Lucía Estela Martínez Gordillo

Expediente 710/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
710/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
12/06/2017

Partes del expediente

  • Lucía Estela Martínez Gordillo

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; doce de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. En virtud de que existe un documento original agregado en autos, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, dese vista a la parte quejosa, a fin que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger la documental exhibida con su demanda, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con las constancias judiciales. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables:1. Juez Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, con sede en Comitán, Chiapas. 2. Actuaria Judicial adscrita a la Segunda Secretaría, del Juzgado Segundo del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez, Chiapas, con sede en Comitán, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 710/2017-1-C. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el proveído de nueve de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en el expediente civil número 844/2014, mediante el cual se requirió a la aquí quejosa para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que fuera legalmente notificada, procediera a retirar los candados que tuviera en el interior del local ubicado en sexta calle norte poniente, número 109 de esta ciudad, con que se encuentran cerradas las cortinas del citado inmueble o bien retirara aquello que obstruyera la apertura del mismo, debiendo informar dentro de dicho término el cumplimiento. Lo anterior, pues a juicio de esta juzgadora se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)" De conformidad con el citado numeral, el juicio de amparo resulta improcedente cuando la quejosa ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. Ahora, para que un acto de autoridad se repute consentido, el Alto Tribunal ha precisado que deben satisfacerse tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado; y, c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. Ilustra lo anterior, el siguiente criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto : "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha sustentado que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos derivados de actos consentidos, es decir, los que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Empero, para considerar que un acto deriva de otro consentido deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos, esto es, que se ataque el acto reclamado por vicios que afecten el acto antecedente, y en consecuencia, si existiera pronunciamiento sobre la ilegalidad de un acto que deriva de otro y que no se impugnó por vicios propios, afectaría el acto antecedente del cual aquél es consecuencia. Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a letra señala : "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." Establecido lo anterior, conviene retomar que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en el auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete dictado por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en el expediente civil número 844/2014, mediante el cual se requirió a la aquí quejosa procediera a retirar los candados que tuviera en el interior del local ubicado en sexta calle norte poniente, número 109 de esta ciudad, con que se encuentran cerradas las cortinas del citado inmueble o bien retirara aquello que obstruyera la apertura del mismo, debiendo informar dentro de dicho término el cumplimiento. En efecto, según se advierte de los antecedentes del acto reclamado expresados por la quejosa bajo protesta de decir verdad, el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, se ordenó requerir a la quejosa para el efecto de que consignara las llaves del local comercial ubicado en Sexta calle norte Poniente número 109, en Comitán de Domínguez, Chiapas, con la finalidad de que sea el señor José Francisco Bonifaz Gómez, quien ejecute la sentencia interlocutoria de veinte de junio de dos mil dieciséis y sea quien se encargue de dar en arrendamiento el aludido local comercial. De lo que se sigue que, entre el acto reclamado y las emitidas con anterioridad, existe una relación de causalidad, habida cuenta que en la primera (sentencia interlocutoria) se condenó a la ahora quejosa para que diera en arrendamiento el local comercial ubicado en Sexta Calle Norte Poniente, número 109, de Comitán de Domínguez, Chiapas, y al no haberlo hecho se nombró al señor José Francisco Bonifaz Gómez, para que éste diera cumplimiento a la sentencia y sea quien se encargue de dar en arrendamiento dicho local; asimismo mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, la responsable ordena requerir a la quejosa para el efecto de que consignara las llaves del local comercial ubicado en Sexta calle norte Poniente número 109, en Comitán de Domínguez, Chiapas, con la finalidad de que sea el señor José Francisco Bonifaz Gómez, quien ejecute la sentencia y sea quien se encargue de dar en arrendamiento el aludido local comercial, por lo que hace al acto reclamado (auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete) se requirió a la aquí quejosa procediera a retirar los candados que tuviera en el interior del local ubicado en sexta calle norte poniente, número 109 de esta ciudad, con que se encuentran cerradas las cortinas del citado inmueble o bien retirara aquello que obstruyera la apertura del mismo, debiendo informar dentro de dicho término el cumplimiento. Por consiguiente, se encuentra colmado el primer presupuesto para considerar que el acto combatido en la presente instancia constitucional deriva de uno previo que fue consentido por la parte quejosa, consistente en que el segundo sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente. Ello, si se toma en consideración que el acuerdo reclamado tan sólo constituye la forma en que la responsable se encuentra requiriendo el cumplimiento a una sentencia condenatoria que le impuso una obligación, y como tal, guarda un vínculo innegable con dicha resolución de la autoridad jurisdiccional. En otro orden de ideas, de la lectura integra de la demanda, es evidente, que el auto impugnado no se reclama por vicios propios, dado que su inconstitucionalidad se hace depender, precisamente de lo pactado en el convenio, con el cual se determinó disuelto el vínculo matrimonial, así como de la resolución interlocutoria multicitada. De tal forma, emprender el estudio de la constitucionalidad del auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete, y en su caso, estimarlo inconstitucional, implicaría efectuar un pronunciamiento que afectaría ineludiblemente los actos antecedentes, soslayando que la quejosa no los combatió. Lo anterior, si se parte de que el acuerdo reclamado, se erige como un mero requerimiento respecto de aquel que ya había sido ordenado con antelación, esto es, la sentencia interlocutoria emitida en el juicio de origen el veinte de junio de dos mil dieciséis, por lo que, examinar la constitucionalidad del proceder de la responsable en el diverso auto de nueve de mayo de dos mil diecisiete, supone someter a estudio propiamente la parte relativa de dicha interlocutoria, lo que se estima inconcebible, atendiendo a que la litis en el juicio de amparo se define con los actos que expresamente se señalan como reclamados, no así por los que le antecedieron en tiempo y que por algún motivo no fueron combatidos por la parte quejosa. Por ende, se surte el restante presupuesto para considerar que una actuación deriva de otra consentida. En consecuencia, se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 113, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la quejosa, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a ***y para los mismos efectos, en términos restringidos que alude el citado precepto legal, a los demás profesionistas que menciona, por no tener registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.

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