Luciano Pantoja Hernández, apoderado legal de
Expediente 727/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Luciano Pantoja Hernández, apoderado legal de
- Emigdio de la Cruz Ortiz
Actuaciones
- Principal
Agréguese el escrito signado por Luciano Pantoja Hernández, apoderado legal de la parte quejosa Emigdio de la Cruz Ortiz; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2º, expídase a su costa la copia certificada que solicita, previa razón que de su recibo se deje en autos, la cual le será entregada al ocursante, en virtud de que no se autoriza a diversa persona para recibirla.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio con un anexo, en atención a su contenido, se tiene a la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; rindiendo su informe justificado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual forma, con fundamento en lo dispuesto en lo establecido en el artículo 9 de la ley de la materia, se tiene a la autoridad oficiante designando como delegados a las personas que indica. Asimismo, se le tiene por ofrecida la documental que anexa la autoridad oficiante consistente en las copias certificadas del expediente laboral 295/2008-B, de su índice, mismo que será relacionado en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo; documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. En atención a lo anterior, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen... De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo, en los supuestos en los que se reclamen actos dictados en ejecución de sentencia, procede únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Dicha previsión legal parte de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, al ser posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, pues de demostrarse que hubo la infracción legal y que dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas del quejoso. No obstante, conviene señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia 108/2010, al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia -previsto en la Ley de Amparo abrogada-, determinó que de manera excepcional la norma que regulaba la procedencia del amparo contra actos dictados dentro de juicio, dada su amplitud, podía aplicarse por analogía para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, en aquellos supuestos en los que existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Consecuentemente, se estima que tratándose de actos intraprocesales dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, de manera excepcional podrá determinarse la procedencia del juicio de amparo en aquellos supuestos en los que se actualice el supuesto normativo previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio constitucional resulta procedente respecto de actos dentro del juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados tanto en la Constitución Federal como en los tratados internaciones celebrados por el Estado Mexicano. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, ha sostenido que para que proceda el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta necesario que se actualicen dos condiciones: Que produzcan una afectación material a derechos sustantivos, lo que implica que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el libre ejercicio de un derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y Que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos, y no solo de naturaleza formal o adjetiva o procesal, pues en éstos la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, por lo que será en la resolución definitiva el momento en el cual se consumaran en forma efectiva. A partir de las consideraciones expuestas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, en sesión del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, determinó que en aquellos supuestos en los que un particular se duela de la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o la falta de prosecución del trámite. Lo anterior, pues sostuvo que si bien la afectación a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional, constituye uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables; lo cierto es que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Asimismo, determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. De lo anterior, concluyó que, por regla general, el criterio que debe prevalecer es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con la salvedad de que, en el supuesto que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, la demanda de amparo será procedente por excepción. Sentado lo anterior, para mejor claridad en el sentido de la presente resolución, es necesario señalar los antecedentes descritos por el quejoso de los cuales se desprende lo siguiente: El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala admitió la demanda que dio origen al juicio 295/2008. Seguido el trámite correspondiente, el diecinueve de junio de dos mil quince, el Tribunal responsable emitió el laudo en el citado expediente laboral. Posteriormente por escrito de uno de junio de dos mil dieciséis, se solicitó se iniciará el procedimiento de ejecución forzosa del laudo dictado en el juicio laboral 295/2008, del índice del referido Tribunal. De lo anterior se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional lo constituye la omisión por parte del tribunal laboral responsable en dictar las medidas necesarias a efecto de dar cumplimiento al laudo dictado el diecinueve de junio de dos mil quince, dentro del juicio laboral 295/2008 de su índice. Lo anterior permite concluir que en el caso el juicio de amparo en que se actúa es improcedente, pues el acto reclamado consiste en la omisión dentro del procedimiento de ejecución de sentencia -laudo-, que no constituye la última resolución, pues no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, así como tampoco ordena el archivo definitivo del expediente, ni aprueba el remate o la adjudicación del bien embargado. Aunado a lo anterior, el juicio de amparo en que se actúa tampoco resulta procedente conforme a los parámetros establecidos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues como ha quedado señalado, en la especie la parte quejosa reclama la omisión de la Junta responsable de pronunciarse respecto de su escrito en el que solicitó entre otras cosas, la declaración de que el laudo dictado en el procedimiento de origen ha causado ejecutoria, por lo que procede su ejecución; sin embargo, como quedó establecido, en los supuestos en los que un particular se duela de la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de omisiones autónomas al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo la falta de respuesta a una petición expresa, como en el caso, respecto de la ejecución del laudo. Por tanto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Por otra parte a mayor abundamiento tal y como se desprende del informe justificado que rinde la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa, se advierte que ha dejado de existir la omisión reclamada que dio origen al presente juicio, atento a las siguientes consideraciones: El catorce de julio del dos mil dieciséis, en atención al escrito presentado por el quejoso el uno de junio de dos mil dieciséis (en el que solicita se inicie el procedimiento de ejecución del laudo dictado en el expediente laboral de origen), la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, emitió el acuerdo correspondiente y señaló las diez horas con treinta minutos del diez de agosto de dos mil dieciséis, para que en cumplimiento a los resolutivos quinto y sexto del laudo dictado en el expediente laboral 295/2008 de su índice, se llevé a cabo la reinstalación del actor Emigdio de la Cruz Ortiz, circunstancia que se acredita con la copia certificada que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable. En ese sentido, como quedó señalado con anterioridad y para mejor comprensión del presente proveído resulta conveniente recordar que el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye la omisión por parte del tribunal laboral responsable en dictar las medidas necesarias a efecto de dar cumplimiento al laudo dictado el diecinueve de junio de dos mil quince, dentro del juicio laboral 295/2008 de su índice. Ahora, del análisis de la documental aportada por la Presidenta y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, se desprende que en el expediente laboral 295/2008 del índice del referido Tribunal, el catorce de julio de dos mil dieciséis proveyó respecto a la omisión de la que se duele la parte quejosa en el juicio de origen. Lo anterior pone de relieve que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitirse el acuerdo, tal como quedó asentado en el acta correspondiente cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone decretar el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. Bajo esa óptica, como se precisó, respecto del acto reclamado consistente en la omisión por parte del tribunal laboral responsable en dictar las medidas necesarias a efecto de dar cumplimiento al laudo dictado el diecinueve de junio de dos mil quince, dentro del juicio laboral 295/2008 de su índice, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece... De conformidad con el precepto legal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión del presente acuerdo, debe analizarse la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión por parte del tribunal laboral responsable en dictar las medidas necesarias a efecto de dar cumplimiento al laudo dictado el diecinueve de junio de dos mil quince, dentro del juicio laboral 295/2008 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, que puede vulnerar el derecho fundamental establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, que prevé...Del precepto constitucional transcrito se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que la Presidente y Representante del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, adjuntó copia certificada del acuerdo emitido el catorce de julio de dos mil dieciséis, en el que el Tribunal responsable proveyó lo conducente en el expediente laboral 295/2008. De lo anterior se concluye que los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación, pues la omisión de que se duele la parte quejosa se subsanó al emitir el acuerdo dentro del expediente laboral 295/2008, en los términos apuntados. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia referida, procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional respecto del acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS; por tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el escrito de Luciano Pantoja Hernández, en su carácter de apoderado de Emigdio de la Cruz Ortiz, dentro del juicio laboral 295/2008 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; mediante el cual da cumplimiento a la prevención decretada en proveído de veintiuno de junio del año en curso, desahogando el requerimiento solicitado. Una vez precisado lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 112, 115 y 116 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, que promueve Luciano Pantoja Hernández, en su carácter de apoderado de Emigdio de la Cruz Ortiz; en contra de los actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, lo que estima violatorio de los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Ahora, a fin de normar el procedimiento y clarificar el presente juicio de amparo, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte como acto reclamado el siguiente: De la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, la falta de cumplimiento al laudo dictado el diecinueve de junio del dos mil quince, dentro del juicio laboral 295/2008, de su índice. Sin que sea necesario ordenar la apertura del incidente de suspensión, al no haber sido solicitado. Con base en lo anterior, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, de conformidad con el artículo 117, de la ley de la materia, en el que deberá expresar la declaración precisa respecto de si es cierto o no el acto que se le reclama, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual deberá remitírsele copia de la demanda de amparo; en el entendido de que la autoridad responsable deberá acompañar copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias que apoye su informe, apercibida de que en caso de no rendirlo se presumirá cierto el acto reclamado. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y para tal efecto, expídase oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso c), de la ley de la materia. Se señalan las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS para el desahogo de la audiencia constitucional. Finalmente, por lo que respecta a los terceros interesados Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala y Departamento de Logística del Despacho del Gobernador se ordena emplazarlos mediante oficio con la inserción correspondiente del presente proveído y copia dela demanda de amparo, haciéndole saber la fecha de la audiencia constitucional y el derecho que tienen de apersonarse a juicio si a sus interés conviene.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el siete de junio del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentra glosados a este expediente documentos aportados por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de billete de depósito al no obrar éste en autos.
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