Lorena Itzel López Pozos

Expediente 158/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
158/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Lorena Itzel López Pozos
  • Lorena Itzel López Pozos y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a siete de marzo de dos mil veintitrés. Vistas las certificaciones que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto por el que se desechó la demanda de amparo...se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido...En cumplimiento al diverso numeral 6 del citado Acuerdo General, toda vez que se desechó la demanda y en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el numeral 21, inciso d), del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipula tal disposición. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo indirecto promovida por ************, por propio derecho y en representación de su menor hija ***********, contra acto(s) que reclama del "Fiscal de Investigación Territorial en Gustavo A. Madero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México" y otras autoridades, fórmese expediente con el orden ********. PRIMERO. I. A. En principio, se considera necesario precisar si al particular se le dará el trámite regular que para la substanciación de los amparos indirectos prevé la ley de la materia; o bien, la especial que señala el artículo 15 de dicho ordenamiento, en relación con el 22 de la Constitución General de la República, cuyo contenido es: "(.)". "(.)". Conforme al primer precepto transcrito, resulta evidente que la substanciación del juicio de control constitucional en los términos ahí previstos, está supeditada a que los actos señalados como reclamados se traten de aquellos que importen: a) Peligro de privación de la vida. b) Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. c) Incomunicación. d) Deportación. e) Expulsión. f) Proscripción. g) Destierro. h) Extradición. i) Desaparición forzada de personas. j) Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. k) Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De modo que, si del contenido de la demanda presentada se obtiene que mediante la acción de amparo se pretende impugnar alguno de estos actos, procederá conceder la suspensión de oficio y de plano en el auto admisorio, en términos del numeral 126 de la Ley de Amparo, que señala: "(...)". Lo anterior, aún en caso de que no se admita la demanda y en el auto inicial se prevenga a la parte quejosa para que subsane alguna irregularidad u omisión. (...). Lo anterior es relevante, ya que como el propio criterio invocado señala, el objetivo de conceder la suspensión en esos términos, no sólo es preservar la materia del juicio, sino impedir la ejecución de actos que pudieran ser lesivos a la parte quejosa. De modo que, es imprescindible que en la demanda se indique que la parte peticionaria de amparo está siendo víctima o en su caso, que inminentemente lo será, de alguno de los actos vejatorios antes referidos. En otras palabras, la tramitación especial del juicio de amparo indirecto a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, única y exclusivamente opera en caso de que la parte quejosa sea víctima de aquéllos; de lo contrario, el procedimiento deberá sustanciarse de forma regular, lo que evidentemente implica, que no se conceda la suspensión de plano y de oficio señalada en el segundo párrafo de dicho precepto. B. En el caso, la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: "(.)". C. Dado lo anteriormente asentado, es necesario establecer lo que debe entenderse por tortura; que es uno de los actos previstos en el catálogo del artículo 15 de la Ley de Amparo, y que precisamente se reclama por la quejosa. (...). Al respecto, la Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, define en su artículo 4 al delito de tortura, de la manera siguiente: "(...)". En ese sentido, y de la lectura integral de la demanda no se advierte que la parte quejosa esté siendo víctima de algún acto de tortura cometido por cualquiera de las autoridades señaladas como responsables. Por el contrario, de la revisión al escrito de demanda, se obtiene que lo que reclama la quejosa es la omisión de dictar medidas de protección que atribuye tanto a dos autoridades administrativas en materia penal, como a una de carácter judicial de carácter familiar, quedando los actos y autoridades en la forma que a continuación se precisa: "(...)". Por tanto, no ha lugar a decretar de oficio y de plano la medida cautelar que se solicitó. SEGUNDO. I. A. Una vez precisado lo anterior, conviene señalar que por cuanto hace al acto reclamado indicado en el punto anterior, atribuido a las autoridades indicadas en los numerales 1 y 2, este juzgador se avoca al conocimiento del juicio. De ahí que, resulte imprescindible apuntar que el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en los preceptos 72 y 73 establecen: "(...)". "(...)". De los preceptos transcritos derivan los requisitos para decretar la acumulación de juicios tramitados en un mismo juzgado; por tanto, la interpretación contrario sensu de las disposiciones invocadas, lleva a considerar que se podrá decretar la separación de los mismos cuando en una demanda de amparo se reclaman actos desvinculados entre sí. (...). (...). B. En el caso, una vez precisado lo que se estableció en el numeral I, de esta determinación, se advierte que los actos controvertidos por la quejosa, consisten en: "(...)". En tal contexto, del escrito inicial de demanda, se advierte que los actos reclamados están desvinculados entre sí, en tanto que los atribuidos a las dos autoridades administrativas en materia penal, se advierte que en términos del artículo 56, son precisamente son de naturaleza penal, y el reclamado a la autoridad judicial, se observa que tiene naturaleza civil, ya que no incide en la finalidad que tiene el proceso penal, esto último con fundamento en el precepto 60, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que se justifica decretar la separación de juicios. En el entendido que, la separación de juicios se efectuara en los siguientes términos: El presente juicio de amparo deberá continuarse por cuanto hace al siguiente acto y autoridades responsables siguientes: "(...)". Debe precisarse que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, ya que el conocimiento de un asunto no puede quedar sujeto a la voluntad del juzgador o de alguna de las partes. Al respecto, el artículo 48 de la Ley de Amparo establece: "(...)". Asimismo, el artículo 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé: "(...) (...)". Por su parte, el diverso numeral 60 de la ley en cita, dispone: "(...).". De ahí que, para determinar la competencia por razón de materia de un Juez de Distrito, debe atenderse a la naturaleza de la acción, lo cual se puede determinar mediante el análisis de las pretensiones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. III. En el caso, por cuanto hace al acto reclamado por la parte quejosa consiste en: "(.)". SE estima que esta autoridad judicial carece de competencia legal, por razón de materia, para conocer del presente juicio, pues el acto reclamado no es de naturaleza penal, dado que no afecta la libertad personal de la parte quejosa, ni proviene de un proceso penal, averiguación previa o carpeta de investigación seguida en su contra; de ahí que no se ubique en alguna de las hipótesis contenidas en el dispositivo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que tal acto es formal y materialmente civil, debido a que a la autoridad a quien se le atribuye y a la naturaleza del mismo, por lo que es incuestionable que la competencia para resolver este asunto corresponde a un Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, de conformidad con el numeral 60 de la ley mencionada en el párrafo que antecede. (...). En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase copia certificada del presente juicio al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, por conducto del Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esa misma materia y residencia, solicitándole al juez correspondiente el acuse de recibo y la comunicación de la resolución que pronuncie al respecto. TERCERO. I. Ahora, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Tal precepto, indica: "(.)". Los preceptos transcritos contienen uno de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, consistente en que quien lo accione sea la parte agraviada; es decir, debe promoverse únicamente por la persona a quien afecte el acto reclamado, que podrá comparecer por sí mismo o bien, en los casos así previstos en la ley reglamentaria, por conducto de su representante, defensor, algún pariente o incluso, una persona extraña. Significa entonces, que el escrito de demanda a través del que se pretenda instaurar el citado mecanismo de control constitucional, debe estar suscrito y firmado por alguna de las personas referidas, pues de lo contrario, se desconocería la identidad del promovente y consecuentemente, se estaría incumpliendo con el principio de "instancia de parte agraviada"; lo cual causaría la improcedencia de la acción de amparo. (...). Ahora bien, para el particular resulta relevante el contenido de los numerales 2, fracciones XV y XVI y 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los cuales señalan: "(...)". De las anteriores disposiciones normativas, se deduce que la "firma electrónica vigente" o FIREL, es la forma de autenticar los escritos y promociones que se presenten a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo cual, de suscitarse la ausencia de dicho requisito en la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos, es evidente que la consecuencia procesal sea la misma que tratándose de firma autógrafa. Por tanto, si en el caso la demanda carece de la firma de la quejosa, es inconcuso que no puede apreciarse su voluntad de instar la acción constitucional. (...). Cabe señalar que, en el caso no se está en algún supuesto de excepción contenido en el artículo 15 de la ley de la materia, cuyo contenido es: "(...)". Significa entonces que, salvo la excepción descrita, la ausencia de firma electrónica en la presentación de la demanda de amparo a través del portal de servicios en línea, provoca su desechamiento al actualizar la causal de improcedencia a que se refiere el precepto 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, la cual indica: "(...)". II. En el caso, de la lectura de la demanda presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se advierte que carece de firma electrónica de la quejosa. Asimismo, se observa que los actos señalados como reclamados, son los siguientes: "(.)(...)". (...). III. Notifíquese este proveído y las subsecuentes determinaciones a través del Sistema Integral de Seguimientos Expedientes, ya que proporcionó usuario auténtico para tal efecto. Se tiene como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, hasta en tanto se acredite que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, pues no se proporcionan los datos correspondientes. En otro aspecto, en cuanto al correo electrónico que se proporciona, téngase como medio de contacto para entablar comunicaciones aun las de índole procesal. Por último, se instruye al personal judicial que le corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa.

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