Lorenza García Leonardo
Expediente 622/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 06/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Lorenza García Leonardo
- Lorenza García Leonardo y Otros.
- Celsa García Leonardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, se desprende que las partes no realizaron manifestaciones acerca del cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. Efectos de la sentencia de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve (fojas 41 a 46), se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, realizara lo siguiente: Emitiera el acuerdo correspondiente a las promociones que le presentó la parte actora aquí quejosa el quince de marzo y ocho de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 328/2013. Ahora, toda vez que la sentencia no fue recurrida por las partes, en proveído de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 52 a 54), se declaró firme; y por tanto, se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. 2. Trámites de la responsable. Con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad responsable realizó lo siguiente: Mediante oficio 8091/2019 (fojas 59 a 60), recibido en este Juzgado Federal en diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, remitió copia con firmas autógrafas del proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 328/2013, mediante el cual tuvo a la parte demandada promoviendo incidente de nulidad de actuaciones en contra de la notificación del proveído de catorce de enero de dos mil diecinueve, por lo que señaló las once horas del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia incidental; por ende, se reservó a proveer respecto de las promociones que le presentó la parte actora aquí quejosa el quince de marzo y ocho de abril de dos mil diecinueve, hasta en tanto, se resolviera la incidencia en comento. Seguidamente, mediante proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve (68 a 71) se determinó que la sentencia de amparo no estaba cumplida en razón de que la responsable no había emitido el acuerdo correspondiente a las promociones que le presentó la parte actora aquí quejosa el quince de marzo y ocho de abril de dos mil diecinueve, en el juicio laboral de origen; en consecuencia, se le requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la ejecutoria. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 10267/2019 (fojas 76 a 77), recibido en este órgano jurisdiccional en veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, remitió copias certificada de audiencia incidental de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, de la que se advierte que se reservó el derecho para dictar la resolución correspondiente. En virtud de lo anterior, mediante proveídos treinta de octubre y trece de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 78 a 80), se requirió el cumplimiento de la sentencia de amparo. Consecuentemente, mediante oficio 12406/2019 (fojas 91 a 92), remitió copias certificadas del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 328/2013. 3. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable acató de manera total los puntos marcados en la sentencia amparadora dictada en autos por los siguientes motivos: Para comenzar, tenemos que en escritos de quince de marzo y ocho de abril de dos mil diecinueve, la parte actora aquí quejosa solicitó a la autoridad responsable lo siguiente: 1.- Aplicar la multa que se fijó a la parte demandada en auto de catorce de enero de dos mil diecinueve. 2.- Se individualizarán las multas que deben imponerse al funcionario público de la parte demandada, responsable de cumplir el laudo. 3.- Se procediera a la ejecución forzada del laudo. Ahora bien, del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral de origen, se advierte que la responsable no hizo efectivo el apercibimiento en razón de que se declaró nula la notificación realizada a la parte demandada del proveído de catorce de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, ordenó reiterar el requerimiento contenido en dicho auto y ordenó requerirle de nueva cuenta el cumplimiento del laudo. 4. Conclusión. En virtud de lo expuesto con anterioridad, se DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DEPURADO; por lo que una vez transcurridos cinco años a partir de la presente emisión de este auto procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda, sentencia y acuerdo de archivo. Por otra parte, en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica, ni cuenta con documentos originales, que devolver a las partes.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito firmado por Jacob Santos Tacuba, Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ahuacuotzingo, Guerrero, por medio del cual informa que en veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, recibió el oficio 25520/2019; en consecuencia, téngase al precitado tercero interesado notificado del proveído de veintiuno del mes y año en curso. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene a *************, como su autorizado en términos amplios, ello debido a que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. Sin que haya lugar a tener como su domicilio y autorizados a *************, toda vez que en proveído de cinco de junio de dos mil diecinueve (fojas 30 a 32), se proveyó lo solicitado.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexos signado por la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo para tal efecto copia con firmas autógrafas del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 328/2013. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y constancias mencionadas, dese vista y córrase traslado a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Asimismo, se requiere al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ahuacuotzingo, Guerrero, para que en el término de tres días hábiles al en que reciba la presente notificación, informe a este Juzgado Federal (incluso por vía telegráfica) la fecha en que haya recibido el presente oficio, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, de la de Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta pesos con 60/100 moneda nacional).
- Principal
Visto el estado de autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa se advierte que en proveído de treinta de octubre de dos mil diecinueve, se requirió al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, a fin de que dentro del término de tres días contado a partir de que tuviera conocimiento del precitado proveído diera cumplimiento a la sentencia de amparo. Sin embargo, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que el plazo concedido a la autoridad responsable ha fenecido, sin que ésta haya dado cumplimiento o informado los trámites que se encuentra realizando para tal fin. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión (previo hacer efectivos los apercibimientos), a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Emitir el acuerdo correspondiente a las promociones que le presentaron las peticionarias el quince de marzo y ocho de abril, ambos de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 328/2013. Por lo que deberá remitir las constancias que así lo acrediten, sin necesidad de ulterior requerimiento. Se apercibe a Bernardo Ortega León y/o María Natividad Bautista Linares o a quien funja como Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que de no dar cumplimiento, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 238 y 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo".
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