Luciano Flores Flores
Expediente 352/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Luciano Flores Flores
Actuaciones
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE veinticinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, dado que la parte quejosa exhibió una documental con su escrito de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General 1/2009, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerla, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicha documental será destruida junto con el expediente. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE cinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por LUCIANO FLORES FLORES, por su propio derecho, contra actos de la Coordinación General de Protección Civil y Bomberos en Acapulco de Juárez, Guerrero, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno con el número 352/2019, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden verbal en la separación de sus funciones como Policía de Rescate (Bombero), con adscripción en la Dirección de Bomberos de Acapulco de Juárez, Guerrero; y como consecuencia la restricción de su salario y su ejecución. Luego, de los hechos que constituyen los antecedentes, se obtiene que: 1. El peticionario de amparo se desempeña como Policía de Rescate (Bombero) de la Dirección de Bomberos de Acapulco de Juárez, Guerrero, con adscripción en la Dirección de Bomberos de Acapulco de Juárez, Guerrero, desde el uno de agosto de dos mil tres. 2. Tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, a través de José Hernández Ramírez, quien le informó que por órdenes del Coordinador General de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, lo iban a dar de baja del cargo que desempeña. De lo anterior, se advierte que entre el quejoso y las autoridades señaladas como responsables existe una relación de índole laboral, propios de la materia laboral sustantiva y adjetiva, porque la normatividad que regula sus actividades de protección civil da cuenta de que corresponde a un aspecto distinto al de la seguridad pública cuyo ejercicio se deposita en los cuerpos policiacos y de prevención del delito por razón de sus funciones (militares, marinos, miembros de las institucionales policiales, ministerio público, etc.), y por ende, de naturaleza administrativa, de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual el juicio de amparo que se intenta es improcedente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII en concatenación con lo dispuesto por los diversos numerales 1º, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la ley de la materia. En relación con los artículos 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, contemplan la posibilidad de que los actos de particulares que pueden ser objeto de tutela constitucional; lo cual condicionó a que se realizaran actos equivalentes a los de la autoridad, es decir, que al dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídica en forma unilateral y obligatoria; u omita realizar el acto que de efectuarse produciría esto último; el particular viole los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Carta Magna o los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, sea que produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, no obstante que la legislación vigente amplió el esquema de procedencia del juicio de amparo en lo que corresponde a actos que con antelación se consideraban como no emitidos por una autoridad exclusivamente para los efectos del juicio de amparo; de ello no se infiere que tal circunstancia implique que a la luz de tales preceptos legales sea procedente dilucidar en esta instancia constitucional conductas desplegadas dentro de relaciones de coordinación, pues se insiste, para ello ocurra deben producirse actos equivalentes a los de una autoridad, pues de ser lo contrario excluiría la participación de autoridades de jurisdicción ordinaria para dirimir controversias suscitadas, por ejemplo, entre el Estado como patrón y sus servidores, pues si bien la actuación de la primera de ellas, se encuentra su origen en una norma general, ésta debe provocar que en ejercicio de las facultades que la ley expresamente le otorgue, la afectación señalada en el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo. La Teoría General del Derecho clasifica las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación; y para determinar sobre la procedencia de la demanda es necesario examinar si la naturaleza del acto reclamado implica una relación de coordinación, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, lo que entraña la participación de un órgano del Estado; pues, sólo de dicha manera se podía establecer si a quien se señaló como autoridad responsable, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no bastaba que el quejoso la señalara como tal, debido a que no puede dejarse a voluntad de las partes el decidir si un ente resulta o no autoridad en un caso concreto Precisado lo anterior, los actos reclamados no encuadran en dicho supuesto, puesto que aquél en caso de existir se ha dado (como ya se adelantó) entre el patrón y trabajador, es decir, en un plano de coordinación. Sin que pueda determinarse que se trata de un acto autoritario en el que aquél actuó con la potestad que le otorga la ley, puesto que dicha dependencia municipal representada por el Coordinador General de Protección Civil y Bomberos de Acapulco, comparte una doble personalidad, como persona de derecho público en donde asume las funciones propias de autoridad y como persona moral oficial de derecho privado, en tanto, que es el depositario, administrador o representante de los intereses que constituyen parte de su patrimonio municipal y con este carácter puede entablar relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra a subordinación, quedando entonces sus actos comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejerce o ejecuta, ya que en tales relaciones dicha dependencia también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. En consecuencia, congruente con esa doble personalidad, se concluye que solo podrá ser legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aquél que ejecute un órgano o funcionario del Estado actuando con el imperio que le otorga su investidura pública, es decir, cuando su actuación tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo, que se insiste, es conocido como supra a subordinación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 10/90, de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, página 92, de rubro "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE"; equiparó la relación Estado- empleado, con una relación laboral similar a la de un patrón, exceptuándose de tal hipótesis los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, quienes se regirán por sus propias leyes, también se precisó que corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje dirimir las controversias suscitadas entre el Estado como patrón, y sus servidores, excluyendo al Poder Judicial, lo que significa que cualquier decisión que adopte como empleador, en relación con uno de sus empleados respecto de sus labores, no constituye un acto de autoridad sino de la relación laboral existente. De ahí que, si en el caso que se analiza el inconforme al servicio de la Dirección de Bomberos de Acapulco de Juárez, Guerrero, reclama la orden verbal en la separación de sus funciones como Policía de Rescate (Bombero), con adscripción en la Dirección de Bomberos; la restricción de su salario y su ejecución, resulta improcedente el juicio de amparo, al no plantearse en el caso que se analiza un acto de autoridad, sino como se explicó de índole laboral. Ilustra a lo anterior por las razones que contiene la tesis número XVIII.4o.32 L (10a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, visible en la página 2417, del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: "ELEMENTOS O AGENTES ADSCRITOS A LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS. A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y PRO HOMINE, LA NATURALEZA JURÍDICA DE SU RELACIÓN CON ÉSTOS ES DE CARÁCTER LABORAL Y NO ADMINISTRATIVA. De conformidad con los artículos 4, fracciones XIII y XIV, 47, fracción I, inciso b) y 55, fracción II, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, se advierte que los cuerpos de bomberos y de rescate tienen el carácter de auxiliares de las instituciones públicas, e integrantes de las instituciones policiales en materia de seguridad pública. Así, con el propósito de desentrañar la naturaleza (laboral o administrativa) de los agentes adscritos a dichos cuerpos en los Ayuntamientos del Estado de Morelos, debe llevarse a cabo una interpretación que atienda al principio de supremacía constitucional -tomando como parámetro el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, respecto de los mencionados preceptos, y en estricta observancia al principio pro homine, previsto en el artículo 1o., párrafo segundo, constitucional, a fin de procurar a las partes la protección más amplia, y no restringirles sus derechos humanos contenidos en la Constitución, así como acorde a la supremacía que guarda el artículo constitucional en cita, respecto de las demás normas que conforman el orden jurídico. Con base en ello debe entenderse que la relación de los Ayuntamientos del Estado de Morelos con los elementos de sus cuerpos de bomberos, es de índole laboral, esto es, perteneciente a un régimen constitucional de derechos amplios, propios de la materia laboral sustantiva y adjetiva, en oposición a la administrativa -la cual se traduce en un sistema constitucional de derechos reducidos- ya que esta última quedó reservada en el citado precepto constitucional a los elementos policiacos y de prevención del delito por razón de sus funciones, las cuales no son desarrolladas por los bomberos, sino que se limitan a ser auxiliares de las instituciones públicas, no como integrantes de las instituciones policiales en materia de seguridad pública, lo que se corrobora en el referido numeral 55, fracción II y, además, con la ratio legis del Decreto Número Tres, publicado el 16 de octubre de 2009, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos, por el cual se reformaron los artículos 8, 68, 194, 195, tercero, cuarto y noveno transitorios, de la citada Ley del Sistema de Seguridad Pública, dado que el propio legislador local acotó que quienes realicen funciones diversas a las inherentes de los cuerpos de policías, peritos y agentes del Ministerio Público, aunque laboren en alguna dependencia de seguridad pública, no pueden formar parte del sistema de seguridad pública ni tienen una relación administrativa con el Estado; como sucede con los elementos adscritos al cuerpo de bomberos, ya que éstos no intervienen directamente en los ámbitos de procuración de justicia ni prevención del delito, pues su participación en esas áreas, en todo caso, se circunscribe a un auxilio meramente circunstancial derivado de su apoyo con motivo de una petición, pero preponderantemente en una posición de encargados de la protección, auxilio y salvaguarda de la población. En esa circunstancia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda de amparo e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite y se desahogaran las pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida Costera Miguel Alemán número 326, edificio Manper, piso mezzanine, primer nivel, despacho número 6, colonia Centro, en esta ciudad; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Guillermo Valente Lorenzo, Juan Carlos Hernández Quevedo, José Alberto Morales Bello y Lorena Sevilla Cruz, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Leonardo Silva Villanueva, por no cumplir con el requisito anterior, así como a las restantes personas que se mencionan por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la ley de la materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.
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