Lorenzo Corro Diaz
Expediente 456/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Lorenzo Corro Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse a la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, las documentales con las cuales se formó un tomo de pruebas y tres discos ópticos. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en alguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, destrúyase el presente expediente. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo III-456/2023, promovido por ********************en su carácter de apoderado de********************contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado electrónicamente el catorce de abril de dos mil veintitrés, y turnado al día siguiente hábil a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta capital, ********************en su carácter de apoderado de********************promovió demanda de amparo contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. El promovente del juicio narró los antecedentes del acto reclamado y estimó vulnerados en perjuicio de su representado los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Federal. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda registrada con el número III-456/2023; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó notificar a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridad jurisdiccional en materia penal residente en donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten: De la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la resolución de quince de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual declaró inatendibles por inoperantes los agravios de la fiscalía e infundados los expuestos por la víctima, aquí quejoso y, en consecuencia, confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado en audiencia de veinte de enero de dos mil veintitrés, en la causa penal 38/2023, por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Morelia, Michoacán. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Contra lo referido en el pedimento 227/2023, por el Ministerio Público Federal adscrito, el contenido del informe justificado rendido por la Magistrada responsable, se advierte que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las documentales que adjuntó como su complemento, consistentes en un disco versátil digital (DVD) que contiene la videograbación relativa, así como de la versión escrita de las resolución reclamada; con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se puede consultar en la foja 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, quien suscribe estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al haberse presentado la demanda de garantías fuera del término que para tales efectos prevé la ley de la materia, al haber tenido conocimiento el quejoso del acto reclamado al menos desde el quince de marzo de dos mil veintitrés. En efecto, para quien esto resuelve, se actualiza la causa de improcedencia antes indicada en términos de lo previsto en los referidos preceptos legales, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en la resolución de quince de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual se confirma el auto de no vinculación a proceso decretado en la causa penal 38/2023. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa se ostentó sabedora de la determinación reclamada el quince de marzo de dos mil veintitrés, ya que al efecto señaló, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente ". V. FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO: Notificado en audiencia de esa misma fecha, 15 de marzo de 2023." (foja 4 de autos). Como ya se precisó, la citada confesión revela que el quejoso se ostentó sabedor del acto reclamado desde el quince de marzo de dos mil veintitrés, sin que ello constituya un error en la redacción de su demanda, ya que tal circunstancia se corrobora del contenido de la propia determinación en la que se aprecia que fue listada en su fecha, esto es, el quince de marzo de dos mil veintitrés y, por tanto, es factible que el quejoso efectivamente tuviera conocimiento desde ese momento. Bajo ese contexto, de conformidad con los preceptos legales previamente transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días hábiles, contado desde el día siguiente hábil al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de los actos que se impugnen vía amparo; al en que haya tenido conocimiento de él o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Del penúltimo de los preceptos reseñados se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días hábiles, lapso que se contabilizará: a). A partir del día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que se reclame; b). A partir del día hábil siguiente al en que la impetrante haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; ó, c). A partir del día hábil siguiente al en que la quejosa se haya ostentado sabedora de los referidos actos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días hábiles dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera, debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días hábiles para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto la quejosa no combate su nulidad o ilegalidad. Al respecto, ilustra el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee como sigue: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO, SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que sentido estricto, no corresponde al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado." La segunda manera para computar el plazo de quince días hábiles, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Es aplicable también, el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto enuncian: "ACTO RECLAMADO DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que conforme al espíritu que informa el artículo 21 de la Ley de Amparo, el momento en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. En congruencia con lo anterior, se concluye que no es sino hasta el momento en que el particular recibe las copias solicitadas ante la autoridad responsable, con la finalidad de promover el juicio de garantías, cuando puede entenderse que tuvo un conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues es hasta entonces que puede tenerse la certeza de que el particular conoció en su integridad los actos que estima le son violatorios de garantías y, por tanto, es esa fecha la que debe tomarse como base para el cómputo del término que establece el artículo 21 de la ley citada. De lo contrario, el hecho de que se presuma que con la simple solicitud de copias el quejoso ya tenía conocimiento pleno del acto reclamado, podría ocasionar que el término para la presentación de la demanda empezara a correr antes de que hubiera tenido conocimiento íntegro del acto reclamado, con lo que se limitaría el plazo que tiene el particular para formular su demanda y defender sus derechos, lo cual se traduciría en una denegación de impartición de justicia y se rompería incluso con el equilibrio procesal al limitarle su posibilidad de defensa." Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días hábiles para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva de la parte quejosa a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte de la afectada porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedora del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedora del mismo, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado. Tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que enseguida se reproduce: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO), ES INAPLICABLE SI EL QUEJOSO CONOCIÓ POR VÍA TELEFÓNICA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS. El último párrafo del artículo 22 de la Ley de Amparo señala que "no se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo." a quienes ".en cualquier forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado.". La expresión "en cualquier forma" autoriza a considerar como apto para este fin a cualquier medio de comunicación del que se haya servido el agraviado para tener noticia del procedimiento seguido en su contra, si a través de ese medio el quejoso conoce los datos necesarios que le permitan, por sí o por conducto de un mandatario, comparecer ante el Juez del proceso y ejercer con plenitud la defensa de sus derechos en el juicio respectivo." También es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee como sigue: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral, que son excluyentes entre sí. Ahora bien, como se precisó con antelación, de lo narrado se advierte claramente que el quejoso tuvo conocimiento de la resolución reclamada el quince de marzo de dos mil veintitrés, fecha que coincide con aquella en que se emitió y listó la citada determinación. Por tanto, es factible concluir, que desde esa fecha, es decir, desde el quince de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, de tal forma que al haber presentado la demanda origen de este juicio el catorce de abril de dos mil veintitrés, transcurrió en exceso el término de quince días hábiles para promover el presente juicio de garantías, por ende, resulta evidente que tal interposición la realizó extemporáneamente. Ello es así ya que el plazo de quince días hábiles transcurrió del dieciséis de marzo al doce de abril, ambos de dos mil veintitrés, descontándose de dicho periodo únicamente los días inhábiles y festivos correspondientes (sábado, domingo, veinte y veintiuno de marzo, así como cinco, seis y siete de abril, todos de dos mil veintitrés). En consecuencia, si como ya se dijo, la demanda de garantías a estudio fue presentada el catorce de abril pasado, es claro que su presentación deviene extemporánea y que por ello se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías que prevé la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por ende, debe sobreseerse en el presente juicio, en términos de la fracción XIV del artículo 61 en relación con la fracción V del diverso 63 ambos de la Ley de Amparo. No obsta para lo anterior el hecho de que la resolución reclamada le fue notificada al quejoso vía electrónica el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, toda vez que, como ya se dijo, las tres hipótesis para el cómputo para la presentación de la demanda son excluyentes entre sí y no tienen un orden de preferencia, de tal modo que el quejoso no tenía que esperar a que el acto reclamado le fuera notificado para acudir a esta vía de amparo si ya había tenido conocimiento de la determinación previamente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con registro 163172, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. No pasa inadvertido para quien resuelve el contenido de la tesis con registro 2009860, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: FORMAL PRISIÓN. SI LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LA DECRETA SE LLEVÓ A CABO EN DIVERSAS FECHAS AL INCULPADO Y A SU DEFENSOR, RESPECTIVAMENTE, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE PRACTICÓ LA ÚLTIMA. De la interpretación conforme de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de un acto privativo de libertad derivado de un procedimiento penal, como el auto de formal prisión, rige el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, y que existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días para la presentación de la demanda respecto al acto o resolución que reclame el quejoso, una de ellas es a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto. En ese sentido, a la luz del principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la legislación adjetiva aplicable posibilita que una determinación adversa al inculpado, pueda impugnarse por él o por su defensor, cuando la notificación de un auto de formal prisión al inculpado y a su defensor se llevó a cabo en diversas fechas, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo debe computarse a partir de que se practicó aquella que le genere mayor beneficio al promovente privado de su libertad, es decir, la última de ellas, esto con la finalidad de maximizar la protección a favor del procesado y posibilitar un acceso integral a la jurisdicción constitucional, de conformidad con el principio pro persona. Sin embargo, dicho criterio no resulta aplicable al caso concreto, en principio porque en el particular no se reclaman actos privativos de la libertad, ni el quejoso tiene la calidad de imputado, sino de víctima del delito; además no se está frente a dos notificaciones practicadas en distinto momento, sino que se atiende a la fecha en que el quejoso confesó tuvo conocimiento del acto reclamado, hecho que, como ya se dijo, se robustece con el contenido de la resolución reclamada de la que se advierte que se emitió y listó precisamente en la fecha en que el quejoso se ostentó sabedor, de tal modo que resulta jurídicamente factible determinar que aquel tuvo oportunidad de enterarse y tener conocimiento de ella como lo señala en su demanda, desde el quince de marzo de dos mil veintitrés. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por ********************en su carácter de apoderado de********************contra actos de la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en términos del considerando que antecede. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy cinco de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III-456/2023 promovido por Lorenzo Corro Diaz contra actos del Magistrado de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se reconoció como terceros interesados a (1) Guadalupe Maldonado Cruz, (2) Enrique Rosales Hueramo y (3) Nayeli Vallejo Luciano, los cuales fueron debidamente emplazados. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Toca penal número XI-18/2023, con el cual se formó un tomo de pruebas; y, Tres discos ópticos los cuales contienen la carpeta digital y el audio y video de las audiencias de primera y segunda instancia. Al no existir alguna prueba pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló alegatos de su parte a través del pedimento número 227/2023. EL JUEZ: Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente sentencia. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIECon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
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Morelia, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. SE APERSONA TERCERO INTERESADO. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por (1) ********************, (2) ********************y (3) ********************en su carácter de terceros interesados reconocidos en el presente juicio de amparo. SE SEÑALA DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a ********************, como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones, sin amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, por los motivos expuestos en la certificación de cuenta. NO PROCEDE NOTIFICAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO O AUTORIZAR CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Sin que proceda autorizarle las notificaciones a través del correo electrónico que proporciona o autorizar el acceso al expediente electrónico en atención a que la ley de la materia no contempla tal situación y además tales direcciones electrónicas no se encuentran vinculadas a algún usuario dado de alta ante el sistema con el que opera este juzgado. No obstante, de conformidad con lo establecido por el segundo párrafo del artículo 3, del Acuerdo General 17/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional toma nota de las direcciones del correo electrónico, a fin de que el actuario de la adscripción esté en posibilidad de realizar una cita previa con el promovente a fin de que se le notifique aquellas determinaciones que lo ameriten. NO SEÑALÓ DOMICILIO EN ESTA CIUDAD Por otra parte, en virtud que los comparecientes no señalaron domicilio en esta ciudad, con apoyo en el artículo 27 fracción III de la Ley de Amparo en vigor, practíquese a los terceros interesados, las notificaciones que deban ser personales mediante lista que se publique en los estrados de este juzgado, hasta en tanto comparezcan ante este órgano jurisdiccional a señalar domicilio para tal efecto. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por otra parte, toda vez que actualmente está transcurriendo el plazo de ocho días posteriores a la notificación de los referidos terceros con interés, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las once horas con veinte minutos del uno de junio de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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