Lorenza García Leonardo

Expediente 1069/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1069/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • Lorenza García Leonardo
  • Celsa García Leonardo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por oficios 17/2019 y 1387/2019 (fojas 80 y 88), la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, este órgano jurisdiccional se pronuncia al respecto. El veintitrés de noviembre de dos mil dos dieciocho, se celebró la audiencia constitucional y se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo (fojas 52-60), en la cual se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguientes: El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: verifique la notificación a la parte demandada, del proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, debiendo acreditar tal situación, con las constancias respectivas. Emita el oficio a la secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Guerrero, para que haga efectiva la multa impuesta en auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, debiendo acreditar tal situación con las constancias correspondientes. Provea lo relativo a los escritos presentados el catorce de junio, nueve de julio y diez de agosto del año en curso y acredite la notificación de los citados proveídos. Una vez que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto, se requirió a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, el cumplimiento de la misma, quien mediante oficios 17/2019 y 1387/2019 (fojas 80 y 88), informó las actuaciones realizadas a fin de cumplir con la ejecutoria de amparo. Ahora bien, del contenido y anexos que acompañó la autoridad responsable a los oficios referidos se advierte que la sentencia de amparo no se encuentra totalmente cumplida. Lo anterior es así, en virtud de que del primer oficio de referencia que remitió el auto de catorce de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 328/2013, del cual se advierte que proveyó los escritos presentados el catorce de junio, nueve de julio y diez de agosto de dos mil dieciocho; asimismo, del segundo de los oficios enviados por la autoridad laboral, se aprecia que remitió las notificaciones realizadas a las partes del referido auto; con lo cual dio cumplimiento al último de los efectos de la sentencia de amparo. Sin embargo, no ha dado cumplimiento a los dos primeros de los efectos de la sentencia amparadora, esto en virtud de que no verificó la notificación a la parte demandada del proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, ni remitió el oficio a la secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Guerrero, para que haga efectiva la multa impuesta en citado auto, pues de los oficios a través de los cuales atendió los requerimientos de este órgano jurisdiccional, no se aprecia que haya acreditado tal situación con las constancias correspondientes. No pasa desapercibido para el suscrito, que en el auto que dictó con fecha catorce de enero de dos mil diecinueve (fojas 81-82), donde acordó los escritos presentados el catorce de junio, nueve de julio y diez de agosto de dos mil dieciocho, expuso que no era posible aplicar a la parte demandada la multa de quinientos días de salario mínimo vigente en la capital, en virtud que en el acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, dictado en el juicio natural medió apercibimiento en ese sentido. Empero, en la sentencia de amparo no se dijo nada con relación a que se tenía que aplicar a la parte demandada la multa de quinientos días de salario mínimo vigente en la región, sino que, se plasmó que debía verificar la notificación al Ayuntamiento demandado del proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, así como emitir el oficio a la secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Guerrero, para que hiciera efectiva la multa impuesta en el referido auto, debiendo acreditar tal situación con las constancias correspondientes; esto, en razón no se ha había girado el oficio a la Secretaría de Finanzas para hacer efectiva la multa de $1,000.00 (Un mil pesos 00/100 moneda nacional), impuesta a la Síndico Procuradora del Ayuntamiento de Ahuacotzingo, por no haber dado cumplimiento al laudo condenado, ni se había notificado dicho auto. En ese sentido, el tribual responsable no ha dado cabal cumplimiento con la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla en su totalidad con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Verificar la notificación a la parte demandada, del proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, debiendo acreditar tal situación, con las constancias respectivas. Y Emitir el oficio a la secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Guerrero, para que haga efectiva la multa impuesta en auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, debiendo acreditar tal situación con las constancias correspondientes. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), a cada uno, tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Asimismo, se hace de su conocimiento que, ante la contumacia para cumplir la ejecutoria, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo."

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo, exigido mediante auto de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 73-75), remitiendo para ello copia certificada del auto de catorce de enero de dos mil diecisiete, emitido en el juicio laboral 328/2013; empero, no remite las constancias de notificación de dicho auto realizada a las partes del expediente natural. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla en su totalidad con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: Acreditar la notificación realizada a las partes del expediente de origen, respecto del auto de catorce de enero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 328/2013. Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional). Asimismo, se hace de su conocimiento que, ante la contumacia para cumplir la ejecutoria, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo."

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 52-60); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que lo obliga a: El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: verifique la notificación a la parte demandada, del proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, debiendo acreditar tal situación, con las constancias respectivas. Emita el oficio a la secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Guerrero, para que haga efectiva la multa impuesta en auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, debiendo acreditar tal situación con las constancias correspondientes. Provea lo relativo a los escritos presentados el catorce de junio, nueve de julio y diez de agosto del año en curso y acredite la notificación de los citados proveídos. Hecho lo anterior, de inmediato deberán informar a este juzgado y remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Conforme a lo anterior, se apercibe a Bernardo Ortega León, en su carácter de Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional). Asimismo, se hace de su conocimiento que, ante la contumacia para cumplir la ejecutoria, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con la finalidad que se inicie el PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Sin que sea óbice que no se cuenta con la constancia del tercero interesado relativa a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, toda vez que al haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal por violación al artículo 17 constitucional; dicho tercero interesado no cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión que establece la Ley de Amparo, lo anterior sirve de apoyo la tesis XXI.2º.C.T.8 K (10a.) con registro 2015213, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. EL TERCERO INTERESADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE PRONTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. De la interpretación sistemática de los artículos 5o., 81, fracción I, inciso e), 82, 87, primer párrafo y 88, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se colige que el recurso de revisión sólo puede interponerlo la parte a quien causa perjuicio la sentencia definitiva que se impugna. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 77/2015 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESTE RECURSO DERIVA NO SÓLO DE LA CALIDAD DE PARTE, SINO ADEMÁS, DE QUE LA SENTENCIA COMBATIDA LE AGRAVIE COMO TITULAR DE UN DERECHO O PORQUE CUENTE CON LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE AQUÉL.", sostuvo que los recursos son medios de impugnación que puede ejercer la persona agraviada para poder obtener la modificación o revocación de una resolución, por lo que la legitimación para impugnarla y excitar la función jurisdiccional de una nueva instancia deriva no sólo de la calidad de parte en el juicio de amparo, sino además, de que la resolución combatida cause agravio como titular del derecho puesto a discusión en el juicio o, en su caso, porque cuente con la representación legal de aquél. Así, el tercero interesado tiene, en términos generales, un interés opuesto al del quejoso y, le resulta jurídicamente conveniente que subsista el acto reclamado; por ende, la determinación que concede el amparo, podría estimarse que lo legitima para interponer la revisión. Sin embargo, eso no sucede cuando se reclama la violación al derecho fundamental de pronta administración de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, cuya titularidad corresponde al quejoso, de tal suerte que la sentencia que concedió el amparo por tal motivo, no causa al tercero interesado un agravio personal y directo, necesario para su impugnación, en razón de que la ejecutoria debe cumplirse por la autoridad responsable, sin que ello tenga alguna incidencia en su esfera jurídica; de ahí que carezca de legitimación para interponer el recurso citado".

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por Jacob Santos Tacuba, Síndico Procurador del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ahuacuotzingo, Guerrero, personalidad que tiene reconocida en autos (foja 44); visto su contenido, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, téngase como sus autorizados en términos amplios a Jennifer Gatica Jiménez, José Manuel Benítez Salinas, Uriel Cesareo Sierra, Norma Paulina Tapia Gutiérrez y Daniel Aguilar García, toda vez que cuentan con cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho, debidamente registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación secretarial de cuenta.

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