Lorenzo Chan Uicab

Expediente 1647/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1647/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Lorenzo Chan Uicab
  • Lorenzo Chan Uicab y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo, de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a este expediente. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes, que en su caso podrán proporcionar un correo electrónico para la remisión digital del informe de cuenta. Por lo que refiere a la Agente del Ministerio Público de la Federación, en caso de que estime necesario imponerse del informe de cuenta, deberá solicitarlo a través del correo institucional 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, a efecto de que se ordene la remisión del mismo a su correo electrónico. Ahora bien, en atención al contenido del informe de cuenta, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso Lorenzo Chan Uicab reclama la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a la solicitud 31190003851, de dos de mayo de dos mil diecinueve. Sin embargo, de las constancias certificadas conducentes remitidas por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con residencia en esta ciudad, las cuales remitió en apoyo a su informe de cuenta, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veinte de octubre de dos mil veintiuno, la nombrada responsable entregó al quejoso Lorenzo Chan Uicab, el certificado de derechos de tierras de uso común 1012113, con lo que concluyó la solicitud SIMCR 31190003851. Lo anterior fue realizado con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el trece de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede y toda vez que al rendir su informe justificado la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, no remitió la totalidad de las constancias que integran el juicio laboral 1095/2015; en consecuencia, a fin de que este Juzgado se encuentre en condiciones de resolver con pleno conocimiento de causa, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la citada autoridad, para que en el término de tres días computados legalmente, remita a este Juzgado copia debidamente certificada de todas y cada una de las constancias que integran el juicio laboral 1095/2015 de su índice, apercibida que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, vigente al dictado del presente acuerdo. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las diez horas con cuarenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Sin que el presente acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, dado que no se considera de trascendencia, con excepción de la autoridad requerida, acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la encargada del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena agregar a este expediente y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para el uso de sus derechos de estimarlo pertinente. Ahora bien, en atención a que se indica en el informe de cuenta, que se señalaron las trece horas del día veinte de octubre de esta anualidad, para la notificación y entrega a la parte aquí quejosa del certificado de derechos de tierras de uso común con número 1012113, en el Centro de Atención al Público (CAT) de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, por tanto, se ordena se haga de su conocimiento lo anterior, a fin de que comparezca en dicho centro y se realice lo antes indicado, con el apercibimiento que de cumplir con lo ya señalado, se acordará lo que legalmente proceda. Asimismo, la parte quejosa una vez que cumpla con lo indicado en el párrafo que antecede, deberá necesariamente informarlo a este Juzgado, a fin de que se pueda acordar lo conducente. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes, que en su caso podrán proporcionar un correo electrónico para la remisión digital del informe de cuenta. Por lo que refiere a la Agente del Ministerio Público de la Federación, en caso de que estime necesario imponerse del informe de cuenta, deberá solicitarlo a través del correo institucional 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, a efecto de que se ordene la remisión del mismo a su correo electrónico. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.

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