Lorena del Carmen Borges Nah

Expediente 456/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 19 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
456/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • Lorena del Carmen Borges Nah
  • Rebeca de Maria Hernandez Borges

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se desprende que mediante proveído de doce de julio del año en curso, causó estado el acuerdo por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, reservándose proveer lo relativo al archivo y destino final del presente expediente, así como de sus respectivos incidentes de suspensión, y de la cuenta que antecede, se aprecia que ya se recibió el testimonio de la ejecutoria que resuelve el recurso interpuesto en los cuadernos incidentales. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Por otra parte, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el citado ordinal 18, inciso a), del Acuerdo general relativo. Por lo cual, de conformidad con el aludido artículo 21, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el último párrafo del numeral 18 del Acuerdo normativo en comento. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario, así como los incidentes de suspensión y los expedientes electrónicos coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, tres de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, sus dos oficios de cuenta, con los que: En el primer oficio marcado con el número 5258/2022, comunica que en el toca 376/2022 de su índice, se admitió a trámite el recurso de queja. Y en el segundo oficio número 1554, remite testimonio de la resolución pronunciada en la citada queja, formada con motivo de la interposición de dicho recurso por el Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, en contra de la suspensión provisional dictada en autos, del que se advierte que la citada Superioridad, por los motivos que expuso, declaró SIN MATERIA el aludido recurso. Acúsese recibo vía interconexión y hágase las anotaciones correspondientes el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativa al oficio con el que se notificó la determinación de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra los actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto dictado por las autoridades señaladas como responsables; y en relación a éstas, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que solo podrán interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente el acto que se les haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un asunto en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, por lo que no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las responsables en que su acto subsista. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por lo que hace al cuaderno de suspensión que deriva del presente juicio, toda vez que se encuentra pendiente de remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, el recurso de queja interpuesto por el Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México, en representación del Secretario de Salud, en contra de la suspensión provisional dictada el veintiuno de febrero del año en curso. En tal virtud, se reserva proveer lo relativo al archivo del presente juicio de amparo y de los cuadernos incidentales, una vez que se reciba de la Superioridad, el testimonio de la ejecutoria que resuelva el recurso interpuesto. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 456/2022-VII-B, promovido por ******; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, ************, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó de las autoridades siguientes, por las que se admitió dicha demanda: Secretario de Salud. CIUDAD DE MÉXICO. Gobernador del Estado. Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacuna VS Covid-19, "Operativo Correcaminos". YUCALPETÉN, YUCATÁN. SEGUNDO. Formación de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado en el juicio principal el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Así mismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, tuvo verificativo el veintiocho de febrero y veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, por las autoridades Gobernador del Estado, y Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacuna VS Covid-19, "Operativo Correcaminos", con sede en Yucalpetén, Yucatán, respectivamente; y se difirió la celebración de la audiencia incidental en lo que respecta a la autoridad foránea residente en la Ciudad de México; misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos que la parte quejosa reclama, que como se asentaron en el auto de suspensión provisional, esencialmente son: La omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 al menor de edad que representa; lo cual, en vía de consecuencia pone en riesgo la salud de dicho menor. SEGUNDO. Certeza de actos. La autoridad señalada como responsable denominada Secretario de Salud, al momento de resolver la presente, no se tiene conocimiento de que hubiese rendido su informe previo. Sin embargo, a pesar de que no obra en autos la tarjeta de acuse de recibo relativa al oficio mediante el cual se le solicitó, es evidente que se encuentra debidamente notificada del auto de veintiuno de febrero del año en curso, a través del cual se otorgó a la parte quejosa la medida cautelar provisional solicitada. Lo anterior, en virtud de que se encuentran glosados a los autos los escritos del Subdirector de Recursos Administrativos, adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México (promoción 14471, fojas 89 a 110), acordado el veintitrés de junio en curso (fojas 111y 112), mediante los cuales, en representación de la autoridad antes nombrada, informó las gestiones relacionadas con el cumplimiento de la suspensión provisional e interpuso recurso de queja en su contra y de los que se aprecia que señaló bajo protesta de decir verdad que dicha determinación le fue notificada el veinte de junio de este año, lo que evidencia que tiene pleno conocimiento de la medida cautelar otorgada a la parte quejosa, y por ello estuvo en posibilidad de rendir su informe previo. En consecuencia, debe tenerse como cierto el acto que se le atribuye a dicha autoridad solamente para los efectos de la suspensión definitiva solicitada. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." TERCERO. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados de la aquí parte quejosa, al respecto, debe decirse, en relación con el derecho a la salud previsto en el artículo 4° Constitucional, que la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, de 8 de diciembre de 2020, se aprobó a partir de estudios científicos realizados por especialistas nacionales en materias de inmunología, vacunación, infectología, sociología, sistemas y economía de la salud, quienes se apoyaron en lo recomendado por los organismos internacionales en la materia, con el fin de proteger la salud de la población y reducir los contagios y muertes provocados por el virus. Así, con dicha estrategia de salud se determinó ejecutar el plan de vacunación en cinco (5) etapas por grupos poblacionales, priorizados como sigue: etapa 1: diciembre 2020-febrero 2021, personal de salud de primera línea de control de la COVID-19; etapa 2: febrero-abril 2021, personal de salud restante y personas de 60 y más años; etapa 3: abril-mayo 2021, personas de 50 a 59 años; etapa 4: mayo-junio 2021, personas de 40 a 49 años; y, etapa 5: junio 2021-marzo 2022, resto de la población. Ahora bien, constituye un hecho notorio, por tratarse de un medio oficial, que en la página de internet oficial de la Secretaria de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, ya está abierto el registro para ser inoculados con la vacuna contra el virus SARS-CoV2 que causa la enfermedad Covid-19, los niños y niñas de cinco a once años de edad. Tal como lo anunció el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, lo que además se corrobora con la siguiente imagen capturada del sitio web oficial, de la que se advierte que efectivamente ya se pueden registrar los menores de doce años de edad para recibir la vacuna contra el virus que provoca COVID-19. Lo anterior, pone de manifiesto que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, emitió autorización para aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech en menores a partir de cinco años, conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la COVID-19 en México. Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio que puede invocarse por este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; aunque no hayan sido alegados o probados por la parte quejosa. Por tanto, dicha documentales e imágenes que aparecen en páginas electrónicas oficiales, se les concede valor probatorio en términos del artículo 197 y 210-A del código procesal federal de procedimientos civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ACTOS DE PUBLICIDAD DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO NO REQUIEREN DE LA CITA DE LOS PRECEPTOS LEGALES FACULTATIVOS PARA SU EMISIÓN, PARA ESTIMAR QUE SATISFACEN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD. De los artículos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se advierte la obligación de las entidades oficiales de hacer pública, de la manera más simple y directa, la información que se encuentra en su poder derivada del ejercicio de sus funciones, así como aquella que estimen relevante, a efecto de aportar a la opinión pública datos sobre su gestión, lo que implica una carga de carácter democrático. En este sentido, la emisión de boletines de prensa, comunicados, conferencias, discursos, entrevistas, entre otros medios de divulgación, en los que se da a conocer determinada información sobre las funciones desempeñadas por un órgano de gobierno, es un acto de publicidad de su desempeño y resultados dirigido al público en general y no a un sujeto en particular, cuya emisión obedece a la obligación y necesidad de transparentar su gestión - elevada a rango constitucional-. Consecuentemente, dicho acto no requiere la cita de los preceptos legales facultativos para su emisión, para estimar que satisface la garantía de legalidad, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, pues basta la existencia de una norma que faculte y obligue a la autoridad encargada de divulgar esa información para actuar en ese sentido, y que su proceder se encuentre dentro de los límites legales y del texto constitucional, por tratarse de actos con efectos generales donde existen razones que, socialmente, justifican su emisión, obligación emanada del propio mandato -ex lege-, en donde se confieren la facultad y responsabilidad a la autoridad de difundir las actividades y resultados obtenidos en el ejercicio de sus funciones, siendo destacable, además, que la fuente en que se basa el medio de divulgación es fiable, por tener su origen en actos desplegados por autoridades en ejercicio de sus funciones, resultando conveniente que la sociedad tenga conocimiento de este tipo de información, por tratarse de acontecimientos que trascienden la órbita de lo privado." "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En consecuencia, procede NEGAR la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda decretarse dicha medida suspensional, pues como se señaló, ya puede realizarse el pre-registro de la parte menor quejosa y proceder a la aplicación de la vacuna respectiva, de acuerdo con lo que le indiquen las autoridades de salud relativas. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. SE NIEGA la suspensión definitiva a los menores Rebeca de María Hernández Borges y Daniel Alejandro Hernández Borges, solicitada por conducto de su representante Lorena del Carmen Borges Nah, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, por las razones expuestas en la tercera consideración de esta resolución. Notifíquese y regístrese.

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