Llulisa Maribel Lorenzo Matamoros y Otros.

Expediente 755/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
755/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
16/08/2023

Partes del expediente

  • Llulisa Maribel Lorenzo Matamoros y Otros.
  • E.D. H. L. y Otros.
  • J.E. H. L. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    PRAL. 755/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. 1. Regresa exhorto diligenciado. Agréguense los oficios firmados electrónicamente por la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, mediante los cuales: - Devuelve diligenciado el exhorto electrónico con números de orden 374/2023 y de origen 148/2023, enviado con la finalidad de notificar y requerir a los directos quejosos 1) ***** y 2) *****, por sí y en representación legal de los menores de edad con iniciales ***** y *****; en consecuencia, dése de baja dicha comunicación oficial en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. - Informa que en proveído de cuatro de agosto último, se autorizó el acceso al expediente electrónico, con número de orden 113/2023/-XIII y orden 129/2023-XIII. 1.1. Acuse de recibo. Sin que sea necesario acusar recibo de dicha comunicación, en razón de que su devolución se realizó vía interconexión. 2. Se remite promoción. Ahora, como el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, remítase vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, copia certificada de los oficios de cuenta. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 755/2023 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintitrés. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, mediante el cual tuvo por recibidas las promociones que le fueron remitidas en cumplimiento al auto de siete de agosto de este año dictado en este juicio; asimismo, solicita se le informe el resultado de la diligencia encomendada en el exhorto con número de orden ******************** y origen ********************, enviado por este órgano jurisdiccional; en su atención se provee: Infórmesele que, en proveído de cuatro de agosto del año en curso, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas informó que con motivo de la comunicación enviada por este órgano jurisdiccional formó el exhorto con número de orden 113/2023-XIII y origen ********************-XIII; sin embargo, a la fecha no ha informado lo concerniente a la diligenciación del mismo. 2. Solicitud a juez de Distrito. En consecuencia, solicítese atentamente al juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas que, de no tener impedimento legal o material alguno, informe el estado procesal que guarda el exhorto electrónico número de orden ******************** y origen ********************, registrado en ese órgano jurisdiccional con el registro de comunicación oficial ********************. 2.1. Envío de comunicación oficial. A fin de evitar dilaciones procesales, remítase el oficio correspondiente a través del sistema de interconexión SISE. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 755/2023 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de agosto de dos mil veintitrés. 1. Autoridad acepta competencia. Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, mediante el cual informa que a) aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional; por ello, registró el expediente de amparo ******************** y b) solicitó la remisión de las actuaciones que obran en este juicio de amparo. 2. Se remiten actuaciones. En consecuencia, como lo solicita, remítanse al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas los oficios de cuenta, así como el oficio signado por la administradora del Centro Asistencial para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes (BerriozábalII), que se reservó proveer en proveído de cuatro de agosto último. Se precisa que se le remitirán de manera física únicamente los oficios que fueron recibidos de esa manera, sin que sea necesario se deje copia en autos de las mismas, toda vez que ya obran en el expediente electrónico. 3. Se ordena hacer disponible expediente electrónico. Sin embargo, a efecto de que el citado juzgado pueda acceder a las promociones recibidas electrónicamente por este juzgado, se instruye a la oficial judicial "A" de la adscripción tenga a bien hacer disponible de forma permanente el expediente electrónico de este juicio a través de la plataforma del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que pueda vincularlo electrónicamente con el juicio de amparo ********************. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14 y 17 de este último Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Destino (conservable). Toda vez que en auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés se decretó de oficio y de plano la suspensión de diversos actos reclamados por la parte quejosa, el destino de este expediente es CONSERVABLE, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso B), del Acuerdo General invocado, por similitud jurídica, así como atendiendo las especificaciones previstas en el punto 7.4. del "Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal". 5. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, que lleve a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución; hecho lo cual, genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de conservable. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida por la secretaria de guardia a través del módulo de demandas electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a las cero horas con veinticinco minutos de esta fecha, promovida por ******************** en favor de 1) ********************y 2) ********************, y sus menores hijos de iniciales ********************. y ********************, contra actos de la Representación Local del Instituto Nacional de Migración con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso con el registro 755/2023. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, en lo conducente, la integración de este juicio de amparo se regirá por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Suspensión de oficio y de plano. En virtud de que los actos reclamados por el promovente del amparo consisten, esencialmente, en la detención, incomunicación, tortura psicológica y deportación de los directos quejosos a su país de origen -Honduras-; con fundamento en los artículos 22 constitucional; 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE DE PLANO Y DE OFICIO LA SUSPENSIÓN a 1) ********************, 2) ******************** y sus menores hijos de iniciales ********************. y ********************, en los términos siguientes: I. En relación a la deportación, se concede la suspensión de oficio y de plano para el efecto que no se ejecute, en virtud de que el promovente manifestó que los referidos quejosos son de nacionalidad extranjera (hondureña); sin embargo, no existen datos que conduzcan estimar que, en el caso, su estancia o situación migratoria en territorio mexicano sea de manera irregular, lo que de alguna forma resulta ser un delito, como lo señala el artículo 2, tercer párrafo, de la Ley de Migración. Y aunque es obligación la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, hasta en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, con la finalidad de que se aloje temporalmente para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno a su país (artículo 99 de la Ley de Migración); sin embargo, hasta ahora no existe dato alguno que justifique que la parte quejosa se encuentre en esa hipótesis. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". Límites de la medida concedida. La citada medida cautelar no surtirá efectos en el supuesto de que, por las características personales de los quejosos (extranjeros), se encuentren en una hipótesis diferente a la planteada en la demanda de amparo, respecto del acto consistente en la deportación. En la inteligencia que esta medida cautelar únicamente surtirá sus efectos de no haberse ejecutado la deportación; asimismo, la presente determinación no tendrá por efecto paralizar o suspender el procedimiento administrativo o migratorio que al efecto se instruya a los directos agraviados. II. Respecto a la detención (o cualquier otra forma de denominación, como puede ser aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción), la medida cautelar se concede para que, de inmediato, los quejosos sean puestos en libertad. En el entendido que, para gozar de la suspensión de plano en los términos indicados, los directos agraviados 1) ********************y 2) ******************** deberán realizar lo siguiente: Señalar ante la autoridad responsable ordenadora (del Instituto Nacional de Migración) el domicilio en el que permanecerán, dentro de la circunscripción territorial en donde se encuentra la estación migratoria denominada Centro de Asistencia para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes Berriozábal 2, con sede en el municipio de Berriozábal, Chiapas, para seguir su procedimiento administrativo migratorio. No podrán ausentarse del referido domicilio sin la previa autorización de la autoridad migratoria. Deberán comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento, con la periodicidad que establezca la mencionada potestad. Deberán otorgar la garantía económica que, en su caso, establezca la autoridad migratoria que conozca del procedimiento administrativo de origen. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir con las obligaciones impuestas, puede quedar sin efectos la suspensión otorgada. Asimismo, la suspensión tiene como efecto que la autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que los directos agraviados no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante ella cuantas veces les sea exigido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PR.P.CN. J/5 P (11a.) del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, identificada con el registro digital 2026673, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A LAS PERSONAS MIGRANTES QUE RECLAMAN LA PRIVACIÓN DE SU LIBERTAD POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS, AL SER UN ATAQUE A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes conocieron de diversas quejas en las que se dilucidó si procede o no la suspensión de oficio y de plano en tratándose de personas extranjeras privadas de la libertad, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en una estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), al constituir la detención alegada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México determina que cuando en el juicio de amparo indirecto las personas migrantes en situación irregular reclamen un ataque a su libertad personal fuera de procedimiento, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción), por más de treinta y seis horas, atribuida al Instituto Nacional de Migración, derivado del procedimiento administrativo en estaciones migratorias, procede conceder la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que sean puestas en libertad, al actualizarse la hipótesis del artículo 126 de la Ley de Amparo. Justificación: En atención al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular previsto en el Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado F, fracción I, numeral 3, inciso b, denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas", en el que establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no como la excepción. Asimismo, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, en su capítulo VIII, intitulado "Reglas específicas de actuación", entre otros aspectos, expone ampliamente el tópico relativo a la excepcionalidad de la detención, por lo que la irregularidad en el ingreso es considerada una falta administrativa. En consecuencia, los derechos y las garantías que deben observar quienes juzgan son aquellas propias de las personas que son sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. Ello, además, atendiendo el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, conforme al cual las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Ley Fundamental y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, se considera que en el caso debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal de los quejosos, por lo que se debe conceder la suspensión de oficio y de plano cuando la detención de las personas migrantes sea, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción) por más de treinta y seis horas en la estación migratoria con motivo del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Migración, al ser esa detención reclamada un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que sean puestas en libertad inmediata, para continuar con el trámite migratorio. En el entendido de que la autoridad migratoria, a efecto de dar el debido seguimiento al procedimiento, podrá fijar los requisitos y medidas necesarias, tomando como parámetro las establecidas en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, una vez que ya haya decretado la libertad". III. En relación a la tortura psicológica e incomunicación la suspensión se concede para el efecto de que, de inmediato, cesen dichos actos, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal. Precisión sobre menores. Como en la demanda de amparo se precisa que los directos quejosos 1) ********************y 2) ******************** son progenitores de los menores de iniciales ********************. y ********************, se puntualiza que la suspensión se concede en los términos citados, pero, además, se deberá cumplir con lo siguiente, en atención al interés superior de la niñez: Que los menores de iniciales ********************. y ******************** no deben ser separados de sus progenitores, en atención al derecho a la unidad familiar. Deberán dictar medidas necesarias en caso de que dichos menores necesiten atención médica o psicológica, según el caso. Informe relacionado con la suspensión decretada de plano. La(s) autoridad(es) responsable(s) debe(n) informar dentro del plazo de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta determinación; apercibida(s) que de no cumplir con lo ordenado se le(s) sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo. Notificación por exhorto. Con fundamento en los artículos 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, GÍRESE EXHORTO EN LÍNEA a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en turno, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, realice lo siguiente: Notifique este acuerdo a los directos quejosos 1) ********************y 2) ********************, por sí y en representación legal de los menores de edad con iniciales ********************. y ********************, quienes se encuentran privados de su libertad, según lo referido por el promovente, en el Centro de Asistencia para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes Berriozábal 2, con sede en el municipio de Berriozábal, Chiapas. Los requiera para que en el acto de la notificación, o por escrito dentro del plazo de tres días, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor por ********************. Y en caso de ratificarla, manifiesten si es su voluntad autorizar a dicha persona en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Con apercibimiento que de no efectuar tal ratificación, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Entregue a las autoridades responsables los oficios con inserción de este auto y copia de la demanda que se remitirán anexos al exhorto correspondiente. Hecho lo anterior, devuelva las constancias respectivas. Incompetencia. Por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, se analiza lo relativo a la competencia. El promovente del amparo señala que los directos quejosos 1) ********************y 2) ******************** y sus menores hijos de iniciales ********************. y ******************** se encuentran privados de su libertad en el Centro de Asistencia para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes Berriozábal 2, con sede en el municipio de Berriozábal, Chiapas. En ese sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio constitucional, entre las cuales se encuentra la siguiente: ? Cuando el acto reclamado tiene efectos ejecutivos, la competencia por razón de territorio se fija en atención a cuatro supuestos que giran en torno al espacio o lugar territorial donde: a) Deba tener ejecución, b) trate de ejecutarse, c) se esté ejecutando o d) se haya ejecutado el acto reclamado. Esos supuestos determinan la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, eligiendo factores que deben considerarse preferentes para fijar esa competencia en materia de amparo, entre varias opciones; criterios relacionados con la ejecución del acto, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos. Por lo que, para determinar la competencia de un juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse, en este último caso, al lugar donde se realicen o traten de realizarse. En el caso, atento a las consideraciones jurídicas destacadas y dada la naturaleza de los actos reclamados, este órgano jurisdiccional no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo que se promovió en favor de 1) ********************y 2) ******************** y sus menores hijos de iniciales ********************. y ********************, por cuestión de territorio, ya que se encuentran privados de su libertad en el Centro de Asistencia para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes Berriozábal 2, con sede en el municipio de Berriozábal, Chiapas; lugar en el que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, como se establece en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divida la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo y se ordena remitir la demanda de manera electrónica al juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en turno, a quien atentamente se solicita informe si acepta o no la competencia declinada. Se ordena formar cuaderno de antecedentes con copia certificada de la demanda de amparo. Reserva. Para el caso de que sea ratificada la demanda de amparo, la autoridad jurisdiccional competente proveerá lo conducente respecto al autorizado para recibir notificaciones y la forma señalada para recibirlas; así como los medios de comunicación no procesal indicados en el proemio de la demanda. 9. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, desde ahora se habilita al actuario(a) judicial que realice las notificaciones que se ordenen, en días y horas inhábiles. 10. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 11. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. Notifíquese mediante exhorto a los directos quejosos y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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