Lorena Balderas Carrillo

Expediente 1120/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1120/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
11/01/2018

Partes del expediente

  • Lorena Balderas Carrillo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la razón de entrega de documentos, de la que se advierte que el diez de enero pasado, *************, autorizado de la parte quejosa, compareció ante este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que se adjuntaron al escrito inicial de demanda, tal como se ordenó en proveído de ocho de enero del año en curso; en ese sentido, hágase lo anterior del conocimiento del Analista Jurídico para que haga las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa *********; en atención a su contenido, con fundamento el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, devuélvasele el oficio 2996/2017 de trece de noviembre de dos mil diecisiete, así como la copia al carbón del acta de notificación que anexó a su escrito inicial de demanda; se autoriza para que los recoja a las personas que menciona, previa identificación, certificación de desglose, razón que de su entrega se deje en autos y copia a costa de la promovente que en sustitución obre en el expediente. Hágase del conocimiento de la gestionante que los documentos que solicita le serán devueltos únicamente de las trece a las quince horas en cualquier día hábil. Respeto de la copia certificada de la escritura pública cuatro mil trecientos diez de treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve que solicita le sea devuelva, dígasele que no ha lugar toda vez que dicho documento no fue allegado al presente juicio.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Jefe de la Oficina Recaudadora de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1120/2017-V. Pues bien, en primer término es necesario establecer que del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación y esencialmente reclama: a) La falta de notificación de las diversas etapas del procedimiento administrativo de ejecución que se inició a fin de ejecutar el crédito fiscal determinado mediante oficio DRAFC-4228/12 de siete de diciembre de dos mil doce; y, b) La emisión del oficio 2996/2017 de trece de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se le comunicó que se aplicó el producto obtenido de la adjudicación respecto del inmueble ubicado en calle Margarita número 1003, colonia Las Flores, lote 2, manzana C de esta ciudad, que le fue embargado el treinta de abril de dos mil trece, dentro del procedimiento administrativo de ejecución. En ese orden, respecto al acto reclamado identificado bajo el inciso a), el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:." "VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;." Como se ve, el aludido artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, fracción VI, en forma expresa establece que el amparo indirecto procede "contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas...". En términos de esas disposiciones y para los efectos del amparo, persona extraña es, en principio, aquella que no aparece como parte en sentido material, en un juicio o procedimiento, según el caso, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones que ahí se pronuncien sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; no obstante, dentro de este concepto también se incluye, por equiparación, a la parte demandada en un juicio que no fue emplazada o que se le emplazó en forma incorrecta. Para justificar por qué el suscrito estima que se materializa la causal de improcedencia de referencia, resulta necesario precisar sucintamente los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de la demanda de amparo, así como de las constancias que adjuntó a la misma, los cuales son: El siete de diciembre de dos mil doce, se emitió la resolución contenida en el oficio DRAFC-4228/2012, por parte de la Dirección Regional de Auditoría Fiscal "C", ahora Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, mediante el cual determinó en contra de la quejosa un crédito fiscal por la cantidad de quinientos veintidós mil setecientos noventa y siete pesos ochenta y nueve centavos, por concepto de Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Empresarial a Tasa Única y Retenciones Sobre el Impuesto Sobre la Renta. Dentro del procedimiento de ejecución, el treinta de abril de dos mil trece le fue embargado a la solicitante del amparo un inmueble ubicado en calle ********** número **********, colonia **********, lote **********, manzana ********** de esta ciudad. El veintitrés de noviembre del año en curso, se notificó a la quejosa el oficio de trece del mismo mes y año, emitido por el Jefe Suplente de la Oficina Recaudadora de esta ciudad, mediante el cual le comunicó la aplicación del producto de la adjudicación del inmueble antes descrito. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación al argumentar que después del embargo que se le practicó dentro del procedimiento administrativo de ejecución, que se inició con motivo del crédito fiscal determinado mediante oficio DRAFC-4228/12 de siete de diciembre de dos mil doce, no se le llamó a la valuación del inmueble, convocatoria, remate y adjudicación del mismo. Sin embargo, de sus propias manifestaciones bajo protesta de decir verdad se desprende que conocía la existencia y los datos del crédito fiscal determinado en su contra, así como del procedimiento administrativo de ejecución, ya que textualmente señaló que después del embargo -que se practicó dentro del procedimiento de ejecución- no se le notificó la valuación del inmueble, convocatoria, remate y adjudicación del mismo. Incluso, no reclama la falta de notificación del procedimiento de ejecución ni alega su desconocimiento, sino que después del embargo no se le hizo del conocimiento las demás actuaciones tendientes al remate del bien raíz amargado. De ahí que no pueda atribuírsele el carácter de persona extraña por equiparación, pues es evidente que conocía la existencia y los datos de identificación del procedimiento de referencia, por lo que estuvo en aptitud de hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho fundamental de audiencia. En otras palabras, al quedar evidenciado que la quejosa tuvo pleno conocimiento del procedimiento administrativo de ejecución iniciado en su contra, es incuestionable que no se le dejó inaudita y estuvo en aptitud legal de ejercer su derecho fundamental de audiencia, por lo que se actualiza la causal de improcedencia examinada. Cabe destacar que sobre el tópico de si corresponde la calidad de persona extraña por equiparación a la demandada a pesar de que compareció al procedimiento natural y a partir de cierto momento se actuó a sus espaldas, se considera plenamente dilucidado con la tesis jurisprudencial 39/2001 antes citada, ya que además de que así se desprende de su propia literalidad, en cuanto a que no puede considerarse persona extraña a quien figura como parte en sentido material y además compareció al juicio, al resolver la contradicción de tesis 10/2004, entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia la declaró improcedente en los siguientes términos: "... De todo lo que se ha dicho se llega a la conclusión, de que en este caso sí existe contradicción de tesis, consistente en determinar si el demandado que habiendo comparecido al procedimiento natural, manifiesta que a partir de cierto estado del procedimiento se actuó a sus espaldas, se le puede equiparar como tercero extraño al juicio." "... SEXTO.- Precisada la existencia y el tema de la contradicción de tesis, y examinadas las resoluciones que le dieron origen, esta Primera Sala considera que si bien es cierto que de todo lo anterior se desprende la contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, también lo es que el tema de la contienda ya se encuentra resuelto por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno, al resolver el veintisiete de febrero de dos mil uno, por unanimidad de diez votos, la contradicción de tesis 12/2000-PL, en la que se emitió criterio respecto del tema de referencia, de ahí que la denuncia de contradicción de tesis sea improcedente. Dicha jurisprudencia, es del tenor siguiente: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis: P./J. 39/2001. Página: 93. 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.-' ...En efecto, del contenido de la tesis de jurisprudencia, se advierte que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la mera circunstancia de que el quejoso conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento. ..." Lo que no deja lugar a dudas sobre los alcances e interpretación que este órgano jurisdiccional ha otorgado al referido criterio jurisprudencial; es decir, que al tener la parte quejosa pleno conocimiento del procedimiento administrativo de ejecución extingue cualquier posibilidad de que se le pueda considerar persona extraña por equiparación al mismo. En las relatadas condiciones, al quedar evidenciado que la aquí quejosa no tiene la calidad de persona extraña por equiparación al procedimiento administrativo de ejecución del que emanan los actos reclamados, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. Por otra parte, en lo que atañe al acto descrito en el inciso b), consistente en emisión del oficio 2996/2017 de trece de noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se le comunicó que se aplicó el producto obtenido de la adjudicación respecto del inmueble ubicado en calle ********** número **********, colonia **********, lote **********, manzana ********** de esta ciudad, que le fue embargado el treinta de abril de dos mil trece, dentro del procedimiento administrativo de ejecución, el suscrito considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia..." Como se puede ver, el texto del artículo transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un juicio, recurso o medio ordinario de defensa mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Es importante precisar que el texto del numeral destacado, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva ni plazo mayor que el que se establece para conceder la suspensión provisional; en consecuencia, si la ley rectora del recurso exige iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, y no establece que se autorice en un plazo mayor que el previsto para proveer sobre la suspensión provisional, entonces el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto, es decir, previamente a promover el juicio de amparo, el afectado deberá agotar los medios ordinarios de impugnación. Ello, porque el referido principio de definitividad encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el afectado debe previamente a su promoción, acudir a la instancia ordinaria que pueda producir la modificación, revocación o nulificación del acto de autoridad que le produce afectación. Cabe destacar que dicho principio admite supuestos de excepción, relacionados con el examen de constitucionalidad de leyes, con violaciones directas a la Constitución Federal y cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En efecto, cuando se trata de violaciones directas a la Constitución Federal, el gobernado no se encuentra obligado a agotar el referido principio de definitividad, es decir, no tiene el deber de agotar los medios ordinarios de defensa que prevé la ley secundaria, toda vez que lo contrario significaría anteponer una ley común a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este punto, es menester precisar que lo anterior no significa que en todos los casos en que se alegue violación a los derechos previstos en la Constitución sea procedente el juicio de amparo, sino que será necesario atender a cada caso en concreto a efecto de examinar el planteamiento que se haga valer por parte del gobernado, pues de otra manera, quedaría a su elección determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Carta Magna. Las excepciones a la regla general, tratándose de violaciones directas a la Constitución Federal, se actualiza cuando el acto reclamado carece de absoluta fundamentación y motivación, lo que encuentra su justificación porque esas carencias impedirían al particular hacer valer el medio de defensa idóneo para controvertir el acto reclamado, precisamente por desconocer los motivos y fundamentos del acto de autoridad. Otra excepción opera cuando únicamente se alega violación directa a la Constitución, como sucede, por ejemplo, cuando se atribuye infracción al derecho de audiencia. Tampoco está obligada la parte quejosa a observar el mencionado principio cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Fuera de las hipótesis destacadas, el particular se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es decir, debe atender primeramente el medio ordinario de defensa previsto por la ley secundaria, por lo que de no ser así, dicho juicio será improcedente. En otra perspectiva, si dentro de las violaciones alegadas se involucran aspectos de legalidad, necesariamente el gobernado deberá agotar el recurso ordinario, en primer lugar, porque no se trata de absoluta falta de fundamentación y motivación o derecho de audiencia, como tampoco exclusivamente de una violación directa a la Constitución, sino que el afectado discute la actuación de la autoridad haciendo valer la vulneración a su derecho de legalidad pues la enmienda a dicha prerrogativa puede ser subsanada, en primera fase, ante la autoridad ordinaria, en donde el interesado debe expresar sus defensas y aportar las pruebas que legalmente procedan para nulificar el acto de autoridad. Por ello, en primer lugar resulta importante destacar el contenido del artículo 3, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dice: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:" II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación." Como se observa del precepto y fracción reproducidos, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa son competentes para conocer, en primera instancia, de los juicios que se promuevan contra las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, entre otros. Esto es, que los gobernados podrán promover el juicio contencioso administrativo y podrán solicitar la nulidad de la resolución cuando no haya sido emitida conforme a derecho, por lo que la sentencia que al efecto se emita podrá modificar o nulificar, total o parcialmente dicha resolución. Bajo ese contexto, el suscrito estima que respecto al acto reclamado que se analiza en este apartado se actualiza la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa debió impugnarlo a través del medio de defensa previsto por el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aplicable al caso concreto. Además del examen al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se pone de manifiesto que para otorgar la suspensión de la ejecución de los actos de las autoridades de la Administración Pública Federal no exige mayores requisitos de los establecidos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión. Luego, si la parte quejosa pretende impugnar en la vía de amparo el acto de autoridad de que se habla, sin acudir previamente a aquel procedimiento mediante el cual se puede revocar, modificar o nulificar, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, al quedar incumplido el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el amparo que se insta resulta improcedente. Máxime que en el caso no se actualizan las excepciones al aludido principio de definitividad contenidas en el segundo párrafo de la fracción en estudio, que señala que no es obligatorio agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ello, porque de la lectura de la resolución reclamada se advierte que está fundada, por lo que será a través del juicio de nulidad citado en el cuerpo de esta resolución en que podrán atacarse los fundamentos invocados, así como los razonamientos jurídicos esgrimidos. La parte quejosa no alega únicamente violaciones directas a la Constitución, como se constata del escrito de demanda, ya que textualmente señaló: ".ello resulta violatorio a mis derechos humanos fundamentales de seguridad jurídica, audiencia y propiedad, reconocidos por los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, ello por contravención al procedimiento establecido en los artículos del 173 al 196 del Código Fiscal de la Federación." Además que el medio de defensa que debe interponer el quejoso, como ya se vio, no se encuentra en un reglamento. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia previstas en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VI, este último aplicado a contrario sensu, así como la fracción XX del mismo numeral 61, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Manuel de Jesús Barrera Chacón y a Ma. Eugenia Chacón Sámano, en virtud de que cuentan con cédula profesional número 2847185 y 5328965, registrada respectivamente a su nombre en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las diversas personas que menciona, por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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