Luciano Reyo Osorio

Expediente 136/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 29 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
136/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
18/02/2022

Partes del expediente

  • Luciano Reyo Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Se agrega escrito. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio referido en la cuenta secretarial mediante el cual ********************acusa recibo del diverso oficio mediante el cual este órgano jurisdiccional le devolvió el juicio ejecutivo mercantil 856/2006, los incidentes de nulidad de notificaciones, así como el toca civil 404/2019, de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de febrero de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el presente juicio dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en las carátulas del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. No se ordena devolución de documentos. Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Devolución de constancias. Finalmente, de estado que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, remitió el juicio ejecutivo mercantil 856/2006, incidentes de nulidad de notificaciones, así como el toca civil 404/2019; por tanto, devuélvanse mediante oficio a la autoridad de referencia los expedientes de mérito, que obran por separado en cuatro tomos de pruebas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que en su demanda de amparo el acto reclamado que señaló el quejoso Luciano Reyo Osorio, es el siguiente: La resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación civil 404/2019 del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que confirmó la diversa resolución interlocutoria relativa a un incidente de nulidad de notificaciones de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dentro del incidente de nulidad de notificaciones por el Juez Civil del Distrito Judicial de Juárez del Estado de Tlaxcala, derivado del juicio ejecutivo mercantil 856/2006. Asimismo, de un análisis a las constancias que remitieron los Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, como anexo a su informe con justificación, consistentes en el tocoa civil de apelación 404/2021, y copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 856/2006, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, así como dos cuadernos relativos a incidentes de nulidad de notificaciones deducidos del citado expediente, se advierten los siguientes antecedentes: María Georgina Flores Armenta, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra del demandado ahora quejoso Luciano Reyo Osorio, mismo que mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil seis, se radicó ante el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Juárez, con el expediente 856/2006, de su índice (fojas 1 a 6, tomo 1 de pruebas). Se precisa que al efectuarse la diligencia de exequendo (requerimiento de pago, embargo de bienes y emplazamiento) de veinticuatro de octubre de dos mil seis, se embargó el bien inmueble con título de propiedad 000000020225, que ampara la propiedad de un solar urbano identificado como lote número 1 (uno), manzana 51 (cincuenta y uno), zona 1 (uno) de la población de Benito Juárez, Huamantla, a favor del demandado ahora quejoso Luciano Reyo Osorio (fojas 9 a 11, ídem). Seguido el procedimiento en sus fases conducentes, el treinta de marzo de dos mil siete, se dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil de referencia, que concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "[.] PRIMERO.- La parte actora probó su acción cambiaría directa ejercitada en este asunto, el demandado no acreditó sus excepciones. SEGUNDO.- Se condena al señor LUCIANO REYO OSORIO a pagar a la actora, la cantidad de noventa y seis mil pesos por concepto de suerte principal y al pago de interés moratorios a razón del seis por ciento mensual desde que incurrió en mora cada pagaré hasta la liquidación del adeudo, así mismo al pago de gastos y costas que generó este juicio dentro del término de cinco días siguientes de que cause ejecutoria esta sentencia, y de no hacerlo procédase al embargo de bienes del deudor suficientes a garantizar el adeudo y oportunamente hágase garantizar el adeudo y oportunamente hágase transe y remate los bienes embargados y con su producto páguese al acreedor. TERCERO.- Oportunamente archívese este asunto como totalmente concluido. NOTIFPIQUESE Y CÚMPLASE. [.].". (fojas 50 a 51, ídem) Inconforme con dicha resolución, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación, mismo que se radicó con el toca 208/2007, del índice de la entonces Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, quien confirmó la sentencia recurrida (fojas 54 a 63, ídem). Seguido el procedimiento de ejecución del juicio ejecutivo mercantil de origen, mediante resolución de catorce de marzo de dos mil ocho, se resolvió un incidente de liquidación de sentencia, mismo que concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "[.] PRIMERO.- Se aprueba la liquidación de sentencia por la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por concepto de suerte principal e intereses moratorios acumulados hasta el veinticuatro de enero de dos mil ocho, por lo que se decreta ejecución, sin perjuicio de actualización. SEGUNDO.- No se aprueban las costas judiciales propuestas. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.". (fojas 217 a 218, ídem) Por diversa resolución de dieciséis de junio de dos mil once, se decretó la adjudicación directa del bien inmueble con título de propiedad 000000020225, que ampara la propiedad de un solar urbano identificado como lote número 1 (uno), manzana 51 (cincuenta y uno), zona 1 (uno) de la población de Benito Juárez, Huamantla, a la actora del juicio ejecutivo mercantil de origen María Georgina Flores Armenta (fojas 365 a 369, ídem); determinación que fue confirmada mediante sentencia de diecinueve de octubre de dos mil once, por la entonces Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al resolver el recurso de apelación 337/2011, de su índice (fojas 372 a 381, ídem). El ocho de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo a la tercera interesada María Georgina Flores Armenta promoviendo incidente no especificado de exclusión de bienes y levantamiento de embargo (fojas 567 y 568); mismo que se resolvió por interlocutoria de veintiocho de julio de dos mil dieciocho (fojas 591 a 618, ídem). Dicha resolución se notificó al quejoso Luciano Reyo Osorio por estrados el tres de julio de dos mil dieciocho (foja 618 vuelta, ídem). Sin embargo, inconforme con la notificación que se le practicó, promovió incidente de nulidad de notificaciones, mismo que fue resuelto el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve: "[.] PRIMERO. Ha sido tramitado legalmente el Incidente de Nulidad de Notificaciones, promovido por LUCIANO REYO OSORIO, en contra de la notificación de fecha tres de julio de dos mil dieciocho. SEGUNDO. Por las razones anotadas en la parte considerativa de este fallo, se declara procedente la acción incidental ejercitada por LUCIANO REYO OSORIO, dejándose insubsistente todo lo actuado, a partir de la notificación de fecha tres de julio de dos mil dieciocho. TERCERO. En consecuencia, de lo anterior, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, se ordena a la Ciudadana Diligenciaria de este Juzgado, proceda a notificar legalmente al actor incidental, los proveídos de mérito, observando las formalidades que establecen la Ley de la materia. CUARTO. NOTIFÍQUESE [.]. (fojas 25 a 28, tomo II de pruebas) Inconforme con la resolución dictada, el ahora extinto quejoso Luciano Reyo Osorio interpuso recurso de apelación, mismo que se radicó con el toca 404/2019 del índice de la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el cual fue resuelto el diecisiete de enero de dos mil veinte: "[.] PRIIMERO. Fue procedente el Recurso de Apelación interpuesto por Luciano Reyo Osorio. SEGUNDO. Se confirma la resolución de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Ciudadano Juez Civil del Distrito Judicial de Juárez, dentro del expediente número 856/2006, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por María Gerorgina Flores Armenta, en contra de Luciano Reyo Osorio. Notifíquese [.]". Asimismo, debe indicarse que en la parte considerativa de la misma, la autoridad responsable estableció lo siguiente: "[.] Al respecto debe decirse que de la lectura a la resolución impugnada, con valor probatorio pleno conforme al artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles, se obtienen que en efecto, al transcribirse la notificación que se tilda de nula, erróneamente se anotó el nombre de "Yesenia Hernández Adame", cuando lo correcto era haber anotado el nombre de "Luciano Reyo Osorio"; empero, tal yerro no incide en el sentido de la resolución, pues de todos modos se decretó la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación de fecha tres de julio de dos mil dieciocho, realizada al actor incidental Luciano Reyo Osorio. No obstante, y a fin de no dejar en estado de incertidumbre al recurrente, cabe precisa que el nombre correcto de la persona notificada el día tres de julio de dos mil dieciocho, lo es el actor incidental, Luciano Reyo Osorio, y que es la persona que debió anotarse en el Considerando II, de la resolución alzada. En tales condiciones y dada la naturaleza de esta resolución, lo correcto es confirmar como en efecto de confirma la resolución impugnada de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve." (Fojas 26 a 32, tomo III de pruebas). (Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo). Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, atento al acto reclamado que se señaló en este juicio de amparo y a los antecedentes precisados con antelación, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° y 1° fracción I de la Ley de Amparo y 107 Constitucional, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". "Artículo 107. Las controversias de que hable el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público. [.]". De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a fin de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de garantías se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.T J/38K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 31, Tomo 52, Abril de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con la voz y el rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas.". En ese sentido, se afirma que en el presente asunto el acto reclamado no causa afectación en la esfera de la parte quejosa, en razón de que la resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación civil 404/2019 del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, confirmó la diversa resolución interlocutoria relativa a un incidente de nulidad de notificaciones de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dentro del incidente de nulidad de notificaciones por el Juez Civil del Distrito Judicial de Juárez del Estado de Tlaxcala, derivado del juicio ejecutivo mercantil 856/2006, por la cual se declaró que la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación practicada al impetrante el tres de julio de dos mil dieciocho; es decir, dicha resolución incidental fue favorable a sus intereses. Dicho en otras palabras, el acto reclamado que se tilda de inconstitucional no causa algún agravio al impetrante de manera que trascienda su esfera jurídica y le genere un perjuicio personal y/o patrimonial, pues obtuvo la pretensión de declarar nulas todas las actuaciones que se practicaron a partir del tres de julio de dos mil dieciocho, en autos del juicio ejecutivo mercantil 856/2006; lo cual, fue confirmado por la responsable al dictar la resolución reclamada y como bien lo señaló en sus consideraciones, a efecto de darle seguridad jurídica al impetrante, subsanó el error en que incurrió el juez de primera instancia al citar el nombre en la notificación reclamada por el suyo, de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Tiene aplicación a lo anterior, por su idea jurídica substancial, la tesis II. 3o.C.19 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1245, del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 1245, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tpitulo y contenido es: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI LA SENTENCIA RECLAMADA NO CAUSA AL QUEJOSO AGRAVIO ALGUNO QUE TRASCIENDA A SU ESFERA JURÍDICA. Si el quejoso obtiene sentencia favorable en primera instancia e inconforme con ella el actor apela, confirmándola la Sala en el sentido de que los agravios expuestos resultan parcialmente fundados pero inoperantes y contra esta última resolución el demandado promueve amparo directo, resulta evidente que éste es improcedente, pues de la interpretación de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y, 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo se colige que uno de los requisitos de procedencia del juicio de garantías es que el acto reclamado cause al quejoso algún agravio de manera que trascienda a su esfera jurídica generándole un perjuicio, situación que no se actualiza en el caso, pues aun cuando los agravios del actor apelante resultaron parcialmente fundados, ello no es motivo para estimar que se le hubiese causado un agravio personal y directo al demandado, pues la Sala confirmó la resolución de primera instancia absolviéndolo de las prestaciones reclamadas.". En consecuencia, como se señaló, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia. No se soslaya a lo anterior, el hecho de que en el presente juicio de amparo mediante auto de siete de octubre de dos mil veinte (foja 42) Adriana Fernández Vélez, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, informara el fallecimiento del extinto quejoso Luciano Reyo Osorio, y para acreditar dicha circunstancia exhibió el acta de defunción con número de folio A29 535625, expedida por el Registro Civil de Tlaxcala; sin embargo, debe indicarse que el sentido de la presente determinación no variaría, en atención a los argumentos expuestos en los párrafos que anteceden. Comuníquese la presente determinación a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se deja sin efectos fecha para audiencia. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las TRECE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que en su demanda de amparo el acto reclamado que señaló el quejoso Luciano Reyo Osorio, es el siguiente: La resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación civil 404/2019 del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, que confirmó la diversa resolución interlocutoria relativa a un incidente de nulidad de notificaciones de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dentro del incidente de nulidad de notificaciones por el Juez Civil del Distrito Judicial de Juárez del Estado de Tlaxcala, derivado del juicio ejecutivo mercantil 856/2006. Asimismo, de un análisis a las constancias que remitieron los Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, como anexo a su informe con justificación, consistentes en el tocoa civil de apelación 404/2021, y copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 856/2006, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, así como dos cuadernos relativos a incidentes de nulidad de notificaciones deducidos del citado expediente, se advierten los siguientes antecedentes: María Georgina Flores Armenta, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra del demandado ahora quejoso Luciano Reyo Osorio, mismo que mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil seis, se radicó ante el Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Juárez, con el expediente 856/2006, de su índice (fojas 1 a 6, tomo 1 de pruebas). Se precisa que al efectuarse la diligencia de exequendo (requerimiento de pago, embargo de bienes y emplazamiento) de veinticuatro de octubre de dos mil seis, se embargó el bien inmueble con título de propiedad 000000020225, que ampara la propiedad de un solar urbano identificado como lote número 1 (uno), manzana 51 (cincuenta y uno), zona 1 (uno) de la población de Benito Juárez, Huamantla, a favor del demandado ahora quejoso Luciano Reyo Osorio (fojas 9 a 11, ídem). Seguido el procedimiento en sus fases conducentes, el treinta de marzo de dos mil siete, se dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil de referencia, que concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "[.] PRIMERO.- La parte actora probó su acción cambiaría directa ejercitada en este asunto, el demandado no acreditó sus excepciones. SEGUNDO.- Se condena al señor LUCIANO REYO OSORIO a pagar a la actora, la cantidad de noventa y seis mil pesos por concepto de suerte principal y al pago de interés moratorios a razón del seis por ciento mensual desde que incurrió en mora cada pagaré hasta la liquidación del adeudo, así mismo al pago de gastos y costas que generó este juicio dentro del término de cinco días siguientes de que cause ejecutoria esta sentencia, y de no hacerlo procédase al embargo de bienes del deudor suficientes a garantizar el adeudo y oportunamente hágase garantizar el adeudo y oportunamente hágase transe y remate los bienes embargados y con su producto páguese al acreedor. TERCERO.- Oportunamente archívese este asunto como totalmente concluido. NOTIFPIQUESE Y CÚMPLASE. [.].". (fojas 50 a 51, ídem) Inconforme con dicha resolución, el ahora quejoso interpuso recurso de apelación, mismo que se radicó con el toca 208/2007, del índice de la entonces Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, quien confirmó la sentencia recurrida (fojas 54 a 63, ídem). Seguido el procedimiento de ejecución del juicio ejecutivo mercantil de origen, mediante resolución de catorce de marzo de dos mil ocho, se resolvió un incidente de liquidación de sentencia, mismo que concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "[.] PRIMERO.- Se aprueba la liquidación de sentencia por la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, por concepto de suerte principal e intereses moratorios acumulados hasta el veinticuatro de enero de dos mil ocho, por lo que se decreta ejecución, sin perjuicio de actualización. SEGUNDO.- No se aprueban las costas judiciales propuestas. NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.". (fojas 217 a 218, ídem) Por diversa resolución de dieciséis de junio de dos mil once, se decretó la adjudicación directa del bien inmueble con título de propiedad 000000020225, que ampara la propiedad de un solar urbano identificado como lote número 1 (uno), manzana 51 (cincuenta y uno), zona 1 (uno) de la población de Benito Juárez, Huamantla, a la actora del juicio ejecutivo mercantil de origen María Georgina Flores Armenta (fojas 365 a 369, ídem); determinación que fue confirmada mediante sentencia de diecinueve de octubre de dos mil once, por la entonces Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al resolver el recurso de apelación 337/2011, de su índice (fojas 372 a 381, ídem). El ocho de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo a la tercera interesada María Georgina Flores Armenta promoviendo incidente no especificado de exclusión de bienes y levantamiento de embargo (fojas 567 y 568); mismo que se resolvió por interlocutoria de veintiocho de julio de dos mil dieciocho (fojas 591 a 618, ídem). Dicha resolución se notificó al quejoso Luciano Reyo Osorio por estrados el tres de julio de dos mil dieciocho (foja 618 vuelta, ídem). Sin embargo, inconforme con la notificación que se le practicó, promovió incidente de nulidad de notificaciones, mismo que fue resuelto el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve: "[.] PRIMERO. Ha sido tramitado legalmente el Incidente de Nulidad de Notificaciones, promovido por LUCIANO REYO OSORIO, en contra de la notificación de fecha tres de julio de dos mil dieciocho. SEGUNDO. Por las razones anotadas en la parte considerativa de este fallo, se declara procedente la acción incidental ejercitada por LUCIANO REYO OSORIO, dejándose insubsistente todo lo actuado, a partir de la notificación de fecha tres de julio de dos mil dieciocho. TERCERO. En consecuencia, de lo anterior, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, se ordena a la Ciudadana Diligenciaria de este Juzgado, proceda a notificar legalmente al actor incidental, los proveídos de mérito, observando las formalidades que establecen la Ley de la materia. CUARTO. NOTIFÍQUESE [.]. (fojas 25 a 28, tomo II de pruebas) Inconforme con la resolución dictada, el ahora extinto quejoso Luciano Reyo Osorio interpuso recurso de apelación, mismo que se radicó con el toca 404/2019 del índice de la Sala Civil- Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, el cual fue resuelto el diecisiete de enero de dos mil veinte: "[.] PRIIMERO. Fue procedente el Recurso de Apelación interpuesto por Luciano Reyo Osorio. SEGUNDO. Se confirma la resolución de fecha veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Ciudadano Juez Civil del Distrito Judicial de Juárez, dentro del expediente número 856/2006, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por María Gerorgina Flores Armenta, en contra de Luciano Reyo Osorio. Notifíquese [.]". Asimismo, debe indicarse que en la parte considerativa de la misma, la autoridad responsable estableció lo siguiente: "[.] Al respecto debe decirse que de la lectura a la resolución impugnada, con valor probatorio pleno conforme al artículo 431 del Código de Procedimientos Civiles, se obtienen que en efecto, al transcribirse la notificación que se tilda de nula, erróneamente se anotó el nombre de "Yesenia Hernández Adame", cuando lo correcto era haber anotado el nombre de "Luciano Reyo Osorio"; empero, tal yerro no incide en el sentido de la resolución, pues de todos modos se decretó la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación de fecha tres de julio de dos mil dieciocho, realizada al actor incidental Luciano Reyo Osorio. No obstante, y a fin de no dejar en estado de incertidumbre al recurrente, cabe precisa que el nombre correcto de la persona notificada el día tres de julio de dos mil dieciocho, lo es el actor incidental, Luciano Reyo Osorio, y que es la persona que debió anotarse en el Considerando II, de la resolución alzada. En tales condiciones y dada la naturaleza de esta resolución, lo correcto es confirmar como en efecto de confirma la resolución impugnada de fecha veintiocho de marzo de dos mil diecinueve." (Fojas 26 a 32, tomo III de pruebas). (Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo). Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, atento al acto reclamado que se señaló en este juicio de amparo y a los antecedentes precisados con antelación, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5° y 1° fracción I de la Ley de Amparo y 107 Constitucional, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]". "Artículo 107. Las controversias de que hable el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por este Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden público. [.]". De los preceptos jurídicos transcritos se observa que la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre sí o sobre su patrimonio; el perjuicio de que se habla debe entenderse como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a fin de que ese derecho protegido por la ley, le sea reconocido o que no le sea violado, siendo precisamente esto lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. Asimismo, se estima pertinente dejar asentado que dentro del cuerpo de principios que rigen la procedencia del juicio de garantías se encuentra el llamado principio de agravio personal y directo, consagrado en la fracción I del artículo 107 Constitucional en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley fundamental, las cuales son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de agravio personal y directo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo, no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, debe decirse, que por agravio personal y directo debe entenderse la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, derivado de un acto u omisión de una autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo cuando califica de agraviado al demandante de la protección de la Justicia de la Unión. Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.T J/38K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 31, Tomo 52, Abril de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con la voz y el rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 4o. de la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio para que proceda la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, debiendo destacarse que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de una o varias de sus normas.". En ese sentido, se afirma que en el presente asunto el acto reclamado no causa afectación en la esfera de la parte quejosa, en razón de que la resolución de diecisiete de enero de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación civil 404/2019 del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, confirmó la diversa resolución interlocutoria relativa a un incidente de nulidad de notificaciones de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dentro del incidente de nulidad de notificaciones por el Juez Civil del Distrito Judicial de Juárez del Estado de Tlaxcala, derivado del juicio ejecutivo mercantil 856/2006, por la cual se declaró que la nulidad de todo lo actuado a partir de la notificación practicada al impetrante el tres de julio de dos mil dieciocho; es decir, dicha resolución incidental fue favorable a sus intereses. Dicho en otras palabras, el acto reclamado que se tilda de inconstitucional no causa algún agravio al impetrante de manera que trascienda su esfera jurídica y le genere un perjuicio personal y/o patrimonial, pues obtuvo la pretensión de declarar nulas todas las actuaciones que se practicaron a partir del tres de julio de dos mil dieciocho, en autos del juicio ejecutivo mercantil 856/2006; lo cual, fue confirmado por la responsable al dictar la resolución reclamada y como bien lo señaló en sus consideraciones, a efecto de darle seguridad jurídica al impetrante, subsanó el error en que incurrió el juez de primera instancia al citar el nombre en la notificación reclamada por el suyo, de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Tiene aplicación a lo anterior, por su idea jurídica substancial, la tesis II. 3o.C.19 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1245, del Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 1245, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tpitulo y contenido es: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI LA SENTENCIA RECLAMADA NO CAUSA AL QUEJOSO AGRAVIO ALGUNO QUE TRASCIENDA A SU ESFERA JURÍDICA. Si el quejoso obtiene sentencia favorable en primera instancia e inconforme con ella el actor apela, confirmándola la Sala en el sentido de que los agravios expuestos resultan parcialmente fundados pero inoperantes y contra esta última resolución el demandado promueve amparo directo, resulta evidente que éste es improcedente, pues de la interpretación de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y, 4o. y 73, fracción V, de la Ley de Amparo se colige que uno de los requisitos de procedencia del juicio de garantías es que el acto reclamado cause al quejoso algún agravio de manera que trascienda a su esfera jurídica generándole un perjuicio, situación que no se actualiza en el caso, pues aun cuando los agravios del actor apelante resultaron parcialmente fundados, ello no es motivo para estimar que se le hubiese causado un agravio personal y directo al demandado, pues la Sala confirmó la resolución de primera instancia absolviéndolo de las prestaciones reclamadas.". En consecuencia, como se señaló, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia. No se soslaya a lo anterior, el hecho de que en el presente juicio de amparo mediante auto de siete de octubre de dos mil veinte (foja 42) Adriana Fernández Vélez, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, informara el fallecimiento del extinto quejoso Luciano Reyo Osorio, y para acreditar dicha circunstancia exhibió el acta de defunción con número de folio A29 535625, expedida por el Registro Civil de Tlaxcala; sin embargo, debe indicarse que el sentido de la presente determinación no variaría, en atención a los argumentos expuestos en los párrafos que anteceden. Comuníquese la presente determinación a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se deja sin efectos fecha para audiencia. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las TRECE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.KAP*

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