Lorena Yazmin Isguerra Velázquez

Expediente 1207/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1207/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
31/10/2019

Partes del expediente

  • Lorena Yazmin Isguerra Velázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número IX-1207/2019. SE RECONOCE PERSONERÍA ... ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Del contenido íntegro de la demanda de garantías, se obtiene que el acto reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Zamora, Michoacán, consiste en la dilación procesal dentro del juicio laboral J-VI-630/2019, específicamente, la omisión de radicar la demanda laboral. Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo en análisis resulta improcedente, por la razón que se expondrá a continuación. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, y 113 todos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los preceptos legales transcritos, se tiene que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo, deben examinar de manera oficiosa el escrito inicial de demanda, a efecto de verificar la actualización de alguna causa de improcedencia; además, que el aludido juicio constitucional resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación. Ahora, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de conformidad con el legislador, existen dos condiciones para que los actos se estimen de imposible reparación dentro de un procedimiento; la exigencia de que se trate de actos que "afecten materialmente derechos" y, que esos derechos tengan la categoría de "sustantivos", esto es, aquellos que se encuentran tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo cuales son opuestos a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", puesto que la afectación que producen no es actual, sino que ello depende de que llegue o no a trascender en el sentido de la resolución que se emita en el juicio o procedimiento. En ese sentido, el Máximo Tribunal señaló que cuando un particular reclama una afectación a su esfera jurídica en un procedimiento jurisdiccional, derivado de violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Federal, los actos reclamados no deben considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de naturaleza adjetiva, porque no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentre, sino que ello ocurre precisamente dentro del mismo; por tanto, estimó que en esos asuntos no se actualiza un caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque respecto a procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción del particular, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conoce del juicio o procedimiento emita un fallo sobre lo pretendido por aquél; por tanto, que ésta debe respetar los plazos y términos que establece la ley de la materia, y que las partes reciban respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, concluyó el Máximo Tribunal, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Tales razonamientos dieron origen a la jurisprudencia que se transcribe: ... Por otra parte, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, por unanimidad de votos, la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: ". dentro del juicio laboral existen múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales, y servidores públicos que participan en ellos, provean los diversos trámites que la secuela procesal exija, así como numerosas razones para que algunos de tales periodos no se observen a cabalidad, ya sea por la interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera. Tan solo por dar un ejemplo, basta con señalar que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo dispone un lapso de cuarenta y ocho horas como el plazo genérico para el dictado de resoluciones y autos, pero tales actos no son los únicos dentro del juicio laboral, porque existen muchos más periodos legales, inclusive algunos de ellos también computados por horas, de muy distinta naturaleza. El plazo genérico al cual se ha hecho mención es el siguiente: "(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Por ello, resulta difícil establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser establecido de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto. Por otra parte, la interpretación del artículo 8o. de la Constitución Federal, ha establecido que, si la falta de respuesta llega a un extremo de cuatro meses, es indudable que se viola el derecho de petición, lo cual tampoco significa que la autoridad cuente con ese periodo para responder, sino exclusivamente que ese lapso hace indiscutible la infracción al derecho fundamental de obtener una respuesta en breve término. Así se explica en el siguiente criterio: ... No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, en los siguientes términos: (REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera." De lo dispuesto en el precepto anterior se observa que el legislador federal ya estableció en la ley un lapso preciso (45 días naturales) para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento." Tales razonamientos dieron génesis a la jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." El énfasis es añadido. De todo lo expuesto hasta el momento, se obtiene que, por regla general el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente cuando el reclamo del peticionario de la protección constitucional estriba en dilaciones procesales, salvo en aquellos casos en que de la propia demanda se advierta la existencia de una abierta paralización del procedimiento; y, que ello ocurrirá (en materia laboral) únicamente si han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales de que se trate. En ese contexto, si en el caso, el promovente del amparo reclama que dentro del juicio laboral J-VI-630/2019, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Zamora, Michoacán, existe una abierta paralización del procedimiento, toda vez que el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, presentaron demanda laboral, sin que hasta el veinticinco de octubre del año en curso -fecha en que se presentó ante la autoridad responsable a revisar el expediente- se hubiera radicado la demanda; entonces, la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, porque hasta el momento en que esto se provee no ha transcurrido el plazo establecido como criterio objetivo por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País (cuarenta y cinco días naturales. Es así, pues aun cuando en el decir del quejoso con la omisión en que incurre la responsable, se transgrede en su agravio la garantía prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetarse los plazos y términos que prevé la ley que regula el proceso de origen, para continuar con la secuela procesal; la realidad, es que la Suprema Corte de Justicia, en concreto la Segunda Sala ha sostenido que, por regla general, dicha circunstancia no constituye un acto en juicio de imposible reparación, pues no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo tutelado por medio de las garantías individuales. En efecto, el artículo 17 Constitucional mencionado, establece en lo conducente que en los Tribunales se impartirá justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; esto es, el mencionado precepto protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver controversias de su competencia conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimientos respectivas. Por tanto, cuando, como en el caso, el acto reclamado consiste en la tutela de los plazos y términos fijados en las leyes secundarias, se insiste, por regla general es improcedente el juicio de amparo, porque no se viola de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Constitución, salvo en aquellos casos en que de la propia demanda se observe una abierta paralización del proceso. Lo anterior, no ocurre en la especie, debido a que del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que el amparista expuso a manera de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, que promovió demanda laboral ante la junta responsable el veinticinco de septiembre del año en curso, la cual se le asignó el número J-VI-630/2019; sin embargo, hasta el veinticinco de octubre del año en curso, no se había dictado el auto de radicación. Dichas manifestaciones vertidas por la parte promovente merecen valor probatorio pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por los motivos expuestos, se citan las jurisprudencias cuyo contenido y datos de localización son los siguientes: ... Así, la circunstancia de que en el procedimiento de origen se haya presentado la demanda laboral el veinticinco de septiembre del año en curso, por una parte, pone en evidencia que el juicio no está paralizado y, además, si bien, hasta el veinticinco de octubre actual, no se haya dictado el auto de radicación correspondiente, esto es, transcurridos veinticinco días naturales, no es determinante para concluir que eventualmente se estén vulnerando derechos sustantivos de forma directa, y tampoco es de estimarse una abierta dilación en el proceso, puesto que al efecto la jurisprudencia trascrita con antelación pone de manifiesto que cuando se da una afectación al artículo 8° Constitucional dentro de un procedimiento, no se afecta el derecho sustantivo que prevé dicho normativo, porque no se surte de forma independiente, sino dentro de un proceso en el que el quejoso es parte. En esos términos, si bien el amparista se duele de la dilación en que ha incurrido la responsable, lo cierto es que, al ser parte el quejoso dentro del juicio laboral de origen, tal dilación se torna en una violación intraprocesal, y por ende, no afecta derechos sustantivos. Determinación que se adopta, en atención a que la jurisprudencia invocada resulta ser vinculante para este juzgador, por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo; en lo conducente, por las razones que contiene, se cita la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: ... Ahora, no pasa por alto para este órgano de control constitucional, que la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª), faculta al juez de amparo, para que en caso de advertir una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, proceda a admitir la demanda; sin embargo, en el caso concreto no se considera actualizada dicha excepción, porque ya se dijo que si bien pudiera ser que la responsable no ha acatado los términos de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es, que el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de presentación de la demanda laboral hasta el día en que se presentó la demanda de amparo, no materializa esas hipótesis. Lo anterior es así, pues el retraso aducido por la parte promovente no excede del lapso de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, y que válidamente puede tomarse como un parámetro objetivo para determinar si existe o no una abierta dilación o una paralización total de un juicio laboral, puesto que resulta un hecho notorio para este juzgado, derivado del conocimiento de asuntos similares que las cargas laborales de los tribunales laborales, y en específico el tribunal aquí responsable, normalmente son muy amplias, por lo que hasta el momento, conforme a los datos que se desprenden de la demanda que son prueba plena, no se advierte la existencia de una abierta dilación ni de la paralización total del asunto. Además, de admitir a trámite el juicio de amparo, podría incluso llegar a repercutir en una afectación de derechos de terceros, puesto que se obligaría a la responsable a dar prioridad al juicio en donde el quejoso es parte, frente a otros anteriores. Asimismo, válidamente puede sostenerse que el trámite y resolución del juicio de amparo con los posibles recursos que se interpongan, eventualmente podrían generar un atraso mayor al procedimiento natural, lo que derivará en un perjuicio para el propio quejoso. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Lorena Yazmín Isguerra Velázquez, por conducto de su apoderado, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Zamora, Michoacán. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, que al resolver la contradicción de tesis 1/2018, el Plano de este Décimo Primer Circuito, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LA EXCEPCIÓN A LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DERIVADA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016 (10a.) DEBE REALIZARSE HASTA LA SENTENCIA". Sin embargo, ya quedó precisado que posterior a la emisión de la citada jurisprudencia, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, la Segunda Sala del Máximo Tribunal reiteró que, por regla general el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen dilaciones procesales; y, sólo por excepción, será procedente cuando "de la demanda" se advierta la existencia de una abierta paralización; esto quiere decir, que el juicio de control constitucional será procedente sólo si del contenido íntegro de la demanda se obtiene que han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales de que se trate, lo cual, se insiste, no ha ocurrido en el caso particular. Por esa razón, respetuosamente, quien esto provee considera que la jurisprudencia emitida por el Pleno de este Circuito ha sido rebasada o sustituida por la referida supralíneas, precisamente porque la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostuvo que la procedencia del juicio debe advertirse "de la demanda de amparo" y no de las pruebas que las partes pudieran aportar durante el proceso; precisamente porque la regla general implica que las dilaciones procesales no vulneran los derechos sustantivos de los justiciables y, por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente, máxime si se toma en cuenta que en el presente asunto, la parte promovente manifestó claramente y bajo protesta de decir verdad, la fecha desde la cual la autoridad responsable no ha actuado y respecto de la cual debe hacerse el cómputo de los cuarenta y cinco días naturales para la procedencia del amparo, lo que como ya se indicó, es una confesión con pleno valor probatorio. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. SE RECIBE DEMANDA DE AMPARO. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado con el número IX-1207/2019. SE RECONOCE PERSONERÍA ... ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Del contenido íntegro de la demanda de garantías, se obtiene que el acto reclamado a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Zamora, Michoacán, consiste en la dilación procesal dentro del juicio laboral J-VI-630/2019, específicamente, la omisión de radicar la demanda laboral. Derivado de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la demanda de amparo en análisis resulta improcedente, por la razón que se expondrá a continuación. Los artículos 61, fracción XXIII, 62, 107, fracción V, y 113 todos de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los preceptos legales transcritos, se tiene que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo, deben examinar de manera oficiosa el escrito inicial de demanda, a efecto de verificar la actualización de alguna causa de improcedencia; además, que el aludido juicio constitucional resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación. Ahora, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de conformidad con el legislador, existen dos condiciones para que los actos se estimen de imposible reparación dentro de un procedimiento; la exigencia de que se trate de actos que "afecten materialmente derechos" y, que esos derechos tengan la categoría de "sustantivos", esto es, aquellos que se encuentran tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo cuales son opuestos a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva", puesto que la afectación que producen no es actual, sino que ello depende de que llegue o no a trascender en el sentido de la resolución que se emita en el juicio o procedimiento. En ese sentido, el Máximo Tribunal señaló que cuando un particular reclama una afectación a su esfera jurídica en un procedimiento jurisdiccional, derivado de violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Federal, los actos reclamados no deben considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de naturaleza adjetiva, porque no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentre, sino que ello ocurre precisamente dentro del mismo; por tanto, estimó que en esos asuntos no se actualiza un caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo indirecto. Lo anterior, porque respecto a procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción del particular, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conoce del juicio o procedimiento emita un fallo sobre lo pretendido por aquél; por tanto, que ésta debe respetar los plazos y términos que establece la ley de la materia, y que las partes reciban respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, concluyó el Máximo Tribunal, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Tales razonamientos dieron origen a la jurisprudencia que se transcribe: ... Por otra parte, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, por unanimidad de votos, la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo siguiente: ". dentro del juicio laboral existen múltiples plazos para que los órganos jurisdiccionales, y servidores públicos que participan en ellos, provean los diversos trámites que la secuela procesal exija, así como numerosas razones para que algunos de tales periodos no se observen a cabalidad, ya sea por la interposición de recursos, la excesiva carga de trabajo, fuerza mayor o hecho fortuito, etcétera. Tan solo por dar un ejemplo, basta con señalar que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo dispone un lapso de cuarenta y ocho horas como el plazo genérico para el dictado de resoluciones y autos, pero tales actos no son los únicos dentro del juicio laboral, porque existen muchos más periodos legales, inclusive algunos de ellos también computados por horas, de muy distinta naturaleza. El plazo genérico al cual se ha hecho mención es el siguiente: "(REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Por ello, resulta difícil establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser establecido de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto. Por otra parte, la interpretación del artículo 8o. de la Constitución Federal, ha establecido que, si la falta de respuesta llega a un extremo de cuatro meses, es indudable que se viola el derecho de petición, lo cual tampoco significa que la autoridad cuente con ese periodo para responder, sino exclusivamente que ese lapso hace indiscutible la infracción al derecho fundamental de obtener una respuesta en breve término. Así se explica en el siguiente criterio: ... No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, en los siguientes términos: (REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la requiera." De lo dispuesto en el precepto anterior se observa que el legislador federal ya estableció en la ley un lapso preciso (45 días naturales) para que la Junta oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento." Tales razonamientos dieron génesis a la jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." El énfasis es añadido. De todo lo expuesto hasta el momento, se obtiene que, por regla general el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente cuando el reclamo del peticionario de la protección constitucional estriba en dilaciones procesales, salvo en aquellos casos en que de la propia demanda se advierta la existencia de una abierta paralización del procedimiento; y, que ello ocurrirá (en materia laboral) únicamente si han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales de que se trate. En ese contexto, si en el caso, el promovente del amparo reclama que dentro del juicio laboral J-VI-630/2019, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Zamora, Michoacán, existe una abierta paralización del procedimiento, toda vez que el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, presentaron demanda laboral, sin que hasta el veinticinco de octubre del año en curso -fecha en que se presentó ante la autoridad responsable a revisar el expediente- se hubiera radicado la demanda; entonces, la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, porque hasta el momento en que esto se provee no ha transcurrido el plazo establecido como criterio objetivo por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País (cuarenta y cinco días naturales. Es así, pues aun cuando en el decir del quejoso con la omisión en que incurre la responsable, se transgrede en su agravio la garantía prevista por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no respetarse los plazos y términos que prevé la ley que regula el proceso de origen, para continuar con la secuela procesal; la realidad, es que la Suprema Corte de Justicia, en concreto la Segunda Sala ha sostenido que, por regla general, dicha circunstancia no constituye un acto en juicio de imposible reparación, pues no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo tutelado por medio de las garantías individuales. En efecto, el artículo 17 Constitucional mencionado, establece en lo conducente que en los Tribunales se impartirá justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; esto es, el mencionado precepto protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver controversias de su competencia conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimientos respectivas. Por tanto, cuando, como en el caso, el acto reclamado consiste en la tutela de los plazos y términos fijados en las leyes secundarias, se insiste, por regla general es improcedente el juicio de amparo, porque no se viola de manera directa e inmediata un derecho sustantivo protegido por la Constitución, salvo en aquellos casos en que de la propia demanda se observe una abierta paralización del proceso. Lo anterior, no ocurre en la especie, debido a que del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que el amparista expuso a manera de antecedentes, bajo protesta de decir verdad, que promovió demanda laboral ante la junta responsable el veinticinco de septiembre del año en curso, la cual se le asignó el número J-VI-630/2019; sin embargo, hasta el veinticinco de octubre del año en curso, no se había dictado el auto de radicación. Dichas manifestaciones vertidas por la parte promovente merecen valor probatorio pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los preceptos 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por los motivos expuestos, se citan las jurisprudencias cuyo contenido y datos de localización son los siguientes: ... Así, la circunstancia de que en el procedimiento de origen se haya presentado la demanda laboral el veinticinco de septiembre del año en curso, por una parte, pone en evidencia que el juicio no está paralizado y, además, si bien, hasta el veinticinco de octubre actual, no se haya dictado el auto de radicación correspondiente, esto es, transcurridos veinticinco días naturales, no es determinante para concluir que eventualmente se estén vulnerando derechos sustantivos de forma directa, y tampoco es de estimarse una abierta dilación en el proceso, puesto que al efecto la jurisprudencia trascrita con antelación pone de manifiesto que cuando se da una afectación al artículo 8° Constitucional dentro de un procedimiento, no se afecta el derecho sustantivo que prevé dicho normativo, porque no se surte de forma independiente, sino dentro de un proceso en el que el quejoso es parte. En esos términos, si bien el amparista se duele de la dilación en que ha incurrido la responsable, lo cierto es que, al ser parte el quejoso dentro del juicio laboral de origen, tal dilación se torna en una violación intraprocesal, y por ende, no afecta derechos sustantivos. Determinación que se adopta, en atención a que la jurisprudencia invocada resulta ser vinculante para este juzgador, por disposición del artículo 217 de la Ley de Amparo; en lo conducente, por las razones que contiene, se cita la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: ... Ahora, no pasa por alto para este órgano de control constitucional, que la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª), faculta al juez de amparo, para que en caso de advertir una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, proceda a admitir la demanda; sin embargo, en el caso concreto no se considera actualizada dicha excepción, porque ya se dijo que si bien pudiera ser que la responsable no ha acatado los términos de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es, que el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de presentación de la demanda laboral hasta el día en que se presentó la demanda de amparo, no materializa esas hipótesis. Lo anterior es así, pues el retraso aducido por la parte promovente no excede del lapso de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, y que válidamente puede tomarse como un parámetro objetivo para determinar si existe o no una abierta dilación o una paralización total de un juicio laboral, puesto que resulta un hecho notorio para este juzgado, derivado del conocimiento de asuntos similares que las cargas laborales de los tribunales laborales, y en específico el tribunal aquí responsable, normalmente son muy amplias, por lo que hasta el momento, conforme a los datos que se desprenden de la demanda que son prueba plena, no se advierte la existencia de una abierta dilación ni de la paralización total del asunto. Además, de admitir a trámite el juicio de amparo, podría incluso llegar a repercutir en una afectación de derechos de terceros, puesto que se obligaría a la responsable a dar prioridad al juicio en donde el quejoso es parte, frente a otros anteriores. Asimismo, válidamente puede sostenerse que el trámite y resolución del juicio de amparo con los posibles recursos que se interpongan, eventualmente podrían generar un atraso mayor al procedimiento natural, lo que derivará en un perjuicio para el propio quejoso. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Lorena Yazmín Isguerra Velázquez, por conducto de su apoderado, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Zamora, Michoacán. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, que al resolver la contradicción de tesis 1/2018, el Plano de este Décimo Primer Circuito, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LA EXCEPCIÓN A LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DERIVADA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 48/2016 (10a.) DEBE REALIZARSE HASTA LA SENTENCIA". Sin embargo, ya quedó precisado que posterior a la emisión de la citada jurisprudencia, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, la Segunda Sala del Máximo Tribunal reiteró que, por regla general el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen dilaciones procesales; y, sólo por excepción, será procedente cuando "de la demanda" se advierta la existencia de una abierta paralización; esto quiere decir, que el juicio de control constitucional será procedente sólo si del contenido íntegro de la demanda se obtiene que han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales de que se trate, lo cual, se insiste, no ha ocurrido en el caso particular. Por esa razón, respetuosamente, quien esto provee considera que la jurisprudencia emitida por el Pleno de este Circuito ha sido rebasada o sustituida por la referida supralíneas, precisamente porque la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostuvo que la procedencia del juicio debe advertirse "de la demanda de amparo" y no de las pruebas que las partes pudieran aportar durante el proceso; precisamente porque la regla general implica que las dilaciones procesales no vulneran los derechos sustantivos de los justiciables y, por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente, máxime si se toma en cuenta que en el presente asunto, la parte promovente manifestó claramente y bajo protesta de decir verdad, la fecha desde la cual la autoridad responsable no ha actuado y respecto de la cual debe hacerse el cómputo de los cuarenta y cinco días naturales para la procedencia del amparo, lo que como ya se indicó, es una confesión con pleno valor probatorio. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia.

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