Lorenzo Guevara Jimenez
Expediente 110/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 110/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/11/2019
Partes del expediente
- Lorenzo Guevara Jimenez
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
a las nueve horas del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se hace constar que en virtud de que el quejoso ni su autorizado comparecieron en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el citatorio de veintiseis de noviembre de dos mil diecinueve y notifico por lista fijada en los estrados de este juzgado, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, al autorizado de la parte quejosa , el proveído de veinticinco de noviembre del presente año, dictados en los autos del juicio de amparo 110/2019, del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso b) en relación con el 29, de la Ley de Amparo, mismos que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los oficios de cuenta remitidos por las autoridades responsables; en atención a su contenido, se les tiene informando el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada en veinte de noviembre del año en curso, dentro del presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Asimismo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; por ello, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjense a la vista de las partes por el término de ocho días hábiles para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga. En otro orden, vista la constancia de notificación signada por el fedatario adscrito a este juzgado, por medio de la cual notifica de manera personal al quejoso Lorenzo Guevara Jiménez, el requerimiento efectuado el veinte de noviembre del año en curso; al respecto, se advierte que designó en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo a los licenciados Juan Carlos Rodríguez Jaramillo y Guillermo Odescalchi Veloz. Por ello téngasele por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Carlos Rodríguez Jaramillo, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Guillermo Odescalchi Veloz, hasta en tanto registre su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de noviembre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 110/2019-A-1. Admisión de la demanda. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda que promueve Lorenzo Guevara Jiménez, por propio derecho, contra actos del Director del Centro de Reinserción Social Tijuana, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. Se decreta suspensión de plano. Tomando en consideración que el quejoso solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de no ser trasladado a diverso centro penitenciario; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión respecto de la orden de traslado reclamada por el quejoso Lorenzo Guevara Jiménez, para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente guardan y no sea trasladado a un diverso lugar del que se encuentra, siempre y cuando no se haya llevado a cabo el mismo, pues de ser así, al acto le revestiría el carácter de consumado, contra el cual no procede otorgar la medida cautelar. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 865, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: Informes de suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, rindan informe en acato a la suspensión de plano, apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal. Incidente de suspensión. Sin que sea el caso ordenar la apertura del incidente de suspensión, virtud de lo acordado en párrafos precedentes. Audiencia constitucional. Se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendirlo dentro de quince días, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se les reclama; además deberán señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; requiéraseles también para que remitan copias certificadas de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye, en el entendido que en el informe de mérito deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, lo que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, que equivalen a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada en diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, ello, conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este juzgado. Tercero interesado. No ha lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, y se advierta a quien pueda asistirle tal carácter, virtud de que, hasta este momento, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Señalamientos de autorizados y domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda; asimismo, por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Juan Carlos Rodríguez Jaramillo y Guillermo Odescalchi Veloz, ello en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. Ahora, tomando en consideran de que el agraviado se encuentra privado de la libertad y que de su demanda no se aprecia que designe a alguien que lo patrocine en este juicio, a fin de salvaguardar sus derechos y no dejar al peticionario del amparo en estado de indefensión, requiérasele para que en el acto de la notificación o en el término de tres días, legalmente computados designe a un abogado que lo asista en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo; bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado este órgano jurisdiccional designará a un defensor de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a./J.43/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala, publicada en la página 1301, Libro 69, agosto de 2019, tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro electrónico 2020495, de rubro siguiente: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estados de este Juzgado de Distrito. Se autoriza al secretario del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. Solicitud de copias. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y como lo solicita el promovente, expídasele copia certificada por duplicado de esta determinación, y hágase entrega de la misma, previa toma de razón que se deje asentada en autos para debida constancia, autorizando a las personas que refiere en su demanda. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso en el centro donde guarda reclusión.
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