Lorenzo Santes Gómez
Expediente 601/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 601/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Lorenzo Santes Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
Vista; la razón del actuario judicial adscrito, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la tercera interesada Pilar García Olarte, el proveído de seis de abril del año en curso, debido a que en el domicilio que señaló no reciben notificación de la citada tercero interesada, no conocen a sus autorizados, ni llevan asuntos de dicha parte; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto...AUTO DE SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010089 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 63/2015 (10a.) Página: 1487 RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos. Mediante sentencia pronunciada el tres de agosto de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Lorenzo Santes Gómez, Pedro Dorado Miranda y Jorge Alfredo San Juan Santiago, para el efecto que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución dictada el dos de octubre de dos mil diecinueve, en el proceso penal 859/2017; y en su lugar, b) Reitere lo que no fue materia de la presente resolución, esto es, lo relativo al auto de formal prisión dictado en contra de Eustolia Pérez Ramírez, Pedro Dorado Rubio y Segundo Garrido Cabrera; y, c) Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, en relación con los aquí quejosos Lorenzo Santes Gómez, Pedro Dorado Miranda y Jorge Alfredo San Juan Santiago. En proveído de tres de septiembre de dos mil veinte causó ejecutoria la sentencia, por lo que en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; requerimiento que se reiteró mediante autos de veinticinco de noviembre y diez de diciembre de dos mil veinte. Asimismo, en acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte se le concedió una prórroga de diez días a la autoridad responsable para que estuviera en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 1950/2020, remitido por la secretaria Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero de Primera Instancia con residencia en esta ciudad, a través del cual informó y remitió las constancias con las que pretende acreditar el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, sin que hubieran hecho uso de ese derecho. En esas circunstancias, analizado el actuar de la autoridad responsable conforme a las constancias remitidas, a la luz de los parámetros contenidos en la sentencia de amparo, se observa que realizó lo siguiente: a) Mediante oficio 1386 de quince de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la resolución dictada el dos de octubre de dos mil diecinueve, en el proceso penal 859/2017, turnándose los autos para dictar la resolución correspondiente. b) A través del oficio 1950/2020-VII, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, en el proceso penal 859/2017, de la que se desprende que reiteró lo que no fue materia de la concesión de amparo; esto es, reiteró en sus términos el auto de formal prisión de dos de octubre de dos mil diecinueve en lo relativo al auto de formal prisión dictado en contra de Eustolia Pérez Ramírez, Pedro Dorado Rubio y Segundo Garrido Cabrera. c) Finalmente, en plenitud de jurisdicción, dictó nuevamente auto de formal prisión en contra de los quejosos Lorenzo Santes Gómez, Pedro Dorado Miranda y Jorge Alfredo San Juan Santiago, en los que purgó los vicios formales destacados en la ejecutoria de amparo, a saber: I. Por lo que ve al cuerpo del delito de asalto, la autoridad responsable expresó los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales consideró que los medios de prueba del sumario acreditaron todos y cada uno de los elementos del cuerpo del ilícito de asalto. II. Por cuanto hace al cuerpo del delito de secuestro agravado, la autoridad responsable expresó las operaciones lógicas que empleó al valorar el material probatorio expuesto por la representación social, por el que consideró actualizados los elementos del cuerpo del antisocial referido. III. En relación a la probable responsabilidad de los procesados, estableció en qué consistió y cómo se desarrolló la conducta en específico que fue desplegada por cada uno de los ahora quejosos, que hace presumible su responsabilidad y participación en la comisión de los citados delitos, así como las pruebas que lo acreditan. De este modo, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos. Tales lineamientos se obtienen de las jurisprudencias y tesis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." "Época: Décima Época Registro: 2008030 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Página: 605 RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubiera omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por lo que, este órgano jurisdiccional estima que por cuanto hace a los efectos de la concesión del amparo, éstos fueron acatados debidamente, como se expuso en líneas anteriores. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa y tercera interesa el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
(CITATORIO) NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010089 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 63/2015 (10a.) Página: 1487 RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos. Mediante sentencia pronunciada el tres de agosto de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Lorenzo Santes Gómez, Pedro Dorado Miranda y Jorge Alfredo San Juan Santiago, para el efecto que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución dictada el dos de octubre de dos mil diecinueve, en el proceso penal 859/2017; y en su lugar, b) Reitere lo que no fue materia de la presente resolución, esto es, lo relativo al auto de formal prisión dictado en contra de Eustolia Pérez Ramírez, Pedro Dorado Rubio y Segundo Garrido Cabrera; y, c) Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, en relación con los aquí quejosos Lorenzo Santes Gómez, Pedro Dorado Miranda y Jorge Alfredo San Juan Santiago. En proveído de tres de septiembre de dos mil veinte causó ejecutoria la sentencia, por lo que en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; requerimiento que se reiteró mediante autos de veinticinco de noviembre y diez de diciembre de dos mil veinte. Asimismo, en acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte se le concedió una prórroga de diez días a la autoridad responsable para que estuviera en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 1950/2020, remitido por la secretaria Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero de Primera Instancia con residencia en esta ciudad, a través del cual informó y remitió las constancias con las que pretende acreditar el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, sin que hubieran hecho uso de ese derecho. En esas circunstancias, analizado el actuar de la autoridad responsable conforme a las constancias remitidas, a la luz de los parámetros contenidos en la sentencia de amparo, se observa que realizó lo siguiente: a) Mediante oficio 1386 de quince de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la resolución dictada el dos de octubre de dos mil diecinueve, en el proceso penal 859/2017, turnándose los autos para dictar la resolución correspondiente. b) A través del oficio 1950/2020-VII, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, en el proceso penal 859/2017, de la que se desprende que reiteró lo que no fue materia de la concesión de amparo; esto es, reiteró en sus términos el auto de formal prisión de dos de octubre de dos mil diecinueve en lo relativo al auto de formal prisión dictado en contra de Eustolia Pérez Ramírez, Pedro Dorado Rubio y Segundo Garrido Cabrera. c) Finalmente, en plenitud de jurisdicción, dictó nuevamente auto de formal prisión en contra de los quejosos Lorenzo Santes Gómez, Pedro Dorado Miranda y Jorge Alfredo San Juan Santiago, en los que purgó los vicios formales destacados en la ejecutoria de amparo, a saber: I. Por lo que ve al cuerpo del delito de asalto, la autoridad responsable expresó los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales consideró que los medios de prueba del sumario acreditaron todos y cada uno de los elementos del cuerpo del ilícito de asalto. II. Por cuanto hace al cuerpo del delito de secuestro agravado, la autoridad responsable expresó las operaciones lógicas que empleó al valorar el material probatorio expuesto por la representación social, por el que consideró actualizados los elementos del cuerpo del antisocial referido. III. En relación a la probable responsabilidad de los procesados, estableció en qué consistió y cómo se desarrolló la conducta en específico que fue desplegada por cada uno de los ahora quejosos, que hace presumible su responsabilidad y participación en la comisión de los citados delitos, así como las pruebas que lo acreditan. De este modo, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos. Tales lineamientos se obtienen de las jurisprudencias y tesis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." "Época: Décima Época Registro: 2008030 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Página: 605 RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubiera omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por lo que, este órgano jurisdiccional estima que por cuanto hace a los efectos de la concesión del amparo, éstos fueron acatados debidamente, como se expuso en líneas anteriores. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa y tercera interesa el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a seis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2010089 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 63/2015 (10a.) Página: 1487 RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos. Mediante sentencia pronunciada el tres de agosto de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los quejosos Lorenzo Santes Gómez, Pedro Dorado Miranda y Jorge Alfredo San Juan Santiago, para el efecto que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución dictada el dos de octubre de dos mil diecinueve, en el proceso penal 859/2017; y en su lugar, b) Reitere lo que no fue materia de la presente resolución, esto es, lo relativo al auto de formal prisión dictado en contra de Eustolia Pérez Ramírez, Pedro Dorado Rubio y Segundo Garrido Cabrera; y, c) Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, en relación con los aquí quejosos Lorenzo Santes Gómez, Pedro Dorado Miranda y Jorge Alfredo San Juan Santiago. En proveído de tres de septiembre de dos mil veinte causó ejecutoria la sentencia, por lo que en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; requerimiento que se reiteró mediante autos de veinticinco de noviembre y diez de diciembre de dos mil veinte. Asimismo, en acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil veinte se le concedió una prórroga de diez días a la autoridad responsable para que estuviera en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 1950/2020, remitido por la secretaria Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero de Primera Instancia con residencia en esta ciudad, a través del cual informó y remitió las constancias con las que pretende acreditar el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, sin que hubieran hecho uso de ese derecho. En esas circunstancias, analizado el actuar de la autoridad responsable conforme a las constancias remitidas, a la luz de los parámetros contenidos en la sentencia de amparo, se observa que realizó lo siguiente: a) Mediante oficio 1386 de quince de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable informó que dejó insubsistente la resolución dictada el dos de octubre de dos mil diecinueve, en el proceso penal 859/2017, turnándose los autos para dictar la resolución correspondiente. b) A través del oficio 1950/2020-VII, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, en el proceso penal 859/2017, de la que se desprende que reiteró lo que no fue materia de la concesión de amparo; esto es, reiteró en sus términos el auto de formal prisión de dos de octubre de dos mil diecinueve en lo relativo al auto de formal prisión dictado en contra de Eustolia Pérez Ramírez, Pedro Dorado Rubio y Segundo Garrido Cabrera. c) Finalmente, en plenitud de jurisdicción, dictó nuevamente auto de formal prisión en contra de los quejosos Lorenzo Santes Gómez, Pedro Dorado Miranda y Jorge Alfredo San Juan Santiago, en los que purgó los vicios formales destacados en la ejecutoria de amparo, a saber: I. Por lo que ve al cuerpo del delito de asalto, la autoridad responsable expresó los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales consideró que los medios de prueba del sumario acreditaron todos y cada uno de los elementos del cuerpo del ilícito de asalto. II. Por cuanto hace al cuerpo del delito de secuestro agravado, la autoridad responsable expresó las operaciones lógicas que empleó al valorar el material probatorio expuesto por la representación social, por el que consideró actualizados los elementos del cuerpo del antisocial referido. III. En relación a la probable responsabilidad de los procesados, estableció en qué consistió y cómo se desarrolló la conducta en específico que fue desplegada por cada uno de los ahora quejosos, que hace presumible su responsabilidad y participación en la comisión de los citados delitos, así como las pruebas que lo acreditan. De este modo, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos. Tales lineamientos se obtienen de las jurisprudencias y tesis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." "Época: Décima Época Registro: 2008030 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Página: 605 RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubiera omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por lo que, este órgano jurisdiccional estima que por cuanto hace a los efectos de la concesión del amparo, éstos fueron acatados debidamente, como se expuso en líneas anteriores. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa y tercera interesa el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
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