Lorenzo Olan García

Expediente 1758/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1758/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
01/12/2022

Partes del expediente

  • Lorenzo Olan García
  • Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Yucatán

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de diciembre de dos mil veintidós. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. (...)

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el informe justificado signado por el Actuario Adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; ahora bien, es de señalarse que de la revisión de las constancias que remitió con su informe justificada en apoyo al mismo se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: (...) En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. (...)

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, toda vez que atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que inmediatamente antecede y de una revisión que se realizó a los autos del presente expediente esta autoridad se percató que aún está transcurriendo el término otorgado a la autoridad responsable en proveído de veinticinco de julio de dos mil veintidós, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, para que rinda su informes justificados; en virtud de lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija para su celebración las diez horas con treinta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Atento a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito de Alejandro Ulises Ávila Sosa, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, con el que en atención al requerimiento que se le hizo en auto de veinte de julio de dos mil veintidós, informa los motivos por los cuales no asistió a la diligencia de fuerza pública fijada para el trece de julio de dos mil veintidós a las diez horas con treinta minutos, por lo que solicita se requiera a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, autoridad responsable, señale nueva fecha y hora para llevarla a cabo. En atención a las manifestaciones realizadas por el ocursante en el escrito de mérito, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Secretario de Seguridad Pública del Estado, autoridad vinculada con el cumplimiento, a fin de que dentro del término de diez días hábiles, fije hora y fecha para la diligencia de fuerza pública solicitada por la titular del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio número 1155/2021 de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, librado en autos del expediente 1150/2006, comisionando los elementos a su cargo para llevarla a cabo, y se lo comunique a la Juez solicitante, para que realice la diligencia encomendada. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que dentro del término de tres días siguientes contados desde que reciba el oficio en el que se le transcribe este acuerdo, deberá informar a este Juzgado de Distrito, los actos realizados para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede y remitir las constancias relativas a todo lo actuado con motivo de dicho ordenamiento; con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término legal que para tal efecto se le señala, se procederá conforme al artículo 193 de la citada legislación y acorde a lo estipulado en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal, esto es, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo, con fundamento en los artículos 238 y 258, ambos de la ley reglamentaria vigente en esta fecha, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado a que corresponda o en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese. (...)

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