Lucía del Carmen Alvarado de la Cruz
Expediente 1687/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1687/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Lucía del Carmen Alvarado de la Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta recibido vía sise, con evidencia criptográfica, signado electrónicamente por Ricardo Manuel Méndez Pérez, autorizado en términos amplios de la quejosa Lucia del Carmen Alvarado de la Cruz, mediante el cual solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico en el presente juicio de amparo, mediante el portal en línea con el nombre de usuario: "tatomendez82". Por lo anterior, se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en el ordinal 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Por otro lado, instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por Francisco Javier Méndez Pérez, quien se ostenta como autorizado de la quejosa Lucia del Carmen Alvarado de la Cruz y en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar favorable lo que solicita, toda vez que de la revisión de la demanda de amparo, no se advierte que encuentre autorizado para promover en nombre de la promovente. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Lucía del Carmen Alvarado de la Cruz; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1687/2021-5, promovido por Lucía del Carmen Alvarado de la Cruz, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el veintitrés del citado mes y año y turnado a este órgano jurisdiccional el veinticuatro siguiente, Lucia del Carmen Alvarado de la Cruz, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto y autoridades responsables, siguientes: Autoridades responsables: Pleno del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco (ordenadora). Presidente del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco (ordenadora). Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco (ordenadora). Jefa de la Unidad de Conciliación (ejecutora). Jefe de Actuarios del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco (ejecutora). Actuario del Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco (ejecutora). Actos reclamados: ( "1.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA RECLAMO: A. LA OMISIÓN DE DAR CONTESTACIÓN A LO PETICIONADO MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2021; B.- LA OMISIÓN DE DAR CONTESTACIÓN A LO PETICIONADO MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021; C.- LA OMISIÓN DE DAR CONTESTACIÓN A LO PETICIONADO MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2021; D.- LA OMISIÓN DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA CALIFICACIÓN Y ADMISIÓN DE PRUEBAS EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL 273/2019; POR CONSIGUIENTE; E.- LA FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES Y DILIGENCIAS ENCOMENDADAS AL JEFE DE ACTUARIOS DE SU ADSCRIPCIÓN A EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LAS PARTES EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL; Y F.- DERIVADO DE TODO LO ANTERIOR, EL INCUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS PROCESALES INHERENTES AL DERECHO LABORAL. G.- LA DILACIÓN PROCESAL, QUE SE DERIVA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES PROCESALES EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL. I.- LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA HOY QUEJOSA A EFECTOS DE RECIBIR JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. 2.- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA, SE RECLAMAN: DEL JEFE DE LA UNIDAD DE CONCILIACIÓN: a) LA FALTA DE TURNO Y ENVÍO A LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL 330/2019, A LA SECRETARÍA DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO; DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS: B) LA OMISIÓN DE TURNAR EL EXPEDIENTE A LA ETAPA DE ARBITRAJE DEL JEFE DE ACTUARIOS: I. LA FALTA DE TURNO DEL EXPEDIENTE LABORAL A UNO DE LOS ACTUARIOS DE SU ADSCRIPCIÓN PARA LA NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LOS DEMANDADOS; DEL ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE: II. LA FALTA DE DILIGENCIAS RELATIVAS A LA NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LAS PARTES EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL. III. LA FALTA DE LEVANTAMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CONSTANCIAS Y ACTAS CIRCUNSTANCIADAS RELACIONADAS CON LA NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LAS PARTES EN LOS AUTOS DEL JUICIO LABORAL. IV. DERIVADO DE LO ANTERIOR, LA VIOLACIÓN A LO ORDENADO EN LOS ARTÍCULOS 640, 685 Y 742 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO APLICADO DE MANERA SUPLETORIA". SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el expediente 1687/2021-5; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tiene verificativo en los términos que anteceden. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registro 1003226, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 181810, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la Ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como actos reclamados: La omisión por parte de la autoridad responsable de dar contestación a lo peticionado mediante escritos de veintiséis de abril, nueve de junio y seis de noviembre, todos de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 273/2019. La: 1) falta de turno, 2) falta de diligencias, y, 3) falta de levantamiento de todas y cada una de las constancias y actas circunstanciadas, todos estos relacionados con la notificación y emplazamiento a juicio de los demandados Omisión de la notificación del auto en que se señale hora y fecha para la audiencia de calificación y desahogo de pruebas. No pasa inadvertido que la parte impetrante de amparo también reclama la omisión de omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de calificación y admisión de pruebas. Sin embargo, no puede considerarse como acto destacado, toda vez que del escrito recibido el quince de junio de dos mil veintiuno, solicita el señalamiento de la fecha y hora de dicha diligencia, por lo que está supeditado a lo que las autoridades responsables acuerden al respecto. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS AL JEFE DE ACTUARIOS Y DEL ACTUARIO, ADSCRITOS AL TRIBUNAL DEL CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO. Lo actos reclamados a las autoridades responsables Jefe de Actuarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco y Actuario adscrito a este, consistentes en: 1) falta de turno, 2) falta de diligencias, y, 3) falta de levantamiento de todas y cada una de las constancias y actas circunstanciadas, todos estos relacionados con la notificación y emplazamiento a juicio de los demandados, son actos inexistentes, ello es así, derivado de la etapa procesal en que se encuentra el expediente 273/2019, esto es, citación para la audiencia de calificación y admisión de pruebas -como se señala en el proveído de siete de enero de dos mil veintidós-, por lo que, es evidente que ya fueron notificados y emplazados al juicio laboral los demandados. De igual modo, es inexistente, el acto reclamado consistente en la omisión de notificar la fecha y hora para la audiencia de conciliación y arbitraje, ya que aún no se ha emitido acuerdo alguno en donde se ordene la respectiva notificación; por tanto, resulta evidente que la autoridad responsable a la fecha de presentación de la demanda no se encontraba en aptitud legal para notificar a las partes el auto que refiere, en consecuencia, el referido acto omisivo es inexistente. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, del siguiente rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá´ dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO´ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó´ la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, Pleno, Presidente y Jefa de la Unidad de Conciliación, todos del citado tribunal, por conducto del Magistrado Presidente de dicho ente, negaron la existencia de las omisiones que se les atribuyen, no obstante, enseguida realizaron manifestaciones que evidencian su existencia; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe presumirse cierta la omisión que se les atribuye. Aplica al caso, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Octava Época, materia común, con registro digital 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". En ese orden de ideas, son ciertos los actos que se reclaman al Tribunal del Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, Pleno, Presidente y Jefa de la Unidad de Conciliación, todos del citado tribunal, pues así se advierte de su respectivo informe justificado; y al constituir éste en documentales públicas, se les otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley de Amparo, porque se trata de actuación emitida por autoridades en el ejercicio de su encargo, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que las autoridades responsables invocaron al rendir su informe justificado, y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. El precepto aludido establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos de los actos reclamados. En ese sentido, debe decirse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando las autoridades responsables derogan o revocan los actos mismos y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan; o también, cuando las autoridades sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, materia común, página 38, con registro digital 193758, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En ese contexto, de la constancia remitida por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, relativa a la copia certificada del proveído de siete de enero de enero de dos mil veintidós, se advierte que dicho ente, en el expediente laboral 273/2019, acordó los escritos con fecha de recepción, entre otros, quince de junio de dos mil veintiuno, rubricado por Lucía del Carmen Alvarado de la Cruz y otros; quince de junio y dieciséis de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, firmados por Lucero Cruz Hernández, apoderada de la parte actora; asimismo, señaló las trece horas del veintiuno de abril del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de calificación y admisión de pruebas; proveído que ordenó notificar de manera personal a la parte actora. Cabe precisarse que los escritos antes citados que fueron recepcionados con las fechas que menciona la autoridad, corresponden a los ocursos de data veintiséis de abril, nueve de junio y seis de noviembre, todos de dos mil veintiuno, tal y como puede advertirse de los mismos que adjuntó la parte quejosa a su demanda, con sello y firmas autógrafas. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable, pues no habían acordado los escritos de veintiséis de abril, nueve de junio y seis de noviembre, todos de dos mil veintiuno, presentados en el expediente 273/2019; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos de los actos reclamados han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, materia común, página 210, con registro digital: 196820, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, Séptima Época, materia común, página 49, con registro digital 239006, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Lucía del Carmen Alvarado de la Cruz, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos TERCERO y QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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