Lucina Castillo González

Expediente 419/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
419/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
21/10/2022

Partes del expediente

  • Lucina Castillo González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que precede, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra del proveído en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a seis de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio 1348/2022 del Encargado del Centro Penitenciario Zona Norte, con residencia en Papantla, Veracruz; agréguese a los autos y téngasele dando cumplimiento al requerimiento contenido en el oficio 16134/2022, de veintiocho de septiembre del año en curso. Ahora, en virtud de que por auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en torno a las manifestaciones vertidas en el oficio de cuenta. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que en el particular al acto reclamado se extinguió, máxime que la autoridad informó que ya se autorizó el acceso de la quejosa ***** Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito de la parte quejosa, mediante el cual solicita que, en atención a que las autoridades responsables Guardias de Custodia del Centro de Readaptación y Trabajadora Social del Centro de Readaptación Social, ambos con residencia en Papantla, Veracruz, no han rendido sus informes justificadas, ni en autos obran las constancias de notificación del auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, solicita se les gire oficio requiriéndoles rindan su informe de ley; agréguese a los autos y en cuando a lo que solicita, con fundamento en lo previsto por 117 de la Ley de amparo, en relación con los diversos 26, fracción II, 28, fracción II y 31 de la citada ley, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que a fojas veinticuatro y veinticinco de autos, obran agregados los acuses de recibo de los oficios 13553 y 13554, con sello de recepción de doce de agosto de la presente anualidad, por los que se requirió a las autoridades su informe justificado, de ahí lo improcedente de su petición. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de dos de los corrientes, se tuvo por rendido el informe justificado del Encargado del Centro Penitenciario Zona Norte, con residencia en Papantla, Veracruz, en el que en su parte toral, manifestó: "(..) Actualmente, debido a la contingencia COVID-19, por protocolos de seguridad y como parte del pronunciamiento del Organismo Protector de Derechos Humanos, para centros Penitenciarios por determinado tiempo, se limitó el acceso de visitas en este centro penitenciario, para evitar algún tipo de contagio tanto de los P.P.L. como el personal que labora en esta institución y visitantes, se han aplicado medidas alternativas, para que las personas privadas de su libertad, esté en contacto con sus familiares, tales como, el realizar video llamadas, así como el que puedan realizar llamadas telefónicas, para que tengan contacto con sus familiares, cabe mencionar que desde que se reanudó el acceso a las visitas, se llevan a cabo medidas preventivas al ingresar a este centro penitenciario, tales como; toma de temperatura, uso de cubrebocas, uso de caretas, aplicación de gel, así como presentar el comprobante de vacuna, asimismo, por protocolos de seguridad, se le da mayor prioridad a familiares directos, como lo son, el padre, la madre, esposa (o), hijos, como lo establece el artículo 59, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no obstante, en fecha 17 de julio del año en curso, la hoy quejosa Lucina Castillo González, al presentarse a este centro penitenciario, se le cuestionó al accesar del parentesco que tiene con la persona privada de su libertad, Fidencio San Juan González, a lo cual refirió ser tía del P.P.L. Fidencio San Juan González, por lo que al no ser familiar directo se le negó el acceso, pues como se mencionó con antelación, por protocolos de seguridad, se le da mayor prioridad a familiares directos, sin embargo se hace de su conocimiento que desde que ingresó a este centro penitenciario el P.P.L. Fidencio San Juan González, la agendaba para visitas como madre, pues refiere que es como tal, y la hoy quejosa refiere ser como su madre, pues desde pequeño ella lo crio, por lo que se le consideró, no obstante a fin de fomentar el vinculo y el único lazo familiar, que mantiene la quejosa Lucina Castillo González, con el sentenciado Fidencio San Juan González, se le permitirá el acceso a la hoy quejosa Lucina Castillo González, el acceso cada quince días, eso autorizado por la persona privada de su libertad y siempre y cuando él lo agende al área correspondiente (.)" Lo destacado es propio. En virtud de lo expuesto, con fundamento en los artículos 75, tercer párrafo y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Encargado del Centro Penitenciario Zona Norte, con residencia en Papantla, Veracruz, para que dentro del improrrogable término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, informe si a la fecha el sentenciado Fidencio San Juan González, ha sido informado de la determinación de esa autoridad, en el sentido de que se permitirá el acceso a la hoy quejosa Lucina Castillo González, cada quince días, toda vez que la condición para que esto suceda implica su participación ya que le corresponde a él autorizar y agendar la cita para la visita de que se trata; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se hará acreedor de una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cincuenta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. De igual manera, solicítesele a la parte quejosa, para que dentro del improrrogable término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si a la fecha ya ha podido visitar al sentenciado Fidencio San Juan González (quien debió solicitar que se agendara la cita correspondiente) visita que está supeditada también a que cumpla con los protocolos de salubridad necesarios para ingresar al Centro de Readaptación Social, con residencia en Papantla, Veracruz, y salvaguardar la salud de todos los que se encuentren en su interior.

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