Lucila Román Herrera
Expediente 225/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Lucila Román Herrera
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, siete de junio de dos mil veintiuno. Causa estado auto que desechó la demanda Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del veinte de abril de dos mil veintiuno, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Lucila Román Herrera, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos Sin que haya lugar a requerir a la parte quejosa para la devolución de documentos originales, toda vez que los mismos no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Efectivo apercibimiento a parte quejosa Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y específicamente la certificación que antecede, se advierte que mediante auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa, a fin de que dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación de dicho proveído, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional el presente proveído, así como el diverso de veinte de abril de dos mil veintiuno y las subsecuentes notificaciones, aún aquellas que sean de carácter personal. Notifíquese a la parte quejosa en los términos indicados -por lista el presente proveído y el diverso de veinte de abril de dos mil veintiuno-. Ratifica escrito de demanda Agréguese a los autos el escrito de la quejosa Lucila Román Herrera, firmado a su ruego y encargo por Avelina Ordoñez Román, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, y al efecto bajo protesta de decir verdad ratifica la huella dactilar estampada en su escrito de demanda; en consecuencia, visto de nueva cuenta el escrito de demanda de amparo, se provee: Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En ese sentido, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el toca de queja 226/2020, que confirmó la diversa de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el recurso de queja hecho valer por la aquí quejosa, el cual a su vez fue interpuesto, contra la resolución en la que no se le reconocieron derechos hereditarios, dejándole a salvo sus derechos, lo anterior dentro del expediente 264/2014, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes de Jacoba Hernández López y/o Jacoba Herrera; se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El dispositivo legal transcrito, establece la improcedencia del juicio de amparo en el supuesto en que la legislación ordinaria, conceda algún recurso o medio de impugnación dentro del procedimiento, por el que se pueda modificar, revocar o anular dicho acto, exceptuándose de ese supuesto los casos en que éste importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Asimismo, cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Lo anterior es así, en virtud que el juicio de amparo es un medio de regularidad constitucional que procede contra actos definitivos, es decir, aquellos contra los cuales no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que de ser procedente, se haya hecho valer oportunamente y lo resuelto en ellos, constituya el acto reclamado de no haberse obtenido la reparación solicitada. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debió previamente a su promoción acudir a las instancias que pudieran producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En ese tenor, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, tienen la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Bajo esa óptica, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, conforme al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, la parte quejosa de manera previa a acudir al juicio constitucional debió interponer el Juicio Especial de Oposición contra la resolución que reclama y, de esa manera, estar en posibilidad de que se le reparara el menoscabo que dice le fue causado por la autoridad responsable. Ello es así, toda vez que la parte quejosa reclama la resolución que confirma la dictada en el recurso de queja interpuesto contra la diversa en la que no se le reconocieron derechos hereditarios. Para mejor comprensión en el sentido de la presente determinación, se estima oportuno señalar los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró la parte quejosa, siendo los siguientes: La promovente se apersonó el dos de agosto de dos mil dieciséis al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de Jacoba Herrera López y/o Jacoba Herrera, radicado con el número 264/2019 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Seguido el trámite respectivo, en la celebración de la primera junta de herederos y nombramiento de albacea provisional, no se le reconocieron derechos a la quejosa ni a la diversa persona Altagracia Herrera Hernández; Posteriormente, el diez de junio de dos mil diecinueve se dictó la resolución relativa a la segunda junta de herederos y nombramiento de albacea definitivo, en donde se reconocieron derechos definitivos de la sucesión a Altagracia Herrera Hernández y/o Altagracia Herrera H y/o Altagracia Herrera, no así a la quejosa. Contra la anterior determinación la quejosa promovió recurso de revocación, el cual fue declarado improcedente a través de resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, confirmando la resolución impugnada. Inconforme con la resolución señalada en el punto que antecede, la parte quejosa interpuso recurso de queja (toca 226/2020), en la que el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, confirmó la resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, residente en Ciudad Judicial, Apizaco, Tlaxcala. De lo expuesto se obtiene que la inconforme, controvirtió, tanto en el recurso de revocación, como en el de queja, la calidad de heredera y el nombramiento de albacea definitiva a favor de Altagracia Herrera Hernández y/o Altagracia Herrera, basada en el la acreditación insuficiente del entroncamiento de esta última. Así, para corroborar que la resolución reclamada se puede combatir con el Juicio Especial de Oposición, se debe atender a lo dispuesto en los artículos 1194, 1195, 1202, 1205, 1206, 1207 y 1212, todos del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, los cuales, en lo que interesa disponen: "Artículo 1194. Si se impugnare la validez del testamento o la capacidad legal de algún heredero o legatario, se substanciará el juicio correspondiente con el albacea, sin que por dicho juicio se suspendan el inventario ni el avalúo de los bienes. Artículo 1195. Cuando por promoción de parte legítima o por denuncia, llegue a noticia del Juez que alguno ha muerto intestado, tendrá por radicado el juicio, y lo hará saber al Ministerio Público. Artículo 1202. Sin perjuicio de las diligencias que previenen los artículos anteriores, el Juez, en el auto de radicación del intestado, mandará publicar tres edictos, dentro del término de treinta días, en los lugares que establece el artículo 1193, en el Periódico Oficial y en otro de los que tengan más circulación, convocando a quienes se crean con derecho a la herencia para que comparezcan a deducirlo dentro del término de treinta días. Artículo 1203. El término a que se refiere el artículo anterior se contará desde la fecha de publicación del último edicto. Artículo 1204. Mientras se hace la declaración de herederos, el Ministerio Público tendrá obligación de promover cuanto fuere conducente a la seguridad, conservación y fomento de los bienes y el Juez lo apremiará para tal efecto, en caso necesario. Artículo 1205. Las personas que se presenten en virtud de la convocatoria justificarán su parentesco en la forma legal, dentro de un término que les señale para el efecto, el cual no pasará de cuarenta días, contados desde la notificación del auto que señale el término. Artículo 1206. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, o antes si las pruebas ofrecidas se rindieron ya, el Juez citará a los interesados, a una junta, que se celebrará dentro de los cinco días siguientes, en la que discutirán su derecho a la herencia. Artículo 1207. Si quedaren conformes y oído el parecer del Ministerio Público, el Juez hará la declaración de herederos en la forma que previene el artículo 1200, y se procederá a la elección o nombramiento de albacea definitivo, de la manera prevenida en las disposiciones allí citadas. Artículo 1212. Si el Ministerio Público o cualquier pretendiente se oponen a la declaración de herederos o alegan incapacidad de alguno de ellos, se sustanciará en el juicio correspondiente el pleito a que la oposición diere lugar, conforme al artículo 1194." De los anteriores numerales se desprende que podrán presentarse, al juicio sucesorio intestamentario, las personas que se crean con derecho a la herencia, quienes exhibirán las pruebas que acrediten su parentesco con el autor de la sucesión, para que en una junta se discuta sobre su derecho a heredar, en la que además se hará la declaratoria de herederos y la elección del albacea definitivo. Asimismo, el artículo 1212 del ordenamiento invocado, establece que cualquier pretendiente puede oponerse a aquélla declaración de herederos, a través del juicio especial de oposición. En ese contexto, el código procesal civil para esta entidad federativa, prevé expresamente un medio defensa dentro del procedimiento sucesorio intestamentario, por medio del cual, quien haya comparecido al juicio sucesorio y pretenda ser declarado con derechos sobre la sucesión, puede impugnar la declaración de herederos a través del juicio especial de oposición, con el que evidentemente se puede modificar, revocar o nulificar aquélla determinación. Por consiguiente, si la parte quejosa tuvo a su alcance el medio de impugnación capaz de modificar o nulificar la mencionada resolución, y no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad rector en esta materia; y, por ende, se actualiza la aludida causal de improcedencia. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXVIII.1o.3 C (10a.), Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable en el Libro 56, Tomo II, correspondiente a Julio de 2018, página 1506, de rubro y texto siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A LA SEGUNDA JUNTA DE HEREDEROS, DEBE IMPUGNARSE EN EL JUICIO ESPECIAL DE OPOSICIÓN ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA). De acuerdo con los artículos 1195, 1202, 1205, 1206 y 1207 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, podrán presentarse al juicio sucesorio intestamentario, las personas que se crean con derecho a la herencia, quienes exhibirán las pruebas que acrediten su parentesco con el autor de la sucesión, para que en una junta se discuta sobre su derecho a heredar en la que, además, se hará la declaratoria de herederos y la elección del albacea definitivo; de ahí que la acción sucesoria únicamente opera mediante la comprobación de las relaciones de parentesco habidas con el autor de la herencia, es decir, persigue solamente una cuestión declarativa; sin embargo, si dentro de los juicios sucesorios se impugna el derecho de alguno de los declarados herederos, surge entonces una controversia entre las partes en conflicto que sólo puede resolverse por medio del juicio especial de oposición contra el albacea, previsto en el artículo 1212 del propio código; por tanto, la resolución recaída a la segunda junta de herederos, debe impugnarse mediante el juicio especial de oposición, ya que dicho medio de defensa tiene como finalidad modificar, revocar o nulificar la declaratoria de herederos, y debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, de lo contrario, este último resultaría improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO OCTAVO CIRCUITO. En esta tesitura, era menester que antes de acudir al juicio de amparo indirecto se agotara el juicio especial de oposición, contra el acto que aquí reclama. Sin que en la especie se esté ante alguna excepción al referido principio de definitividad, pues como de autos se desprende, la peticionaria del amparo es parte en el procedimiento de origen; además, la resolución reclamada, no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o cualquier otro acto de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional, ni se da tampoco ninguna excepción jurisprudencial, por tanto, se insiste que la parte quejosa, a todas luces, estaba obligada a agotar el principio de definitividad en comento. Apoya lo considerado, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/260 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página: 1816, de texto y rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." En similares términos se pronunció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en sesión celebrada el once de abril de dos mil diecinueve, al resolver el recurso de queja civil 202/2018, de su índice derivado del juicio de amparo 1044/2018, de la estadística de este juzgado federal. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en sentido contrario, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Lucila Román Herrera.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de abril de dos mil veintiuno. Autoridad solicita. Agréguese a los autos el oficio signado por la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; por medio del cual solicita la devolución del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Indemnizatoria 08/2018 de su índice, mismo que remitió junto a su informe justificado. Se ordena devolución de documental. En consecuencia, devuélvase a la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Indemnizatoria 08/2018 de su índice, así como copias certificadas del recurso de revocación 50/2019, (las cuales obran por separado en dos tomos de pruebas), solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Jorge Vallejo Rivera, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, nueve de abril de dos mil veintiuno. Parte quejosa señala correo y solicita consulta de expediente electrónico. Agréguese el escrito signado electrónicamente por Edgar Ángel Hernández, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso ********************atento a su contenido, en primer término dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de tres de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se le indicó que el correo electrónico que proporciona edgangel83@gmail.com, únicamente sería tomado en cuenta para entablar comunicaciones no procesales en el presente juicio de amparo, no así para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, en relación a su petición de autorizar la consulta del expediente electrónico a efecto de que se imponga de los autos que lo conforman, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que en términos del artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, el otorgamiento de accesos a los expedientes electrónicos se realizará a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y la captura de los datos de las partes en el seguimiento de los expedientes; sin embargo, el promovente no proporciona algún usuario a efecto de autorizar el acceso al expediente electrónico, lo cual imposibilita la autorización que solicita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar, Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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