Lourdes del Socorro Pérez Escoffie

Expediente 46/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
46/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Lourdes del Socorro Pérez Escoffie

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Atento a lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido y se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda el alegato ministerial 199/2022 signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, con el que solicita se niegue el amparo, o en su caso, sobresea en el presente juicio, así como que se le expida copia de la sentencia que se dicte. Ahora bien, por lo que respecta a las manifestaciones vertidas en el alegato de mérito, no se hace pronunciamiento alguno en virtud de que el ocho de marzo del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Por último, como lo solicita la representante social de la Federación, con fundamento en lo establecido en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, una vez que se dicte la sentencia en este juicio, expídasele copia certificada de la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito signado por Valentina Cerón Pacho, perito propuesta por la parte quejosa, mediante el cual informa que el veintiuno de febrero del año en curso, acudió a las instanciaciones del Archivo Notarial a fin de llevar a cabo el desahogo de la diligencia ordenada en autos y solicita una prórroga para el efecto de que se encuentre en aptitud de rendir su correspondiente dictamen. Ahora bien, como del escrito de cuenta, se desprende que ya se llevó a cabo la diligencia señalada en el Archivo Notarial, y en virtud de que para el desahogo de la prueba pericial respectiva, falta por desahogar una diversa diligencia en la Notaría Pública número 89 del Estado de Yucatán, por lo tanto, se fijan las diez horas con treinta minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, para que los peritos designados en este juicio, licenciada Guadalupe Oropeza Ruiz, nombrada por este juzgado y Valentina Cerón Pacho, propuesta por la parte quejosa, acudan al local de la Notaría antes mencionada, ubicada en la calle veintitrés, número trescientos tres letra "B", por veintiséis y veintiocho de Motul, Yucatán, a fin de que se les pongan a la vista: (1) el protocolo y/o libro donde conste el acta número trescientos cuarenta y ocho, de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho y, (2) un protocolo del mes de febrero de dos mil dieciocho donde conste el acta antes referida. En relación con lo anterior, gírese oficio al licenciado Manuel Emilio García Ferrón, Titular de la mencionada Notaría, para que brinde las facilidades necesarias a los peritos, con el apercibimiento que de no cumplir, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la citada ley, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Por último, en razón de lo acordado, dígase a la perito ocursante que no ha lugar a la prórroga que solicita. Notifíquese y personalmente a la perito Valentina Cerón Pacho y por oficio a Guadalupe Oropeza Ruiz. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    CITATPRIO....Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el 498/2022 remitido por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual remite las constancias que le fueron requeridas en proveído de veinticuatro de febrero del año en curso; oficio y documentales que se ordenan agregar a los presentes autos para que obren como correspondan. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que claramente aparezca demostrado que no existe el acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la tesis XIII.1º.P.T.27 K (10ª) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2019803, que es del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." De lo anterior, se infiere que cuando exista una causal de sobreseimiento que fuese notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y ...". La causal de sobreseimiento prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama del Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La omisión de notificarle el auto de radicación del juicio laboral 85/2021 de origen. Sin embargo, de las constancias certificadas que la Presidente de la Junta responsable remitió con su oficio de cuenta, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el cinco de julio de dos mil veintiuno, compareció el apoderado de la parte actora, aquí quejosa, a la audiencia en su etapa de conciliación demanda y excepciones, por lo que en ese mismo acto tuvo conocimiento de la radicación del juicio laboral 85/2021 de origen, así como de la nueva fecha señalada por la responsable para que tuviera verificativo dicha audiencia. De lo anterior, se evidencia que a la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el siete de enero de dos mil veintidós, no existía el acto de omisión reclamado, lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Lo anterior permite deducir sin lugar a dudas la inexistencia del acto reclamado, sin que haya posibilidad alguna de que se pueda desvirtuar dicha inexistencia con algún medio de prueba que exhiban las partes. Por otro lado, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama un diverso acto, de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y del Actuario de su adscripción, que hizo consistir en: La omisión de emplazar a la parte demandada juicio laboral 85/2021 de origen. Sin embargo, del oficio de cuenta y de las constancias certificadas enviadas con el mismo, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que mediante constancias actuariales de veinticinco de febrero del año en curso, fueron emplazados al juicio laboral de origen los demandados Palacio del Billar y Juan Alfredo Cervera Ricalde. Lo anterior, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el siete de enero de dos mil veintidós; por lo que es evidente que cesaron los efectos de ese acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que, a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de igual manera de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia previstas en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo relatado en párrafos que preceden, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con cincuenta minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.

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