Lorena Grisel Uribe Hernández

Expediente 258/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
258/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
29/04/2015

Partes del expediente

  • Lorena Grisel Uribe Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de catorce de abril de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa Lorena Grisel Uribe Hernández, mediante el cual desahoga el requerimiento que se le formuló en proveído de veinticinco de marzo de la presente anualidad. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley,26 y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Ello, habida cuenta que en el presente juicio no se encuentra demostrado que el acto de que se duele la quejosa afecte su derecho subjetivo de manera personal y directa, que se traduce en el interés jurídico, tal como lo prevé la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, que estatuye: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Acorde con el anterior precepto, el diverso artículo 6º de la Ley de Amparo, en la parte que interesa, establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita". De la interpretación de los numerales transcritos, se desprende que para promover el juicio de amparo es condición indispensable que la parte que asegura resentir una lesión en sus intereses acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la transgresión a un derecho subjetivo consagrado en la Constitución en favor de la parte quejosa. Se afirma lo anterior, porque el derecho subjetivo en el derecho mexicano debe entenderse como una función del objetivo, en tanto que éste -derecho objetivo- es la norma que permite o prohíbe y aquél -derecho subjetivo- el permiso derivado de la norma. En efecto, el derecho subjetivo no se concibe fuera del objetivo, pues siendo la posibilidad de hacer (o de omitir) lícitamente algo, supone lógicamente la existencia de la norma que imprime a la conducta facultada el sello positivo de la licitud. Los derechos subjetivos se dividen en derechos a la propia conducta y a la conducta ajena; en ese sentido, para el estudio que nos ocupa, el suscrito se enfocará en el primero de los mencionados. Como caso típico de un derecho subjetivo a la propia conducta se cita el derecho de propiedad, verbigracia, el dueño de una cosa está facultado para usarla, venderla, permutarla, etcétera; éstas y las demás facultades que la ley le concede, referentes a la actividad del propietario son, por consiguiente, derechos a su propia conducta. Bajo dicha guisa, es dable sostener que el interés jurídico para promover el juicio de amparo ya sea en defensa de un derecho de propiedad o de posesión, se traduce en un derecho subjetivo. Y debe decirse que dicho derecho subjetivo sólo lo tienen las personas directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorios, pues el derecho de promover ese juicio es personalísimo. Por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. En suma, como se dijo, ese derecho subjetivo protegido por la Constitución Federal, es lo que se traduce en el juicio de amparo como el interés jurídico, que la Ley de la materia toma en cuenta, para la procedencia del juicio de amparo. En igualdad de circunstancias, para considerar que el quejoso acredita su derecho subjetivo tutelado es necesario que demuestre que el acto reclamado trastoca su esfera jurídica, esto es, que con el actuar de la autoridad se le afecta la tutela de un derecho que tiene reconocido, comprendiendo únicamente los bienes jurídicos reales y objetivos. Asimismo, las afectaciones de las que se duele el impetrante deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, so pena que el órgano constitucional del conocimiento considere que no se afecta el derecho subjetivo del peticionario, en razón de no encontrarse acreditado de forma fehaciente que los daños o perjuicios de los que se duele el impetrante afectan real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. De tal modo que, el derecho subjetivo que se traduce en el caso en el interés jurídico que tomó en cuenta el constituyente para efectos de su procedencia, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es el protegido por el ordenamiento legal objetivo, el cual debe estar acreditado de forma indubitable, amén de que se genere la improcedencia del juicio constitucional. Ahora bien, con la finalidad de exponer por qué se actualiza la causal de improcedencia de mérito, es necesario señalar los siguientes antecedentes que la quejosa narró bajo protesta de decir verdad, manifestaciones que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).": 1. Que en el juicio laboral 2457/2012 en donde es parte actora, se dictó laudo a su favor, en contra de Rosalinda Nieto Rojas, sin que a la fecha se haya ejecutado ni llevado a cabo embargo alguno derivado de dicha resolución. 2. En el juicio especial hipotecario C-547/2009, radicado en el Juzgado Único Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato, mediante auto de veinte de marzo del año en curso, se ordenó remitir el expediente a la notaría pública número 4 con sede en Cortazar, Guanajuato, para que se llevara la escrituración respecto del bien inmueble identificado como lote 5, manzana 11, ubicado en la calle Villa Palermo, en el Fraccionamiento Villas del Sol Renovación S. A., en Cortazar, Guanajuato. (Acto que constituye el acto reclamado en la presente instancia.) Ahora bien, el veinticinco de marzo de dos mil quince, previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda se previno a la parte quejosa para que manifestara bajo protesta de decir verdad, por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Si en el juicio laboral 2457/2012-CD donde aduce tener la calidad de parte actora, se ordenó o practicó algún embargo sobre el bien inmueble identificado como lote 5, manzana 11, ubicado en la calle Villa Palermo, en el Fraccionamiento Villas del Sol Renovación S. A., en Cortazar, Guanajuato, y en su caso, si dicho acto procesal se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; ello, con motivo del laudo dictado a su favor en dicho controvertido. Si detenta algún derecho real sobre el bien inmueble identificado como lote 5, manzana 11, ubicado en la calle Villa Palermo, en el Fraccionamiento Villas del Sol Renovación S. A., en Cortazar, Guanajuato, como pudieran ser el de propiedad, posesión, usufructo, prenda, hipoteca o algún otro. En cumplimiento a la prevención efectuada, la aquí quejosa señaló bajo protesta de decir verdad lo siguiente: a. Que en el juicio laboral 2457/2012 en donde es parte actora, se ordenó la ejecución del laudo, sin que a la fecha se haya ejecutado ni llevado a cabo embargo alguno. b. Que no detenta ningún derecho real sobre el bien inmueble identificado como lote 5, manzana 11, ubicado en la calle Villa Palermo, en el Fraccionamiento Villas del Sol Renovación S. A., en Cortazar, Guanajuato. En ese sentido, tomando en consideración que la quejosa no detenta derecho alguno sobre el bien inmueble de referencia, y que en el juicio laboral en el que obtuvo laudo a su favor, no se ha llevado a cabo embargo sobre el citado bien raíz, pues incluso no se ha ejecutado esa resolución, se estima que la determinación reclamada en la que se ordenó remitir el expediente a la notaría pública número 4, con sede en Cortazar, Guanajuato, para que se llevara la escrituración correspondiente, no le irroga perjuicio alguno y, por ende, no lesiona su interés jurídico. Se afirma lo anterior, pues para la procedencia del juicio constitucional no sólo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que dicho acto afecte algún derecho tutelado por la ley a favor del peticionario del amparo, esto es, que el acto de autoridad afecte su esfera jurídica, lo que en la especie no ocurre dado que, se reitera, no detenta ningún derecho real sobre el bien inmueble identificado como lote 5, manzana 11, ubicado en la calle Villa Palermo, en el Fraccionamiento Villas del Sol Renovación S. A., en Cortazar, Guanajuato. No pasan inadvertidos para el suscrito los criterios emitidos tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por los Tribunales Colegiados de Circuito, de los rubros siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE DESECHARLA POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO EL QUEJOSO, QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, ADUCE TENER LA POSESIÓN DEL INMUEBLE OBJETO DEL LITIGIO". "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO ÉSTA SE PROMUEVE POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO.". "INTERES JURIDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, TRATANDOSE DE PERSONA EXTRAÑA A JUICIO QUE ALEGA DERECHOS POSESORIOS SOBRE UN INMUEBLE.". De los que se desprende que la falta de acreditamiento del interés jurídico en el amparo, no da lugar al desechamiento de la demanda por notoriamente improcedente cuando ésta se promueve por un tercero extraño a juicio, toda vez que ello deberá ser materia de prueba durante la secuela procesal del juicio constitucional, ya que las pruebas se ofrecen y rinden en la audiencia de juicio, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Sin embargo, se estima que tales criterios no son aplicables en el presente caso dado que, como quedó expuesto, la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que no cuenta con derecho real alguno sobre el inmueble cuya orden de escrituración señala como acto reclamado; incluso, en los mismos términos refirió que el laudo emitido en el juicio laboral en el que es parte actora, y del cual hace derivar su "derecho preferente", no se ha ejecutado. Por tal motivo se estima que la causa de improcedencia que se invoca es manifiesta, pues se advierte de forma patente y absolutamente clara, además de que es indudable pues se tiene la certeza y plena convicción de que se actualiza en el presente caso, en virtud de que de acuerdo con lo expuesto por la inconforme, no podrá ofrecer durante la substanciación del procedimiento de amparo, prueba alguna cuya existencia sea al menos coetánea a la presentación de la demanda, para demostrar que cuenta con algún derecho sobre el inmueble antes referido y con ello, su interés jurídico. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

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