Luis Alan García Romero

Expediente 482/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
482/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Luis Alan García Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que el impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal.

  2. Principal

    (aviso) notificación personal por lista a la parte quejosa.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de septiembre de dos mil veintidós. Visto el escrito del quejoso, mediante el cual, desahoga la prevención de nueve de septiembre de los actuales y manifiesta bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, y la fecha en que se le notificó la resolución de nueve de junio de la presente anualidad; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y en atención a su contenido se provee: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, en principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado: "[.] De las autoridades señaladas como ordenadoras, se reclama el acuerdo de 09 de junio del año 2022 dentro del expediente 737/2011 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz. De la autoridad ejecutora la diligencia de reinstalación de fecha 16 de agosto del año 2022, practicada por el C. Licenciado Ignacio Ortizoga Atzin personal actuante adscrito al juzgado segundo de primera instancia de Papantla, Ver. [.]" Asimismo, del escrito de desahogo de prevención se advierte que manifestó: [.] VENGO A MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la fecha en que tuve conocimiento del acto reclamado que precise en mi demanda de amparo de fecha 06 de septiembre de 2022 fue precisamente el día de la diligencia de reinstalación que data el día 16 de agosto del año en curso practicada en las instalaciones del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz [.] YA QUE EN MISMA DILIGENCIA AL MOMENTO DE SOLICITAR LA RESINATALCIÓN Y EL FINIQUIRTO DECRETARO EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL 737/2011-I DEL INDICE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, se leyó en voz alta contenido de la misma, y dicha diligencia estaba ordenada por auto de fecha 09 de junio de la presente anualidad, PARA LO CUAL EN ESE PRECISO MOMENTO ME DI POR ENTERADO DE DICHO AUTO DE NUEVE DE JUNIO DE ESTE AÑO [.] [.] MANIFIESTO QUE LOS ANTECEDENTES DE DICHOS AUTOS son los siguientes: El primer requerimiento se realizó en fecha 30 de mayo del 2019 del cual se ordenaba reinstalarme y pagar el finiquito decretado en el laudo que obra en autos del expediente 737/2011 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el cual al realizar dicha diligencia no se me reinstalo ni mucho menos s me pago el finiquito ordenado por dicho tribunal. El segundo requerimiento se practicó en fecha 16 de junio del año 2021, de igual manera teniendo como respuesta una negativa, sin reinstalarme ni mucho menos pagarme el finiquito correspondiente a las prestaciones reclamadas en mi escrito inicial de demanda del expediente 737/2022 del índice del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz El tercer requerimiento se realizó en fecha 16 de agosto del año 2022, del cual tuve conocimiento del auto de fecha 09 de junio del año en curso emitido por el tribunal de conciliación y arbitraje del poder judicial del estado de Veracruz, el cual al momento de dicha diligencia personal del Ayuntamiento de Papantla de Olarte, Ver. Manifestó únicamente "que lo oye, que recibe el instructivo de notificación, queda enterada, que en este momento no podemos cumplir con el laudo toda vez que el Ayuntamiento está haciendo una revisión administrativa de la entrega de administración pasada, por lo que en este momento no podemos determinar si existe disponibilidad presupuestal y administrativa.[.]" En consecuencia, de lo anterior se advierte que el quejoso señaló como actos reclamados: El acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, emitido en el expediente laboral 737/2022 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, mediante el cual en ejecución de laudo se ordenó reinstalar al aquí quejoso y el finiquito estipulado en dicho fallo. Asimismo, la diligencia de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en la que se pretendió llevar a cabo lo anterior, no obteniendo resultado positivo. Sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo, tanto de los antecedentes y de los conceptos de violación no se advierte agravio alguno en específico para controvertir la legalidad del auto, ni del actuar por parte de la autoridad responsable en la diligencia reclamada. Ello es así, pues del capítulo de "protesta legal", el quejoso plasmó que se encuentra agraviado con el requerimiento de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, llevado a cabo en las instalaciones de la autoridad parte demandada, con motivo de las manifestaciones de la licenciada que labora en el ayuntamiento demandado. Posteriormente, en el capítulo de antecedentes, precisó entre otras cuestiones que se han llevado a cabo tres requerimientos a fin de cumplir el laudo emitido en el juicio laboral, por lo que le causa agravio a su interés particular, a sus derechos como trabajador y economía, porque desde el veintiocho de febrero de dos mil once, presentó demanda, posteriormente se emitió laudo y en la ejecución del mismo ya se han efectuado dichos requerimientos sin que haya sido posible reinstalarlo ni finiquitar lo ordenado en dicho fallo. Asimismo, en el "capítulo de conceptos de violación", indicó que se viola en su perjuicio lo establecido en los artículo 1, 14 y 17 Constitucionales, porque al tenor de la exposición de sus antecedentes el Ayuntamiento de Papantla, Veracruz -parte demandada en el juicio laboral- manifestó "que lo oye, que recibe el instructivo de notificación, queda enterada, que en este momento no podemos cumplir con el laudo toda vez que el H. Ayuntamiento está haciendo una revisión administrativa de la entrega de administración pasada, por lo que en este momento no podemos determinar si existe disponibilidad presupuestal y administrativa." Con base a ello, el quejoso aduce que la parte demandada en el expediente natural incurre en desacato de una orden judicial emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, al excusarse al cambio de administración, y que ya han pasado más de nueve meses de ello, sin que al día de hoy hayan podido determinar el presupuesto y organizar la administración respectiva. Finalmente, concluye indicando que "en violación a la Ley Federal del Trabajo" y con la negativa por parte de la autoridad demandada es violatorio a sus intereses particulares a derechos como trabajador, por lo que se debe obligar con el presente juicio a su reinstalación y pago de finiquito correspondiente. Una vez precisado lo anterior, resulta evidente que no existe agravio alguno tendente a combatir la legalidad de las actuaciones realizadas por las autoridades aquí señaladas como responsables, sino que, lo que en realidad ataca directamente es la negativa a reinstalarlo por parte del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz -demandada en el juicio laboral-. Ello es así, no obstante que si bien señala como actos reclamados el auto de nueve de junio de junio de dos mil veintidós emitido en el expediente laboral 737/2011 y la diligencia de reinstalación de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, con base a lo antes expuesto, es manifiesto que no existe agravio alguno encaminado a la legalidad de tales actuaciones en lo concerniente a las autoridades responsables. Una vez precisado lo anterior, debe indicarse que de la interpretación total de la demanda tanto de los antecedentes y de los conceptos de violación, se advierte que la verdadera intención de la parte quejosa es la ejecución del laudo, es decir, su reinstalación y finiquito a que fue acreedor con motivo de dicho fallo. Por lo que, si no se aprecian agravios para combatir la legalidad de los actos llevados a cabo por las autoridades responsables en el auto y diligencia reclamada, y el quejoso se duele de la dilación en la ejecución del laudo emitido en el juicio natural, es que el acto reclamado deba precisarse como: La omisión genérica de cumplir y dictar medidas eficaces para la materialización del laudo emitido en el juicio laboral 737/2011 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el que se resolvió la reinstalación y finiquito del ahora aquí quejoso. Precisado ello, se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 217 de dicha legislación, los cuales disponen lo siguiente: Bajo esa óptica el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo dispone: "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." De la disposición anterior se desprende que el laudo deberá cumplirse dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación. Ahora, la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba, so pena que si no lo hace prescribe el derecho para ejecutar el fallo laboral, como se dijo. Lo anterior deriva de la jurisprudencia 16/2011 (10a.) que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Máximo Tribunal del País, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Laboral, página dos mil setecientos setenta y dos, del título y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Así, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que se reclamara un acto u omisión en concreto de la autoridad responsable, porque el Juez de amparo debe constreñirse en todo tiempo a lo reclamado por los justiciables y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso o intervención del ejecutante pudieran o no llegar a materializarse. Se invoca al respecto la jurisprudencia 15/2011 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, página dos mil setecientos setenta y uno, que es del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Para mayor ilustración se transcriben las consideraciones que sirvieron de sustento a la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, para resolver la contradicción de tesis 339/2011 y pronunciar la jurisprudencia antes citada; en la parte conducente, son del siguiente tenor: ".Lo anterior es así, pues como se ha demostrado, si bien es cierto que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones es que no puede constreñirse al presidente de la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, ni aun con la salvedad que apuntó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el sentido de que la autoridad estaría exenta de cumplir la sentencia de amparo en esos términos, cuando exista causa imputable a las partes o a otras autoridades, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, debemos concluir que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del presidente de la Junta laboral correspondiente, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, en términos de la fracción XVIII del artículo 73(8) de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74(9) del propio ordenamiento, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al presidente ejecutor, transcurridas las setenta y dos horas posteriores a la en que surta efectos la notificación del laudo. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de garantías y en su caso del fondo del asunto, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar futuros actos que pudieran o no emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Del contexto de las consideraciones sustentadas en la ejecutoria que se comenta se arriba al conocimiento que para considerar la existencia de una omisión por parte de la autoridad responsable reclamable en el juicio de amparo, es menester que se precise en la demanda que esa omisión se configura porque la responsable a la petición o promoción que previamente se le hizo, no ha actuado como legalmente le corresponde. Dicho en otras palabras, sólo puede configurarse una omisión para efectos del juicio de amparo reclamable a la autoridad derivado de una previa petición o promoción a la que le debe recaer acuerdo o respuesta y esto no haya sucedido dentro del término legal. Lo que no acontece en el caso que nos ocupa pues se reitera, la parte quejosa refiere a omisiones genéricas para cumplir el laudo emitido en el juicio natural, no así a la falta de respuesta al escrito mediante el cual solicitó el cumplimiento del laudo o petición alguna en específico a la autoridad responsable. Además, quedó establecido por el Máximo Tribunal del País en la ejecutoria en comento, que tratándose de la ejecución forzosa del laudo se requiere la solicitud expresa de quien es titular del derecho a ejecutarlo, por no ser una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, de manera que al reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión del Presidente de la Junta laboral, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta. Se aprecia, entonces, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió la naturaleza jurídica del acto consistente en la omisión genérica de la autoridad responsable de proveer sobre la ejecución del laudo, del que dice, debe tenerse como inexistente porque se requiere de una participación individualizada de la parte quejosa para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo; de ahí que por las particularidades de ese acto y por lo sostenido en la jurisprudencia 15/2011 (10ª) citada, de aplicación obligatoria, como una excepción a la regla general que privilegia la admisión de la demanda de amparo, se da la hipótesis de la causal notoria y manifiesta de improcedencia derivada de lo que se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. Es menester señalar que la jurisprudencia citada alude a lo previsto en los artículos 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo, que dicen: "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento." "Artículo 950.- Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. Examinando los mencionados preceptos la Segunda Sala estableció la inexistencia de un acto genérico de omisión de ejecución del laudo señalando que se requiere de una participación individualizada para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo su ejecución." Resulta aplicable la tesis jurisprudencial pronunciada por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito PC.VII.L. J/10 L (10ª) consultable a páginas 1469, libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda." En ese tenor, las omisiones de dictar las medidas conducentes para el cumplimiento están sujetos al impulso de las partes, y en la especie, se aprecia que, el impetrante no sustentó su reclamo en una omisión específica por parte de las autoridades responsables, pues con independencia de que se esté llevando a cabo la ejecución de laudo, no se advierte que en su demanda de amparo haya hecho un reclamo específico en ese sentido, esto es, que se centrara en alguna promoción en específico, pues como se aprecia su reclamo fue genérico en cumplir y dictar medidas eficaces para la materialización del laudo; por tanto, no puede considerarse el acto reclamado en ese aspecto y analizarse como materia del amparo que se revisa, al no advertirse una intención de señalar esa omisión específica por parte de las autoridades responsables. Por consiguiente, el acto reclamado planteado en los términos en que lo hizo en la demanda de amparo, no es susceptible de analizarse a través del juicio constitucional; porque es jurídicamente inexistente al encontrarse en etapa de ejecución de un laudo, cuyas actuaciones se encuentran sujetas al impulso de la parte que obtuvo fallo favorable, y sin que se hubiere reclamado una omisión específica a petición alguna en los términos ya expuestos, pues incluso, aduce que se duele del actuar por parte del ayuntamiento demandado en el juicio natural. De ahí que, se insiste, adverso a lo intentando por el quejoso, no se puede analizar cualquier otro acto que no haya sido expresamente señalado como reclamado en el amparo que nos ocupa, y que pudiera revelar un retardo u inobservancia a los plazos y términos previstos para lograr una eficaz administración de la justicia; puesto que de reclamarse un acto u omisión específico en dicha etapa, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Ello así, pues aun con la precisión que se hizo del acto reclamado, el juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por inexistencia del acto reclamado al momento de presentarse la demanda de amparo, máxime que tampoco se advierte que del acuerdo señalado por el quejoso la responsable se haya negado a proceder, incluso, que alguna petición haya sido acordada de conformidad pero sin proceder al respecto lo que sí sería, propiamente, una omisión. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 217 de dicha legislación, por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por su manifiesta e indudable improcedencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

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