Lorena Rodríguez Aguilar

Expediente 438/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
438/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
14/12/2022

Partes del expediente

  • Lorena Rodríguez Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional concedió la protección constitucional a LORENA RODRÍGUEZ AGUILAR, contra los actos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y otras autoridades. Inconforme con dicha resolución las autoridades responsables Dirección de Pensiones Civiles del Estado y Congreso del Estado de Michoacán, interpusieron recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria de siete de octubre de dos mil veintiuno, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, desechó el recurso de revisión interpuesto y confirmó la sentencia recurrida amparando a la quejosa. En fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a las autoridades responsables vinculadas a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector. Mediando informes de las responsables sobre los trámites realizados y requerimientos formulados por este juzgado, por oficios presentados el tres de diciembre, diecisiete de diciembre, ambos de dos mil veintiuno y veinticuatro de enero de dos mil veintidós, el delegado de la responsable Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitió las constancias tendente a acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que haya hecho uso de ese derecho. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado, los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a las responsables y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento 1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, de los decretos 542 y 638 que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. 2. Que la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, deje insubsistente el acuerdo emitido el diez de junio de dos mil veinte, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales. 3. En su lugar, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, emita una nueva resolución en la que no se aplique a la quejosa los decretos de ley reclamados, en las porciones que han sido estimadas inconstitucionales, aplicando su texto válido y, por ende, resuelva en conjunto con la Ley anterior, entendiendo que la quejosa tenía un derecho adquirido sobre la forma de calcular su pensión por jubilación. 4. Que la Subdirectora de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del estado de Michoacán, deje insubsistente el oficio 473/2020, de diez de junio de dos mil veinte, en el que se comunicó a la quejosa la autorización de su pensión por jubilación y todas sus consecuencias y, una vez emitida la nueva resolución, la comunique como corresponda. La nueva resolución que se emita respecto de la solicitud de pensión de la quejosa en cumplimiento de la presente sentencia, deberá respetar la garantía constitucional de irretroactividad perjudicial de la ley, consagrada en el artículo 14 Constitucional; para lo cual deberá fundarse en la Ley de Pensiones Civiles del Estado vigente hasta antes de la entrada en vigor del Decreto 542 publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, tomando en consideración que al momento en que se realizó el supuesto normativo y produjo sus consecuencias, esto es, que el veinte de agosto de dos mil diecinueve, la quejosa ya había cumplido los años de servicios prestados al Poder Judicial del Estado, para adquirir una jubilación, esto es, durante treinta años, cuatro meses y quince días, en que cotizó a Pensiones Civiles del Estado. Por lo cual si desde antes de la entrada en vigor del decreto 542, así como el 638 del Congreso del Estado de Michoacán, la ahora amparista, ya se encontraba cotizando a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, cualquier ordenamiento publicado con posterioridad, no podrá aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de la quejosa, en atención a su derecho humano a la irretroactividad en su perjuicio, contenido en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que establece: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". En el entendido que, las autoridades que sólo participaron en el proceso legislativo de la ley impugnada no les corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades responsables de dar respuesta a la solicitud de pensión por jubilación planteada por la aquí quejosa, así como sus consecuencias legales." 1) La Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, en resolución relativa a la sesión celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria de diez de junio de dos mil veinte; así como el oficio número 473/2020, por el que se le comunicó la autorización de jubilación; y se determinó la cantidad actualizada y mensual, que la quejosa deberá percibir por concepto de jubilación, de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, vigente hasta el veinticinco de agosto de dos mil quince; asimismo, estableció la cantidad por pago retroactivo que debía recibir la quejosa. 2) Con el oficio número 328/2021, de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dirigido a la quejosa y suscrito por el Subdirector de Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado, con sede en esta ciudad, se le informó que se desincorporó de su esfera jurídica la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, de los decretos 542 y 638 que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán; de igual forma, se le notificaron los acuerdos tomados en la sesión de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; y se le comunicó que el beneficio que recibiría la quejosa, sería a partir de la primera quincena del mes de diciembre de dos mil veintiuno, por el cien por ciento de su sueldo íntegro que percibía al momento en que causó baja como servidora pública; lo que se notificó a la quejosa, según se advierte de la firma de recibido; 3) Con el oficio número ********************, firmado por el Director General de Pensiones Civiles del Estado, se comunicó al titular del Enlace Jurídico de Pensiones Civiles del Estado, la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y la cantidad actualizada que deberá percibir la quejosa por concepto de jubilación mensual; y, 4) Con la impresión correspondiente al reporte de percepciones de jubilados y pensionados, correspondiente del quince de noviembre al treinta y uno de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, se acreditó el incremento en el pago de pensión a favor de la quejosa; y, 5) Con fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se pagó a la quejosa vía transferencia electrónica "SPEI", el monto retroactivo por el ajuste de su pensión jubilatoria. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa No pasan por alto las manifestaciones que vierte la parte quejosa, a través de su escrito donde se desahogó la vista que se ordenó darle en autos y donde medularmente indica que la responsable no cumple con la sentencia de amparo, ya que no le cubrió la diferencia que resulta de la gratificación de fin de año o aguinaldo que le fue otorgada en el año dos mil veinte, en términos de los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, incido h), y 127, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción XIII y los diversos 84 y 87 de la Ley de Federal del Trabajo. Sin embargo, es necesario señalar que las autoridades responsables, en desahogo al requerimiento que le fue formulado por este órgano jurisdiccional, en torno al pago retroactivo del aguinaldo, establecieron que no resultaba procedente pagar la parte proporcional del aguinaldo correspondiente al dos mil veinte, ya que dicho concepto no se encuentra contemplado en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado, así como en el Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado; máxime que el monto económico que percibe la quejosa no puede ser equiparado a un salario, pues dicho monto corresponde al pago de una prestación establecida en el artículo 4, incido e), de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado. Bajo tales premisas, es necesario puntualizar a la quejosa lo siguiente: - La prestación de aguinaldo a que se refieren los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, incido h), y 127, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción XIII y los diversos 84 y 87 de la Ley de Federal del Trabajo, se refiere a una prestación que se otorga a trabajadores en activo; - Luego, una vez que el trabajador pasa de la calidad de activo a la de pensionado o jubilado, deja de estar sujeto a cualquier otra disposición legal o reglamentaria, así como a los beneficios que pudieran regir a los trabajadores en activo de la dependencia para la que venía laborando, para quedar bajo la tutela exclusiva de la ley conforme a la cual obtiene su jubilación, en el caso concreto, bajo la Ley de Pensiones Civiles para el Estado, así como en el Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. - Por ende, si dichos ordenamientos no prevén un pago de aguinaldo en los términos que lo pretende la quejosa, no es factible que vía cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se le obligue a pagar a la responsables un monto que no se encuentra previsto en las leyes que establecen el régimen jubilatorio al que se encuentra sujeta la quejosa; máxime que, la falta de pago de aguinaldo, no fue considerado como un acto en la Litis constitucional planteada por la quejosa, ni la concesión otorgada estableció que se tuviera que pagar ese monto a la impetrante. Consecuentemente, de proceder en los términos que pretende la quejosa, se pudiera generar una ventaja procesal sobre los efectos para los cuales se otorgó el amparo, lo cual no es procedente, ya que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, la ejecutoria debe ser cumplida, sin excesos ni defectos. Se ordena notificar únicamente a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria Teniendo en consideración que en la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, únicamente se encontraban vinculadas a su cumplimiento la Junta Directiva, Director de Prestaciones y Subdirectora de Jubilados y Pensionados, todos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, se estima innecesario girar oficio a las restantes autoridades donde se les notifique el presente proveído, pues no existe actuación pendiente por desahogar en relación con las mismas y por ende, sólo procede notificar a las citadas autoridades que fueron las encargadas de cumplir con el fallo protector; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, lo que así realizó. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional concedió la protección constitucional a LORENA RODRÍGUEZ AGUILAR, contra los actos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán y otras autoridades. Inconforme con dicha resolución las autoridades responsables Dirección de Pensiones Civiles del Estado y Congreso del Estado de Michoacán, interpusieron recurso de revisión. Consecuentemente, por ejecutoria de siete de octubre de dos mil veintiuno, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, desechó el recurso de revisión interpuesto y confirmó la sentencia recurrida amparando a la quejosa. En fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a las autoridades responsables vinculadas a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector. Mediando informes de las responsables sobre los trámites realizados y requerimientos formulados por este juzgado, por oficios presentados el tres de diciembre, diecisiete de diciembre, ambos de dos mil veintiuno y veinticuatro de enero de dos mil veintidós, el delegado de la responsable Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitió las constancias tendente a acreditar el cumplimiento dado al fallo protector. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestara lo que a sus intereses conviniera, sin que haya hecho uso de ese derecho. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado, los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a las responsables y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento 1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa, la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, de los decretos 542 y 638 que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán. 2. Que la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, deje insubsistente el acuerdo emitido el diez de junio de dos mil veinte, en la que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, así como sus consecuencias legales. 3. En su lugar, la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, emita una nueva resolución en la que no se aplique a la quejosa los decretos de ley reclamados, en las porciones que han sido estimadas inconstitucionales, aplicando su texto válido y, por ende, resuelva en conjunto con la Ley anterior, entendiendo que la quejosa tenía un derecho adquirido sobre la forma de calcular su pensión por jubilación. 4. Que la Subdirectora de Jubilados y Pensiones de la Dirección de Pensiones Civiles del estado de Michoacán, deje insubsistente el oficio 473/2020, de diez de junio de dos mil veinte, en el que se comunicó a la quejosa la autorización de su pensión por jubilación y todas sus consecuencias y, una vez emitida la nueva resolución, la comunique como corresponda. La nueva resolución que se emita respecto de la solicitud de pensión de la quejosa en cumplimiento de la presente sentencia, deberá respetar la garantía constitucional de irretroactividad perjudicial de la ley, consagrada en el artículo 14 Constitucional; para lo cual deberá fundarse en la Ley de Pensiones Civiles del Estado vigente hasta antes de la entrada en vigor del Decreto 542 publicado el veinticinco de agosto de dos mil quince, tomando en consideración que al momento en que se realizó el supuesto normativo y produjo sus consecuencias, esto es, que el veinte de agosto de dos mil diecinueve, la quejosa ya había cumplido los años de servicios prestados al Poder Judicial del Estado, para adquirir una jubilación, esto es, durante treinta años, cuatro meses y quince días, en que cotizó a Pensiones Civiles del Estado. Por lo cual si desde antes de la entrada en vigor del decreto 542, así como el 638 del Congreso del Estado de Michoacán, la ahora amparista, ya se encontraba cotizando a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, cualquier ordenamiento publicado con posterioridad, no podrá aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de la quejosa, en atención a su derecho humano a la irretroactividad en su perjuicio, contenido en el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos que establece: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". En el entendido que, las autoridades que sólo participaron en el proceso legislativo de la ley impugnada no les corresponde realizar ningún acto relativo al cumplimiento de esta sentencia, ya que la misma únicamente vincula a las autoridades responsables de dar respuesta a la solicitud de pensión por jubilación planteada por la aquí quejosa, así como sus consecuencias legales." 1) La Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, en resolución relativa a la sesión celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente el acuerdo emitido en sesión ordinaria de diez de junio de dos mil veinte; así como el oficio número 473/2020, por el que se le comunicó la autorización de jubilación; y se determinó la cantidad actualizada y mensual, que la quejosa deberá percibir por concepto de jubilación, de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán, vigente hasta el veinticinco de agosto de dos mil quince; asimismo, estableció la cantidad por pago retroactivo que debía recibir la quejosa. 2) Con el oficio número 328/2021, de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dirigido a la quejosa y suscrito por el Subdirector de Jubilados y Pensionados de Pensiones Civiles del Estado, con sede en esta ciudad, se le informó que se desincorporó de su esfera jurídica la porción del artículo quinto transitorio que ha sido estimada inconstitucional, de los decretos 542 y 638 que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán; de igual forma, se le notificaron los acuerdos tomados en la sesión de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno; y se le comunicó que el beneficio que recibiría la quejosa, sería a partir de la primera quincena del mes de diciembre de dos mil veintiuno, por el cien por ciento de su sueldo íntegro que percibía al momento en que causó baja como servidora pública; lo que se notificó a la quejosa, según se advierte de la firma de recibido; 3) Con el oficio número ********************, firmado por el Director General de Pensiones Civiles del Estado, se comunicó al titular del Enlace Jurídico de Pensiones Civiles del Estado, la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y la cantidad actualizada que deberá percibir la quejosa por concepto de jubilación mensual; y, 4) Con la impresión correspondiente al reporte de percepciones de jubilados y pensionados, correspondiente del quince de noviembre al treinta y uno de diciembre, ambos de dos mil veintiuno, se acreditó el incremento en el pago de pensión a favor de la quejosa; y, 5) Con fecha ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se pagó a la quejosa vía transferencia electrónica "SPEI", el monto retroactivo por el ajuste de su pensión jubilatoria. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se atienden manifestaciones de la parte quejosa No pasan por alto las manifestaciones que vierte la parte quejosa, a través de su escrito donde se desahogó la vista que se ordenó darle en autos y donde medularmente indica que la responsable no cumple con la sentencia de amparo, ya que no le cubrió la diferencia que resulta de la gratificación de fin de año o aguinaldo que le fue otorgada en el año dos mil veinte, en términos de los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, incido h), y 127, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción XIII y los diversos 84 y 87 de la Ley de Federal del Trabajo. Sin embargo, es necesario señalar que las autoridades responsables, en desahogo al requerimiento que le fue formulado por este órgano jurisdiccional, en torno al pago retroactivo del aguinaldo, establecieron que no resultaba procedente pagar la parte proporcional del aguinaldo correspondiente al dos mil veinte, ya que dicho concepto no se encuentra contemplado en la Ley de Pensiones Civiles para el Estado, así como en el Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado; máxime que el monto económico que percibe la quejosa no puede ser equiparado a un salario, pues dicho monto corresponde al pago de una prestación establecida en el artículo 4, incido e), de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado. Bajo tales premisas, es necesario puntualizar a la quejosa lo siguiente: - La prestación de aguinaldo a que se refieren los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, incido h), y 127, fracción I, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción XIII y los diversos 84 y 87 de la Ley de Federal del Trabajo, se refiere a una prestación que se otorga a trabajadores en activo; - Luego, una vez que el trabajador pasa de la calidad de activo a la de pensionado o jubilado, deja de estar sujeto a cualquier otra disposición legal o reglamentaria, así como a los beneficios que pudieran regir a los trabajadores en activo de la dependencia para la que venía laborando, para quedar bajo la tutela exclusiva de la ley conforme a la cual obtiene su jubilación, en el caso concreto, bajo la Ley de Pensiones Civiles para el Estado, así como en el Reglamento para el Otorgamiento de Prestaciones de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado. - Por ende, si dichos ordenamientos no prevén un pago de aguinaldo en los términos que lo pretende la quejosa, no es factible que vía cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se le obligue a pagar a la responsables un monto que no se encuentra previsto en las leyes que establecen el régimen jubilatorio al que se encuentra sujeta la quejosa; máxime que, la falta de pago de aguinaldo, no fue considerado como un acto en la Litis constitucional planteada por la quejosa, ni la concesión otorgada estableció que se tuviera que pagar ese monto a la impetrante. Consecuentemente, de proceder en los términos que pretende la quejosa, se pudiera generar una ventaja procesal sobre los efectos para los cuales se otorgó el amparo, lo cual no es procedente, ya que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, la ejecutoria debe ser cumplida, sin excesos ni defectos. Se ordena notificar únicamente a las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria Teniendo en consideración que en la sentencia de amparo pronunciada en el presente juicio de amparo, únicamente se encontraban vinculadas a su cumplimiento la Junta Directiva, Director de Prestaciones y Subdirectora de Jubilados y Pensionados, todos de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, se estima innecesario girar oficio a las restantes autoridades donde se les notifique el presente proveído, pues no existe actuación pendiente por desahogar en relación con las mismas y por ende, sólo procede notificar a las citadas autoridades que fueron las encargadas de cumplir con el fallo protector; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de marzo de dos mil veintidós. Parte quejosa realiza manifestaciones Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponde, el escrito signado por la quejosa ******************** mediante el cual desahoga la vista que se ordenó darle en autos, en los términos precisados en su escrito de cuenta, manifestaciones que se ordena tomar en consideración al momento en que el suscrito juzgador se pronuncie sobre el cabal cumplimiento o no del fallo protector. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Agréguense a sus autos el oficio signado por el autorizado de la autoridad responsable Dirección de Pensiones Civiles del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de catorce de enero de la presente anualidad, por tanto, téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias de mérito, por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, para que exponga lo que a sus intereses convenga. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargada del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecisiete de enero al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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