Lorena Itzel López Pozos

Expediente 162/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
162/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Lorena Itzel López Pozos

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo... En cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, toda vez que se desechó la demanda y en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el dispositivo 21, inciso d), del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que ahí se estipula... Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, a siete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio con número de registro *****, procedente del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del diverso por el que se remitió copia certificada del juicio de amparo 162/2023, asimismo, se advierte que aceptó la competencia declinada por esta autoridad judicial, y que se avocó al conocimiento del asunto. En otro aspecto, agréguense a los autos el oficio con número de registro **** y anexo de cuenta, procedentes del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual se obtiene que, mediante proveído de veintisiete de febrero de la anualidad en curso, en lo que interesa ordenó la remisión de los autos que integran el juicio de amparo 280/2023, de su índice, así como el comunicado signado por el secretario Conciliador del Juzgado Vigésimo Sexto de lo Familiar de la Ciudad de México; acúsese recibo. En atención a los términos de dicho impreso, intégrese sin mayor proveído, en razón que la demanda que dio origen a este controvertido se desechó mediante determinación de veintidós de febrero del año en curso. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil veintitrés. I. Visto el oficio y anexo de cuenta, procedentes del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el que remite el escrito de demanda de amparo indirecto y además, el juicio de amparo ************, promovido por ********************, por propio derecho y en representación de su menor hija ********************, contra acto(s) que reclama del "Fiscal de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México" y otras autoridades, al estimar que es legalmente incompetente para conocer de dicho juicio por razón de materia, y, por ende, declina competencia a favor de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, correspondiendo el turno a este órgano de control constitucional. Al respecto, se emite el pronunciamiento siguiente: Este juzgador, en principio proveerá sobre la competencia planteada, por tanto, se acepta la competencia que se declinó a favor de esta autoridad judicial, fórmese expediente con el orden ****, y acúsese recibo. Sin que en el caso esta autoridad judicial realice pronunciamiento relativo a la suspensión de oficio y de plano que solicita la parte quejosa, pues mediante acuerdo de veintiuno del mes en curso, la autoridad declinante concedió la medida cautelar de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables. II. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "(.)". Precisado lo anterior, es necesario establecer lo que debe entenderse por tortura; que es uno de los actos previstos en el catálogo del artículo 15 de la Ley de Amparo, y que precisamente se reclama por la quejosa. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 90/2014, estableció que un acto se considera tortura cuando: (.). A mayor abundamiento, la Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, define en su artículo 24 al delito de tortura, de la manera siguiente: "(.)". En ese sentido, posterior a realizar una lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa esté siendo víctima de algún acto de tortura cometido por cualquiera de las autoridades señaladas como responsables. Por el contrario, de la revisión al escrito de demanda, se obtiene que lo que reclama la quejosa es la omisión de dictar medidas de protección que atribuye tanto a dos autoridades administrativas en materia penal, como a una de carácter judicial de carácter familiar; siendo el acto reclamado y las autoridades responsables en la forma que a continuación se precisa: "(.)". PRIMERO. Una vez precisado lo anterior, conviene señalar que por cuanto hace al acto reclamado indicado en el punto anterior, atribuido a las autoridades indicadas en los numerales 1 y 2, este juzgador estima conveniente hacer las precisiones siguientes: En principio resulta imprescindible apuntar que el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en los preceptos 72 y 73 establecen: "(.)". De los artículos transcritos derivan los requisitos para decretar la acumulación de juicios tramitados en un mismo juzgado; por tanto, la interpretación contrario sensu de las disposiciones invocadas, lleva a considerar que se podrá decretar la separación de los mismos cuando en una demanda de amparo se reclaman actos desvinculados entre sí. "(.)" En el caso, los actos controvertidos por la quejosa, consisten en: "(.)". En tal contexto, del escrito inicial de demanda, se advierte que los actos reclamados están desvinculados entre sí, en tanto que los atribuidos a las dos autoridades administrativas en materia penal, se advierte que en términos del artículo 56, son precisamente de naturaleza penal, y el reclamado a la autoridad judicial, se observa que tiene naturaleza civil, ya que no incide en la finalidad que tiene el proceso penal, esto último con fundamento en el precepto 60, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que se justifica decretar la separación de juicios. Bajo el entendido que, la separación de juicios y por ende el presente juicio de amparo deberá continuarse por cuanto hace al siguiente acto y autoridades responsables siguientes: "(.)". SEGUNDO. I. Precisados los actos y autoridades responsables por los que continuará el presente controvertido, es menester señalar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Dicho precepto, indica: "(.)". De esto último, se actualiza la figura jurídica de la litispendencia, que lo que pretende evitar es que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia judicial, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Por tanto, un juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya determinación admita la procedencia de algún recurso, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho medio de impugnación y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. Apoya lo anterior, la tesis I.11o.C.31 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 3029, Libro 63, febrero de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente". II. En el caso en particular, como se dijo con antelación, en este controvertido se tuvo como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III. Autoridad responsable: 1. Fiscal de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 2. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. IV. Acto reclamado: - De ambas autoridades (.) la omisión de dictar y ejecutar medidas de protección por actos de violencia familiar y posible feminicidio". Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en este órgano de control constitucional está radicado el diverso juicio de amparo ********************que promovió ********************, por propio derecho y en representación de su menor hija ********************, contra las autoridades y actos siguientes: "III. Autoridad responsable: - 1. Fiscal de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. - 2. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. - IV. Acto reclamado: - De ambas autoridades (.) la omisión de dictar y ejecutar medidas de protección por actos de violencia familiar y posible feminicidio". El cual se tiene a la vista al constituir un hecho notorio para este juzgador, en términos del precepto 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, así como en la jurisprudencia VI.1o.P. J/25 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 1199, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". III. De esta forma, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda, respecto del acto atribuido a las dos autoridades identificadas en los numerales 1 y 2, siendo por los que este juzgador conoció. TERCERO. I. Finalmente, respecto al acto atribuido a la restante autoridad judicial en materia civil, consistente en: "III. Autoridad responsable: 3. Juez Vigésimo Sexto de lo Familiar de Proceso Escrito. IV. Acto reclamado: - De ambas autoridades (.) la omisión de dictar y ejecutar medidas de protección por actos de violencia familiar y posible feminicidio". Debe precisarse que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, ya que el conocimiento de un asunto no puede quedar sujeto a la voluntad del juzgador o de alguna de las partes. Al respecto, el artículo 48 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente.- Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente.- Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva". Asimismo, el artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán:- I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;- II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito;- III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y.- IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (...)". Por su parte, el diverso numeral 60 de la ley en cita, dispone: "Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". De ahí que, para determinar la competencia por razón de materia de un Juez de Distrito, debe atenderse a la naturaleza de la acción, lo cual se puede determinar mediante el análisis de las pretensiones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. II. En el caso, por cuanto hace al acto reclamado por la parte quejosa consistente en: "(.)". Se estima que esta autoridad judicial carece de competencia legal, por razón de materia, para conocer del presente juicio, pues el acto reclamado no es de naturaleza penal, dado que no afecta la libertad personal de la parte quejosa, ni proviene de un proceso penal, averiguación previa o carpeta de investigación seguida en su contra; de ahí que no se ubique en alguna de las hipótesis contenidas en el dispositivo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que tal acto es formal y materialmente civil, debido a que a la autoridad a quien se le atribuye y a la naturaleza del mismo, por lo que es incuestionable que la competencia para resolver este asunto corresponde a un Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, de conformidad con el numeral 60 de la ley mencionada en el párrafo que antecede. (.) "(.)". III. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada del presente juicio al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa misma materia y residencia, solicitándole al juez correspondiente el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. Notifíquese este proveído y las subsecuentes determinaciones a través del Sistema Integral de Seguimientos Expedientes, ya que se proporcionó usuario auténtico para tal efecto. Se tienen como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que se refieren en la demanda, hasta en tanto se acredite que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues no se proporcionan los datos correspondientes. En otro aspecto, en cuanto al correo electrónico que se proporciona, téngase como medio de contacto para entablar comunicaciones aun las de índole procesal. Por último, se instruye al personal judicial que le corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

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