Lizzie Eleonor Enriquez Vazquez
Expediente 27/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lizzie Eleonor Enriquez Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veintidós de febrero de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracciones a) y b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por analogía de razón, se indica que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, ya que se concedió la suspensión de oficio y de plano; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los Libros de Gobierno. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con nueve minutos del veintidós de febrero de dos mil veintitrés, el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional sin la comparecencia de las partes. Acto continuo, se hace relación de todas y cada una de las constancias que integran los autos, y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que del contenido del informe justificado rendido por el Jefe de la Oficina de del Departamento Jurídico de la Gerencia de Distribución Peninsular de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, se advierte que las autoridades Subdirector de Distribución Zona Mérida y el Coordinador de Distribución Zona Mérida, señaladas como responsables por la parte quejosa en su escrito de demanda, son cargos inexistentes dentro del organigrama de la EPS CFE Distribución de la Comisión Federal. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, por rendidos los informes justificados de las responsables, los cuales se ordenaron agregar con conocimiento de las partes; y respecto de la inexistencia de las autoridades descritas en el párrafo que antecede, ténganse por no designadas y suspéndase toda comunicación. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta con las documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto que relacionó la parte quejosa en su escrito de demanda; asimismo, se da cuenta con las constancias remitidas por la autoridad responsable con su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las probanzas descritas, mismas que se tienen por desahogadas para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, al no existir pruebas pendientes por desahogar, el Juez declara CERRADO EL PERÍODO DE PRUEBAS. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, la Secretaria hace que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior, el Juez acuerda: en atención a lo informado por la Secretaria, SE DECLARA CERRADO EL PERIODO DE ALEGATOS. Seguidamente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver el juicio de amparo 27/2023-V-B, promovido por LIZZIE ELEONOR ENRIQUEZ VÁZQUEZ, en contra de los actos atribuidos al Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos Zona Mérida y otras autoridades, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado por la vía electrónica mediante el uso de la FIREL, el nueve de enero de dos mil veintitrés, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció LIZZIE ELEONOR ENRIQUEZ VÁZQUEZ, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama al CFE Suministrador de Servicios Básicos (en su correcta denominación, señalado por la parte quejosa como Superintendente de CFE Suministrador de Servicios Básicos Zona Mérida, Jefe de Departamento Comercial Zona Mérida y Jefe del Departamento Jurídico Divisional de CFE Suministrador de Servicios Básicos, Zona Mérida) y Superintendente de CFE Distribución Zona Mérida, y. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente, 49, en relación con el 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar lo siguiente: El corte de energía eléctrica en el predio ubicado en la calle quince, número ciento treinta y cuatro, entre las calles dieciséis y dieciocho, del fraccionamiento "Jardines de Miraflores", de esta ciudad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Jefe de la Oficina del Departamento Jurídico de la Gerencia de Distribución Peninsular de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, por sí y en representación del Superintendente de CFE Distribución Zona Mérida (registrado con el número de promoción 1741); así como al CFE Suministrador de Servicios Básicos (registrado con el número de promoción 533 y 534), no obstante que los primeros hubiesen sido omisas en manifestar si son o no ciertos los actos que se le atribuyen, y la última lo hubiese negado; toda vez que en sus informes justificados y de suspensión de plano realizan manifestaciones que evidencian su certeza. Cobra aplicación el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo IXV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, registro 211,004, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el numeral 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." En el caso, tal y como lo hace valer la autoridad responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al considerar que el acto reclamado, no afecta los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, y por ello procede el sobreseimiento. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." Cabe precisar, que de acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I, del artículo 107 Constitucional y 5° de su Ley Reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente, a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico o legítimo que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. En esa tesitura, dada la naturaleza del acto reclamado (administrativa), es menester determinar si en el caso, la quejosa aduce ser titular de un derecho subjetivo -interés jurídico- o bien, de un interés legítimo individual o colectivo, en virtud de que al ubicarse en uno de esos supuestos, es lo que lo legitima para acudir a la instancia constitucional en reclamo de la afectación a su esfera de derechos; para ello, es conveniente precisar los elementos constitutivos tanto del interés jurídico como del legítimo, los cuales a saber, son: Interés jurídico, consiste en acreditar: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Mientras que, el interés legítimo se compone de los siguientes elementos a demostrar: Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis LXXX/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 1854, del Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de Registro 2004501, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora, la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional, aduciendo un interés jurídico, al sostener una afectación a su esfera jurídica derivada del corte de energía eléctrica en el predio ubicado en la calle quince, número ciento treinta y cuatro, entre las calles dieciséis y dieciocho, del fraccionamiento "Jardines de Miraflores", de esta ciudad, por lo que tiene la carga probatoria de acreditar que efectivamente dicho actuar de las responsables le ocasiona un perjuicio a ese derecho subjetivo. Es aplicable, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 1/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página 15 del Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de Registro 187777, del rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4° de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." En la especie, la demanda de amparo que dio origen a este juicio constitucional, fue promovida por LIZZIE ELEONOR ENRIQUEZ VÁZQUEZ; sin embargo, de las constancias adjuntadas por el Jefe de la Oficina del Departamento Jurídico de la Gerencia de Distribución Peninsular de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, por sí y en representación del Superintendente de CFE Distribución Zona Mérida, a su informe justificado, se advierte que el titular del servicio de energía eléctrica del predio ubicado en la calle quince, número ciento treinta y cuatro, entre las calles dieciséis y dieciocho, del fraccionamiento "Jardines de Miraflores", de esta ciudad, lo es Luis F. Vázquez L.; siendo que la solicitante del amparo no exhibió prueba alguna, para demostrar que el actuar de las autoridades responsables afectan su interés jurídico. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que de las constancias remitidas con el informe justificado, se advierta que la peticionaria del amparo Lizzie Eleonor Enríquez Vázquez, haya recibido la documentación relativa al oficio número Z.MERIDA/16979/2022, de data que contiene el aviso de revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica, toda vez que dicha circunstancia resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico en el presente asunto, al ser el titular del servicio de energía eléctrica cesado, una persona diversa a la aquí quejosa. A mayor abundamiento, cabe señalar que no es obstáculo a lo aquí determinado, las constancias adjuntadas por la parte quejosa a su escrito de demanda tendientes a acreditar su padecimiento lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerodermia, vasculitis, fibromialgia y el síndrome de sjögren; así como que se encuentra en tratamiento médico con quimioterapias, toda vez que además de que las mismas no acreditan que la impetrante radique en el domicilio señalado, no manifestó bajo protesta de decir verdad que dichos documentos fueran copia íntegra e inalterada de los impresos que obran en su poder. Así, pues aun cuando la promovente adjuntó a la demanda de amparo, la versión electrónica de los documentos de los cuales pudiera advertirse la acreditación de su padecimiento y tratamiento, sin la manifestación expresa de la amparista, bajo protesta de decir verdad, no puede otorgársele valor probatorio. Ello, atendiendo a que si bien el artículo 12, inciso f) del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, otorga la facultad de ingresar documentos públicos al expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, indicando que no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, anteponiendo ciertas condicionantes, lo cierto es que dicho precepto, condiciona tal circunstancia a la manifestación bajo protesta de decir verdad de que las documentales referidas, son copias íntegras e inalteradas de los documentos impresos. De ahí que al no haber demostrado la parte quejosa su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional en contra del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia. Situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Así como la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." QUINTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Equivalencia de las constancias que integran el expediente electrónico a copias certificadas. Hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por LIZZIE ELEONOR ENRIQUEZ VÁZQUEZ, en contra de los actos atribuidos al CFE Suministrador de Servicios Básicos (en su correcta denominación, señalado por la parte quejosa como Superintendente de CFE Suministrador de Servicios Básicos Zona Mérida, Jefe de Departamento Comercial Zona Mérida y Jefe del Departamento Jurídico Divisional de CFE Suministrador de Servicios Básicos, Zona Mérida) y Superintendente de CFE Distribución Zona Mérida, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el considerando séptimo, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Jefe de Oficina del Departamento Jurídico de la Gerencia de Distribución Peninsular de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Asimismo, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente asunto, de la citada autoridad responsable; así como sus delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, los señalados en su correspondiente informe. Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización al usuario "raycfe79", para que tengan acceso al expediente electrónico de este juicio. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Igualmente, téngase por proporcionados la cuenta de correo electrónico y número telefónico relacionados en su informe con justificación, con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esa vía, en términos de lo dispuesto en el numeral 5, fracción I, del multicitado Acuerdo General 21/2020, para establecer comunicaciones no procesales. Por último, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de la materia ténganse por ofrecidas las pruebas documentales, que relaciona la nombrada responsable en su informe de ley, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno y sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional del juicio Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a los presentes autos para los efectos legales condignos, los informes rendidos por las autoridades Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos y Jefe de Departamento Jurídico de la Gerencia de Distribución Peninsular de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución de la Comisión Federal de Electricidad que remiten con relación a la suspensión de plano decretada de oficio en autos del presente juicio; y además la primer autoridad responsable citada rinde su informe con justificación. Al efecto, con fundamento en artículo 117 dese vista a las partes con dichos informes y relaciónense para la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente asunto, de las citadas autoridades responsables; así como sus delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, los señalados en sus correspondientes informes. De igual manera, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de la materia ténganse por ofrecidas las pruebas documentales, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, que relacionan las nombradas responsables en sus informes de ley, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno y sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional del juicio. Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización al usuario "RicardoCT", para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Por último, ténganse por señalados los correos electrónicos ricardo.ceballos@cfe.mx y raymundo.penag@cfe.mx que indican las autoridades responsables en sus informes de mérito, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina. Doy fe.
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