Lorenzo Daniel Fuentes Flores

Expediente 177/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
177/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Lorenzo Daniel Fuentes Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso dentro del plazo de quince días4, recurso de inconformidad en contra de la determinación judicial de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se declaró cumplida sin exceso ni defecto la sentencia de amparo dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal5, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, 4Previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo 5 Aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 18, párrafos tercero, cuarto y quinto; vigésimo quinto, párrafo segundo; y, 27, todos del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se aprecia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que hicieran manifestación alguna. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias es de orden público, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido o no. El ocho de junio de dos mil veintiuno, este juzgado dictó sentencia, en la que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Lorenzo Daniel Fuentes Flores, contra el acto atribuido al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio; y al Recaudador de Rentas del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, para el efecto que: "a) Que las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, dejen de aplicar las porciones normativas declaradas inconstitucionales, a saber, 15, fracción II, inciso I) y 8, ambas de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve así como el 152 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, a la parte quejosa en lo presente y en el futuro. b) Que la responsable Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, exima al quejoso de pagar la tasa establecida en la fracción II inciso I) del artículo 15 de la Ley de Ingresos para el Estado de Baja California, a la mínima prevista en la fracción I del dispositivo legal impugnado, pero no desvincularlo de la carga impositiva del impuesto, merced a que la inconstitucionalidad de la norma legal radicó en un elemento variable, por lo que no es dable jurídicamente que en reparo de la conculcación advertida, se desincorpore en forma total al quejoso de su esfera jurídica su obligación tributaria, sino sólo en la parte normativa declarada inconstitucional y, por consiguiente, que se determine y se devuelva al quejoso el excedente del pago que erogó por concepto del impuesto. Para ello, la responsable ejecutora, deberá recalcular el monto del derecho a pagar conforme a la tarifa mínima prevista en la fracción I del artículo 15 de la ley en cita (doscientos un pesos con dieciocho centavos), y en caso de que el pago se haya realizado, deberá devolver al solicitante del amparo, la diferencia que resulte a su favor, liquidación que será a cargo de dicha autoridad recaudadora, por ser de su competencia y facultad, atento a que se encuentra vinculada al cumplimiento del presente fallo c) Ante la inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, así como el diverso 152 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, que prevén el impuesto adicional para la educación media y superior, por violentar el principio de proporcionalidad tributaria previsto en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución General de la República, en relación con el cobro del impuesto adicional para la educación media y superior, contenido en el recibo de pago 219013804901, de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se contiene el pago por la cantidad de $10,391.70 [diez mil trescientos noventa y un pesos con setenta centavos moneda nacional]; las autoridades responsables ejecutoras dejen de aplicar dichas disposiciones y en su lugar le sea devuelto al impetrante del amparo, la cantidad que por dichas normas cubrió." En acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, y se requirió al Registrador Público de la Propiedad y de Comercio; y al Recaudador de Rentas del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, el cumplimiento del fallo protector. Por oficios recibidos en este juzgado el catorce, veinte, veintiséis de julio; dieciséis, veintiséis de agosto; y tres de septiembre; todos de dos mil veintiuno, las autoridades responsables comunicaron el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, actuando en su carácter de representante de Recaudación de Rentas del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, informó se desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en la Ley de Ingresos Estatal; asimismo que la Tesorería del Egreso de la Secretaria de Hacienda del Estado, expidió el cheque número 0207982 y lo puso a disposición de la parte quejosa, por la cantidad de $39,657.76 pesos (treinta y nueve mil seiscientos cincuenta y siete pesos con setenta y seis centavos moneda nacional), acreditando que el cálculo de dicha cantidad fue realizado de la siguiente manera: Pago realizado por el quejoso $29,476.80 Acta de Embargo Definitiva $10,391.70 Impuesto a la Educación $213.77 Análisis en pagos efectuados $40,082.00 Importe Total pagado Efectos de la Sentencia $210.47 Tarifa mínima prevista en la fracción I, del artículo 15 de la Ley de ingresos 2019 $0.0 Impuesto a la Educación $213.77 Análisis de documentación $424.24 Impuesto Total $ 40.082.00 Impuesto total efectivamente pagado - $ 424.24 Importe total que debe pagar, conforme a los efectos determinados en la sentencia del presente juicio. $ 39,657.76 Importe total a devolver para cumplimiento. Lo que acreditó con las documentales que anexó al informe respecto al cumplimiento del fallo protector; a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Anexo con el que se acreditó que las autoridades responsables cumplieron con la sentencia concesoria de amparo, pues quedó acreditado que conforme a los lineamientos estipulados en la sentencia dictada el ocho de junio de la presente anualidad, re realizó el cálculo entre la cantidad pagada por la parte quejosa y la cantidad que debió pagar, con motivo de la inscripción del acta de embargo. Por otra parte, el Coordinador Jurídico Estatal del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, informa que la fracción II inciso I del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, fue desincorporada de la esfera jurídica de la parte quejosa, y aplicó la tarifa mínima prevista en la fracción I del artículo en cita, solicitando al Recaudador de Renta del Estado, realizar la devolución del pago de lo indebido, consistente en $10,391.70 pesos (diez mil trescientos noventa y un pesos con setenta centavos moneda nacional). Anexando entre copia simple del oficio dirigido al Recaudador de Rentas del Estado; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo cual se acreditó que la autoridad responsable cumplió con la sentencia, pues el Coordinador Jurídico Estatal del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, mediante oficio de veinte de julio de dos mil veintiuno, solicito al Recaudador de Rentas del Estado le dejara de aplicar la fracción II inciso I del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, a la parte quejosa, y en su lugar aplique la tarifa mínima prevista en la fracción I del artículo en cita; así como también realice la devolución del excedente pagado por la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, al haber cumplido los lineamientos de la ejecutoria de amparo, debe concluirse que en el caso, se declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin perjuicio de que la parte quejosa intente el medio de impugnación correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y datos de identificación se citan a continuación: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." (Novena Época, Registro: 165807, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 201/2009, Página: 301) Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos sin mayor proveído el oficio que remite el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, en representación de la autoridad responsable Recaudación de Rentas del Estado de Baja California dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado, con residencia en esta ciudad, en atención a que en acuerdo de seis de septiembre último, se agregó similar comunicado proveyéndose lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a seis de septiembre de dos mil veintiuno Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite la autoridad responsable, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinticinco de agosto del año en curso. Por otra parte, en proveído de veinticinco de agosto pasado, se agregó a los autos el diverso oficio que remitió el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de Baja California, en representación de la autoridad responsable Recaudación de Rentas del Estado dependiente de la Secretaría de Hacienda del Estado, con residencia en esta ciudad; mediante el cual, a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, informó que el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se expidió el cheque número 0207982, a nombre del quejoso, mismo que está a su disposición en las oficinas de la Tesorería del Egreso, de la Secretaría de Hacienda del Estado, en esta ciudad. De conformidad con el numeral 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa así como al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con las constancias agregadas en la presente determinación judicial así como las agregadas el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno; para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, manifiesten lo que a su derecho convenga. En el entendido que de no hacer manifestación alguna se proveerá respecto al cumplimiento del presente fallo protector. Notifíquese personalmente.

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