Lucia de la Cruz Guzman
Expediente 1091/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1091/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Lucia de la Cruz Guzman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA 8 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las once horas con veinte minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 1091/2020-8, promovido por Lucía de la Cruz Guzmán. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las constancias que anexó la autoridad responsable Juez Quinto Civil de Primera instancia de Centro, Tabasco, a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente 207/2013 de su índice, cuadernillo de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, cuadernillo de amparo IV/2016 y cuadernillo de amparo LXI/2019, los cuales obran por cuerda separada. Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que las partes no hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el juez de distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formular alegatos con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 1091/2020-8, promovido por Lucía de la Cruz Guzmán, contra actos del Juez Quinto Civil de Primera instancia de Centro, Tabasco, por estimarlo violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el once de diciembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada ese mismo día en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Lucía de la Cruz Guzmán, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS Los autos dictados el treinta de octubre y nueve de noviembre ambos de dos mil veinte, dentro del expediente 207/2013 del índice del juzgado responsable. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, se registró la demanda bajo el expediente 1091/2020-8, se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete, se ordeno el emplazamiento del tercero interesado y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. El diecisiete de diciembre de dos mil veinte, el actuario adscrito a este juzgado realizó el emplazamiento del tercero interesado Moisés Palacios Hernández (foja 16). CUARTO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. QUINTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO. En acuerdo de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del trámite del presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1, fracciones I y III, 3 y 12 del Acuerdo 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como actos reclamados: Los autos dictados el treinta de octubre y nueve de noviembre ambos de dos mil veinte, emitidos por el Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, en el expediente 207/2013, en el primero, mediante el cual requirió a la demandada ahora quejosa Lucía de la Cruz Guzmán, para que dentro del término de cinco días hábiles contado a partir de la legal notificación del citado auto, compareciera anta la Notaria Pública Número 27 de esta ciudad, a firmar la escritura de adjudicación del inmueble rematado apercibida que de no hacerlo, el juzgador responsable la firmaría en su rebeldía de conformidad con el artículo 438 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Tabasco en vigor; y en el segundo, ordenó notificar a la referida demandada, para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la legal notificación del citado auto, desocupara y entregara voluntariamente el inmueble adjudicado al actor Moisés Palacios Hernández, apercibiéndola que en caso de no hacerlo en el término legal concedido sería lanzada con el auxilio de la fuerza pública y a su costa. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, dado que al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del mismo (fojas 17 y 18); lo que se corrobora con las constancias que para tales efectos remitió, consistentes en copias certificadas del expediente 207/2013 de su índice, cuadernillo de liquidación de intereses moratorios, cuadernillo de amparo IV/2016 y cuadernillo de amparo LXI/2019, los cuales obran por cuerda separada, respectivamente, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con relación a dicho tópico, se invoca la jurisprudencia 278, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, página 231, que señala: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto que se reclama en esta vía, a saber: 1. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad el dos de mayo de dos mil trece, Moisés Palacios Hernández demandó a Lucía de la Cruz Guzmán, diversas prestaciones de carácter civil, la cual le correspondió conocer al Juzgado Quinto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad. 2. En auto de siete de mayo de dos mil trece, el Juzgado responsable admitió la demanda de mérito, la registro con el expediente 207/2013, y ordenó emplazar a la parte demandada. 3. El treinta de mayo de dos mil trece, la Actuaria adscrita al juzgado responsable realizó la notificación y emplazamiento de la demanda Lucía de la Cruz Guzmán. 4. En proveído de once de junio de dos mil trece, el juzgado responsable tuvo a la demandada Lucía de la Cruz Guzmán, dando contestación a la demanda instaurada en su contra, oponiendo excepciones y ofreciendo pruebas. 5. El cinco de julio de dos mil trece, ante la juez responsable se celebró la diligencia de desahogo de pruebas. 6. En auto de veintiuno de agosto de dos mil trece, la juez responsable señaló las nueve horas del dos de septiembre de dos mil trece para llevar a cabo el inventario del bien inmueble hipotecado y comisionó a la actuaria de su adscripción para llevar a efecto la referida diligencia. 7. El dos de septiembre de dos mil trece, la actuaria adscrita al juzgado responsable llevó a cabo la diligencia de inventario del bien inmueble hipotecado. 8. En auto de doce de septiembre de dos mil trece, el juez responsable citó a las partes para oir sentencia definitiva. 9. El veinticuatro de septiembre de dos mil trece, el juez responsable dictó sentencia en el expediente 207/2013 de su índice, en la que determinó lo siguiente: [.] "PRIMERO. Este juzgado resultó competente para conocer y resolver la presente causa y la via es la correcta. SEGUNDO. El actor MOISÉS PALACIOS HERNÁNDEZ, demostró parcialmente su acción y la demandada LUCÍA DE LA CRUZ GUZMÁN, no justificó sus defensas. TERCERO. Se declara el vencimiento anticipado del Contrato de Reconocimiento de Adeudo con Interés y Garantía Hipotecaria, documentado en la escritura pública número 7600 de dieciséis de noviembre de dos mil once, pasada ante la fe del licenciado PEDRO HUMBERTO HADAD CHAVÉZ, Notario Público número treinta y tres de esta ciudad, por falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas. CUARTO. Se condena a la demandada LUCÍA DE LA CRUZ GUZMÁN, a pagar al actor MOISÉS PLACIOS HERNÁNDEZ, la cantidad de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por concepto de suerte principal, que ampara el Contrato de Reconocimiento de Adeudo con Interés y Garantía Hipotecaria; al pago de intereses ordinarios al razón del uno por ciento (1%) mensual sobre saldos insolutos durante la vigencia del presente contrato, el pago de intereses moratorios a razón del quince por ciento (15%) mensual a partir de la fecha de vencimiento del plazo para el pago de la cantidad reconocida en el Contrato base de la acción y los que se sigan generando hasta el pago total de la suerte principal; así como al pago de gastos y costas que se generen con la tramitación del presente juicio, en el que se incluyen los honorarios profesionales a razón del 20% sobre lo condenado por ser la costumbre del lugar, los conceptos antes citados, los deberá demostrar el ejecutante, mediante incidente respectivo. QUINTO. Se concede a la demandada un término de CINCO días hábiles contados a partir del día siguiente de que cause ejecutoria esta resolución, para que haga el pago de la cantidad líquida a la que resultó condenada y en caso contrario procédase al trance y remate del bien hipotecado y con su producto hágase pago al acreedor." [.] (fojas 103 a 107 ibidem). 10. Inconforme con la referida sentencia, la demandada Lucía de la Cruz Guzmán, interpuso recurso de apelación, el cual le correspondió conocer a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, bajo el Toca Civil 968/2013-II de su índice; quien el veintinueve de noviembre de dos mil trece emitio la resolución correspondiente en la que confirmó la sentencia definitiva emitida el veinticuatro de septiembre de dos mil trece, por la Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, en el expediente 207/2013 de su índice. 11. En auto de veintiocho de enero de dos mil quince, la juez responsable tuvo a la parte actora promoviendo incidente de liquidación de intereses ordinarios y moratorios, al cual se admitió por cuerda separada unido al principal. 12. En auto de dieciocho de mayo de dos mil quince, la juez responsable ordenó sacar a subasta pública en primera almoneda y al mejor postor el bien inmueble hipotecado propiedad de la demandada inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el dieciséis de enero de dos mil doce, bajo partida 5024680, Folio Real 55912, fijando las diez horas del veintinueve de junio de dos mil quince para su celebración. 13. El veintinueve de junio de dos mil quince, la juez responsable celebró la diligencia de remate en primera almoneda en el referido juicio hipotecario en la cual en su punto tercero declaró fincado el remate del bien hipotecado a favor del actor Moisés Palacios Hernández. 14. En proveído de cuatro de agosto de dos mil quince, la juez responsable citó a las partes para oír auto de remate. 15. El dieciocho de agosto de dos mil quince, la juez responsable emitió auto aprobatorio de remate en el que aprobó en definitiva la adjudicación por remate judicial en primera almoneda del bien inmueble hipotecado inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el dieciséis de enero de dos mil doce, bajo partida 5024680, Folio Real 55912. 16. Inconforme con el referido auto aprobatorio de remate, la demandada Lucía de la Cruz Guzmán, interpuso recurso de apelación, el cual le correspondió conocer a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, bajo el Toca Civil 727/2015-II de su índice; quien el diez de noviembre de dos mil quince emitió la resolución correspondiente en la que en su punto resolutivo tercero revocó el auto aprobatorio de remate en la sección de ejecución de sentencia de dieciocho de agosto de dos mil quince, dictado en el juicio especial hipotecario 207/2013 del índice del juzgado responsable. 17. En proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho, la juez responsable tuvo a la parte actora exhibiendo certificado de gravamen actualizado y avaluo actualizado del predio hipotecado. 18. En auto de seis de abril de dos mil dieciocho, la juez responsable ordenó sacar a subasta pública en primera almoneda y al mejor postor el bien inmueble hipotecado propiedad de la demandada inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio, el dieciséis de enero de dos mil doce, bajo partida 5024680, Folio Real 55912, fijando las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho para su celebración. 19. El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la juez responsable señaló las nueve horas con treinta minutos del nueve de julio de dos mil dieciocho, para la celebración de la referida diligencia de remate en primera almoneda. 20. El nueve de julio de dos mil dieciocho, la juez responsable celebró la diligencia de remate en primera almoneda en el referido juicio hipotecario en la cual en su punto primero (sic) declaró fincado el remate del bien hipotecado a favor del actor Moisés Palacios Hernández 21. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la juez responsable emitió auto aprobatorio de remate en el que aprobó en definitiva la adjudicación por remate judicial en primera almoneda del bien inmueble hipotecado inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, el dieciséis de enero de dos mil doce, bajo partida 5024680, Folio Real 55912. 22. El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, la juez responsable emitió aclaración del auto de remate. 23. Inconforme con el referido auto de remate y aclaración del mismo, la demandada Lucía de la Cruz Guzmán, interpuso recurso de apelación, el cual le correspondió conocer a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, bajo el Toca Civil 888/2018-II de su índice; quien el veintidós de enero de dos mil diecinueve emitio la resolución correspondiente en la que en su punto resolutivo tercero confirmó los autos recurridos. 24. En proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, la juez responsable tuvo a la parte actora designando notario público para protocolizar la adjudicación del remate a la licenciada Adela Ramos López sustituta de la Notaría Pública numero 27 del licenciado Adán Augusto López Hernández, con sede en esta ciudad. 25. En proveído de treinta de octubre de dos mil veinte, el juez responsable tuvo a la licenciada Adela Ramos López sustituta de la Notaría Pública numero 27 del licenciado Adán Augusto López Hernández, con sede en esta ciudad, haciendo devolución del original del expediente 207/2013 y anexos; asimismo, requirió a la demandada Lucía de la Cruz Guzmán, para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la legal notificación del citado auto, compareciara ante la referida Notaria Pública a firmar la escritura de adjudicación correspondiente apercibida que de no hacerlo, el juzgador responsable la firmaría en su rebeldía de conformidad con el artículo 438 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Tabasco en vigor. 26. En proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, la juez responsable, ordenó notificar a la parte demandada Lucía de la Cruz Guzmán, para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la legal notificación del citado auto, desocupara y entregara voluntariamente el inmueble adjudicado al actor Moisés Palacios Hernández, apercibiéndola que en caso de no hacerlo en el término legal concedido sería lanzada con el auxilio de la fuerza pública y a su costa. 27. En proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, el juez responsable, a solicitud de la parte actora quien expuso que el inmueble adjudicado se encontraba desocupado, ordenó a la actuaria de su adscripción, para que se constituyera en el inmueble identificado como lote dieciocho, manzana nueve, zona siete, colonia Gaviotas Sur, ubicado en al esquina de las calles Reinaldo Ruiz y Rio Samaria, siempre que el inmueble se encontrara completamente desocupado, libre de personas y bienes muebles, hiciera entrega del mismo en forma legal, formal y material a la parte actora.. 28. El diez de diciembre de dos mil veinte, la actuaria adscrita al juzgado responsable llevó a cabo la diligencia de entrega de posesión del inmueble adjudicado al actor Moisés Palacios Hernández, quien la recibió de conformidad.. 29. En proveído de trece de enero de dos mil veintiuno, el juez responsable tuvo a la licenciada Adela Ramos López sustituta de la Notaría Pública numero 27 del licenciado Adán Augusto López Hernández, con sede en esta ciudad, haciendo devolución del original del expediente 207/2013 y cuadernillos; para los efectos legales conducentes, sin que haya expedido la escritura solicitada. Los anteriores autos dictados el treinta de octubre y nueve de noviembre ambos de dos mil veinte, constituyen los actos reclamados en el presente juicio de amparo. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. No obstante lo anterior, en el presente asunto se advierte que se actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es preferente al fondo, sea que las partes lo aleguen o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor y la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 533, Tomo VI, Materia Común, Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Como antes se dijo, la promovente del amparo reclama en esta vía constitucional los autos dictados el treinta de octubre y nueve de noviembre ambos de dos mil veinte, emitidos por el Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, en el expediente 207/2013, en el primero, mediante el cual requirió a la demandada ahora quejosa Lucía de la Cruz Guzmán, para que dentro del término de cinco días hábiles contado a partir de la legal notificación del citado auto, compareciera ante la Notaria Pública Número 27 de esta ciudad, a firmar la escritura de adjudicación del inmueble rematado apercibida que de no hacerlo, el juzgador responsable la firmaría en su rebeldía de conformidad con el artículo 438 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Tabasco en vigor; y en el segundo, ordenó notificar a la referida demandada, para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la legal notificación del citado auto, desocupara y entregara voluntariamente el inmueble adjudicado al actor Moisés Palacios Hernández, apercibiéndola que en caso de no hacerlo en el término legal concedido sería lanzada con el auxilio de la fuerza pública y a su costa. Ahora bien, de oficio se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, ya que las resoluciones reclamadas no son la última dictada dentro del procedimiento de remate. Los citados preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." En el segundo de tales preceptos se prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada dentro del procedimiento de remate, definida como aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, emitió la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia Común, página 1066, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. En la ejecutoria que dio origen al citado criterio, el Alto Tribunal dejó sentado que la última resolución en el procedimiento de remate, no es la que lo aprueba o lo desaprueba, porque no pone fin a ese procedimiento, sino aquella que ordena en forma definitiva la escrituración, o bien, la entrega del bien inmueble rematado, ya que ambas órdenes constituyen efectos connaturales al acto de adjudicación, por lo que resulta indistinto que se ordene únicamente la escrituración o bien la entrega del bien para estimar actualizada la última resolución del remate. En el presente caso, los autos de treinta de octubre y nueve de noviembre ambos de dos mil veinte reclamado no constituyen la última resolución dictada dentro de ese procedimiento, pues en el primero de los mencionados no se ordenó en forma definitiva la adjudicación mediante escritura o la entrega de los bienes rematados, pues sólo se notificó a la quejosa para que dentro del término de cinco días hábiles a partir de que fuera legalmente notificada de esa determinación, compareciera ante la Notaria designada por el ejecutante a firmar la escritura de adjudicación, destacando que en caso de negarse, la firmaría en su rebeldía el juzgador. En efecto, el auto de treinta de octubre de dos mil veinte señala en la parte que interesa lo siguiente: ".JUZGADO QUINTO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO; A TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; el contenido de la razón secretarial, se acuerda. PRIMERO. Se tiene a la licenciada ADELA RAMOS LOPEZ, Notario Público sustituto de la Notaria Pública Número Veintisiete del Estado, mediante cual hace devolución del expediente original 207/2013 y anexos, por los motivos que expone, lo anterior para efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, requiérase a la demandada LUCIA DE LA CRUZ GUZMAN, para que dentro del término de CINCO DIAS HABILES, contando a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente provisto, pase a firmar la escritura de adjudicación correspondiente ante la licenciada ADELA RAMOS LÓPEZ, Notario Público sustituto de la Notaria Pública Número Veintisiete del Estado, con domicilio ubicado en calle PLUTARCO ELIAS CALLES 515, COLONIA GARCIA DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, en el entendido que de no hacerlo voluntariamente en ese término, este juzgador firmará en su rebeldía de conformidad con el artículo 438 del Código del procedimiento Civiles en vigor. SEGUNDO. De conformidad con el articulo 140 Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tabasco, se le hace saber a las partes que el nuevo titular de este Juzgado es el licenciado JUAN CARLOS GALVAN CASTILLO, para los efectos legales a que haya lugar." En el presente caso, el auto de treinta de octubre de dos mil veinte reclamado no constituye la última resolución dictada dentro de ese procedimiento, pues no se ordenó en forma definitiva la adjudicación mediante escritura o la entrega de los bienes rematados, pues sólo se notificó a la quejosa para que dentro del término de cinco días hábiles a partir de que fuera legalmente notificada de esa determinación, compareciera ante la Notaria designada por el ejecutante a firmar la escritura de adjudicación, destacando que en caso de negarse, la firmaría en su rebeldía el juzgador. Como se ve de lo anterior, la sola emisión del requerimiento a la quejosa para que comparezca dentro del término de cinco días comparezca ante la Notario Público designado por la parte ejecutante el de firma y la orden de escrituración no posibilita al ejecutante a materializar los efectos de la adjudicación, en razón de que se le apercibió que de no hacerlo, el juzgador responsable la firmaría en su rebeldía de conformidad con el artículo 438 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Tabasco en vigor; por lo que será hasta que el juez en caso de incomparecencia de la demandada ante el Notario haga efectivo el apercibimiento en su contra, y decrete la firma por parte del propio juez responsable en rebeldía de la demandada; además, que en proveído de trece de enero del presente año, el juez responsable tuvo a la Notaria sustituta de la Notaria Pública número Veintisiete de esta ciudad, devolviendo el expediente original y anexos, sin que se advierta que haya realizado la escritura de adjudicación. De ahí que sería necesario que el juez responsable previa petición de la parte interesada solicite el envío o entrega de los autos al notario designado para la elaboración de la escritura de adjudicación y el juez responsable requiera a la quejosa para que comparezca ante esa Notaría a firmar la escritura correspondiente; y posteriormente, una vez realizados los actos procesales correspondientes emitir la determinación en la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a la ejecutoria, o en su caso, ordene el archivo definitivo del expediente; de ahí que se considera que referido acto reclamado, no constituye la última resolución del procedimiento de remate, impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Por otra parte respecto al auto de nueve de noviembre de dos veinte, en el cual el juez responsable, ordenó notificar a la referida demandada para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la legal notificación del citado auto, desocupara y entregara voluntariamente el inmueble adjudicado al actor Moisés Palacios Hernández, apercibiéndola que en caso de no hacerlo en el término legal concedido sería lanzada con el auxilio de la fuerza pública y a su costa. Al respecto, existe criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que consideró la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva. Al respecto, el criterio antes descrito se encuentra contenido en la Jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, Materias(s): Civil, Común, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." De ahí que, no pueda estimarse que las resoluciones reclamadas satisfagan las características establecidas en la ley y su interpretación jurídica, para considerarlas como la última resolución dictada en el procedimiento de remate, y, en esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, lo que obliga a sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamados al Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, consistente en los autos dictados el treinta de octubre y nueve de noviembre ambos de dos mil veinte, emitidos por el Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, en el expediente 207/2013 de su índice. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lucia de la Cruz Guzmán, por las razones y motivos expuestos en el considerando quinto de esta ejecutoria. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Incidental
MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la cuenta que antecede de la que se advierte que el término de cinco días a que se refiere el artículo 136 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa exhibiera la garantía que se le fijó para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida en interlocutoria de diecinueve de enero actual, transcurrió del veintidós al veintiocho de los actuales, con exclusión de los días que se consideran como inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que obre en autos constancia alguna que acredite que haya cumplido con tal determinación; por lo que con fundamento en el precepto antes mencionado, se declara que dicha suspensión deja de surtir sus efectos; por tal razón, hágase saber a la autoridad responsable que queda expedita su facultad para la ejecución del acto reclamado. Notifíquese.
- Principal
MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación que antecede, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por lo anterior, se reanuda el trámite del presente expediente. Luego, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Centro, Tabasco, con residencia en esta ciudad, al cual adjuntó diversas constancias relacionadas con el acto reclamado; con el contenido de éstos, dese vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Debido a la voluminosidad que integran las constancias certificadas que remitió la autoridad responsable, manéjense por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Asimismo, téngase a la referida autoridad responsable señalando el correo electrónico juzgadoquintocivilcentro@tsj-tabasco.gob.mx, y el número telefónico 9932248702, de los que este juzgado toma conocimiento únicamente como comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Para dar tiempo a lo anterior, y a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Incidental
MESA 8 La Secretaria procedo a hacer relación de las constancias de autos consistentes en la copia simple de la demanda de amparo, los autos de catorce y dieciocho de diciembre de dos mil veinte, trece y quince de enero del presente año, en los cuales se aperturó el presente incidente, se señaló fecha y hora para la audiencia incidental y se dio vista con el informe previo, rendido por el Juez Quinto de lo Civil con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, que obra agregado en autos. A lo que el Secretario Encargado del Despacho por licencia del Titular acuerda: Téngase por hecha la relación de cuenta y por rendido el informe previo de la autoridad responsable, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho, por lo que se declara cerrada dicha fase. Por otro lado, la Secretaria certifica que las partes no formularon alegatos y que no existe promoción pendiente de acordar, dirigida al presente expediente. El encargado del despacho acuerda: No habiendo pruebas pendientes por desahogar, ni promoción pendiente dirigida al presente expediente, se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1091/2020-8; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. El catorce de diciembre de dos mil veinte, se aperturó el presente incidente de suspensión, en virtud de la demanda de amparo promovida por Lucia de la Cruz Guzmán, contra los actos que reclama del Juez Quinto Civil de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, que hace consistir en: ACTOS RECLAMADOS Los autos de nueve de noviembre y treinta de octubre, ambos de dos mil veinte, emitidos dentro del expediente 207/2013, por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Centro, Tabasco, en el que se le requiere para que firme la escritura pública, y de no hacerlo lo haría en rebeldía el citado Juez, así como la desocupación del bien inmueble dado en garantía hipotecaria, con el apercibimiento de no hacerlo se realizará el lanzamiento con ayuda de la fuerza pública. AUTORIDAD RESPONSABLE Sentido del Informe previo 1 El Juez Quinto Civil de Primera Instancia de esta ciudad. Admite el acto reclamado. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 125, 128, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. ACEPTACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, Centro, Tabasco, al rendir su informe previo admite los actos que se le reclaman, por tanto, se tienen como ciertos éstos. TERCERO. NEGATIVA DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Ahora bien, por una parte SE NIEGA a la parte quejosa la suspensión definitiva respecto de la emisión de los citados actos reclamados a la autoridad responsable; considerando que dichos actos ya se emitieron y por ende, se trata de actos consumados, no susceptible de suspenderse, pues proveer lo contrario implicaría darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio del que deriva este incidente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia II.3o. J/37, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 51, Núm. 60, Diciembre de 1992, Materia Común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." CUARTO. CONCESIÓN DE SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Contrario a lo anterior, se concede a la quejosa Lucia de la Cruz Guzmán, la suspensión definitiva que solicitó, para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, esto es para que en caso de no haber acontecido, no se lleve a cabo la escrituración del bien inmueble; y por ende, no se inscriba en el Instituto Registral correspondiente, así como no se efectúe el desposeimiento y entrega física ni material del bien raíz motivo de controversia. En la inteligencia de que tal medida queda condicionada a que los actos precitados no se hayan ejecutado al momento de decretarse la presente medida suspensiva, la que tendrá vigencia hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la sentencia ejecutoriada que se dicte en el juicio principal del que deriva este incidente. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO Sin embargo, a fin de que la medida cautelar que se concede continúe surtiendo sus efectos, de manera provisional y discrecionalmente, se fija como garantía la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos), que deberá exhibir la quejosa en lo individual dentro de los cinco días siguientes al de su notificación, apercibida que de no cumplir con la obligación impuesta dejará de surtir efectos la suspensión concedida, ello en concordancia con lo establecido por el artículo 136 de la Ley de Amparo. La garantía podrá presentarse en póliza de fianza o billete de depósito, o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a falta de éstos. Si se opta por la primera, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado; en el entendido que su vigencia deberá ser además por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio constitucional del que deriva este incidente, por seis meses a partir del día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio, por lo que si la vigencia vence antes de la conclusión de éste, la suspensión dejará de surtir efectos, sin necesidad de previo acuerdo. En el supuesto de que elija exhibirla en billete de depósito, deberá figurar el nombre de la quejosa como depositante, y de igual forma, en el rubro relativo al "concepto" se habrá de especificar que tiene como objeto que continúe surtiendo sus efectos la suspensión definitiva en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1091/2020-8, formado con la demanda promovida por Lucia de la Cruz Guzmán, además deberá contener la firma, clave (número) y sello de la institución emisora del billete, pues de no satisfacer esos requisitos, no se le tendrá por constituida. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia que no se opone a la Ley de Amparo, cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR DEBE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE EL QUEJOSO HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO". En la inteligencia que en caso de exhibir la garantía en billete de depósito, su devolución, se hará directamente a la quejosa o por conducto de su apoderado con cláusula especial para tal fin, o en su defecto con autorización expresa de la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además en los artículos 140, 144, 146, 147 y 162 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO: Se niega a Lucia de la Cruz Guzmán, la suspensión definitiva que solicitó, por la autoridad señalada en el resultando único; y por las razones y argumentaciones jurídicas que quedaron especificadas en el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO: Se concede a Lucia de la Cruz Guzmán, la suspensión definitiva que solicitó, por la autoridad señalada en el resultando único; y por las razones y argumentaciones jurídicas que quedaron especificadas en el considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese.
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