Lorena Itzel López Pozos
Expediente 954/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2022
Partes del expediente
- Lorena Itzel López Pozos
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa que en proveído de veintidós de los actuales, acusó recibo del comunicado por el que se envió el juicio *** de la estadística de este juzgado, asimismo, se advierte que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen a este asunto. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de cuenta, remitida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por ***, en representación por ejercer la patria potestad sobre su menor hija ****, contra el acto que reclama del "Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social"; de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 954/2022; y dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. I. A. En principio, se considera necesario precisar si al particular se le dará el trámite regular que para la substanciación de los amparos indirectos prevé la ley de la materia; o bien, la especial que señala el artículo 15 de dicho ordenamiento, en relación con el 22 de la Constitución General de la República, cuyo contenido es: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. - En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. - Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas (.)". "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado (.)". Conforme al primer precepto transcrito, resulta evidente que la substanciación del juicio de control constitucional en los términos ahí previstos, está supeditada a que los actos señalados como reclamados se traten de aquellos que importen: Peligro de privación de la vida. Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. c) Incomunicación. d) Deportación. e) Expulsión. f) Proscripción. g) Destierro. h) Extradición. i) Desaparición forzada de personas. j) Alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. k) Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De modo que, si del contenido de la demanda presentada se obtiene que mediante la acción de amparo se pretende impugnar alguno de estos actos, procederá conceder la suspensión de oficio y de plano en el auto admisorio, en términos del numeral 126 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. - En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento (...)". Lo anterior, aún en caso de que no se admita la demanda y en el auto inicial se prevenga a la parte quejosa para que subsane alguna irregularidad u omisión. Se cita la jurisprudencia 1a./J. 25/2018 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 827 del Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. SI NO SE ADMITE LA DEMANDA Y SE PREVIENE AL QUEJOSO PARA QUE SUBSANE ALGUNA IRREGULARIDAD, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE PROVEER SOBRE LA CITADA MEDIDA CAUTELAR EN EL PROPIO AUTO EN QUE FORMULA ESE REQUERIMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo constituye una medida cautelar cuyo objetivo no sólo es preservar su materia mientras se resuelve el asunto -al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación-, sino también evitar que se causen al quejoso daños de difícil reparación. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión se otorgará cuando la naturaleza del acto impugnado lo permita y bajo las condiciones que determine la respectiva ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo establece que cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la suspensión se concederá de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Ahora bien, si no se admite la demanda y se previene al quejoso para que subsane alguna irregularidad, el órgano de control constitucional debe otorgar dicha medida cautelar en el propio auto en el que formula ese requerimiento, ya que de lo contrario, se permitiría la posible ejecución de los actos prohibidos por el artículo 22 aludido". Lo anterior es relevante, ya que como el propio criterio invocado señala, el objetivo de conceder la suspensión en esos términos, no sólo es preservar la materia del juicio, sino impedir la ejecución de actos que pudieran ser lesivos a la parte quejosa. De modo que, es imprescindible que en la demanda se indique que la parte peticionaria de amparo está siendo víctima o en su caso, que inminentemente lo será, de alguno de los actos vejatorios antes referidos. En otras palabras, la tramitación especial del juicio de amparo indirecto a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, única y exclusivamente opera en caso de que la parte quejosa sea víctima de aquéllos; de lo contrario, el procedimiento deberá sustanciarse de forma regular, lo que evidentemente implica, que no se conceda la suspensión de plano y de oficio señalada en el segundo párrafo de dicho precepto. B. En el caso, la promovente señala como acto reclamado en el escrito de demanda: "(.) Poner en peligro la salud de la menor quejosa ante la negativa de atención médica por falta de carnet (.)". Además, en el apartado de antecedentes, expone lo siguiente: "(.) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la suscrita me encuentro separada del padre de la menor, y ésta es derechohabiente del señor ** quien tiene el número de seguridad social ** encontrándose vigente. Siendo el caso que el padre de la menor nunca me ha entregado el carnet de la niña, pese a señalar que si la ha dado de alta, no obstante manifiesto bajo protesta de decir verdad que yo tengo su custodia. III.- Ahora bien, la menor ha presentado dolores corporales así como deformidades en su postura por lo que la llevé al médico quien me dijo que requería de atención dado que podía tener problemas de cuello y columna y en consecuencia se requerían estudios como rayos X, siendo que no cuento con recursos para ello. Por tal motivo, acudí el día de hoy a la UMF 29 del IMSS a solicitar la atención médica de mi hija, siendo que me indicaron que la correcta en razón a que mi domicilio se ubica en ** Ciudad de México, es la autoridad responsable. Por lo que al constituirme, y no estar presente personalmente el padre de la menor es que no se me da la atención médica a mi hija ya que no tiene carnet pese a que en su sistema consta que la quejosa es hija del citado derechohabiente y por tanto ella tiene el carácter de beneficiaria conforme a la Ley del Seguro Social y que inclusive por el simple hecho de ser mexicana tiene derecho a recibir atención médica conforme a la Ley General de Salud. (.)". C. En ese contexto, al ponderar el acto reclamado consistente en la negativa de brindar atención médica a la menor, así como los hechos manifestados bajo protesta de decir verdad por la promovente, además, atendiendo a los fines y alcances del principio del interés superior del menor, este juzgador concluye que con dicho acto se pone en peligro la vida y salud de la directa quejosa. Siendo relevante lo manifestado por ** , respecto a que el padre de su menor hija es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que inclusive se corrobora con el anexo relativo a la "Asignación o localización de número de seguridad social -Instituto Mexicano del Seguro Social-", que allegó a la demanda como anexo; en ese sentido, con apoyo en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano, para que el "Director de la Unidad de Medicina Familiar Número 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social", ordene a quien corresponda realice las gestiones necesarias y conducentes a efecto de que no se le niegue la atención médica que requiere la menor **, por falta de carnet, y no se ponga en peligro su vida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone lo siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento". En consecuencia, requiérase al citado director que, en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este auto, informe a este juzgador sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada, además, deberá manifestar si con motivo de la negativa de atención médica manifestada en la demanda, se puso en peligro la vida de la menor quejosa; en el entendido de que dicho comunicado podrá ser enviado de manera preferente al correo electrónico 13jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx. Apercibido que, de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el dispositivo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra en términos del numeral 209 de la citada ley. II. Resérvese proveer lo conducente en relación con los demás aspectos de la demanda de amparo, hasta en tanto se reciba el informe requerido a la autoridad responsable. Como se solicita, las notificaciones deberán realizarse vía electrónica; asimismo, permítase la consulta por ese medio del presente expediente, ya que se proporcionó usuario autenticado para tal efecto. Se tiene por autorizada en los términos que precisa a la persona que refiere -de la que proporciona cédula profesional-, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes con que se acredite que está legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en el entendido que, de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte respectiva, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada. En relación con el correo electrónico y número telefónico que señala, ténganse como medios de contacto, en términos del artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Téngase por realizada la manifestación de la promovente para que se tramite el presente juicio de amparo en línea. Asimismo, se exhorta a las demás partes continúen este asunto bajo el esquema de "juicio en línea", para que en términos del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se esté en posibilidad de actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Se instruye al personal judicial que le corresponda, supervise la debida integración entre el expediente físico y electrónico. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
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