Lourdes Guadalupe Medina Balam

Expediente 1050/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1050/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
16/11/2018

Partes del expediente

  • Lourdes Guadalupe Medina Balam
  • Lourdes Guadalupe Medina Balam y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Sexto en Materia de Oralidad Familiar del Poder Judicial del Estado, al que anexa diversas constancias relacionadas con los actos reclamados. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos de los actos reclamados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la negativa de la autoridad responsable de correr traslado a Edgar Iván Cahun Chan y decretar medidas provisionales de alimentos, guardia y custodia y protección emergentes a favor de la quejosa y de su hija menor de edad Y.Y.C.M. en el expediente 158/2018 relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por la parte quejosa en contra de Edgar Iván Cahun Chan del índice del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Sin embargo, de las constancias certificadas que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado de cuenta, a las que este Órgano de Control Constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el nueve de octubre de dos mil dieciocho se acordó acerca de correr traslado a Edgar Iván Cahun Chan y se decretó las medidas provisionales de alimentos, guardia y custodia y protección emergentes a favor de la quejosa y de su hija menor de edad Y.Y.C.M. en el expediente 158/2018 relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por la parte quejosa en contra de Edgar Iván Cahun Chan del índice del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; esto es, posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el doce de septiembre de dos mil dieciocho, le fue dado a conocer la totalidad de las respuestas por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados; lo que impide a este Órgano de Control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre los actos reclamados. Como se ve, aun cuando los actos de los que se duele había sido emitidos con posterioridad a la presentación de la demanda, por ello los efectos fueron desvanecidos de forma total con posterioridad a la demanda al haberse acordó por la autoridad responsable acerca del traslado a Edgar Iván Cahun Chan y de las medidas provisionales de alimentos, guardia y custodia y protección emergentes a favor de la quejosa y de su hija menor de edad Y.Y.C.M. en el expediente 158/2018 relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por la parte quejosa en contra de Edgar Iván Cahun Chan del índice del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; por ello, se insiste, los efectos han cesado de forma plena. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe. En la misma fecha se libró el oficio, en términos de la minuta que se anexa. Conste.

  3. Principal

    II. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Juez Sexto en Materia de Oralidad Familiar del Poder Judicial del Estado, al que anexa diversas constancias relacionadas con los actos reclamados. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo aplicable, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesado los efectos de los actos reclamados. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo aplicable, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos de los actos reclamados en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente caso se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la negativa de la autoridad responsable de correr traslado a Edgar Iván Cahun Chan y decretar medidas provisionales de alimentos, guardia y custodia y protección emergentes a favor de la quejosa y de su hija menor de edad Y.Y.C.M. en el expediente 158/2018 relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por la parte quejosa en contra de Edgar Iván Cahun Chan del índice del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Sin embargo, de las constancias certificadas que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado de cuenta, a las que este Órgano de Control Constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el nueve de octubre de dos mil dieciocho se acordó acerca de correr traslado a Edgar Iván Cahun Chan y se decretó las medidas provisionales de alimentos, guardia y custodia y protección emergentes a favor de la quejosa y de su hija menor de edad Y.Y.C.M. en el expediente 158/2018 relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por la parte quejosa en contra de Edgar Iván Cahun Chan del índice del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; esto es, posterior a la fecha de presentación de la demanda que lo fue el doce de septiembre de dos mil dieciocho, le fue dado a conocer la totalidad de las respuestas por lo que es evidente que cesaron los efectos de los actos reclamados; lo que impide a este Órgano de Control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre los actos reclamados. Como se ve, aun cuando los actos de los que se duele había sido emitidos con posterioridad a la presentación de la demanda, por ello los efectos fueron desvanecidos de forma total con posterioridad a la demanda al haberse acordó por la autoridad responsable acerca del traslado a Edgar Iván Cahun Chan y de las medidas provisionales de alimentos, guardia y custodia y protección emergentes a favor de la quejosa y de su hija menor de edad Y.Y.C.M. en el expediente 158/2018 relativo al procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por la parte quejosa en contra de Edgar Iván Cahun Chan del índice del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; por ello, se insiste, los efectos han cesado de forma plena. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe. En la misma fecha se libró el oficio, en términos de la minuta que se anexa. Conste.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte promovente del presente juicio de amparo Lourdes Guadalupe Medina Balam a efecto que cumpliera con el requerimiento que se le hizo en proveído de diecisiete de septiembre del presente año, sin que lo hubiere hecho, auto que según la constancia actuarial respectiva le fue notificado el veintiuno de septiembre del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado acuerdo y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo se tiene por presentada la demanda de amparo únicamente por Lourdes Guadalupe Medina Balam, contra los actos del Juez Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I°, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, se admite la demanda en sus términos. No se tramita el incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa y no encontrarse en los supuestos que prevé el artículo 127 de la ley de amparo, para abrirlo de oficio. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, con copia de la demanda de amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita; asimismo en el término señalado, deberá acompañar la totalidad de las constancias que estime pertinentes, para apoyar su informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo; apercibida que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se presumirán ciertos los actos reclamados y con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la citada ley, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del seis de noviembre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que la parte quejosa anexa al escrito de demanda, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionada en la audiencia constitucional relativa. De conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo se previene a las partes de este juicio de amparo a efecto de que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia, lo hagan del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional y de ser posible exhiban las constancias que así lo acrediten, con el apercibimiento que no acatar lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del invocado ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Con apoyo en el numeral 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que informe a este Juzgado si tienen conocimiento que la parte quejosa ha promovido otra demanda de amparo contra los actos que reclama en este juicio. Con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente acuerdo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 110 de la Ley de Amparo en vigor. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe. Hago Constar: Que el presente juicio de amparo quedó registrado en el libro de gobierno bajo el número 1050/2018-II. Conste. En la propia fecha se libra el oficio correspondiente en términos de la minuta que se anexa. Conste. *Betty.

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