Lorena Pantoja Martínez

Expediente 910/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
910/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Lorena Pantoja Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por Enrique Valencia Lira, autorizado en términos amplios de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia certificada de las constancias que indica, las que puede obtener y recoger en cualquier día y hora hábil, previa razón de recibo que se asiente en autos para constancia.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa Lorena Pantoja Martínez, no interpuso recurso de queja en contra del auto de trece de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que presentó; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ***************, parte quejosa en el presente juicio de amparo; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de veintiséis de septiembre del año en curso. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "rtículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: La determinación dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, por el Juez de Partido Único del Ramo Civil con sede en Moroleón, Guanajuato, en los autos del juicio ***************, que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de nueve de ese mismo mes y año, y en la que concluyó modificar dicho proveído para el efecto de requerir a la aquí quejosa, para que dentro del término de tres días exhibiera ante ese órgano jurisdiccional el contrato privado de compraventa de fecha veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete, que celebró con ****************, por resultar necesario para que los peritos emitan su dictamen y la apercibió que de no dar cumplimiento se le tendrían por ciertas las afirmaciones de su contraria, salvo prueba en contrario. En esa tesitura, dicha determinación no constituye un acto dentro del procedimiento que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución definitiva en el juicio de origen, si esté es favorable a los intereses de la accionante y, en caso contrario, de resultar opuesta a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse si obtiene sentencia favorable en el juicio de origen. En ese orden, el acto reclamado consistente en la resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Partido Único del Ramo Civil con sede en Moroleón, Guanajuato, que modificó el auto de nueve de agosto el año en curso, en la que la responsable requirió a ****************, para que dentro del término de tres días exhibiera ante ese órgano jurisdiccional el contrato privado de compraventa de fecha veinticinco de diciembre de dos mil diecisiete, que celebró con ******************, por resultar necesario para que los peritos emitan su dictamen y la apercibió que de no dar cumplimiento se le tendrían por ciertas las afirmaciones de su contraria, salvo prueba en contrario, no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa. Esto último se afirma, toda vez que no impide a la aquí promovente el libre ejercicio de algún derecho de forma presente. De ahí que la referida determinación tomada por la responsable constituye un mero pronunciamiento que no causa un agravio de imposible reparación a la parte quejosa, pues consiste en una estimación procesal que no afecta derechos sustantivos de la promovente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que presenta ****************, por su propio derecho, contra actos del Juez Único Civil de Partido, con residencia en Moroleón, Guanajuato; con apoyo en lo establecido en los Acuerdos Generales 7/2022, 9/2022 y 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reforma, Adiciona y Deroga el similar 21/2020, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, en relación al Periodo de Vigencia y las Facultades de la Comisión Especial, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 910/2022-VII. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en la fracción II, del numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, como se verá a continuación. La irregularidad surge de lo estipulado en la fracción V del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Como se advierte de la trascripción anterior, dicho precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 61 de la citada ley. En el caso concreto el suscrito estima que si bien es cierto la parte quejosa en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, narró algunos antecedentes del acto reclamado; también lo es que omitió expresar el estado procesal que guarda el juicio de origen *****************, de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido, con sede en Moroleón, Guanajuato, así como el contenido del acuerdo y resolución de fechas nueve y veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictados dentro del expediente en cita; de donde precisamente emerge el acto reclamado. Datos que resultan determinantes para la substanciación del presente juicio de amparo; por lo que dicha irregularidad torna obscuro el libelo constitucional, al no permitir al suscrito conocer el estado procesal en que se encuentra el asunto de origen, así como la naturaleza del acto reclamado, para estar en condiciones de calificar la procedencia del juicio. Conclusivamente, ante las omisiones incurridas por el promovente, lo procedente conforme al artículo 108, fracción V, en relación con el diverso 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, es prevenirlo para que dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computado y con las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes: Bajo protesta de decir verdad, manifieste de manera sucinta y cronológica la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, específicamente el estado procesal que guarda el juicio de origen *************, de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido, con sede en Moroleón, Guanajuato, así como el contenido del acuerdo y resolución de fechas nueve y veintinueve de agosto de dos mil veintidós, dictados dentro del expediente en cita, y de ser posible adjunte o transcriba dichas determinaciones. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otra parte, se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************, al contar respectivamente, con cédula profesional número ************* inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y en términos de la última parte, segundo párrafo de dicho numeral, a las demás personas que menciona por así haberlo solicitado. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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