Lizette Tamez Hernandez

Expediente 1515/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1515/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Lizette Tamez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y lo de cuenta se acuerda: agréguese a los presentes autos el oficio remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le realizó el dieciocho de septiembre de la presente anualidad, informa lo siguiente: Que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, el Tribunal responsable requirió al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, para que dentro del término de diez días hábiles, informe y acredite si la Secretaría de Administración y Finanzas de Yucatán, dio contestación a la solicitud que se le efectuó con el fin de que con cargo a las partidas presupuestales, se realice el pago de las cantidades laudadas en el juicio laboral de origen. Al respecto, se toma conocimiento y se requiere al Magistrado responsable para que una vez transcurrido el plazo que otorgó al referido Presidente Municipal, comunique el cumplimiento que se dé a dicho requerimiento. En el entendido que, de efectuarse con anterioridad al fenecimiento del plazo señalado, lo deberá informar a este Juzgado Federal para acordar lo conducente. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto: agréguese a estos autos el escrito de la quejosa********************, por medio del cual interpone RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, por los motivos ahí expuestos, se desechó la demanda de amparo que promovió********************, contra los actos que reclama del Director del Hospital General de Subzona MF UMÁN, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Umán, Yucatán y de otra autoridad. En tal virtud, envíese vía interconexión la digitalización del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO D ELISTA D EOCNOPFMRIDAD OCN LOS ARITUCLOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por ********************; contra los actos que reclama de las siguientes autoridades: AUTORIDADES RESPONSABLES DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA MF UMÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, y HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA MF UMÁN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL De quienes reclama esencialmente siguiente: ACTOS RECLAMADOS. El acto discriminatorio y de violencia psicológica extrema, derivado del sistemático acoso u hostigamiento laboral al no permitirle el uso de su derecho fundamental al trabajo, para desempeñarse en su plaza de trabajo asignada, obligándola a realizar funciones distintas a las de su contratación, las cuales no son acordes a su capacidad médico-científica, con el riesgo de causar daños y perjuicios a la colectividad derechohabiente, así como a su salud mental, psicológica, emocional y física. RADICACIÓN. Fórmese expediente, regístrese con el número 1515/2023-II-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE DEMANDA. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 113 de la normatividad de la materia, el juez de distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". La improcedencia del juicio para la protección de los derechos fundamentales, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo que cuando se actualiza un obstáculo para el referido estudio, si el mismo es manifiesto y notorio al presentarse la demanda, ésta ni siquiera es admitida, impidiéndose así el nacimiento del proceso constitucional respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que impone el desechamiento de plano de la demanda relativa, cuando la causa de improcedencia es manifiesta e indudable; lo que sucede en la especie. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, fracción I, de la Ley de Amparo el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De igual manera, el propio precepto legal reconoce que para efectos del juicio de amparo los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.164/2011(9ª) con registro 161133, estableció que las notas distintivas de la autoridad para los efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, este juzgador considera que los elementos que caracterizan al acto de autoridad para efectos del juicio de amparo son la imperatividad, unilateralidad y coercitividad, cuyo ejercicio engendra una afectación en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de repararse a través del juicio constitucional. En el caso particular, la quejosa alega acoso laboral al no permitirle el uso de su derecho fundamental al trabajo, para desempeñarse en su plaza de trabajo asignada, obligándola a realizar funciones distintas a las de su contratación, las cuales no son acordes a su capacidad médico-científica, con el riesgo de causar daños y perjuicios a la colectividad derechohabiente, así como a su salud mental, psicológica, emocional y física. Lo anterior en virtud de que con motivo del cambio de residencia a la Delegación Yucatán, le fue autorizada la plaza operativa de base en la categoría de médico familiar, en la especialidad de medicina familiar. Pero que al reportarse a su fuente de trabajo le indicaron de forma verbal, despectiva, discriminatoria, denigrante y humillante, que como costumbre interna de la unidad, por ser nueva la asignarían muy probablemente al área de urgencias. Que por tal motivo solicitó la intervención sindical sin recibir respuesta. Siendo que el Director del Hospital mediante oficio de ocho de septiembre del año en curso, le informó que la asignaba al área de primer contacto de urgencias, instruyéndola a realizar funciones de TRIAGE, así como a dar seguimiento a esos pacientes en secuencia de tratamiento, responsabilizándole además de la consulta de urgencias de gineco-obstetricia y pediátricos; actividades ajenas a su función y rama. De lo anterior, se desprende que las autoridades que señala como responsables en el presente asunto, no son autoridades para los efectos del amparo, ya que los actos que se les reclaman, tienen su origen en la relación laboral que los vincula. Por tal motivo es claro que la asignación de funciones médicas dentro del hospital al cual está adscrita, no deriva de una potestad pública de las autoridades señaladas como responsables, sino de una relación laboral que existe entre las partes, por virtud de la cual la parte quejosa desempeña las funciones encomendadas por aquella. De ahí que el vínculo que guarda la quejosa respecto del ente público al que se encuentra adscrita sea de coordinación burocrática-laboral y no de supra-a-subordinación. Por ende, el promovente y las señaladas como autoridades responsables se encuentran en un mismo plano de igualdad jurídica; luego, las mencionadas responsables no tienen el carácter de autoridades, en virtud de que los actos que se les atribuyen, crean una controversia entre ellos de carácter laboral; por ende, dichos actos que se les adjudican no son actos de autoridad, y, por tanto, no son susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, sino, en todo caso deben de ejercerse ante las instancias que correspondan. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente." Así mismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO EN EL AUTO INICIAL DE TRÁMITE CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, POR DERIVAR DE UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN (CANCELACIÓN DE UNA LICENCIA SINDICAL A UN TRABAJADOR DE BASE AL SERVICIO DEL ESTADO) [INAPLICABILIDAD DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. Hechos: En un juicio de amparo indirecto la parte quejosa señaló como actos reclamados de diversas autoridades responsables integrantes del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit -como trabajadora de base de dicho ente administrativo- el requerimiento realizado para reincorporarse a sus labores derivado de la cancelación de una licencia sindical que se le había otorgado, de lo contrario no le sería pagado su sueldo ni prestaciones. El Juez de Distrito desechó de plano la demanda, al considerar que no era la vía para reclamar actos derivados de la relación patrón-empleado que existía entre dicho Ayuntamiento y la justiciable. Contra esa determinación aquélla interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede el desechamiento de la demanda de amparo indirecto en el auto inicial de trámite, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos de la procedencia del juicio, por derivar de una relación de coordinación (cancelación de una licencia sindical a un trabajador de base al servicio del Estado). Justificación: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que las causas de improcedencia necesariamente deben superarse y su invocación en el auto inicial sólo es válida cuando su notoriedad sea manifiesta e indudable. En ese sentido, si el Juez de Distrito -en esa actuación- encuentra -más allá de toda duda- al analizar la naturaleza de los actos reclamados de las autoridades responsables, que no derivan de una actuación de imperio, sino del requerimiento realizado a la quejosa que se encuentra en comisión sindical a reincorporarse a sus labores, o de lo contrario no le sería pagado su sueldo ni prestaciones durante el tiempo que durara su comisión, entonces, dicha relación es de coordinación (burocrática/laboral), la cual no puede ni debe considerarse como de supra a subordinación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues conforme a sus notas distintivas la controversia de dicho requerimiento debe ventilarse ante la potestad común competente, como cuestión de fondo propia de su jurisdicción y no ante la justicia constitucional inmediatamente. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo, sin que con ello se desatienda la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", en virtud de que no es un criterio genérico aplicable a cualquier juicio de amparo, sino que versa, específicamente, sobre aquellos en los que se reclamó el acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas; por ende, ello no impide que los Jueces de Distrito determinen desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo." De igual manera encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia establecida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES INDUDABLE Y MANIFIESTA CUANDO SE PROMUEVE CONTRA LA NEGATIVA DE LA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE SALUD EN LA QUE EL QUEJOSO PRESTA SUS SERVICIOS COMO TRABAJADOR, A OTORGARLE UNA LICENCIA CON GOCE DE SUELDO, AL NO TENER AQUÉLLA EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. De la interpretación de los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que quedan excluidas como autoridades responsables, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, aquellas instituciones a quienes se les reclama algún acto derivado de la relación de trabajo con el quejoso, pues éste se da en un plano de coordinación, en función de la relación obrero-patronal que los une, por lo que de los artículos citados se advierte que no reúne las características para reclamarse en el juicio de amparo indirecto. Por tanto, es indudable y manifiesta la improcedencia del juicio promovido contra la negativa de la institución pública de salud en la que el quejoso presta sus servicios como trabajador, a otorgarle una licencia con goce de sueldo, al no tener aquélla el carácter de autoridad responsable." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso y 5º, fracción II, de la Ley en cita, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Sin que obste lo anterior, el hecho de que se advierta de la narrativa de los antecedentes de los actos reclamados, que la quejosa hubiese pretendido considerar y/o encuadrar su demanda como de carácter urgente. Sin embargo, los actos que reclama la promovente no se tratan de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De ahí que no sea factible considerarla con ese pretendido carácter de urgente. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en la demanda de amparo. Asimismo, ténganse como su autorizado en forma restringida, con las limitantes del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, hasta que acredite estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Para lo cual, deberá no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se le otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. NÚMERO TELEFÓNICO Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por proporcionado el número telefónico que indica la promovente, para establecer comunicaciones no procesales en caso de ser necesario. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y regístrese.

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