Luciano Flores Puente

Expediente 371/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
371/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Luciano Flores Puente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito del quejoso ********************, por el que desiste del presente juicio por así convenir a sus intereses y de la constancia judicial elaborada por el actuario judicial adscrito, que obra anexa al ocurso que se provee, se advierte que dicha parte compareció ante este órgano jurisdiccional a ratificar aquél; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito de ********************, a quien le asiste el carácter de tercera interesada; y toda vez que en este juicio de amparo se celebró la audiencia constitucional el dos de agosto de la presente anualidad; fórmese cuadernillo, y atento a su contenido se provee: Téngasele por apersonado al presente juicio de amparo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito que se provee y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del numeral 24 de la ley de la materia a ********************, por así haberlo solicitado. Finalmente, una vez que se dicte sentencia en este asunto, agréguese al expediente principal el presente cuadernillo para que obre como corresponda, sin necesidad de hacer mayor pronunciamiento al respecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Alfredo García Ríos, secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho con motivo del primer período vacacional del presente año que gozará la titular de este órgano, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, lo que se comunicó por la secretaria técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3097/2023, de esa misma fecha, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto el informe justificado de la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad; agréguese al sumario para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, téngase por rendido y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene como prueba de la citada autoridad, la documental que anexa a su informe de ley, consistente en copia certificada del juicio ordinario civil ********************, de su índice; sin perjuicio de hacer relación de lo anterior en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de junio de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Visto el escrito del quejoso; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento efectuado mediante proveído de trece de junio del año en curso, al aclarar su escrito inicial de demanda. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Toda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. . INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse incidente de suspensión toda vez que en la especie no se surten los requisitos que señala el artículo 128 de la ley de la materia, esto es, que lo solicite expresamente la parte quejosa. Sin perjuicio de que pueda solicitarlo con posterioridad. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS legalmente computado; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de hacerlo fuera del plazo que se concede o sin remitir las copias certificadas en forma completa, legibles y ordenadas de las constancias necesarias u originales en caso de asuntos concluidos, para apoyar su informe, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la ley de la materia. Además, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los numerales 260, fracción II y 238 de la legislación invocada. Con independencia a lo anterior, se significa a la autoridad responsable que cualquier comunicación que se remita a este órgano jurisdiccional deberá ser mediante oficio y no por correo electrónico, en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, pues es menester que la comunicación oficial conste por escrito y contenga una firma que demuestre la voluntad de su signatario, que puede ser firma autógrafa o firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además de que el artículo 26 de la ley de la materia, establece específicamente que las notificaciones en los juicios de amparo, se harán de forma: personal, por oficio, por lista y por vía electrónica. Sin que obste que los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, establecen que las partes pueden proporcionar correos electrónicos a fin de agregarse al sumario como información de contacto; empero, únicamente es con la finalidad de que los actuarios puedan entablar comunicación no procesal a fin de acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia; sin embargo, no sustituye las formas de notificación expresamente señaladas por la ley de la materia. De ahí que, se le instruye para que se abstenga de enviar correos electrónicos relacionados con el presente asunto, en virtud de que cualquier comunicación remitida por esa vía, no se tendrá por presentada y se hará efectivo el apercibimiento, que en su caso, se hubiese decretado. Asimismo, cabe precisar que aun cuando existan días inhábiles que no se encuentren previstos en la Ley de Amparo, se debe rendir el informe justificado en el lapso concedido, debiendo tomar en cuenta que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen; pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros, entre ellos el de seguridad jurídica. De igual forma, es importante destacar que los periodos vacacionales no serán motivo de justificación para la interrupción del plazo concedido para rendir el informe de ley; en razón de que no están contemplados como inhábiles en la Ley de Amparo; ni es atribuible a los particulares, aunado que las autoridades al contar con los recursos físicos y materiales pueden hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2024510 Instancia: Pleno Época: Undécima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 1/2022 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro: 12, Abril de 2022 Tomo: I Página: 12 Tipo: Jurisprudencia PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si deben descontarse o no del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, los días que conforme a la normativa que las rige hayan sido declarados inhábiles. Criterio jurídico: Dentro del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Justificación: Dada la naturaleza del juicio de amparo y su calidad de recurso judicial efectivo, no es posible dilatar la sustanciación de sus procedimientos con base en los plazos para las autoridades responsables jurisdiccionales -conforme a su propia legislación y su normativa interna-. Lo anterior es así, pues la suspensión de labores de las autoridades responsables jurisdiccionales y la imposibilidad de actuar de acuerdo con su normativa no es una cuestión atribuible a los particulares, y si bien puede ser previsible, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que dichas autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. Derivado de lo anterior, es que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen, pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros derechos, entre ellos el de seguridad jurídica; por lo que no sería justificable -desde el punto de vista constitucional-, dejar al arbitrio de las legislaciones locales o de lo que determinen los propios órganos jurisdiccionales, la continuación del trámite de los juicios de amparo en los que fungen como responsables. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA Dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. TERCERO INTERESADO Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado a ********************, quien deberá ser emplazado en términos de los artículos 26, fracción I, inciso b), 27 y 116, párrafo segundo, de la propia ley, en el domicilio proporcionado por la parte quejosa en su escrito de demanda, por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, a quien le deberá correr traslado con copia simple de la demanda de amparo, haciéndole saber la hora y fecha de la audiencia constitucional. En la inteligencia de que si al constituirse el actuario en el domicilio que se trata, éste no resultare cierto y fuere informado o investigue que la tercera interesada puede ser encontrada en otro lugar distinto ubicado en esta misma ciudad, se constituya de inmediato en ese domicilio a fin de que practique la diligencia encomendada, debiendo asentar la razón correspondiente. NOTIFICACIONES DE LOS POSIBLES DIFERIMIENTOS Por otro lado, se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen a las partes en el presente asunto, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, incluida la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí que resulte suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Por tanto, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dicho acuerdo, se realizará únicamente a través de lista; lo anterior con independencia de que si dicho proveído contuviera algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación correspondiente. Notifíquese; y emplácese a la tercera interesada. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

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