Lorena Patricia Saeñez Contreras
Expediente 1309/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1309/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/11/2023
Partes del expediente
- Lorena Patricia Saeñez Contreras
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, y en atención al estado que guardan los presentes autos de los que se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado al fallo protector y únicamente la parte quejosa hizo uso de ese derecho; por tanto, se procede a emitir el pronunciamiento a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo. Mediante sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se determinó sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa. Resolución en contra de la cual el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno conoció el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, quien mediante ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo ********************, resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas en el antecedente de hecho primero de este fallo y para los efectos precisados en la consideración última de esta ejecutoria." En cumplimiento a dicho fallo, mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el veinte de septiembre de dos mil veintitrés la autoridad Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esta ciudad, informó sobre las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, y agendó cita médica a la parte quejosa el día trece de octubre de dos mil veintitrés a las diecinueve horas con diez minutos, en el consultorio número doce del Hospital General Regional número ********************0, de esta ciudad; con lo cual se dio vista a la parte quejosa a fin de que acudiera a la cita médica en el día y hora programado. Luego, mediante escrito recibido en este juzgado el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo al autorizado de la parte quejosa informado que la quejosa ******************** falleció en el mes de marzo de dos mil veintitrés, sin que tuviera a disposición copia del acta de defunción, por lo que solicitó se giraran oficios a las oficinas de Oficialía de Registro Civil de esta localidad. Asimismo, el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad auxiliar Oficial Número Uno del Registro Civil, de esta ciudad, remitiendo copia certificada de acta de defunción a nombre de ******************** Gutiérrez, de fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, Acta número ********************, del libro ********************, de la oficialía 01, del municipio de Playas de Rosarito, Baja California. Constancias a la que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 1********************9, 197 y ********************0******************** de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. Por lo antes expuesto, conviene identificar que existen dos supuestos de imposibilidad material y jurídica de para cumplir con la ejecución de la sentencia, mismas que son: a) Habrá imposibilidad material para el cumplimiento de una sentencia de amparo, cuando las autoridades responsables se encuentren impedidas para ello por factores externos que destruyan la materia protegida en la sentencia de amparo, de tal forma que la responsable aun y cuando esté en condiciones de realizar actividades mecanizadas tendientes a su cumplimiento, no sea posible porque la materia del amparo deje de existir, verbigracia, cambios orográficos, físico, demográficos y urbanísticos del lugar donde deba cumplirse. b) La imposibilidad jurídica se entiende como aquella disposición, acto de autoridad competente e independiente de las autoridades responsables o situación de derecho que extingue la materia del amparo. Para dar sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia ********************ª./J. ********************/********************008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página cuatrocientos treinta y uno del tomo XXVII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Bajo esa línea de ideas se desprende que la situación jurídica que imperaba al momento en que se otorgó el amparo, cambió por una cuestión no atribuible a la autoridad responsable; ello porque el licenciado ********************informó que la quejosa ******************** Gutiérrez, falleció en el mes de marzo del año en curso, lo que se concatena con la copia certificada de acta de defunción enviada por la autoridad auxiliar Oficial Número Uno del Registro Civil, de esta ciudad (acta número ********************, del libro ********************, de la oficialía 01, del municipio de Playas de Rosarito, Baja California); esto es con anterioridad a la emisión del fallo protector por el Tribunal Colegiado. Por tanto, si en el presente asunto, se otorgó el amparo a la parte quejosa en relación con su "derecho a la salud"; el fallecimiento de la parte quejosa el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, trajo como consecuencia la imposibilidad jurídica de la autoridad responsable para dar cumplimiento a los efectos por los cuales se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa. Pues en atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto que hoy nos ocupa, en relación con el fallecimiento de la parte quejosa, hace imposible el cumplimiento respecto de los actos que reclamó afectaban su derecho a la salud. En consecuencia, como se anticipó, en términos del artículo 196 y ********************01 fracción II de la Ley de Amparo se determina que hay imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria concedida en el presente juicio de amparo, pues sobrevino una causa o situación jurídica ajena a las autoridades responsables, que cesó o modificó las circunstancias conforme a las cuales se emitió el fallo protector en este juicio; en el caso, una situación de derecho, que extinguió la materia del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la jurisprudencia 1a. CXXVII/********************009 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 16641******************** de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS DETERMINA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación del artículo 105 de la Ley de Amparo se colige que corresponde al juez de distrito o al tribunal colegiado de circuito que haya conocido del juicio de garantías determinar si existe imposibilidad jurídica y material para cumplir la ejecutoria de amparo. Así, cuando el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse emite un acuerdo en el sentido de que existe imposibilidad jurídica y material para que se cumpla la sentencia concesoria del amparo y dicha determinación se comunica oficialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia por haber dejado de existir el presupuesto que lo originó al resultar excusable el incumplimiento de la autoridad responsable y, por ende, queda sin efectos el dictamen relativo a la aplicación de las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tanto, con fundamento en los artículos ********************01, fracción II y ********************0******************** de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las partes el presente proveído para que, si lo estiman conveniente, dentro del plazo de quince días computados legalmente, interpongan recurso de inconformidad. Notifíquese personalmente.
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