuatro de marzo del año dos mil quince, esto, debido a que hace referencia de la desaparición de las víctimas, de las llamadas recibidas por parte de los secuestradores, y los depósitos que se realizaron, concatenado esto desde luego, con el informe emitido por los agentes estatales de investigación, así mismo como de los Bouchers de los depósitos realizados, y los informes emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde se determina que existe correspondencia entre los indicios al acreditarse que fue depositada al número de cuenta 2833172481 de la Institución Bancomer, a nombre de Lucina Núñez Fernández, la cantidad de trece mil pesos, existiendo así la razonable probabilidad de su participación en la comisión de los hechos que se le imputa, lo cual se corrobora con los demás datos de prueba consistentes en la inspección Ocular del lugar de los hechos; así como los seis Bouchers de diversos depósitos que se realizaron del día veinte al veintisiete de febrero de dos mil quince; el Parte informativo antes referido, suscrito y firmado por los Agentes Estatales de Investigación del Grupo de Antisecuestros de los cuales se estableció y se vertieron las grabaciones que constan de cincuenta y cinco en relación a los audios de voz de las llamadas recibidas al momento de la negociación para la liberación de las personas plagiadas, así como el oficio 214-2/SJ/922292/2015, expediente J-9732/2015COA, relativo al informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de fecha cuatro de junio del año dos mil quince firmado por el director de adjunto de dicha institución dentro del cual se establece que rinde informe sobre la cuenta 2833172481 a nombre de Lucina Núñez Fernández en la cual aparece un depósito de fecha veinte de febrero del año dos mil quince por la cantidad de trece mil pesos, mismos datos de prueba que en este estado procesal son suficientes para acreditar la probable participación de la imputada en el delito que se le atribuye ya que mediante la solicitud de rescate respectivo fue depositada la cantidad de trece mil pesos cero centavos moneda nacional a su cuenta bancaria como quedó acreditado, de ahí que tomando en cuenta lo manifestado por uno de los secuestradores al momento de solicitar el rescate quien refirió que a esta persona se le daría una comisión, por lo que es dable determinar que tenía conocimiento de los hechos de donde se obtuvo un beneficio como consecuencia de la privación ilegal de la libertad de las víctimas, existiendo el señalamiento en su contra en tal sentido" Lo anterior es suficiente para afirmar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Al haberse dejado insubsistente el auto de vinculación a proceso de trece de enero de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 307/2015, únicamente por lo hace a la quejosa Lucina Núñez Fernández, reiterado las consideraciones que expuso al tener por acreditado el cuerpo del delito de secuestro previsto y sancionado por el artículo 9°, fracción I, inciso a); con la agravante contenida en el numeral 10, fracción I, inciso b), ambos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y concluido que la imputada aquí quejosa, es cómplice en el delito de secuestro de conformidad al artículo 11, fracción VI del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, la responsable cumplió con todos los lineamientos que debía observar. Sin que sea obstáculo para tener por cumplida la sentencia de amparo, las manifestaciones que hace la quejosa mediante escrito recibido en este juzgado el seis de junio de dos mil diecisiete , en el sentido de que no está cumplido el fallo protector, porque, en su opinión ". la responsable en un EXCESO deja de cumplir con lo establecido en el considerando SÉPTIMO respecto a la probable participación de LUCINA NUÑEZ FERNÁNDEZ, fundamente y motive debidamente la resolución conforme a los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria; así mismo se reserva plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que con fundamento en el artículo 274 último párrafo del Código Procesal Penal del Estado de Oaxaca y para que EN CASO DE EXISTIR elementos para ello, pueda reclasificar el antisocial por el que se dictó auto de vinculación y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución la que puede ser en el mismo sentido o en uno inverso, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria; Circunstancia que la responsable en un exceso en la ejecutoria de amparo y sin cumplir con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, haciendo caso omiso que en la audiencia de comunicación de imputación no existen datos de prueba alguno con lo que se acredite el elemento subjetivo del ilícito que se esta atribuyendo". Se dice que no obsta lo anterior, porque, como lo muestra la transcripción parcial de la ejecutoria de amparo realizada en esta resolución, el juez responsable estaba en aptitud de reclasificar el delito y concluir que la aquí quejosa probablemente realizó la conducta que regula el artículo 15, fracción I, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solamente debía fundar y motivar esa determinación y eso fue justamente lo que hizo. Ahora, si la quejosa considera que esa determinación es incorrecta, tiene expedito su derecho para cuestionarla, en su caso, a través de un nuevo juicio de amparo. La quejosa debe reconocer que la propia ejecutoria de amparo hizo hincapié en que la protección constitucional otorgada no impedía dictar un auto de vinculación a proceso. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mesa II-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase al jefe de Administración de Correos de México, informando que solicitó al encargado de correos, con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, la pieza postal requerida el pasado seis de junio de dos mil diecisiete, para poder enviarla a este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Mesa II-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, como del contenido del escrito se advierte que la quejosa ******************** solicita se analice el cumplimiento a la sentencia de amparo realizado por el juez de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, y se determine que no está cumplida; en consecuencia, se reitera lo que se le indicó en acuerdo del pasado seis de junio, debido a que a la fecha no se tiene conocimiento de que haya transcurrido el plazo de tres días concedido a la autoridad tercero interesada fiscal en Jefe de la Fiscalía de Huajuapan de León, Oaxaca para que se manifestara sobre el aludido cumplimiento. Por otra parte, como todavía no obra en autos el acuse de recibo que ampara la entrega del oficio 18926/2017, dirigido a la autoridad tercero interesada fiscal en Jefe de la Fiscalía de Huajuapan de León, Oaxaca, mediante el cual se le dio vista con el cumplimiento de la sentencia de amparo del juez de Control del Distrito Judicial de Huajuapan de León, Oaxaca, ni aparece devuelto en la factura de correspondencia que se lleva en este juzgado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de Amparo, requiérase al jefe del Servicio Postal Mexicano, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días, remita copia certificada del acuse de recibo que ampara la entrega del oficio en cuestión, mismo que fue depositado en la oficina a su cargo el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, bajo el registro 9135. Apercíbase a la autoridad postal que de no cumplir con lo anterior o de no informar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en los artículos 17 Constitucional, 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Notifíquese.
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