Lorenza García Leonardo
Expediente 125/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Lorenza García Leonardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido a la parte quejosa el término de tres días otorgados a efecto de que desahogara la vista ordenada en proveído de dieciocho de junio de dos mil dieciocho (foja 102), con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en este juicio; sin que lo hubiera hecho así, por tanto, este órgano de control constitucional procede a pronunciarse en relación con dicho cumplimiento. I. Mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil dieciocho Lorenza García Leonardo, solicitó el amparo y protección federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en autos del juicio laboral 328/2013. II. Luego, con fecha veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 50 a 56), se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo, la cual sobreseyó y otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguientes: "Proceda a acordar lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete y lo notifique a la partes en el juicio laboral de origen." III. Por auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 85 a 87), causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. IV. A fin de cumplir con lo anterior, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante oficio 5717/2018 (foja 91), remitió copia certificada del auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, por el cual acordó lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Asimismo, a través del oficio 5544/2018 remitió las constancias de notificación realizada a las partes del auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 328/2013. En atención a lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo en su totalidad, pues siguió los lineamientos establecidos en la misma, al acordar lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete y ser notificado dicho auto a las partes en el juicio laboral de origen, lo cual fue el efecto de la sentencia amparadora. V. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima cumplida la ejecutoria federal, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia de amparadora. VI. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero fracción IV, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DEPURADO, porque se concedió la protección en el juicio, debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo. Ello porque en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica; y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; personalmente a las partes.
- Principal
Visto el oficio firmado por la Presidenta Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copia certificada de las constancias de notificación a las partes del auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 328/2013. Asimismo, de autos se advierte que por oficio 57172018, de siete de junio de dos mil dieciocho, dicha responsable remitió copias certificadas del referido auto de cinco de junio de dos mil dieciocho (fojas 91 a 94), en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con los oficios y anexos antes señalados dese vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa
- Principal
Visto el oficio y anexo signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copia certificada del auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, por el cual acordó lo solicitado por el apoderado legal de la parte actora, mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 328/2013; lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto se destaca que, mediante sentencia de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 50 a 56), se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: Acordar lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete; Y lo notifique a la partes en el juicio laboral de origen 328/2013. Acorde a lo anterior, la determinación que envía la responsable no cumple la ejecutoria de amparo en su totalidad, porque no se advierte que haya notificado a las partes el auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 328/2013, máxime que el referido auto se ordenó notificar personalmente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, por conducto de su titular, Bernardo Ortega León, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita las constancias de notificación realizada a las partes del auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, dentro del expediente laboral 328/2013. Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 238, 258, 259 y 192 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que el valor de dicha unidad es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional) y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubieran recurrido la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho (fojas 50 a 56); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE, AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por conducto de su titular, Bernardo Ortega León, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Acordar lo solicitado por el apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete y lo notifique a la partes en el juicio laboral de origen 328/2013. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.
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