Luciana García Valeriano

Expediente 292/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
292/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
27/11/2019

Partes del expediente

  • Luciana García Valeriano
  • MAGISTRADO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO No. 41, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito signado por Víctor Miranda Cortez, autorizado de la parte tercero interesada; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídansele las copias certificadas que refiere, previa razón que obre para constancia legal, en la inteligencia de que es a su costa su reproducción.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio Juzgado de Distrito que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como, la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Por tanto, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente, archívese este asunto como totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en las hipótesis previstas en la fracción III, primer párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, se ordena glosar el original y duplicado del incidente de suspensión en un tomo por separado al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como en los cuadernos incidentales, respectivos. Por otro lado, dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado federal las constancias deducidas del juicio agrario número 714/2015, que en copia certificada remitió el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41, con sede en esta ciudad, como apoyo a su informe justificado rendido en autos; en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Por otra parte, de autos se aprecia que la quejosa allegó al sumario diversas documentales; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo dentro del plazo indicado serán destruidas junto con el expediente. Finalmente, mediante proveído de seis de junio del año actual, se ordenó formar cuaderno de antecedentes en virtud que el presente asunto se encontraba pendiente de dictar la sentencia correspondiente, y como ello ya aconteció, agréguense dicho cuaderno al expediente en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, QUE DICE: "Visto el estado que guardan los autos, así como, la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Por tanto, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente, archívese este asunto como totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en las hipótesis previstas en la fracción III, primer párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, se ordena glosar el original y duplicado del incidente de suspensión en un tomo por separado al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como en los cuadernos incidentales, respectivos. Por otro lado, dado que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado federal las constancias deducidas del juicio agrario número 714/2015, que en copia certificada remitió el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 41, con sede en esta ciudad, como apoyo a su informe justificado rendido en autos; en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Por otra parte, de autos se aprecia que la quejosa allegó al sumario diversas documentales; en tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo dentro del plazo indicado serán destruidas junto con el expediente. Finalmente, mediante proveído de seis de junio del año actual, se ordenó formar cuaderno de antecedentes en virtud que el presente asunto se encontraba pendiente de dictar la sentencia correspondiente, y como ello ya aconteció, agréguense dicho cuaderno al expediente en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 292/2018. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido en esa fecha por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, la quejosa (1) Luciana García Valeriano presentó demanda de amparo contra las autoridades y por el acto que enseguida se mencionan. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41. 2. Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41. Residentes en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "A) De la autoridad responsable ordenadora reclamo la orden de desocupación y entrega del predio que tengo en posesión, por falta de omisión en donde la suscrita nunca fue emplazada a juicio agrario en el expediente 714/2015 radicado en el Tribunal Agrario Distrito 41 de Acapulco, Gro., y de todo lo actuado dentro del juicio agrario antes mencionado. B).- De la autoridad responsable ejecutora fue el actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41 en Acapulco, Gro, reclamo la ejecución del acto reclamado consistente en la ejecución del acto reclamado consistente en que se retire el material con que se encontraba encerrado el terreno que la suscrita ha venido poseyendo por más de 30 años y que no tenía conocimiento del acta de ejecución de día 6 de marzo del año 2018 porque nunca fui llamada a juicio en el expediente 714/2015. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, se registró la demanda en el libro de gobierno respectivo con el número 292/2018 y se admitió a trámite la misma, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En acuerdo de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se ordenó notificar a la parte tercero interesada el inicio de este juicio; y, después de un diferimiento, la audiencia constitucional tuvo verificativo el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio agrario en el que la parte quejosa se ostenta como tercero extraña, con ejecución material en la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, una vez realizado el análisis integral de la demanda en confrontación con las actuaciones del juicio natural, se precisa que (1) Luciana García Valeriano reclama la orden de desposesión de una fracción de terreno ejidal con una superficie de 722.679 metros cuadrados ubicado frente a su casa habitación, -cuya posesión defiende- que tuvo lugar el seis de marzo de dos mil dieciocho, derivada de la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio agrario número 714/2015, promovido por el (2) Comisariado ejidal de Piedra Parada, municipio de San Marcos, Guerrero, en contra de (3) Pedro Rendón Sánchez, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, con sede en esta ciudad, al cual se ostenta como tercera extraña a juicio, en virtud de que aduce no se le notificó del inicio del citado juicio agrario. TERCERO. Oportunidad. La promoción del juicio se estima oportuna, ya que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el seis de marzo de dos mil dieciocho; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió del siete de marzo al tres de abril de dos mil dieciocho, descontándose los días diez, once, del diecisiete al diecinueve, veinticuatro, veinticinco, del veintiocho al treinta y uno de marzo, y uno de abril del año en curso, por ser días inhábiles, y el veintiuno de marzo además por haber sido inhábil pero laborable. De ahí que, si la demanda fue presentada el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, y al Actuario adscrito a dicho Tribunal, residentes en esta ciudad, por así manifestarlo al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 41 a 46); lo que además se corrobora con las constancias que integran el juicio agrario 714/2015, que en copia certificada allegó el Magistrado responsable, las cuales conformaron el tomo I de pruebas, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por remisión expresa de su artículo 2. QUINTO. Actualización de una causal de improcedencia. Establecido lo anterior, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgador considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5 ambos de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente. Para arribar a tal determinación, debe tenerse presente el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º, de su Ley Reglamentaria, que en su orden, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". Las citadas disposiciones conforman el interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causal de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Dicho precepto en lo que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" Así, tratándose de actos emanados de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés jurídico aludido reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, a cuya transgresión por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para ocurrir ante el órgano de control constitucional a demandar el cese de esa violación. Luego, para demostrar la afectación a la esfera jurídica de un gobernado, se requiere que acredite plenamente el interés jurídico que le asiste para el ejercicio de la acción constitucional, y no inferirse con base en presunciones, ya que corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para demostrar la existencia del derecho que manifiesta se le transgrede con la actuación de las autoridades señaladas como responsables. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, octubre de 1994, página 17, con el rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.-En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Ahora bien, si en el caso la parte quejosa se ostenta como tercero extraño al juicio agrario 714/2015, tramitado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, calidad que ciertamente le reviste en tanto que de las constancias relativas al citado proceso no figura como parte procesal, es decir, como actor o demandado, pues como se dijo con antelación, dicha instancia fue promovida por el (2) Comisariado ejidal de Piedra Parada, municipio de San Marcos, Guerrero, en contra de (3) Pedro Rendón Sánchez, para que demuestre tener un interés jurídico susceptible de ser protegido en esta instancia constitucional respecto del bien inmueble que defiende, debe demostrar la titularidad del derecho de posesión sobre el mismo, que aduce fue afectado con lo resuelto en dicha contienda natural, con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas, que generen en su favor el derecho de posesión ya sea en forma originaria o derivada, contenido en un documento de fecha cierta, de manera que la parte quejosa tengan una base objetiva que fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer ese bien, esto es la causa generadora de la posesión, ya que la simple tenencia material de la cosa, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, y acreditar además la afectación a su esfera jurídica con la emisión del acto reclamado y su ejecución. Así las cosas, como se indicó la parte quejosa reclama la orden de desposesión de una fracción de terreno ejidal con una superficie de 722.679 metros cuadrados ubicado frente a su casa habitación, que tuvo lugar el seis de marzo de dos mil dieciocho, derivada de la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio agrario número 714/2015, promovido por el (2) Comisariado ejidal de Piedra Parada, municipio de San Marcos, Guerrero, en contra de su esposo (3) Pedro Rendón Sánchez, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 41, con sede en esta ciudad, al cual se ostenta como tercera extraña a juicio; y funda su derecho para acudir ante esta instancia constitucional, en la "posesión" que refiere tener de dicho terreno por más de treinta años, junto con su esposo (3) Pedro Rendón Sánchez, quien es ejidatario de la comunidad de Piedra Parada del Municipio de San Marcos, Guerrero. En ese sentido, la parte quejosa para acreditar la posesión del terreno ejidal afectado en el juicio natural, ofreció como pruebas las siguientes: a) Copia fotostática del acta de ejecución de sentencia de seis de marzo de dos mil dieciocho, levantada por el Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 41, con sede en esta ciudad, ordenada en el juicio agrario número 714/2015. b) Copia fotostática del plano cromático informativo de ejecución. c) Copia certificada del acta de matrimonio con número de folio 27386 de trece de abril de dos mil cinco. d) Copia fotostática del certificado parcelario número 00000015156 expedida en favor de Pedro Rendón Sánchez, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. e) Copia fotostática de la constancia de empadronamiento del Padrón Nacional Campesino a nombre de Pedro Rendón Sánchez. f) Dos recibos originales de la Comisión Federal de Electricidad, a nombre de (3) Pedro Rendon Sáchez, con domicilio conocido en Piedra Parada, Guerrero, expedidos el seis de junio de mil novecientos ochenta y seis y veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. g) La testimonial con cargo a José Fernando Rendón García y Humberto Rendón Sánchez. Sin embargo, los referidos medios de convicción no resultan idóneos para acreditar su interés jurídico en la presente acción constitucional, en razón de que no constituyen un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer la fracción de terreno ejidal que en esta vía defiende; esto es, la causa generadora de la posesión, contenida en un documento de fecha cierta. Lo anterior, se estima así, porque las documentales precisadas en los incisos a) y b), adminiculadas con las copias certificadas remitidas por el Tribunal Agrario responsable como justificación a su informe, valoradas en el considerando cuarto, sólo acreditan la existencia del acto reclamado consistente en la ejecución de la sentencia dictada en el juicio agrario número 714/2015, en la cual se condenó al demandado (3) Pedro Rendón Sánchez, a la desocupación y entrega material del terreno ejidal materia del citado juicio en favor del núcleo agrario Piedra Parada, Municipio de San Marcos, Guerrero, y que tuvo lugar el seis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 145 a 175 del tomo I de pruebas), así como el plano cromático informativo de ejecución, elaborado por el ingeniero José Manuel Gómez agregado a dicha diligencia (fojas 245 a 253). Por su parte, la prueba mencionada en el inciso c), no obstante que cuenta con valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sólo acredita que la aquí quejosa se encuentra casada con el demandado en el juicio natural (3) Pedro Rendón Sánchez, desde el diecinueve de septiembre de mil novecientos setenta y uno; mientras que las relacionadas en los incisos d) y e), las cuales además de que se exhibieron en copia fotostática simple, sin que hayan sido materia de perfeccionamiento, porque para apoyar su autenticidad o su contenido, no se ofreció prueba alguna durante la secuela procesal del juicio de amparo, sólo constituyen un indicio de que (3) Pedro Rendón Sánchez, esposo de la quejosa, tiene la calidad de ejidatario de la comunidad de Piedra Parada del Municipio de San Marcos, Guerrero. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 21/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 213, del tomo VII, abril de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso". También es aplicable la jurisprudencia número 32/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 127, del tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO.- La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles". Ahora, por lo que respecta a las documentales precisadas en el inciso f), si bien, atento a lo que dispone el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así contemplarlo su numeral 2º, podrían considerarse indicios, que demuestran la verdad de su contenido, en tanto que no fueron objetados por las autoridades responsables ni por el tercero interesado, por sí solos, sin adminicularse con otros medios de convicción, no son aptos para acreditar la posesión en que la impetrante soporta su pretensión, dado que no exhibió un título sustentado en alguna figura jurídica que les dote de regularidad. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia número VI.2o. J/190, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, localizable en la página 63, del tomo 53, Mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que a la letra expone: "POSESIÓN. RECIBOS DE SERVICIOS QUE NO LA PRUEBAN.- Los recibos de consumo de energía eléctrica, servicio de agua potable, y el contrato con la comisión municipal de agua potable y alcantarillado, únicamente justifican haber pagado tales servicios en los meses a que tales documentos se refieren; pero de ellos no se infiere que quien los presenta a juicio haya poseído el inmueble a que aquellos se refieren". Finalmente, con la testimonial con cargo a José Fernando Rendón García y Humberto Rendón Sánchez, desahogada en la audiencia constitucional que tuvo verificativo el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la cual se valora en términos del artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sólo se demuestra que la parte quejosa tiene la posesión de la fracción de terreno ejidal que en esta vía defiende desde hace más de treinta años, mas no la causa generadora de la posesión de la misma; máxime que del estudio de las preguntas formuladas a los testigos propuestos, no se advierte que exista alguna relacionada con la causa generadora de la posesión, ni mucho menos que hayan declarado en relación a si éste tiene algún derecho sobre la fracción de terreno ejidal que en esta vía defiende. No pasa inadvertido que la quejosa como cónyuge del demandado quien refiere tiene la calidad de ejidatario de la comunidad de Piedra Parada del Municipio de San Marcos, Guerrero, al amparo de la copia simple del certificado parcelario número 00000015156 expedida en favor de Pedro Rendón Sánchez, de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, hace derivar también su derecho de tal condición; sin embargo, como cónyuge de un ejidatario no se encuentra dentro de los sujetos que forman parte dentro de la clase ejidal, en razón de que los derechos como ejidatarios no forman parte de la sociedad conyugal sino que derivan de su calidad de ejidatario. En las relacionadas condiciones, como la quejosa no demostró con alguna prueba fehaciente la causa generadora por virtud de la cual posee la fracción de terreno ejidal que por esta vía defiende, debe concluirse que la orden de desposesión y su ejecución reclamada derivada de la sentencia definitiva dictada el seis de marzo de dos mil diecisiete, en el juicio agrario 714/2015, no afecta en forma directa algún derecho legítimamente tutelado en su favor, esto es, para que la quejosa acredite su interés jurídico, no es suficiente que el acto reclamado le perjudique materialmente, sino que es menester que esté relacionado con alguna causa o prerrogativa protegida por la ley, tangible en forma directa y fehaciente; lo que en todo caso coloca a la posesión que detenta fuera del marco de protección constitucional. Esto, ya que en casos concretos como el que se analiza, no se deduce de la sola manifestación que en ese sentido haga quien se dice titular de él, sino que se requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, los cuales deberán ser reconocidos por el propio sistema jurídico. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia número 25/2005, sustentada por la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, del tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguiente: "POSESIÓN DE PARCELAS EJIDALES Y COMUNALES. EN LOS CONFLICTOS RELATIVOS, EL TRIBUNAL AGRARIO DEBE EXAMINAR SU CAUSA GENERADORA, CUANDO LAS PARTES NO TENGAN TÍTULO AGRARIO QUE AMPARE LOS DERECHOS SOBRE LAS TIERRAS EN DISPUTA. De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la protección de los derechos sobre las parcelas ejidales y comunales, entre ellos, la posesión, está condicionada al cumplimiento de los requisitos para poder adquirir la calidad de ejidatario o comunero. Por tanto, tratándose de conflictos sobre posesión y goce de una parcela ejidal o comunal, en que las partes no acreditan la titularidad formal de los derechos de uso y disfrute respectivos (asignación formal por parte del órgano supremo del núcleo de población o transmisión de derechos debidamente formalizada), el Tribunal Agrario debe examinar la causa generadora de la posesión, es decir, la existencia de título suficiente para dar derecho a poseer, lo cual puede acreditarse únicamente por los sujetos aptos para ser ejidatarios o comuneros. Por ende, no basta que dicho Tribunal decida sobre el mejor derecho a la posesión observando sólo el disfrute fáctico de las parcelas ejidales o comunales en un momento determinado, sino que es preciso acudir al análisis del mejor derecho de posesión atendiendo a su causa generadora, lo cual es acorde con los artículos 14, segundo párrafo y 17, primer párrafo, de la Constitución Federal, pues así se impide la violación injustificada del derecho de posesión de otros, al mismo tiempo que se cumple con el mandato consistente en que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho." Asimismo, no basta que exista el acto reclamado para que prospere el presente juicio, sino que es menester que el peticionario acredite que afecta su esfera jurídica de derechos subjetivos. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I. 1o. A. J/3, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, tomo III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea viola torio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción 1, reglamentada por el artículo 40. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 340, publicada en la página 288, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, establecida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente señala: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo 292/2018, promovido por (1) Luciana García Valeriano, por los motivos expuestos en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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