Lucia Maldonado Calderón
Expediente 525/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 20/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Lucia Maldonado Calderón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veinte de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE MISMA QUE DICE... VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 525/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido al día hábil siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Lucía Maldonado Calderón, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutoras Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Central. Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Central. Todas con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "a) DE LA AUTORIDAD ORDENADORA.- Se reclama la Orden de Aprehensión girada en mi contra en virtud de que se encuentra fuera de todo procedimiento legal, pues no cumple con los requisitos exigidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) DE LA AUTORIDAD EJECUTORA.- Se reclama la ejecución o cumplimiento de la Orden de Aprehensión, girada por la autoridad señalada como ordenadora. SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Por acuerdo de seis de junio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quejo registrada bajo el número 525/2017, se solicitó sus informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención legal correspondiente tanto al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito como al representante social adscrito al juzgado de origen, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en dos ocasiones, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El suscrito Titular del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso 36/2016 que lo modifica; en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en un auto de privación de la libertad cuya ejecución material tiene lugar dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclama por esta instancia la instancia la orden de reaprehensión librada en su contra el quince de junio de dos mil dieciséis dentro de la causa penal 40/2008 que se le instruye por el delito de despojo en agravio del aquí tercero interesado Gilberto Villegas Villalobos, y su ejecución; sin que obste el hecho de que en la demanda se hubiere designado como acto reclamado una orden de aprehensión, pues su indebida denominación no conduce al sobreseimiento del juicio por su inexistencia en la forma expuesta en la demanda de amparo, sino a concatenar la información proporcionada en ésta en relación con las constancias que obran en autos para entonces resolver la cuestión efectivamente planteada, es decir, del acto restrictivo de la libertad de que se trata. TERCERO. Certeza del acto reclamado. SON CIERTOS los actos que se atribuyen al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares y al Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en esta ciudad, en virtud de que así lo reconocieron al rendir sus informes con justificación, lo que constituye una confesión expresa en términos de lo que establecen los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Certeza que se corrobora además, con la copia certificada de las constancias que integran la aludida causa penal número 40/2008, que acompañó a su informe justificado el juez responsable (tomo I de prueba), la cual adquiere pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del mencionado Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Central, residente en esta ciudad, al rendir su informe con justificación negó el acto que se le atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto, ya que dado el carácter de autoridad ejecutora con el que fue señalado en el presente juicio, e independientemente de que conozca o no la orden de captura combatida, es evidente que en ejercicio de las facultades legales que le son propias, se encuentra en posibilidad de ejecutar tal mandato, cuya certeza respecto de la autoridad ordenadora se verificó en párrafos que anteceden. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la quejosa mismos que no se transcribirán por no existir en la Ley de Amparo dispositivo legal que así lo ordene. Precisado lo anterior, se tiene que la quejosa se limitó a sostener como motivos de disenso, que se violan en su perjuicio las garantías individuales previstas en los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales; conceptos de violación que se estiman infundados. Para arribar a tal conclusión, es necesario tener presente los antecedentes directos de la orden de reaprehensión cuestionada, que se extraen de las actuaciones que conforman la causa penal 40/2008 que se le instruye (tomo I de prueba), a las cuales ya les fue reconocido pleno valor probatorio en el considerando que precede, tratándose de los siguientes: 1. Mediante escrito presentado y ratificado el catorce de junio de dos mil siete, el aquí tercero interesado Gilberto Villegas Villalobos acudió ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en el Delito de Despojo del Distrito Judicial de Tabares, a denunciar los hechos presuntamente constitutivos de ese ilícito, cometido en su agravio por la aquí quejosa Lucía Maldonado Calderón y otros. 2. En la misma fecha, la Agente del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en el Delito de Despojo adscrita a la Mesa de Trámite número Tres, radico y dio inició a la averiguación previa número TAB/V/097/2007. 3. Seguida que fue la indagatoria, mediante pedimento penal número 11/2008 de seis de marzo de dos mil ocho, se consignó la averiguación previa que por razón de turno, correspondió conocer al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, que por acuerdo de veintiséis de marzo del mismo año la radicó con el número de causa penal 40/2008, y por resolución de veintinueve de abril siguiente giró orden de aprehensión en contra de la quejosa y otros, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo en agravio del tercero interesado. 4. Mediante oficio número 1210 de cinco de junio de dos mil ocho, el Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Central, puso a disposición del juez de la causa, interna en el Centro Regional de Prevención y Readaptación Social de esta ciudad, a la quejosa, a quien en acuerdo de esa misma fecha se le decretó su detención legal, y con las formalidades que el caso ameritó, en audiencia pública efectuada el seis del mes en cita le fue tomada su declaración preparatoria, en la que hizo uso de la garantía prevista en la fracción I, apartado A, del artículo 20 Constitucional, motivo por el cual el juez responsable fijó la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), como fianza que debía garantizar la inculpada para obtener el beneficio de su libertad caucional. 5. En comparecencia de seis de junio de dos mil ocho, tras la rejilla de prácticas del juzgado responsable, la inculpada -aquí quejosa- exhibió la ficha de depósito de la fianza que le fue fijada para obtener su libertad caucional; diligencia en la que se le hicieron saber las obligaciones procesales que le imponía el numeral 150 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, entre ellas, la de presentarse ante ese órgano judicial a firmar el libro de control de procesados en libertad provisional bajo caución los días viernes de cada semana, con el apercibimiento que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se le indicaron, traería como consecuencia la revocación de la libertad provisional concedida, además la cantidad exhibida se haría efectiva a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia en el Estado y se ordenaría su reaprehensión. 6. Por escrito de diez de junio de dos mil ocho, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al juzgado de origen, interpuso recurso de apelación en contra del auto de seis de junio anterior que fijó el monto de la fianza a favor de la inculpada; medio de impugnación del que conoció la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado bajo el número toca penal 945/2008, y que por resolución de diecinueve de agosto siguiente confirmó el auto recurrido. 7. Mediante resolución de plazo constitucional de once de junio de dos mil ocho, el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares decretó formal prisión en contra de la quejosa Lucía Maldonado Calderón, por el delito de despojo en agravio del tercero interesado Gilberto Villegas Villalobos. 8. Inconforme con el auto de plazo constitucional de once de junio de dos mil ocho, la quejosa promovió el diverso juicio de amparo 1166/2008, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, en el que por resolución autorizada el seis de noviembre del mismo año se negó la protección de la justicia federal. 9. Contra dicha sentencia la quejosa promovió recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, bajo el número amparo en revisión penal 640/2008, en el que por resolución de veintiuno de mayo de dos mil nueve, se revocó la sentencia recurrida y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez responsable dejara insubsistente el auto de formal prisión de once de junio de dos mil ocho, y en su lugar dictara otro en el que, ciñéndose a lo previsto en el artículo 176, fracción I, del Código Penal del Estado de Guerrero y estimando que dicho precepto prevé diversas hipótesis delictivas entre sí, desglosara el cuerpo del delito y además verificara la existencia del dolo, hecho lo cual con plenitud de jurisdicción, a la luz de todo el material probatorio existente, resolviera lo que en derecho correspondiera. 10. En acato a lo anterior, el dieciséis de junio de dos mil nueve el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, dictó nuevo auto de formal prisión en contra de la quejosa por el delito de despojo, en el que subsanó las deficiencias destacadas por el tribunal de alzada en el fallo amparador relativo al juicio de garantías 1166/2008, y por autos de veintiséis de junio y nueve de julio siguientes, se declaró cumplida la sentencia amparadora y se le tuvo por conforme con la misma, ordenando el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. 11. Finalmente, en acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis, el Juez responsable requirió al Secretario de su adscripción certificara si la inculpada había cumplido con las obligaciones procesales que le fueron impuestas al otorgársele la libertad caucional; consecuentemente, al haber dado fe dicho funcionario que la última firma de la procesada en el aludido registro era del día doce de junio de dos mil quince, sin que hasta esa fecha se hubiera presentado a firmarlo nuevamente, el Juez responsable revocó el beneficio de la libertad otorgado y ordenó la reaprehensión de la quejosa Lucía Maldonado Calderón, en términos de lo dispuesto por el artículo 152, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Tomando en consideración las anteriores puntualizaciones, se puede sostener válidamente que en contraposición a lo que argumenta la solicitante del amparo en vía de conceptos de violación, en el caso, la orden de reaprehensión impugnada no resulta violatoria de las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales, como se expone a continuación. Se estima que acto reclamado no viola las garantías individuales contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el auto de quince de junio de dos mil dieciséis, el resolutor natural aplicó artículos vigentes a la fecha de su emisión, los cuales citó con precisión para fundar la orden de reaprehensión, como son el 20, apartado "A", fracción I, último párrafo Constitucional y 152, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, razón por la cual no puede sostenerse que haya aplicado en perjuicio de la quejosa una norma en forma retroactiva. Además, la orden combatida no constituye un acto privativo, sino de molestia, ya que los actos de privación son aquellos que producen disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, mientras que los de molestia, constituyen una afectación temporal a la esfera jurídica de aquél y, por ende, no producen una pérdida definitiva de un derecho, sino que sólo lo restringen de manera provisional o preventiva, de manera tal que constituye un medio para la consecución de una finalidad específica, por lo que en el presente caso, la orden de reaprehensión solamente tiende hacer efectiva la obligación procesal adquirida por la quejosa cuando obtuvo la libertad caucional ante el juez de origen, tal como ir a firmar el libro de control de procesados en libertad provisional bajo caución, los días viernes de cada semana, lo que de ninguna manera implica la pérdida o restricción de libertad de manera definitiva, de ahí que el acto reclamado tenga el carácter de simple medio o conducto para hacer cumplir una determinación provisional, resultando así inaplicables los restantes extremos contenidos en el segundo párrafo del numeral magno en referencia. Sin perjuicio de lo antes considerado, se tiene que el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, precisamente serán observadas cuando la quejosa se presente ante el juez de la causa en donde tendrá oportunidad de nombrar defensor, presentar pruebas de descargo en relación a los hechos atribuidos por el representante social y alegar lo que estime pertinente, debiéndose resolver en la etapa de preinstrucción su situación jurídica, de ahí que el proceder del juez responsable lejos de violentar garantías en perjuicio de la quejosa, protege el derecho de defensa en la medida de que será ante el propio órgano jurisdiccional que podrá ofrecer contraprueba de los hechos atribuidos en la averiguación previa; por tanto, el acto reclamado no transgrede violaciones formales que norman el inicio del proceso penal previstas en el artículo 14 Constitucional y menos aún las previstas en el diverso 22 en virtud de que el acto reclamado no se ubica en ninguno de los supuestos que prevé dicho precepto Constitucional. Asimismo, la orden de reaprehensión reclamada tampoco es violatoria de las garantías individuales contenidas en el artículo 16 Constitucional, ya que del contenido del auto de quince de junio de dos mil dieciséis, se aprecia que goza de la debida fundamentación y motivación que una resolución de esa naturaleza debe de contener, pues el juez responsable, expuso los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales consideraba procedente librar en contra de la quejosa, la orden de reaprehensión, ya que para tal efecto indicó que ello obedecía a que no había acudido ante ese recinto judicial a firmar el libro de control de procesados en libertad provisional bajo caución, lo anterior, de conformidad con el artículo 152, fracción II, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Es por ello que el acto de molestia reclamado, está debidamente fundado y motivado, al estar expresadas las causas inmediatas por las cuales el juez responsable estimó procedente la reaprehensión de la quejosa, adecuando su actuación exactamente a las porciones normativas de referencia; de ahí que no exista infracción a las garantías individuales contenidas en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal. Ello es así, en virtud de que el dieciséis de junio de dos mil nueve, en acatamiento a la ejecutoria amparadora del juicio de amparo 1166/2008, se dictó auto de formal prisión en contra de la quejosa Lucía Maldonado Calderón, por el delito de despojo, previsto y sancionado por los artículos 176, fracción I, en relación con el 177, párrafo primero, ambos del Código Penal del Estado de Guerrero, el cual se encuentra sancionado con pena privativa de libertad, según se establece de la siguiente manera: "Artículo 176. Se aplicará de cinco a nueve años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa, al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, engañándolo o contra su voluntad, empleando violencia, furtividad o amenazas: I. Ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u otro; (.)." "Artículo 177. Si el despojo se realiza por dos o más personas se aplicará la pena de siete a dieciocho años de prisión y de ochocientos a mil días multa. A los autores intelectuales o a quiénes dirijan o encabecen el despojo se les aplicará hasta una tercera parte más de la pena referida en el presente párrafo. (.)." De modo que la libertad personal de la quejosa se encuentra sujeta a disposición del juez natural; y en esa tesitura, al no encontrarse vigente alguna medida cautelar a su favor, al no haber cumplido con la totalidad de las obligaciones que se le impusieron al otorgársele la libertad caucional, como lo es el de presentarse todos los viernes de cada semana a firmar el libro de registro de procesados bajo caución, es evidente que su conducta contumaz trajo como consecuencia la emisión de la orden de reaprehensión que reclama con miras a levantar la suspensión del procedimiento, pues se ubicó en el supuesto a que se refieren el artículo 153, párrafo primero, en relación con los numerales 152, fracción II, y 150, fracción I, todos del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero que establecen: "Artículo 153. Se mandará a aprehender o reaprehender al inculpado en los supuestos de revocación de libertad previstos en el artículo anterior, salvo cuando el inculpado se presente voluntariamente o se constituya nueva garantía, en el caso de la fracción V, y cuando se apliquen los beneficios mencionados en la última parte de la fracción VII. (.)." "Artículo 152. Se revocará la libertad en los siguientes casos: (.) II. Incumpla el inculpado injustificadamente, las obligaciones inherentes a la libertad acordada o las órdenes legítimas del tribunal. (.)." "Artículo 150. El beneficiario de la libertad tendrá las siguientes obligaciones, que se le darán a conocer en la notificación del auto que la conceda: I. Presentarse ante el tribunal del conocimiento en días fijos que se le señalen y cuantas veces sea citado y requerido; (.)." Como se advierte, en términos del artículo 150 del Código de Procedimientos Penales de esta entidad federativa, la inculpada a quien se otorga el beneficio de la libertad provisional bajo caución, previamente notificada, contrae, entre otras obligaciones la de "presentarse ante el tribunal del conocimiento en días fijos que se le señalen y cuantas veces sea citado y requerido"; asimismo el arábigo 152 en su fracción II, señala que la revocación de la libertad se realizará cuando la indiciada incumpliere sin justificación las obligaciones inherentes a la libertad acordada o las órdenes legítimas del tribunal que conozca el asunto y finalmente, el artículo 153, indica se mandará a aprehender o reaprehender a la inculpada al actualizarse cualquiera de las hipótesis contenidas en el numeral 152. Ahora bien, cabe destacar que en respeto a la garantía de audiencia de la quejosa, y siguiendo los lineamientos del criterio integrado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 1374, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "ORDEN DE REAPREHENSIÓN. ES ILEGAL DECRETARLA SIN RESPETARSE LAS GARANTÍAS DE PREVIA AUDIENCIA Y LEGALIDAD QUE RIGEN EL PROCESO PENAL."; previo a emitir la orden de reaprehensión, el juez de la causa en diligencia de seis de junio de dos mil ocho, en la que tuvo a la quejosa Lucía Maldonado Calderón exhibiendo la caución que le fue fijada, hizo de su conocimiento las obligaciones procesales que le imponía el numeral 150 del código adjetivo penal del Estado, entre las que está la prevista en su fracción II; atinente a presentarse los días fijos que le señale el tribunal, que en el caso se estableció los días viernes de cada semana a firmar el libro de registro de procesados bajo fianza; es decir, la reaprehensión que ahora se impugna quedó condicionada a que la procesada cumpliera con dicha obligación para que continuara disfrutando de su libertad personal. Pero es el caso que aparece demostrado que la solicitante del amparo no cumplió con la obligación antes apuntada, con el objeto de continuar el procedimiento seguido en su contra, por lo que se estima acertada la determinación del juez responsable en el sentido de proveer sobre su reaprehensión, de conformidad con el artículo 153 del Código de Procedimientos Penales del Estado. En ese orden de ideas, debe considerarse entonces como correcto el proceder del resolutor de origen que ante el incumplimiento del procesado de presentarse los días viernes de cada semana a firmar el libro de control de firmas de procesados bajo fianza que se lleva en el juzgado en el que se ventila la causa penal instaurada en su contra, procedió conforme a lo dispuesto por el citado artículo 152, fracción II del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero; por tanto, al quedar acreditado en la determinación reclamada que el Juzgador responsable se apoyó en la certificación asentada por su Secretario, en la cual se hizo constar que la quejosa desde el día doce de junio de dos mil quince había dejado de cumplir con la obligación antes descrita, sobre todo si se toma en consideración el estado procesal que guardaba la causa penal, de donde deriva que el dieciséis de junio de dos mil nueve se dictó auto de formal prisión en contra de la quejosa Lucía Maldonado Calderón, y por ende, la misma se encontraba a disposición del juez responsable en cuanto a la continuación del proceso y su libertad personal, se colige que en el caso particular, se actualizaron las formalidades necesarias para que se librara el mandamiento de captura impugnado, máxime que como se indicó previo a su emisión, la quejosa fue notificada personalmente el seis de junio de dos mil ocho de las consecuencias que traería consigo el incumplimiento a dicha obligación procesal, es decir, que le sería cancelado el beneficio de su libertad caucional y se ordenaría su reaprehensión. De ahí que al constatarse el conocimiento cierto de Lucía Maldonado Calderón de la obligación procesal impuesta en la diligencia de seis de junio de dos mil ocho, por la que se le vinculó al conocimiento de la obligación cuyo incumplimiento justifica la emisión de la orden de reaprehensión impugnada, pues de la misma se advierte la firma de aquélla al calce del acta relativa; debe sostenerse como correcto que el mandamiento de reaprehensión se fundara precisamente en el incumplimiento de dicha obligación, por lo cual debe concluirse que, contrario a lo argumentado en vía de conceptos de violación, se observa que el acto reclamado cumple con los requisitos de fundamentación y motivación y, por lo tanto, no se ve que con la misma se conculque en perjuicio de la quejosa alguna garantía individual, siendo en ese sentido procedente negarle el amparo y protección de la justicia de la Unión que solicita. La negativa del amparo declarada por cuanto al acto de la autoridad ordenadora, debe hacerse extensiva al que se atribuyó a las ejecutoras Coordinadores Regional y de Zona adscrito al Sector Central, ambos de la Policía Ministerial del Estado, residentes en esta ciudad, ya que no se impugnó por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la orden de reaprehensión librada por el juez responsable. Sin que pase desapercibido para quien aquí resuelve, el hecho de que en el proveído de quince de junio de dos mil dieciséis emitido en la causa penal de origen, el juez de la causa además de haber ordenado la reaprehensión de la quejosa, también hizo efectiva la fianza que al efecto exhibió para obtener su libertad caucional; sin embargo, tal resolución es consecuencia de un acto que no se estimó violatorio de sus garantías individuales, sin que le imputara vicios propios. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas a pie de página en el presente asunto no obstante que algunas fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Lucía Maldonado Calderón, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta resolución, por las razones contenidas en su último considerando. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, asistido de la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio Juzgado que autoriza. Doy fe.- LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA CTIADA PARTE TERCERO INTERESADA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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NOTIFICACION PERSONAL
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Acapulco, Guerrero; quince de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número 714/2017, que se remitió para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara el inicio del presente juicio, al tercero interesado Gilberto Villegas Villalobos; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado y acúsese recibo. En tales condiciones, téngase por notificado del inicio del presente juicio al tercero interesado Gilberto Villegas Villalobos; y en virtud de que de las constancias que integran la referida comunicación oficial y de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de cuatro de julio pasado, y se ordena efectuar las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por lista en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese.
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